“Estamos en uno de los peores momentos de la lucha contra la corrupción”, advierten especialistas

Con la parálisis en la que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por la falta de voluntad política y la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), el brazo técnico de dicho sistema, México vive uno de los peores momentos de la lucha contra la corrupción de los últimos años.

Así lo advirtieron Liliana Alvarado, directora general de Ethos Innovación en Políticas Públicas, y Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de la misma organización.

En entrevista con MILENIO, las dos especialistas alertaron sobre el preocupante desmantelamiento que está sufriendo el entramado institucional que se había venido construyendo en los últimos años para combatir la corrupción, propiciado desde el Poder Ejecutivo.

“Estamos en uno de los peores momentos y no nada más en materia de combate a la corrupción, sino también de las instituciones encargadas de velar por la transparencia y por la rendición de cuentas. Se están viviendo momentos muy difíciles”, afirma Alvarado.

Con ella coincide Toledo, quien considera que la situación actual está echando por la borda lo construido desde 2015, cuando se hicieron las reformas constitucionales y legales para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

“En 2015 cuando se formó el SNA, nosotros lo veíamos como un gran logro y desafortunadamente, en este momento, no sólo por la desaparición de la SESNA, sino la poca voluntad que le tiene el presidente al INAI, creo que el combate a la corrupción está perdiendo y es una noticia lamentable”, advierte.

Toledo lamenta también que, a pesar de que López Obrador enarboló desde su campaña la lucha contra la corrupción y que lo sigue reiterando en sus conferencias, no exista voluntad para hacerlo bien.

“Hacerlo bien implica hacerlo por la vía institucional y dejar, para la siguiente administración, un entramado de instituciones que ya se está consolidando poco a poco. La SESNA tiene áreas de oportunidad, al igual que lo tiene el SNA en su conjunto, pero las instituciones no se crean ni se fortalecen de la noche en la mañana”, comenta.

“Hay un riesgo grande que la agenda anticorrupción se vuelva la agenda del presidente y no necesariamente lo que se requiere, lo que es urgente o prioritario”, advierte.

Para ella, “es un grave error echar en un saco roto todos esos avances que sí hemos tenido, toda esa articulación que se ha logrado; creo que la lucha contra la corrupción, la transparencia y el acceso a la información enfrentan uno de sus peores momentos”.

Liliana Alvarado advierte además que los ataques y descalificaciones que ha sufrido el INAI, organismo autónomo destinado a garantizar el derecho constitucional de acceso a la información, por parte tanto del Presidente de la República como del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, son un síntoma de “desdemocratización”, un término que alerta sobre el camino hacia la autocracia.

“Tampoco podemos ver el tema del INAI de una forma aislada, la verdad es que son varios los embates a los organismos autónomos, no nada más al INAI, el INAI es uno de ellos, al Instituto Nacional Electoral, por ejemplo” dice.

“Una mirada internacional te dejaría ver que hay preocupación en México por el Estado de Derecho. Hay expertos internacionales que usan este término de ‘desdemocratización’, que demuestra cómo un país, poco a poco, va dejando el régimen democrático para volverse más autocrático y hay varias señales que dictan estos pasos regresivos y una de esas señales son los embates a los organismos autónomos”, explica Alvarado.

Organizaciones, en alerta por INAI Liliana Alvarado explica que, ante la parálisis que vive el INAI, un cúmulo de organizaciones de la sociedad civil se mantienen en alerta para analizar qué acciones jurídicas emprenderán si termina el actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y el Senado de la República no hizo los nombramientos de los comisionados faltantes.

“Hay varias alternativas, pero todavía las estamos discutiendo, hay poco tiempo y tenemos que ver cuál podría ser la óptima, por ejemplo, acercamientos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acercamientos con otros organismos autónomos, la verdad es que hay varias posibilidades, pero con el poco tiempo que tenemos sí es importante ver cuáles de todas esas alternativas serían más eficientes”, dice.

Una de esas opciones, por ejemplo, es seguir escalando los reclamos a nivel internacional, pues “no es un tema trivial, son derechos que están estipulados en la Constitución, y en los tratados internacionales”.

Alvarado admite que una opción totalmente viable y deseable es ir involucrando a actores del nivel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que ya se pronunció al respecto.

“Estamos en un punto donde ya no nada más no es una prioridad para el Ejecutivo, sino que además se han dado unas declaraciones por parte del presidente y del secretario de Gobernación, minimizando y denostando el papel del INAI, que me parece que hay que poner el papel del INAI en su justa dimensión y cualquier recurso al que podamos acceder, nacional o internacional, es de suma ayuda”, asegura.

"Ejecutivo quiere centralizar lucha anticorrupción" Por su parte, Dalia Toledo alertó que la iniciativa de López Obrador para desaparecer la SESNA, supuestamente por un alto costo presupuestal, sólo revela la intención de centralizar el combate a la corrupción en el Poder Ejecutivo, sin contrapesos ni participación ciudadana.

“Hemos observado que cada vez, por ejemplo, se le da menos presupuesto a la SESNA, pero también intuimos que es algo de un tema de concentrar el poder. La SESNA, de alguna forma, tenía autonomía para decidir cuáles eran los proyectos, para lanzar sus propias agendas y ahora, le pretenden quitar esa autonomía. Es un tema de concentrar el poder, de tener bajo su control a todas las dependencias en temas anticorrupción y decidir qué política se va a llevar a cabo, no sólo es un tema de presupuesto”, reprocha Toledo.

Para la especialista, el tema presupuestal no puede ser un argumento para desaparecer a la SESNA, pues esta institución sólo gasta el 1.9 por ciento del presupuesto anticorrupción (alrededor de 129 millones de pesos al año) y hemos visto que tiene proyectos de mucha visibilidad, muy relevantes para la lucha anticorrupción, como el Anexo Transversal, la Plataforma Digital Nacional, la Política Nacional Anticorrupción y su Modelo de Evaluación y Seguimiento.

En contraste, opina, la Secretaría de la Función Pública, a la que pretenden transferirse las facultades de la SESNA, no tiene la apertura para trabajar con organizaciones ciudadanas ni ha demostrado tener proyectos de alto impacto en el combate a la corrupción y, por el contrario, sólo obedecerá las instrucciones del titular de Ejecutivo.