Perspectivas del combate a la corrupción en los estados

Uno de los principales problemas en torno al combate a la corrupción ha sido la incapacidad que se ha tenido desde los gobiernos y la sociedad para prevenir y contener este fenómeno, lo cual se debe en gran parte a la falta de transparencia y criterios que justifiquen las decisiones y ejercicio del gasto de las instituciones públicas. El impacto que puede tener la ciudadanía y su participación en el control de la corrupción depende en gran medida de la información a su alcance y la capacidad de posicionarse como un contrapeso efectivo que dé seguimiento a los resultados de las acciones anticorrupción que los gobiernos llevan a cabo; sin embargo, para poder evaluar resultados, primero hay que considerar cuántos recursos se destinan a este fin y que esta información esté disponible. Pero hasta ahora, no es sencillo acceder a ella.

Durante diciembre de 2022 y en lo que va de enero, se han publicado los Presupuesto de Egresos de los Estados (PEE) y sus anexos para el 2023, lo que nos da la oportunidad de revisar qué tan prioritario es el combate de la corrupción en términos de recursos.

Para estar en posibilidades de comparar los recursos que invierten los estados en la lucha anticorrupción es necesario que sigan la misma metodología para su clasificación. En ese sentido, es deseable que todos ellos cuenten con un Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) conforme a la metodología federal. Desafortunadamente esto no es así, pues para el ejercicio fiscal 2023 sólo cuatro estados incorporaron un ATA dentro de sus presupuestos de egresos, seis poseen otros mecanismos de identificación y monitoreo del gasto anticorrupción, y en las 22 entidades federativas restantes no es posible saber cuánto se gasta en este tema.

La implementación del ATA a nivel subnacional es una agenda necesaria, pero que ha avanzado de manera lenta. Sólo conociendo cuánto gastamos y en qué, así como los avances obtenidos, podemos presionar por más asignaciones presupuestarias y por un mejor ejercicio del gasto que reditúe en mejores resultados en la lucha anticorrupción. Pero como hoy en día no es posible comparar este indicador, una aproximación para dimensionar la importancia que le dan los gobiernos estatales a combatir la corrupción es el presupuesto que le asignan a las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Locales Anticorrupción (SESEA) en cada entidad. Es importante mencionar que se optó por esta unidad responsable debido a que algunos de los entes públicos del Comité Coordinador tienen figuras jurídicas, responsabilidades y atribuciones distintas en cada estado, por lo que no todos publican sus recursos asignados de manera detallada en los presupuestos de egresos y a diferencia de las SESEA, el diseño de sus programas presupuestarios no siempre tiene un enfoque anticorrupción.

Entonces, como resultado del análisis propuesto encontramos que Aguascalientes es el estado que destina el mayor presupuesto a su SESEA en relación a su presupuesto total (0.06%). En el caso contrario está Guerrero, donde la SESEA recibe el 0.008% del presupuesto total del estado. Estos datos, a la luz de la urgencia de impulsar el combate de la corrupción en cada estado, nos muestran la necesidad de contar con más y mejores herramientas que permitan monitorear los objetivos, metas y recursos que se ejercen. De acuerdo con el INEGI, ni Aguascalientes ni Guerrero tienen las tasas de prevalencia de corrupción por cada cien mil habitantes (2021) más bajas y altas respectivamente, como podría esperarse, pues Aguascalientes ocupa el lugar 12 en el ranking de prevalencia de corrupción y Guerrero, el lugar 17. En el primer lugar de este ranking encontramos a Baja California Sur, quien ocupa el segundo lugar en cuanto a recursos asignados a la SESEA: 0.05% del total del presupuesto estatal.

Desafortunadamente, la información disponible no nos permite realizar análisis más profundos sobre los recursos asignados, la gravedad del problema de corrupción en cada estado, la pertinencia de las acciones que se implementan y los resultados que se obtienen. De ahí la importancia de seguir impulsando el ATA como la herramienta que nos ayudará a comparar los esfuerzos de las entidades federativas, pero también que nos permitirá generar información detallada sobre el gasto y los resultados que obtienen los actores anticorrupción en cada estado. Aún nos falta mucho camino por recorrer en transparencia presupuestal del gasto anticorrupción, ojalá que en 2023 más estados se sumen a la lista de implementadores del ATA.