A pesar de que el sistema anticorrupción estatal no ha dado pasos sustanciales en dos años, integrantes consideran que los pocos avances muestran compromiso contra los abusos de poder. Funcionarios aseguran desconocer casos judicializados contra la Secretaría de Educación local.

Por David Espino

Chilpancingo, Guerrero.– A varios profesores adscritos a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) les han hecho descuentos nominales diferidos. A pesar de que ellos no han solicitado préstamos, el dinero ha ido a parar a instituciones financieras ubicables. Y aunque al menos un par han interpuesto denuncias, las autoridades del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Guerrero desconocen que estos casos ya pasaron por las venas del aparato encargado de combatir los abusos de poder.

A Elsa Lozano Calixto le comenzaron a descontar de la nómina en abril de 2018. Luego se enteró de que el supuesto préstamo fue a parar a las financieras FISOFO, SOFOM y Nómina de Apoyo SAPI, por un total de 392 mil 208 pesos. Pero ella nunca lo solicitó.

La profesora denunció ante el Ministerio Público estatal, aunque éste no aceptó la denuncia en el primer intento y la remitieron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Una vez ahí, según su abogada Viviana García González, la regresaron de nuevo al MP local. Con tal de que le suspendieran esos descuentos continuó hasta dejarlo asentado en una carpeta de investigación.

Lozano Calixto insistió en localizar a quienes le arrebataron casi 400 mil pesos de manera fraudulenta. Por ello demandó una investigación, pero no pasó nada a pesar de que ratificó su denuncia, una costumbre importante pero ilegal para que los Ministerios no la archiven y olviden los casos.

Con el tiempo, la profesora dejó morir el asunto; se cansó de la burocracia y de los costos del servicio de la abogada. Al año siguiente, a la misma litigante le llegó el caso del maestro Humberto Santos Bautista, en cuyos salarios de las primeras dos quincenas de enero de 2019 aparecieron descuentos por un préstamo hecho por las mismas instituciones financieras que según había contratado Lozano Calixto. Él tampoco lo solicitó. Era el mismo modus operandi.

Bautista nunca recuperó su dinero, aunque sí denunció por lo penal al secretario de educación Arturo Salgado Urióstegui y a otros cuatro funcionarios. A raíz de lo anterior –relata la abogada– el contralor interno de la SEG, Ramón Apreza Patrón, buscó al profesor y lo intentó convencer de no ratificar la denuncia, una coacción a todas luces ilegal. Apreza Patrón negó en entrevista que eso haya ocurrido.

Atrapados en la burocracia

En los casos de los dos profesores se ocupó la misma mecánica: usaron sus documentos oficiales mientras que a sus credenciales de elector les cambiaron las fotografías. Este par de carpetas de investigación se quedaron extraviadas en la burocracia del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), integrado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Comité de Participación Ciudadana (CPC).

Estas siete instituciones de los tres poderes estatales tienen la encomienda de coordinarse para identificar desde diferentes frentes actos de corrupción. Una estructura de este tamaño ha costado al erario más de 400 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero de 2020.

Pero a dos años de entrar en funciones, los resultados en el combate a la corrupción son mínimos. Los pasos no han sido sustanciales y se demuestra en casos como los de Lozano Calixto y Santos Bautista.

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas consultó a varios integrantes del SEA Guerrero sólo para constatar que “desconocen” por qué las instituciones no se han armonizado como un sistema para combatir la corrupción; un objetivo primordial tanto en el SEA federal como en los locales. La mayoría recurre a culparse entre ellos y en todos los casos desconocieron las carpetas de investigación iniciadas por los docentes.

“Las instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción son juez y parte. Un auditor supeditado al poder Ejecutivo, una Comisión de Vigilancia (no pertenece al SEA) que no tiene presidente —el responsable, el morenista Jesús Villanueva Vega, preside ahora la Junta de Coordinación Política desde principios de año y no se ha nombrado a nadie desde entonces— en un Congreso, además, secuestrado por inercias políticas”, evalúa el diputado Zeferino Gómez Valdovinos, integrante de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE.

