El Anexo Transversal como instrumento de planeación, asignación y ejecución del gasto público

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El Anexo Transversal como instrumento de planeación, asignación y ejecución del gasto público

Por Consejo Cívico de las Instituciones Laguna 

Todos los ciudadanos tenemos derecho a conocer cómo se gastan los recursos públicos. Sin embargo, en ocasiones es complicado acceder a la información presupuestal ya sea porque ésta no se encuentra disponible o porque el formato en que se presenta dificulta su análisis.

Desde 2008, como parte de las reformas para la reestructuración y la instrumentación del Presupuesto Basado en Resultados, se han implementado instrumentos que subrayan la transversalidad con el objetivo de identificar y clasificar la proporción de recursos destinados a la atención de grupos específicos de la población o problemáticas nacionales.

Con la adición a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), publicada en el DOF en 2012, se obliga a incluir Anexos Transversales en el Presupuesto de Egresos. Además, se determina una metodología que permite identificar el porcentaje de las asignaciones destinadas a la atención de los objetivos de los presupuestos transversales.

A pesar de ello, los Anexos Transversales continúan siendo una herramienta novedosa a nivel estatal debido a que, en su mayoría, las legislaciones locales no contemplan su obligatoriedad. De modo que, identificar quiénes –ya sean dependencias, direcciones o entidades– y cuánto gastan en un tema determinado resulta sumamente complejo.

En materia de combate a la corrupción se han realizado diversas estimaciones que permiten inferir los costos de la corrupción a nivel nacional y/o por entidad federativa. Sin embargo, dichos ejercicios desestiman la inversión presupuestal que realiza el estado en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y actos de corrupción.

Contar con un Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), no solo permite identificar la cantidad de recursos que las dependencias gubernamentales destinan al combate a la corrupción sino que además facilita la evaluación de la planeación, asignación, ejecución y medición de su eficiencia.

Además de lo contenido en Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción sobre la importancia de fiscalizar y monitorear los recursos destinados al combate de la corrupción, en la actualidad existen distintos instrumentos jurídicos y normativos recalcan la importancia de este tema.

La aprobación de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) y en lo subsecuente de las Políticas Estatales Anticorrupción (PEA) abre una ventana de oportunidad para que los Anexos Transversales Anticorrupción cobren nuevamente relevancia. Tanto la PNA como las PEA establecen los objetivos generales y trazan las directrices del combate a la corrupción, mientras que el ATA los materializa en términos presupuestales.

A pesar de las múltiples demandas ciudadanas para que en los procesos presupuestales se incorpore un Anexo Transversal Anticorrupción, no existen avances significativos en la construcción del mismo o de algún otro instrumento que permita monitorear el gasto destinado a este rubro. Es por ello, que desde el CCI Laguna y la Fuerza Ciudadana Anticorrupción consideramos viable la implementación de Anexos Transversales Anticorrupción en los Presupuestos de las 32 entidades federativas. Subrayando su relevancia en la rastreabilidad, transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados al combate de la corrupción en nuestro país.

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