Combatir la corrupción en programas sociales: una novedad del ATA 2023

La corrupción en los programas sociales es un tema que debe preocuparnos seriamente, pues con la proximidad de las elecciones en 2024, el riesgo de que los padrones de beneficiarios y la entrega de los apoyos sean usados para favorecer a un candidato o partido incrementa.

En días pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el cual se incluye el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), instrumento presupuestario que nos dice cuánto gastamos en combatir la corrupción y qué dependencias abonan a esta lucha.

En comparación con 2022, en esta nueva edición del ATA aparecen 12 nuevas dependencias, entre ellas la Secretaría del Bienestar, la principal ejecutora de los programas sociales del gobierno federal.

El ATA 2023 señala que dicha Secretaría destinará 8.5 millones de pesos a combatir la corrupción, lo que representa el 0.002 % de su presupuesto total (408.3 MMDP). De entrada, pareciera un monto menor si se considera que la dependencia está encargada de la implementación de siete líneas de acción del Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción, como desarrollar capacidades técnicas para la detección de riesgos de corrupción en sus servidores públicos, aplicar mecanismos para evaluar y dar seguimiento a la eficiencia y eficacia en la operación de los programas, elaborar un catálogo nacional de información de programas sociales y un padrón único de beneficiarios, entre otras.

No debemos olvidar que la Secretaría del Bienestar tiene a su cargo 13 programas presupuestarios, a través de los cuales se ejerce el 5 % de los recursos del gobierno federal. Por ello, tan solo la elaboración del padrón único de beneficiarios le implicaría un esfuerzo y una inversión de recursos mayor.

Sin duda, es bueno que la Secretaría del Bienestar participe en el combate de la corrupción, pues este fenómeno es multicausal y requiere del involucramiento de distintas dependencias. Sin embargo, además de las obligaciones de la Secretaría impuestas por el Programa de Implementación, deben considerarse los riesgos de corrupción que ya han sido detectados en ciertos programas. Estos riesgos también requieren una inversión de recursos para su erradicación. Por ejemplo, una evaluación realizada por Ethos de Sembrando Vida, uno de los más reconocidos y con mayor asignación presupuestal en lo que va del sexenio, permitió identificar aspectos que representan ventanas de entrada para la corrupción, como el hecho de que el método para seleccionar los territorios incluidos en el programa no está claro, que los técnicos de campo tienen un gran poder de decisión en la selección de beneficiarios y que no existen mecanismos de supervisión sobre su trabajo, además de que existen anomalías en la forma en la que se adjudican los contratos, entre otros riesgos.

Esta información valiosa, y la que ha sido generada por otros actores sobre los riesgos de corrupción en programas sociales, debe ser tomada en cuenta, no debemos partir de cero. Pero realizar los cambios necesarios para cerrar el paso a la corrupción en los programas sociales requiere recursos y, sobre todo, voluntad política, un costo alto que quizá el gobierno federal no está dispuesto a pagar de cara a las elecciones 2024.