Democracia y las leyes que queremos: un análisis de cara al proceso electoral

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Democracia y las leyes que queremos: un análisis de cara al proceso electoral

En México se vive el proceso electoral más grande de la historia: un padrón electoral de más de 93 millones de personas votará más de 21 mil cargos de elección popular; en esta elección intermedia se elige, sobre todo, el Congreso.  En este contexto, Ollin A.C. organizó el evento Jornada de la Democracia, cuya primera mesa, denominada «Democracia y las leyes que queremos», se analizaron los temas pendientes de la actual Legislatura y qué propuestas se esperan de los actuales candidatos.

Liliana Alvarado, directora de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, fue parte del panel de expertas y habló sobre los resultados de la actual Legislatura. Recordó que se presentaron 6,337 iniciativas en la cámara baja, de las cuales solo 937 fueron aprobadas, es decir, 14 por ciento; la mayor parte, precisó, fueron propuestas por el grupo parlamentario de Morena, que es mayoría con 51% de diputadas y diputados; esta bancada sumó, hasta el 8 de abril, 247 iniciativas, más de una tercera parte; el segundo lugar lo ocupó el PAN, con 126, equivalentes a 16%; y en tercer lugar está PES, con 92 iniciativas que equivalen a 12 por ciento.

Esas iniciativas aprobadas, expresó, se reflejaron en la creación o modificación de 181 entes normativos publicados en el Diario Oficial de la Federación, solo 2.8% generó un cambio a alguna norma vigente. “En comparación con las legislaturas anteriores, cada vez se presentan más iniciativas, pero el porcentaje de las aprobadas y publicadas en el DOF ha venido cayendo”, indicó. Otro aspecto que puso sobre la mesa fue la paridad de género, ya que actualmente el porcentaje de diputadas es de 48.2%, mientras que en la LXI Legislatura era de 32%. Además, agregó que el número seguramente aumentará en estas elecciones, donde por primera vez las candidatas mujeres son 53.7 por ciento.

Respecto al desempeño de la Legislatura saliente, hizo referencia a dos reformas en particular, que dejaron mucho que desear. La primera se refiere a la Ley Federal de Austeridad Republicana, particularmente el art. 24 en el cual se establece que los funcionarios que ocupen puestos de alta jerarquía, una vez que se separen del cargo no podrán emplearse hasta en un periodo de 10 años en empresas privadas.

“Aun cuando esta medida se debe a una preocupación que se atiende a nivel mundial, con mecanismos que buscan evitar los efectos de las denominadas puertas giratorias, que incluyen el traspaso de contactos, de información confidencial y de conocimientos específicos que se obtienen en el gobierno, a mi parecer el periodo de enfriamiento que se establece en esta ley es totalmente desproporcionado y afecta de forma significativa y también de forma innecesaria a los funcionarios públicos”, comentó.

La otra reforma a la que aludió se relaciona con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que reduce los salarios y las prestaciones de la administración federal y establece que ningún servidor público puede tener un salario superior al del Presidente de la República. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, se han presentado alrededor de 3 mil demandas de amparos de funcionarios públicos inconformes con la medida.

“Se debe resaltar que esta ley en cierta medida va en contra de lo que dicta, por lo menos en la teoría, un servicio profesional de carrera. Debemos tener en cuenta que un servicio profesional de carrera que sea funcional debe buscar el desarrollo profesional de los servidores públicos en primera instancia, que sean promovidos, que haya estímulos y sobre todo que los sueldos y las prestaciones sean adecuadas. (…) Asimismo, conforme el mérito se convierta en un valor apreciado al interior de la administración pública, se incrementan las posibilidades de que las decisiones que se tomen respondan a criterios que realmente sean técnicos, objetivos  y responsables”, comentó.

Y sobre los temas pendientes que debería considerar la legislatura entrante, señaló dos, sobre los cuales Ethos ha trabajado. El primero es la creación de un Consejo Fiscal, “alejado de los intereses, intereses políticos y que realmente emita pronósticos y estimaciones económicas con objetivos certeros, que calcule el costo presupuestal de las propuestas de política pública, que comunique periódicamente a la ciudadanía de manera sencilla cuál es el estado de las finanzas públicas”.

El segundo tiene que ver con el cabildeo, donde se necesita transparencia. Se debe poner especial atención a “todo lo relacionado con el cabildeo legislativo, desde el cliente al cual se va a beneficiar, las áreas de influencia y los gastos en los que se incurre en estas acciones. Urge regular el conflicto de interés, fortalecer las sanciones y también establecer mecanismos de denuncia anónima” dijo.

Finalmente, consideró fundamental que en estas elecciones la ciudadanía salga a votar, pero además, se mantenga atenta a las decisiones que se toman desde la Legislatura. Hizo un llamado a participar desde todos los espacios disponibles para organizaciones de la sociedad civil o de manera independiente y seguir luchando por la democracia y por las libertades. “En la medida en que sigamos dando la batalla vamos a tener la democracia y el país que queremos”, puntualizó.

En esta mesa de trabajo, que fue moderada por Greta Ríos Téllez Sill, Directora de Ollin A.C:, participaron también Mariana Niembro, Directora de Borde Político, y Lisa Sánchez, Directora General de México Unido Contra la Delincuencia.

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