ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: ¿ESTE GOBIERNO REALMENTE HA AVANZADO EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN?

lunes, 24 de enero de 2022

Por: Luis Ángel Martínez Ramírez y Ma. Fernanda Ortega Valencia Para: Animal Político

Los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Y lamentablemente es más común de lo que creemos. Uno de los ejemplos en nuestro país es el uso retórico que se le ha dado al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).

El IPC es una herramienta elaborada por Transparencia Internacional que califica a 180 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público y utiliza una escala de 0 (corrupción elevada) a 100 (sin corrupción). Para nuestro país, los resultados nos dan poco o nada que celebrar ya que nos encontramos muy por debajo de la media mundial y nos hemos estancado en 31 puntos por segundo año consecutivo. Por si fuera poco, somos el país peor evaluado de la OCDE y el penúltimo del G20. A pesar de todas estas malas señales, hay un sentimiento de triunfalismo desde palacio nacional sobre su combate anticorrupción y se ha valido de una mala interpretación de este instrumento para justificarlo.

Una de las voces más importantes que hizo afirmaciones desafortunadas fue la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien, con respecto a la medición anterior, dijo: “Subimos precisamente no uno, dos, ni cinco, ni 10, sino 14 puntos, 14 posiciones en lo que es digamos este indicador internacional del Índice Global de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que no califica usted o yo, o Inegi o nadie en México, sino que es calificado desde Berlín a nivel internacional, precisamente mejorando claramente nuestras políticas de combate a la corrupción”. En esas palabras hay tres componentes que mezclan las apreciaciones incorrectas más comunes sobre lo que es el IPC:

1. “De 2018 a 2020 hemos subido 14 puntos”

La afirmación de la exsecretaria al decir que en solo dos años subimos 14 puntos fue un error enorme, pues desde la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia hasta 2020, el IPC solo tuvo una mejora de 3 puntos. Lo que sí pasó es que México mejoró 14 posiciones a nivel global, aunque esto es derivado de cambios internos en otros países y no refleja necesariamente un aumento del nuestro. Además, las calificaciones de dos terceras partes de los países son muy bajas y están por debajo de los 50 puntos, por lo que un pequeño aumento en la calificación puede derivar en una mejora más que proporcional en la posición del ranking. Eso significa que el lugar que ocupamos en el listado no es lo relevante, porque si solo nos basamos en esto como sinónimo de éxito, corremos el riesgo de celebrar la caída de otros países y no la mejoría del nuestro. Podemos ilustrarlo de la siguiente manera: durante 2017 y 2019 tuvimos la misma calificación, 29 puntos; pero, los lugares en la tabla fueron 135° y 130° respectivamente. Es decir, ante una misma calificación, posiciones distintas.

2. “El aumento en la calificación basta para afirmar que vamos en la ruta correcta”

Transparencia Internacional, organización que elabora el índice, no hace una valoración independiente, sino que reúne información y normaliza las variables de 13 evaluaciones internacionales y, de estas fuentes, solo se utilizan nueve para México.

Cuando analizamos uno a uno los cambios marginales que se han tenido desde el inicio del sexenio actual, solo tres de nueve tuvieron una evaluación positiva al cambio de gobierno, y, el que respondió más positivamente fue la impresión de los empresarios entrevistados en el World Economic Forum. Por lo anterior, el leve aumento en la valoración de nuestro país no ha sido lo suficientemente significativo como para poder afirmar que vamos en la ruta correcta.

3. “La corrupción se está reduciendo en el país”

El IPC ha hecho públicas sus limitaciones con el fin de que no sea usado bajo esquemas retóricos. Incluso admite que “no constituye un dictamen definitivo sobre los niveles de corrupción de naciones o sociedades enteras, ni de sus políticas o de las actividades de su sector privado”. Pese a esta advertencia, en esta administración se ha usado justo para eso.

Para desmentir esta retórica solo basta con ver los datos. Por ejemplo, según la Fiscalía Anticorrupción1, hasta el 21 de diciembre de 2021 se abrieron 2,287 carpetas de investigación que contienen delitos por hechos de corrupción2. Ahora bien, durante estos tres años y de estas miles de carpetas solo se llevaron a cabo dos sentencias condenatorias, ambas el año pasado y menores de dos años. Por otro lado, durante 2019 y 2020, el total de dinero recuperado fue de cero pesos con cero centavos.

A raíz de lo anterior, podemos darnos cuenta que evaluar la eficiencia del estado de manera sexenal, como si cada seis años empezamos de cero, lo único que hace es someter la lucha anticorrupción a corrientes políticas e incentivos electorales y esto provoca que políticos usen esta medición para extrapolar o minimizar logros, y eso al final es todo lo que la herramienta no es.

1 Solicitud de información folio 330024621000597

2 El Código Penal Federal en su libro Segundo, Título Décimo, artículos 212 a 224, establece los delitos por hechos de corrupción en los que puede incurrir una servidora o servidor público