El costo del clientelismo electoral en el Edomex

Las elecciones en el Estado de México podrían ser históricas: por primera vez el PRI podría perder su bastión político. Se juega mucho y ninguna de las facciones titubea en hacer uso de cualquier recurso a su alcance para inclinar la balanza a su favor. Tristemente, una de las principales artimañas para triunfar en las urnas es el uso clientelar de los programas sociales. Pero, ¿cuál es el costo del clientelismo electoral en el Edomex para la ciudadanía?

El panorama

Para empezar hay que dimensionar la magnitud del uso clientelar de este fenómeno. La lista nominal del Edomex es de 12 millones 668 mil 695 personas que pueden votar. De estas, se beneficia con programas sociales federales a alrededor de 4.2 millones, lo que representa aproximadamente 33 % del electorado. Por otro lado, Salario Rosa, el principal programa social estatal, atiende a 700 mil mujeres aproximadamente, que equivale apenas al 0.05 % de votantes.

Ante este escenario, es claro que el uso clientelar de los programas sociales, particularmente de los federales, podría tener un impacto sumamente significativo en las urnas y ayudar a definir la elección. Cabe mencionar que, además de la plataforma política que proporciona la entrega de apoyos en sí misma, ambos bandos cuentan una amplia estructura para la movilización del voto. A nivel federal están los servidores de la nación, que en el Edomex son 1,524 personas; a nivel estatal, Salario Rosa también desarrolló una red de gestoras y beneficiarias para esta tarea.

El costo

Esta práctica tiene un largo historial en el Edomex y aunque es un delito electoral, difícilmente será castigada. Esta impunidad tiene costos altísimos, pero más allá del daño al erario público por el uso ineficiente de los recursos, genera y normaliza comportamientos políticos que son un lastre para el desarrollo de la entidad.

Hay dos consecuencias del clientelismo que son particularmente costosas para el progreso de la entidad. Por una parte, la perpetuación de candidaturas mediocres, en las que se apuesta más a las artimañas clientelares que a la trayectoria y propuestas. Por otra, el diseño e implementación de programas con enfoque electoral que no beneficia a las personas adecuadas o no lo hace como debería.

La mediocridad política

La ciudadanía mexiquense está harta de la clase política de la entidad, independientemente de la facción. Claro ejemplo de esto es la alta tasa de abstencionismo electoral: alrededor del 50% de las personas no encuentra sentido en salir a ejercer su derecho al voto porque “es lo mismo de siempre” o “no hay por quién”. Esto podrá ser criticable, pero entendible ante la impotencia que genera a las y los mexiquenses un sector político tan mediocre.

Y no puede ser de otra forma cuando los partidos le apuestan más a la construcción de sus candidaturas mediante la entrega de programas sociales que a plataformas electorales sólidas y factibles. La planeación para el posicionamiento de estas candidatas ha empezado desde mucho tiempo atrás, ubicando a cada una en cargos relacionados con la entrega de apoyos.

En diciembre de 2018, Delfina fue designada Delegada de Programas para el Desarrollo; en el caso de Alejandra, desde febrero de 2022 fungió como Secretaria de Desarrollo Social, principal dependencia encargada de la distribución de Salario Rosa. Estos puestos son la plataforma electoral perfecta para conseguir la indulgencia por algunos pecadillos de corrupción como el cobro de diezmo o las relaciones con cárteles inmobiliarios.

La decadencia de los programas sociales

Los programas sociales no son la panacea para resolver problemas estructurales como la pobreza o la desigualdad de género, pero si se diseñan e implementan de manera adecuada, pueden ayudar a mitigar estas problemáticas. El problema es que si desde su concepción estos programas se plantean como instrumentos electorales y no como herramientas de política pública, están condenados al fracaso.

Un claro ejemplo de esto es Salario Rosa, que fue utilizado como parte de la estrategia electoral de Del Mazo. En plena campaña electoral se entregaban tarjetas de muestra, con la promesa de que si ganaba “el candidato de las mujeres”, se les daría un apoyo económico. Una vez que los programas adoptan esa inercia electoral es muy complicado que se “corrija”, y da pie a otro tipo de vicios, afectando principalmente a las personas en mayor situación de vulnerabilidad.

Y esto es precisamente lo que sucede en ambos tipos de programas. A nivel estatal, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México identificó mediante auditorías  que no existen elementos para garantizar que los apoyos efectivamente lleguen a mujeres en situación de pobreza extrema, como establece el programa. Mientras tanto, a nivel federal, los principales programas sociales no atienden de manera prioritaria a las personas en los municipios más pobres del país.

El clientelismo electoral es costosísimo para la ciudadanía, pero sumamente rentable para los partidos políticos, por lo que no están dispuestos a dejar ese as bajo la manga. Entonces, ¿qué nos queda? Vigilar, denunciar y exigir, y no solo en tiempos electorales.  Es fundamental que las personas que reciben algún apoyo sepan que no le deben nada a nadie y fomentar el voto libre. Asimismo, se necesita promover la organización de las personas beneficiarias para que vigilen y denuncien cualquier irregularidad en la implementación del programa.

En ese mismo sentido, debemos exigir transparencia en el ejercicio de los recursos, los resultados y la distribución. Acceder a información desagregada y datos abiertos sobre esto permitirá analizar y denunciar de forma más detallada cómo operan estos esquemas para ejercer más presión. Tarde o temprano, el costo político de tratar de manipular a la ciudadanía se paga. Le llegó al PRI y le llegará a cualquiera que entre en ese juego.