Participación ciudadana: pilar de la democracia y de la lucha anticorrupción

Recientemente participé en el Foro Global de Democracia Directa Moderna organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), la organización Democracy International y otros actores relevantes en la materia. Uno de los temas que se abordó fue el relativo a los mecanismos de participación ciudadana. Recordemos que la participación ciudadana debe entenderse como el involucramiento de la ciudadanía para influir en la agenda pública, así como en los procesos de toma de decisiones, ya sea a nivel nacional o local. Asimismo, cuando hablamos de participación ciudadana, es fundamental distinguir a los y las ciudadanas de forma individual, de las organizaciones de la sociedad civil.

Concretamente, en lo que se refiere a la participación, los mecanismos de democracia directa más comunes en el mundo son los plebiscitos, iniciativas ciudadanas, consultas populares, entre otros. No obstante, cuando consideramos las formas de participación ciudadana en el contexto del combate a la corrupción, las opciones son mucho más acotadas y por lo general se asocian a la exigencia de una mayor rendición de cuentas y a la denuncia de hechos de corrupción.

En este caso, los incentivos para ejercer el derecho a participar dependen de varios factores. El primero de ellos, radica en que tienen que estar presentes algunas condiciones mínimas. ¿Cómo se pretende que miembros de las comunidades indígenas denuncien, cuando la información básica para hacerlo se encuentra mayormente en español (sin pertinencia cultural) y en ocasiones se requiere el uso de medios electrónicos?, ¿qué incentivos tienen las personas y organizaciones para denunciar, cuando el nivel de impunidad en algunas entidades federativas en México supera el 90 por ciento?, ¿cómo involucrar a la población joven cuando el tema resulta poco atractivo para la mayoría?, y ¿de qué forma presentar a la ciudadanía temas que son altamente complejos y que los mantienen alejados del debate público?

Si bien la participación ciudadana es fundamental en la lucha contra la corrupción, de ninguna manera se debe asumir que las personas y organizaciones cuentan con los medios e incluso la voluntad para hacerlo. Es aquí donde surge uno de los riesgos más grandes en esta lucha, cuando la falta de confianza, apatía y desinterés se apoderan de la ciudadanía y se genera una negativa a participar. El rechazo a presentar una denuncia, a presionar por mejores resultados, a promocionar la cultura de la legalidad y a ser un contrapeso del poder del estado, resulta peligroso en más de un sentido. No obstante, uno de esos peligros radica en que se abre el espacio para que la corrupción y la impunidad crezcan aún más.

En el caso de México, el papel de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental. A nivel nacional hay pocas organizaciones que tienen como eje de investigación la corrupción, y las que existen tienen varios retos para su operación. A pesar de las limitaciones, son ellas las que, de manera individual y colectiva, han denunciado graves actos y redes de corrupción en el país. Asimismo, han presionado para que se lleven a cabo las designaciones en puestos claves y han levantado la voz cuando se han colocado en dichos puestos a personas que no cumplen con los requisitos mínimos.

Adicionalmente, estas organizaciones piden constantemente tanto castigo para los corruptos en las altas esferas gubernamentales, como mayor involucramiento del sector privado con un enfoque de integridad y ética empresarial. Su papel ha sido determinante para socializar los conceptos básicos del Sistema Nacional Anticorrupción, para identificar los principales retos de los sistemas estatales, así como las áreas de oportunidad de instancias como los Comités de Participación Ciudadana. Ellas han pugnado por visibilizar el gasto ejercido en la materia y por demandar mayor efectividad de las acciones de prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción.

Si bien la participación ciudadana en materia de anticorrupción en México está latente, no se debe sobreestimar el deseo de ciudadanos y organizaciones por hacerse escuchar y notar. El contexto político es adverso y las autoridades en todos los niveles son poco receptivas, e incluso agresivas, cuando se hacen señalamientos de corrupción. Se requieren más mecanismos que permitan canalizar efectivamente la participación, pero también redes de articulación que fortalezcan las iniciativas y que eviten la dispersión de los esfuerzos. Lo fácil es claudicar, lo realmente difícil será retomar el control una vez que se haya perdido. La tarea personal es sobreponernos ante la desilusión o incluso el miedo. La tarea colectiva consiste en presionar y hacernos escuchar.