Así te pueden beneficiar las Asociaciones Público Privadas

No son una varita mágica, todo depende cómo las utilicen los gobiernos para realizar obra.

La polémica en torno al papel del Estado en la provisión de infraestructura y servicios públicos se ha mantenido en el centro del debate político y de la opinión pública, en un contexto en donde las demandas y necesidades públicas cada día son más numerosas y sofisticadas. Asoman en la discusión dos problemas fundamentales: el déficit de inversión en infraestructura pública productiva y la presión que actualmente enfrentan las finanzas públicas. Sin embargo, esta problemática no es exclusiva de México, pues de acuerdo con datos del Banco Mundial (2017), la región de Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones que menos invierten en el sector –con cerca del 2.8% del PIB anual en los últimos 6 años– por lo cual se destaca la importancia de atraer nuevas inversiones que contribuyan a superar este panorama sin que ello represente una carga mayor para los contribuyentes.

Por otra parte, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en la primera mitad de 2017 la inversión pública cayó a su nivel más bajo de los últimos 2 años: el gasto de capital del sector público, que se refiere a la creación de infraestructura, compra de equipo nuevo y su mantenimiento tuvo una reducción de 40.1% respecto del mismo periodo del 2016, la más alta desde 1990, mientras que el gasto en inversión física, el cual se destina directamente a la creación de obra pública y su mantenimiento, se redujo un 20.7%, lo cual la coloca a los niveles que se tenían en 1996 (El Economista, 4 Jul, 2017).

Esta situación impacta la competitividad de México y su percepción frente al sector privado: nuestro país se colocó en la posición número 6 del ranking general del Infrascopio 2017, Evaluando el entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe, de The Economist Intelligence Unit y financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que evalúa la capacidad de los países para movilizar la inversión privada en infraestructura a través de las APP, lo que significa que retrocedió dos lugares desde su última versión de 2014, en un marco de 23 indicadores, incluyendo la sostenibilidad social y medioambiental, control fiscal y planificación de presupuestos, transparencia y rendición de cuentas, y nuevos instrumentos financieros. Además, ocupó la posición 51 entre 138 países analizados en el Reporte de Competitividad Global 2016-2017 del Foro Económico Mundial, con una calificación de 4.41, mientras que en infraestructura básica se colocó en el lugar 71.

Impulso a la colaboración público privada

Desde la década de 1980, a nivel internacional, los gobiernos han adoptado la tendencia a la colaboración público privada para la provisión de infraestructura y servicios a través de los esquemas de Asociación Público Privada, mejor conocidos como APP en diversos sectores: comunicaciones y transportes, hospitales, agua potable y saneamiento y energía. En su informe sobre Financiamiento Privado de la Infraestructura Pública Mediante APP en América Latina y el Caribe, el Banco Mundial da cuenta de que en la última década, el número de proyectos bajo APP se triplicó, pasando de 40 a 140.

El esquema de APP presenta ventajas comparativas con respecto de otros esquemas de contratación pública tradicional (los de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública), debido a sus características de largo plazo, inversión compartida y distribución de riesgos. Las leyes de APP exigen la elaboración de estudios de prefactibilidad para demostrar el costo-beneficio de los proyectos y la rentabilidad social de los mismos bajo el concepto del valor por dinero, es decir, que el proyecto genere mayores beneficios sociales comprobables por el dinero invertido.

Para el impulso de nuevos proyectos de APP en México, tanto a nivel federal como en los Estados, el marco regulatorio se ha modernizado con motivo de las nuevas disposiciones en materia de disciplina financiera, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. El ejemplo más claro es la obligación para que los estados incorporen dentro de sus presupuestos de egresos anualmente, en un apartado especial, las obligaciones derivadas de los contratos de APP.

Las APP no son una “varita mágica”

Las APP representan un alivio para las finanzas públicas, esto es cierto en la medida en que sean consideradas como una alternativa de financiamiento para proyectos de largo plazo y alta complejidad a cargo del sector público. Sin embargo, para asegurar el éxito de los proyectos es necesario hacer previsiones realistas durante la etapa de planeación de los mismos; esto incluye un adecuado diseño del esquema de manejo de riesgos, con el objetivo de prevenir y mitigar las externalidades que pueden afectar el desarrollo de los mismos.

Las APP no son una fórmula mágica para “relajar” las finanzas públicas y “disminuir” el impacto en los balances presupuestarios, como algunos de sus promotores asumen con cierta pretensión, sino que su virtud radica en la posibilidad de alcanzar beneficios sociales comprobables y valor por dinero. Son esquemas técnicamente perfectibles y se pretende que, a través de las mejoras en los marcos jurídicos, se logre fortalecer dicho esquema de colaboración público privada de manera integral.

¿Cómo hacer de las APP “el tema”?

El uso del esquema de APP puede resultar benéfico para los gobiernos siempre que se cuente con un marco regulatorio sólido y que exista la voluntad política y los arreglos institucionales necesarios para la implementación exitosa de los proyectos, concluye el think tank Ethos, el cual realizó la investigación Hacia un México sostenible: Asociaciones Público Privadas en eficiencia energética.