El futuro poco esperanzador del Sistema Nacional Anticorrupción
miércoles, 29 de enero de 2025
Por: Teresa López Barajas Para: Animal Político
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nació con la promesa de ser la respuesta institucional a uno de los problemas más graves de México: la corrupción. Sin embargo, a ocho años de su creación, los constantes ajustes legislativos, la falta de nombramientos y las tensiones internas hacen cuestionar si este sistema podrá cumplir con su misión. En este contexto, el cambio de liderazgo en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) pone de nuevo bajo la lupa la fragilidad estructural del SNA.
El próximo 7 de febrero, el CPC del SNA experimentará un cambio de presidencia cuando Magdalena Rodríguez Castillo ceda la batuta a Vania Pérez Morales. Este relevo coincide con una serie de modificaciones legislativas que redefinen el funcionamiento del SNA, entre ellas la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo que redujo a seis los integrantes de su Comité Coordinador del SNA.
Además, la reforma estructural al Poder Judicial sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial. Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública fue transformada en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encargándose ahora, entre otros temas, de las funciones del extinto INAI. Este reacomodo institucional plantea preguntas críticas como ¿qué sucederá en caso de empate en las decisiones del Comité Coordinador? ¿Cómo afectará esta reconfiguración al equilibrio de poderes al interior del SNA? ¿Tendrá el mismo peso el voto ciudadano o se verá opacado por la agenda del gobierno federal?
Entre los retos que enfrenta el SNA nos encontramos la falta de nombramientos de los sistemas anticorrupción estatales. Actualmente, según organizaciones de la sociedad civil como Mexiro, 27 de los 33 sistemas estatales carecen de los nombramientos necesarios para operar correctamente. A nivel nacional la situación no es más alentadora, ya que en febrero, cuando Vania Pérez Morales asuma la presidencia del CPC, este contará solo con tres de los cinco integrantes que exige la ley.
Esta situación se agrava por la inacción del Senado de la República, que no ha nombrado a la Comisión de Selección encargada de designar a los integrantes faltantes del CPC del SNA. La ausencia de un CPC completo compromete gravemente el funcionamiento del SNA, ya que este comité es responsable de articular la participación ciudadana y supervisar las políticas anticorrupción.
A la crisis estructural del SNA se suma un ambiente de tensión dentro del CPC del SNA. La relación entre sus integrantes está marcada por enfrentamientos personales y profesionales. Durante la primera sesión extraordinaria del CPC en 2025, transmitida públicamente, se evidenciaron conflictos entre las integrantes, particularmente entre Patricia Talavera y la futura presidenta, Vania Pérez Morales. Estas tensiones no solo afectan la dinámica interna, sino también el cumplimiento de sus responsabilidades.
Estas disputas internas son síntoma de un problema más profundo como es la falta de profesionalismo y cohesión dentro del órgano que debe liderar el combate a la corrupción desde la sociedad civil.
Lejos de ser anécdotas aisladas, estas tensiones en el CPC del SNA reflejan un problema más profundo: la incapacidad del Comité para trabajar de manera colegiada. La desconfianza y las acusaciones dentro de este órgano no sólo minan la credibilidad del SNA, sino que también dificultan la colaboración con otros actores clave en la lucha contra la corrupción.
Ante este panorama desalentador, es crucial evaluar si el SNA ha cumplido con las expectativas para las que fue creado. Desde su inicio, el sistema nunca ha operado plenamente con todas las instituciones previstas en la ley. Más preocupante aún es que la corrupción que busca combatir parece haber permeado incluso al interior del propio sistema.
El futuro del SNA requiere un replanteamiento profundo, más allá de los ajustes legislativos. Es necesario garantizar la integridad y el compromiso de quienes lo integran, así como fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Sin un esfuerzo para resolver estos problemas, el SNA corre el riesgo de convertirse en un proyecto fallido, dejando a México sin una herramienta clave para enfrentar uno de sus mayores desafíos.
El SNA enfrenta una encrucijada: adaptarse para cumplir su misión o hundirse en su propia burocracia y conflictos internos. Sin una estrategia integral, el SNA corre el riesgo de convertirse en un proyecto fallido, dejando un vacío institucional que México no puede permitirse.
La corrupción no puede combatirse con instituciones débiles ni con liderazgos fragmentados, es momento de que las partes involucradas como el gobierno, sociedad civil y el propio CPC asuman la responsabilidad de transformar el SNA en un sistema funcional y digno de la confianza de la ciudadanía mexicana.