Combatir la corrupción, ¿qué tanto nos cuesta?

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Por: Animal Político

La corrupción afecta a todos los países, aunque no con la misma intensidad. Por ejemplo, México es considerado como uno de los países más corruptos, no sólo de la región, sino del mundo entero. Muestra de ello es que el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, de Transparencia Internacional, lo ubica en la posición 138 de 180 países evaluados.1 Con base en estas cifras, México es el país peor calificado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, junto con Rusia, ocupa el último lugar dentro del G20.

Además de las mediciones internacionales, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reflejan la misma realidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, alrededor del 57% de la población de al menos 18 años considera que la corrupción en México es uno de los problemas más importantes, tan sólo detrás de la inseguridad y la delincuencia. Además, señala que los tres estados donde más víctimas de corrupción se reportaron fueron la CDMX, Quintana Roo y Morelos.

El combate a la corrupción se ha convertido en una prioridad en la agenda de gobierno en los últimos años. No obstante, es claro que ninguna política pública tiene altas probabilidades de éxito si no se le asignan los recursos suficientes para llevarla a cabo. En este sentido, es fundamental saber cuánto se gasta en el combate a la corrupción, en qué y con qué efectividad se ejercen dichos recursos.

El anexo transversal anticorrupción

En mayo del 2015, con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y con la promulgación de las leyes secundarias, en julio del 2016, el gobierno federal le dio un impulso al combate de la corrupción. Sin embargo, era difícil conocer cómo se materializaba ese ímpetu en términos presupuestarios, ya que no se podía estimar cuántos recursos se le habían destinado a este tema.

Desde 2016, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas propuso la creación de un Anexo Transversal en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para poder rastrear los recursos destinados al combate de la corrupción. Particularmente, un Anexo Transversal permitiría 1) identificar cuánto se invierte en anticorrupción, 2) saber quién ejerce los recursos (dependencias, unidades responsables, entre otros) y 3) conocer la importancia real del tema al compararlo con otros rubros de gasto. Además de que un Anexo es la base para evaluar la suficiencia de los recursos y los resultados que se obtienen de su ejercicio.

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