Sin periodistas no hay combate anticorrupción

jueves, 10 de marzo de 2022

Por: Luis Ángel Martínez Ramírez Para: Animal Politico

“Encierro, destierro o entierro”: esta fue la máxima que aplicaba para sus “enemigos” el entonces gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos. Y entre su larga lista de rivales estaban los periodistas que buscaban transparentar sus ignominiosas acciones. De ahí venimos y nunca debemos volver.

La transparencia no necesariamente es combate anticorrupción; sin embargo, el combate anticorrupción necesita de la transparencia para existir, y en particular de los periodistas, ya que si hoy en día tenemos un Sistema Nacional de Transparencia moderno y útil, es gracias a su lucha.

El derecho a la información ha existido desde hace cientos de años, en el caso de Suecia, por ejemplo, se instituyó en 1766 (1); pero en México comenzó hace muy poco y, de forma irónica, a través de la ecología, puesto que se nombró por primera vez en 1988, en la Ley General de Protección y Equilibrio Ecológico, y solo se limitaba a la información ambiental que disponían las autoridades.

Fue hasta 2001 cuando el Grupo Oaxaca aprovechó la coyuntura política de la primera transición e impulsó la primera ley de transparencia para nuestro país. Este grupo estaba integrado por miembros de los medios ReformaEl UniversalLa Jornada, entre otros, y representantes de la sociedad civil. Y como apéndice, es importante remarcar que entre ellos se encontraba Jenaro Villamil, actual presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), quien ahora parece otro y defiende un proyecto de la Corte que podría afectar la libertad de expresión al pretender que los medios sean regulados y sancionados por el Estado.

El Grupo Oaxaca comenzó un inédito movimiento social que articuló un diálogo entre gobierno federal, diputados y periodistas, que desembocó en la elaboración de la ley que cambió la relación entre los ciudadanos y gobernantes para siempre, e incluso, este podría verse como el primer antecedente de parlamento abierto mexicano en la historia. En 2002, y por unanimidad, nació la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y un año después se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Todo gracias a un grupo de periodistas que soñaron con un mundo nuevo posible: uno más transparente.

Tristemente, estos esfuerzos están siendo olvidados, pues si bien los periodistas en nuestro país nunca han tenido una labor fácil, hoy corren riesgos no vistos en décadas y esto se une a que nos encontramos en una regresión en la transparencia. La transparencia y la libertad de expresión, valores democráticos que nacieron juntos, hoy adolecen en un abrazo mortal.

Por un lado, las solicitudes de acceso a la información han perdido fuerza. Por ejemplo, durante el último año de Peña Nieto, la Presidencia de la República recibió 63 recursos de revisión (2) y durante el primer año de AMLO, esta misma oficina acumuló 486. Además, el incremento de quejas de la ciudadanía ante las respuestas que otorgó la Oficina de la Presidencia a solicitudes de información fue de 671% (3).

Por otro lado, desde el púlpito presidencial se ha iniciado una campaña de linchamiento contra el periodismo crítico; citando al presidente, los medios que lo atacan son parte de “un poder no legal, no legítimo, que se erige como grupo de presión para enfrentar los movimientos de transformación o de cambio, los movimientos en beneficio del pueblo, los movimientos en contra de la corrupción”.

Si un reportero cuestiona algún dato, proyecto, acción o señala un ápice de corrupción, es un traidor a la patria, un enemigo del Estado deshonesto y corrupto; siguiendo esta línea de odio, los voceros oficiales y seguidores del régimen lo reproducen e incluso comunicadores como Azucena Uresti han señalado que han detectado como origen de sus ataques en redes sociales a funcionarios de este gobierno.

Pese a que estamos a décadas de distancia de las palabras de Gonzalo N. Santos, para los periodistas, hoy estas siguen estando lastimosamente vigentes, y ellos siguen siendo víctimas de destierro, pues una de cada 10 personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha cambiado su lugar de residencia después de una agresión (4). También son víctimas de encierro, como Pedro Canché, que permaneció preso injustamente durante nueve meses debido a que las autoridades de Quintana Roo lo acusaban de sabotear las instalaciones de la comisión de agua potable del municipio de Carrillo Puerto, y todo por señalar la corrupción del exgobernador Roberto Borge. Y la peor de las consecuencias es el entierro, como los seis mártires de la verdad que este año fueron asesinados y silenciados, siendo el caso de Lourdes Maldonado uno de los ejemplos más representativos, ya que ella señaló a un agresor ante el presidente y solo recibió regaños e incuria de su parte.

Los periodistas, por medio de una ardua labor en la que arriesgan su bienestar e incluso su vida, son quienes nos han dado transparencia y voz a los ciudadanos hartos de la corrupción, no podemos dejarlos solos, ni hoy ni nunca.

1 Existía una denominada Ley de Libertad de la Prensa que garantiza, entre otras cosas, la obligación del gobierno de responder a las solicitudes de información de los ciudadanos sin costo alguno. Ackerman, JM & Sandoval, I.E (2005). Leyes de Acceso a la Información en el Mundo. Disponible aquí.

2 Recurso legal que interpone el INAI cuando la dependencia se niega a dar la información.

3 Disponible aquí.

4 Disponible aquí.