La corrupción es un asunto de género

Semanas atrás, Transparencia Internacional refrendó nuestro liderazgo como uno de los países más corruptos del mundo. Si en México la corrupción es de tales dimensiones que somos la nación peor evaluada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la segunda peor evaluada dentro de las 20 economías más grandes del mundo, deberíamos exigir que se generen datos para conocer a profundidad el fenómeno, su impacto en diferentes poblaciones y a partir de ahí proponer soluciones que atiendan la raíz del problema.

Desde hace varios años, la agenda de género ha estado en ascenso cuando hablamos de corrupción. Cada vez más estudios, como el de Transparencia Internacional, muestran que las mujeres soportan la carga más severa de la corrupción por diferentes razones: no tienen acceso a los recursos, son las principales usuarias de los servicios públicos, carecen de voz y participación; son marginadas en la toma de decisiones, entre otras.

A pesar de esta evidencia, la agenda de género y corrupción está estancada en México, y algunos datos lo corroboran. La Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) señala que para el 55 % de las mujeres la corrupción es uno de los problemas más importantes en el país, mientras que el 57 % de los hombres opina lo mismo, pero existen entidades federativas en donde la percepción de la corrupción de las mujeres es mucho más alta que la de los hombres; tal es el caso del Estado de México, Oaxaca, Zacatecas, Veracruz y Yucatán. Ante estas cifras, surge una pregunta obvia: ¿cuáles son las causas de estas diferencias geográficas? Desafortunadamente no existe información suficiente para responder con exactitud.

Muchos estudios coinciden sobre la propensión de las mujeres a pagar sobornos por la prestación de servicios de salud y educación, para acceder a la justicia o para obtener beneficios sociales por parte del gobierno. La ENCIG 2021 muestra indicios de que estos patrones se repiten el caso mexicano, pues al preguntarles a las y los mexicanos qué tan corruptas son las instituciones de gobierno, destaca que más mujeres perciben que la corrupción en hospitales públicos es frecuente y muy frecuente (10 % más que los hombres), en la presidencia de la república y las secretarías de estado (7 %) y en las universidades públicas (5 %). En algunos estados estas brechas en la percepción de la corrupción son aún mayores. Por ejemplo, en Guanajuato 3 de cada 10 hombres percibe corrupción en los hospitales públicos, mientras que la cifra de mujeres es 5 de cada 10. En Veracruz, 16 % más mujeres perciben que existe corrupción en la presidencia de la república y las secretarías de estado.

Aunque estos datos nos muestran los focos rojos, para poder desarrollar políticas anticorrupción con perspectiva de género debemos ir más a fondo; por ejemplo, conocer cómo ocurre la corrupción, qué actores están involucrados, qué condiciones favorecen el surgimiento de estas prácticas, entre otros temas. Sin embargo, la escasez de información de este tipo impide generar explicaciones más robustas y abre la puerta a preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿la mayor percepción de corrupción de las secretarías de estado por parte de las mujeres veracruzanas estará vinculada a la entrega de programas sociales?, ¿qué programas sociales son percibidos cómo los más corruptos?, ¿cómo opera la corrupción en ellos?

Esta carencia de información se ve reflejada en las políticas anticorrupción, que parten de diagnósticos básicos sobre este tema y que, por lo tanto, no proponen estrategias diferenciadoras.

Es por eso que las instituciones públicas, no sólo aquellas que se dedican al combate de la corrupción, deben invertir recursos en la generación de información sensible al género. Por su parte, las organizaciones civiles, academia y otros actores no gubernamentales podemos contribuir generando estudios más focalizados y, sobre todo, no quitando el dedo del renglón hasta que esto sea una realidad. De lo contrario, las estrategias de combate a la corrupción no tendrán un efecto en la calidad de vida de las mexicanas.