Presupuesto público, sustentabilidad e inclusión social

Con el objetivo de visibilizar la importancia del presupuesto público como una herramienta para avanzar la agenda de reactivación transformadora, justa y sostenible, e identificar retos políticos, técnicos y prácticos en el uso del presupuesto público tanto a nivel federal como en las entidades federativas, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y el Grupo de Financiamiento para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), organizaron el webinario «Presupuesto público, sustentabilidad e inclusión social». 

Las especialistas Sandra Guzmán, Coordinadora de la Agenda Internacional de GFLAC; Alejandra Huerta, Directora General Adjunta de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y María Isabel Ortiz, Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado de Guanajuato, hablaron de hacia dónde va el Presupuesto de Egresos de la Nación 2021. El conversatorio fue moderado por Yahir Acosta, Director de Laboratorio Jurídico de Ethos, .

En primer lugar, Sandra Guzmán enfatizó que nos encontramos en un momento trascendental en el cual debemos reconocer que la COVID-19 ha destapado muchos de problemas económicos, sociales y ambientales que tiene México. En este sentido, dijo que el paquete de presupuesto y de ingresos de 2021 debería reflejar no solo la atención del COVID de manera aislada, sino de manera integral, verlo como un problema que se asocia a una crisis económica, a una crisis social, pero también a una crisis ambiental, pues pandemias como esta se relacionan con un trastorno en los ecosistemas que, por supuesto, se intensifican en el contexto del cambio climático.

“Lamentablemente el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación no está reflejando la atención al cambio climático como una prioridad del Gobierno de México. […] Dentro de la Secretaría de Energía (Sener), 96% de las actividades que se están presupuestando están relacionadas con petróleo y gas; 95. 4% del recurso se va a ir a la construcción de Dos Bocas, que como vieron también está adjudicado en una zona de alta vulnerabilidad frente al tema de cambio climático; 0.8% del recurso del Sener está relacionado de alguna manera con el cambio climático, pero en general, más de 4 mil millones de pesos están planteados para explotación de gas y petróleo, incluido petróleo no convencional que se tendría que extraer a través de prácticas como el fracking”, expresó, con lo cual se observa que muchos recursos se destinan a actividades con impacto negativo para el medio ambiente.

Ante estos datos, hizo un llamado a repensar y redefinir el presupuesto con un enfoque sustentable, porque es un hecho que “el presupuesto es una herramienta fundamental para poder implementar las acciones y la política pública que tenemos en el país. Aunque haya participación de la cooperación internacional, si el presupuesto no está mandando una señal correcta, muy difícilmente vamos a cumplir con las metas ya no solo de cambio climático, sino incluso poder hacer frente a una crisis como la que trae consigo la pandemia del COVID-19”.

Alejandra Huerta, por su parte, coincidió en que la COVID-19 evidenció y acentuó los problemas que traía arrastrando el país, como el ambiental, el económico en cuanto a ingresos públicos y aquellos de tipo social, sobre todo la desigualdad y la pobreza; además, quedaron al descubierto las deficiencias en materia de salud y en el sector educativo. “Se van a acentuar las brechas que existen económicas y de ingresos en la población debido a que en este contexto de la pandemia hay grupos de la población que pueden continuar trabajando, y de hecho no han perdido ni sus ingresos ni su trabajo, mientras que en otros sectores de la población sí se ha visto una disminución importante de empleo y de ingresos”, comentó. 

Mientras tanto, María Isabel Ortiz indicó que en todo México hay retos ambientales importantes y lo ideal sería que las autoridades gubernamentales estuvieran conscientes de la dimensión que les toca asumir. “Tenemos la responsabilidad de hacer realidad el derecho a un medio ambiente sano, que el artículo cuarto constitucional nos establece, y tenemos facultades muy claras tanto en la ley de cambio climático, y debemos de actuar en consecuencia.” Al respecto, puntualizó que la apuesta debe ser la inversión en temas preventivos y ser más estratégicos.

Explicó que algunos de los retos ambientales que tienen a nivel de gobiernos subnacionalesson el incremento de enfermedades por falta de saneamiento y disposición de desechos, rellenos sanitarios fuera de norma en los municipios, crecimiento urbano y densidad de población, erosión y pérdida de suelo y presencia de cambio climático, entre otras; en el caso de Guanajuato, dijo, tienen un promedio de incremento de 1 grado centígrado, y fenómenos hidrometeorológicos cada vez más intensos. Asimismo, ante la desaparición del ramo 16, que tenía 1,600 millones de pesos a los cuales los estados podían acceder para atender temas como los ya mencionados, los estados y los municipios deben hacerlo por sí solos, lo cual implica un gran reto.

