Dos enfoques de recuperación, un solo país: México frente a la COVID-19

La coyuntura de la pandemia por COVID-19 ha sido atípica. Un fenómeno que se consideró en un primer momento como un tema de salud y de corto plazo, se convirtió rápidamente en una crisis económica y social a nivel mundial que puso a prueba la capacidad de respuesta de todos los países. Como consecuencia, surgieron cuestionamientos sobre el modelo actual de desarrollo; varios organismos internacionales exhortaron a aprovechar este contexto para promover políticas más sostenibles, lo cual implica —entre otros aspectos— empujar la agenda ambiental.

Si bien algunos gobiernos de la región como Costa Rica o Jamaica han avanzado en este sentido con éxito, otros optaron por basar su recuperación en soluciones ambientalmente negativas, que podrían agravar riesgos actuales o generar nuevos a futuro. Insólitamente, en México ambos enfoques parecen convivir, aunque impulsados desde distintos órdenes de gobierno.

En el ámbito federal se utilizó el contexto de la pandemia para justificar y reforzar varias de las líneas políticas establecidas desde el inicio de la actual administración. Entre 2020 y 2021 se intensificó su política de austeridad, implementando recortes en diversos sectores para poder transferir alrededor de 500 mil millones de pesos al sistema de salud, así como a los programas sociales emblemáticos y a los megaproyectos. Con ello, su apuesta en términos de recuperación consiste en proteger, con transferencias directas, a ciertos sectores de la población, y en crear empleos y crecimiento económico por medio de proyectos de infraestructura. Esta perspectiva justificó que se crearan pocas medidas de atención a la crisis social y económica.

México fue uno de los países que menos invirtió en su recuperación; entre 2020 y 2021, solo dedicó 1.9% de su PIB a medidas fiscales y 0.2% a gasto social. Dicha decisión fue criticada en varios espacios internacionales, pues se esperaban acciones más drásticas frente a la peor crisis económica del país desde 1965. El PIB tuvo una contracción de -8.5% en 2020, mientras que la población en pobreza aumentó en 1.5% respecto a 2018.

Aunado a lo anterior, es poco el interés que el gobierno federal ha mostrado para integrar criterios ambientales en sus programas o proyectos considerados como “de recuperación”. De hecho, 68% de los proyectos de inversión se centra en infraestructura carretera y de hidrocarburos, que degradan y contaminan el entorno natural a largo plazo.

Aún bajo el argumento de la austeridad, el gobierno está buscando suprimir parte de la estructura institucional ambiental, con la propuesta de eliminación del Instituto Nacional de Cambio Climático y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Si a eso le sumamos los continuos recortes presupuestales a programas y dependencias del sector ambiental, ha disminuido su capacidad institucional para atender sus diferentes compromisos nacionales e internacionales. En otras palabras, las prioridades ambientales y climáticas no tienen cabida en la política de recuperación del actual gobierno federal.

En contraste, en algunos estados de la república se pueden observar posturas contrarias a las del gobierno federal. A pesar de las reducciones presupuestales generalizadas, unos pocos gobiernos —como la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán— impulsaron medidas ambientales como parte de su estrategia frente a los impactos de la pandemia (desde acciones de movilidad sustentable hasta la inclusión de criterios de sostenibilidad en las medidas de recuperación).

Ahora bien, las entidades federativas que emplearon este camino presentaban ciertas condiciones habilitadoras que permiten explicar esta peculiaridad. Se trata de gobiernos que cuentan con alianzas estratégicas con actores privados y de la sociedad civil, lo cual permite suplir, hasta cierto punto, la falta de recursos humanos, financieros y en especie para implementar la política local. A su vez, estos estados cuentan con servidores públicos de alto nivel muy comprometidos con las políticas ambientales y climáticas, pero sobre todo, con intenciones reformistas pese al contexto crítico. Finalmente, son estados con instituciones ambientales que presentan una sólida fuerza propositiva para impulsar proyectos de manera rápida y eficaz.

En estas entidades federativas, con la llegada de la COVID-19 algunos actores sí tomaron conciencia de la urgencia de empujar las agendas ambientales y climáticas, lo cual facilitó la creación de alianzas entre el sector público ambiental y otros sectores no necesariamente públicos. Podría afirmarse entonces que en estos casos, la pandemia ha constituido una oportunidad para impulsar agendas sostenibles preexistentes, por existir una mayor recepción y apertura de las contrapartes no ambientales.

En conclusión, si bien la pandemia ha agravado la tendencia a la merma del presupuesto ambiental y ha contribuido a seguir debilitando la estructura institucional ambiental a nivel nacional, también ha creado ciertos nichos de oportunidad para impulsar una narrativa de sostenibilidad, en particular desde los estados. En este sentido, el supuesto de que esta crisis pueda cambiar algunos paradigmas que ayuden a avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible no es totalmente descartable para el caso mexicano, y en particular en el ámbito estatal.