El incipiente combate a la corrupción con perspectiva de género en México

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El incipiente combate a la corrupción con perspectiva de género en México

Por Dalia Toledo para Animal Político

“Cuando la corrupción, pequeña o a gran escala, no permite la escolarización de

una niña, los resultados no son solamente una educación fallida, sino una

pérdida de oportunidades para el bienestar de esa persona, para la fuerza de

trabajo y para el desarrollo de su país”.

De acuerdo con Transparencia Internacional, en América Latina “existe una mayor propensión a que las mujeres paguen sobornos para acceder a servicios”, particularmente a atención médica y educación. Esto ocurre porque, en su papel de cuidadoras del hogar, demandan con mayor frecuencia estos servicios del gobierno. Sin duda la corrupción que afecta a las mujeres les impide un pleno ejercicio de sus derechos, por lo que el combate de este problema debería ser un pilar de las estrategias que buscan la igualdad.

Pero, ¿cómo impulsamos el combate de la corrupción con perspectiva de género? Una condición necesaria para que la agenda de género avance es asegurar que las mujeres ocupen puestos de toma de decisiones dentro de las dependencias encargadas de combatir la corrupción. En México, siete dependencias son las centrales en el combate de la corrupción, pero en esta ocasión nos centraremos en analizar la composición de los Comités de Participación Ciudadana. A diciembre del 2021 existían 131 miembros de los CPC (nacional y estatales), de los cuales 44% son mujeres. Si bien la representación de las mujeres en estos órganos colegiados no es menor, hay estados en donde su voz es prácticamente inexistente. En Guerrero, por ejemplo, de los cuatro miembros del CPC ninguno es mujer.

Es cierto que no basta con garantizar la representación de las mujeres en puestos clave para avanzar la agenda de género, sino que ellas impulsen estrategias diferenciadas para combatir la corrupción. Es ahí donde la agenda de género enfrenta su principal problema, ya sea por el desinterés o desconocimiento de las servidoras públicas sobre cómo incorporar la perspectiva de género a la lucha anticorrupción o por la falta de datos que permitan entender cómo viven las mujeres el fenómeno.

Las Políticas Estatales Anticorrupción son reflejo de ambas problemáticas. De las 14 que son públicas, nueve son un espejo de la Política Nacional Anticorrupción, ya que incluyen las mismas dos prioridades en las que se menciona la importancia de promover la perspectiva de género, pero no se realiza un esfuerzo propio por comprender cómo las mujeres viven el fenómeno de manera diferenciada. En los cinco estados restantes se parte de un diagnóstico que incluye datos desagregados por sexo. Sin embargo, estos son insuficientes para conocer cuáles son las áreas donde la corrupción afecta en mayor medida a las mexicanas, cómo ocurren los actos de corrupción, qué actores están involucrados y cuáles son los incentivos que favorecen la existencia de este tipo de actos. Por ejemplo, algunas políticas anticorrupción muestran que ante un acto de corrupción las mujeres son menos propensas a denunciar que los hombres, pero se desconoce qué motiva a las mujeres a denunciar menos. No es lo mismo que las mujeres denuncien menos porque no creen en el sistema de justicia, por miedo a las represalias o por no tener tiempo para un proceso de este tipo, por ejemplo. Conocer las causas por las que no se denuncia es fundamental para elaborar una estrategia diferenciada que ayude a fomentar la denuncia de actos de corrupción entre las mujeres.

Es importante incluir la perspectiva de género en las políticas anticorrupción, sin embargo la falta de datos nos está llevando a un abordaje superficial del problema. Por eso es fundamental que las dependencias involucradas en el combate de la corrupción generen esta información. La corrupción impide que las mujeres puedan ejercer plenamente sus libertades y derechos. En ese sentido, generar datos desagregados por sexo debería ser una prioridad.

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