Pandemia y presupuesto

A manera de conclusión, Alejandra Huerta expresó que “la pandemia evidenció la falta de recursos propios que existen en los gobiernos subnacionales y la gran dependencia que existe de los recursos federales, así como la necesidad urgente de que los gobiernos fortalezcan sus haciendas públicas para poder llevar a cabo proyectos de mayor envergadura y de inclusión social. Creo que uno de los retos más importantes para que las agendas nacionales se sumen a una verdadera agenda de sostenibilidad o de inclusión social, es que se revisen las haciendas locales y se fortalezca la recaudación tributaria local”, mencionó. 

Recalcó que las necesidades que ahora evidenció la pandemia están de alguna manera, integradas en el presupuesto, ya que su mayor efecto “ha sido en los grupos con mayores necesidades, en el estrato más bajo de la población, y por lo tanto, los programas a los que se les ha dado prioridad en esta administración, y que también son parte de las prioridades para el siguiente presupuesto público, son los programas en la función educativa, en la función social, los programas de seguridad social, como pueden ser el de adultos mayores o discapacitados, los programas de becas, todos ellos encaminados a fortalecer y a dotar de mayores recursos a los estratos más bajos de la población y esto va en línea con las necesidades de disminuir las brechas que existen en el país”. 

Marisa Ortiz compartió algunas acciones que se están realizando en Guanajuato para obtener fondos destinados al cuidado del medio ambiente. “Tenemos un fondo que se llama Fondo para el Mejoramiento y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato. Es un fondo que se nutre de los recursos de la verificación vehicular, es decir hacemos el círculo completo: lo que entra por temas ambientales se ocupa en proyectos del medio ambiente y de agua, y esto lo pueden solicitar cualquiera de los 46 municipios”, dijo. Expresó que este tipo de fondos pueden implementarse en otras entidades, ya que generan un círculo virtuoso, pero también es fundamental contar con políticas públicas que brinden certeza y que muestren que, a través de mecanismos o esquemas de evaluación, se da resultados. 

Finalmente, Sandra Guzmán señaló que es muy importante el mensaje que da el Gobierno Federal no solo desde la parte del presupuesto para mostrar cuáles son las prioridades. “Sabemos que el presupuesto refleja cuáles son las prioridades de un país, pero también porque ese presupuesto es el que va a lograr hacer apalancamiento, va a lograr mandar ese mensaje hacia los diferentes actores que eventualmente quieran invertir en el país. Por eso a mí me gustaría hablar de algunas propuestas que hemos trabajado desde GFLAC con otras organizaciones que justamente van encaminadas a fortalecer esta propuesta del Proyecto de Egresos de la Federación y que por supuesto también van a ir generando un impacto tanto en la federación como a nivel de los estados”.

En la parte de ingresos, aunque por ahora no se logró, queda sobre la mesa aumentar el impuesto al carbono a las actividades que emiten gases de efecto invernadero, al tiempo que se debe fomentar, a través de incentivos, la entrada de tecnologías para transitar, por ejemplo, de la combustión interna hacia la electromovilidad, aplicada esta no solo a vehículos particulares, sino sobre todo en el transporte público. “Hay que generar esquemas, hay que reactivar las subastas, hay que generar incentivos para la generación de energía renovable”, destacó. También abordó la movilidad no motorizada, como el uso de las bicicletas, y dejó ver la posibilidad de que aquellas ciclovías emergentes que surgieron con la pandemia se vuelvan permanentes.

Y concluyó con un llamado al gobierno a hablar con claridad respecto al fracking. “El presidente ha señalado que el fracking no está dentro de sus prioridades; sin embargo, se ha detectado que Pemex sigue invirtiendo muchísimos recursos para fracking, entonces también es un llamado a no mentir, pero sobre todo a hacer realmente un análisis profundo, porque estas inversiones en fracking son tremendamente negativas para el ambiente y para la sociedad, entonces un llamado a los diputados, es un llamado a la Sener y a otros actores a parar toda actividad que tenga que ver con fracking, y por supuesto, insistimos en que haya una mayor inversión para la promoción de las energías renovables en México, es fundamental que logremos la transición energética”.