¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una sociedad sin corrupción?

13909

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una sociedad sin corrupción?

Por: ¿Cómo Vamos? Colima

Una pregunta que nos hacemos a diario en ¿Cómo Vamos? Colima, en un mundo tan cambiante, donde cada día todo aumenta de precio, con los salarios cada vez menores y el costo de vida en aumento, es ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por una sociedad sin corrupción?

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del 2015, en su apartado de Percepción sobre la Frecuencia de Corrupción en México, coloca a Colima con un 84.9%, entre Tlaxcala con 84% y Nayarit con un 85%, mientras que la media nacional era de 88.8%. Si comparamos que Colima en ese entonces contaba con una población de aproximadamente 723 mil 455 habitantes, resulta preocupante la posición que ocupa dentro del análisis, pues está al nivel de otras entidades que doblan su número de población, como Tlaxcala que contaba con 1 millón 278 mil 308 habitantes en 2015 o Nayarit con 1 millón 223 mil 797.

Para la encuesta ENCIG de 2019, se calculaba que el costo de la corrupción a nivel nacional llegaba a 12 mil 770 millones de pesos; aproximadamente 3 mil 822 pesos por persona, relacionado solo son pagos, trámites y otros contactos con dependencias públicas. Por su parte, en una entrevista realizada al expresidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Colima, Carlos Maldonado, mencionó que “el costo de la corrupción en el estado podría ascender a 13 mil 800 mdp anuales”. 

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su Informe de Seguimiento del Estudio sobre la Integridad en México: Respondiendo a las expectativas de los ciudadanos (2019), mediante el análisis de los presupuestos asignados a las Secretarías Ejecutivas de las 32 entidades federativas, muestra a cuánto asciende el presupuesto para el combate a la corrupción per cápita por estado. A nivel federal el costo era de 1.38 pesos, mientras que el estado de Colima, contaba con un presupuesto per cápita de 3.42 pesos para el combate a la corrupción. Si lo comparamos con otros estados con mayor población, como Hidalgo con 3.36 pesos, Sonora con 3.51 e incluso el Estado de México con 4.44 pesos per cápita, no parece estar tan mal, pero contra estados como Coahuila y Nuevo León, que tienen una población similar a los mencionados anteriormente y destinan 11.58 y 12.82 pesos respectivamente, nos estamos quedando atrás. 

Por todo lo anterior, resulta increíble saber que en 2018 el presupuesto inicial que le fue asignado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción fue de 2 millones 600 mil pesos para el desarrollo de sus actividades. Además de ser un organismo de apoyo técnico y metodológico para el Comité Coordinador, están entre sus funciones prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción, así como proponer políticas públicas anticorrupción. Para el siguiente año, ese presupuesto se incrementó en un poco más del doble, quedando en 5 millones 600 mil pesos; sin embargo, para 2020 disminuyó un 10.7 por ciento, lo que representó un presupuesto de 5 millones de pesos, es decir, que se destinan 6.83 pesos por persona para el combate a la corrupción. Aun con este aumento, el presupuesto asignado resulta insuficiente comparado con el costo que representan los actos de corrupción en el estado y aún así nos preguntamos ¿por qué no hay resultados? y ¿por qué estamos cómo estamos?. 

El combate a la corrupción frecuentemente pasa desapercibido por la sociedad contra temas como el medio ambiente, la educación o la inclusión social, cuando en realidad todo está relacionado. Como una sociedad más consciente de su entorno, deberíamos darle una mayor importancia y verlo como una inversión que a largo plazo puede generar una estabilidad económica.

El término “combate contra la corrupción” puede sonar imponente, y aunque todos como ciudadanos podemos aportar nuestro granito de arena, exigiendo a nuestros gobernantes que transparenten su información, sumándonos a causas sociales o simplemente compartiendo el trabajo de actores de la sociedad civil, existen organismos encargados en este tema. Sin embargo, los recursos con los que cuentan son limitados y se les exigen resultados cuando reciben migas de presupuesto. Contar con recursos necesarios no solo representa tener dinero listo para generar resultados, sino que es un mayor incentivo para que los organismos continúen con una labor que parece no tener fin: el combate a la corrupción. 

Actuar dentro de los estándares de una rectitud moral no tiene costo, actuar al contrario sí, pues la ganancia de unos pocos representa una pérdida para la sociedad. El combate a la corrupción debe tener un mejor presupuesto, que sea correspondiente a las cantidades que han hurtado o a los beneficios de los cuales se han privilegiado. Podríamos decir que no hay precio que se le pueda poner al combate de la corrupción, pero el seguir con ese pensamiento nos está saliendo caro.

CONTENIDO RELACIONADO