“Se hizo un ejercicio en noviembre de 2019 con una muestra de ciudadanos del estado: el resultado fue que 98% cree que los políticos son corruptos. No es gratuita esta percepción en un estado donde estamos acostumbrados a ver de todo y que no pase nada”, dice Porfirio Leyva Muñoz profesor de la cátedra  Corrupción y Transparencia, de la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Guerrero.

Sin sentencias

El fiscal anticorrupción, Ignacio Javier Murguía Gutiérrez desconoce los casos de Lozano y Bautista pese a que se abrieron las carpetas de investigación 12020090401692081118 y 12020090300229150219. Sólo dijo que invitaba a los docentes a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, cosa que ya se hizo y no ha tenido avance alguno.

Quizá por lo anterior, la FECC logra tan pocos resultados: 66 denuncias de presuntos actos de corrupción de 2018 a la fecha, de las cuales solo tres se judicializaron y hubo cero sentencias. A pesar de que recibe 17 millones 92 mil 18 pesos de los 403 millones 420 mil 418 pesos asignados a las dependencias que integran el SEA de Guerrero.

De acuerdo con el fiscal Murguía Gutiérrez los casos no se judicializan ni llegan a la sentencia porque “los hechos de corrupción son los más difíciles de comprobar, de indagar. No es como un homicidio, donde hay un cuerpo, por ejemplo. Acá es difícil, primero, hallar el cuerpo de delito. Las pesquisas que eso conlleva”.

—¿No es falta de pericia? —se le cuestiona.

—No. La materia penal es de aplicación estricta, y la redacción de los delitos por hechos de corrupción no siempre permite que sea fácil integrar el delito. Los Ministerios Públicos (MP) tienen experiencia y de igual forma hemos tomado varios cursos con la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Contraloría, para que todos entendamos y tengamos el mismo lenguaje de cada delito. De cualquier forma, hay que seguir estudiando.

De todas formas, el funcionario explica que sólo hay tres Ministerios Públicos para todo el estado (81 municipios), entre ellos dos auxiliares del MP y nueve agentes ministeriales que los apoyan.

La mayor responsabilidad recae en la FECC, dice el magistrado integrante del Consejo de la Judicatura, Alfonso Vélez Cabrera, porque son ellos los que tienen que “recibir la denuncia, investigar y ponerla en estado de ejercicio de la acción penal”.

Vélez Cabrera desconoce la cantidad de investigaciones que les envía la FECC: “Ellos trabajan de manera interna y a nosotros, como Poder Judicial, nos ponen los asuntos a disposición cuando tienen un caso en firme”.

¿Efectividad?

El SEA es un entramado difícil de apreciar en toda su dimensión; con una ley que lo rige, la 464, es toda una declaración de intenciones en un estado que está en último lugar de efectividad en la resolución de investigaciones, con 6.3%, de acuerdo con la organización Impunidad Cero.

Es una suerte de rompecabezas con piezas que no terminan de encajar o que hacen falta. El andamiaje no está del todo listo, acepta el auditor superior del estado, Alfonso Damián Peralta, en entrevista en su despacho. Él dice que las piezas no acaban de embonar. Se necesita, por ejemplo matiza, que se terminen de integrar los Órganos Internos de Control (OIC) de los ayuntamientos. De los 81 que hay, solo se han nombrado 20.

Según Damián Peralta para que el sistema termine de funcionar se requiere que se ejerzan las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, con el fin de castigar a funcionarios públicos.

—Pero los delitos están —se le indica, y se le mencionan los dos casos ocurridos apenas el año pasado en la SEG—. ¿Cómo evitar que sigan ocurriendo?

—La medida ya se dio. El dinero de la SEG ya no lo recibe el estado. La nómina de Educación la maneja el FONE, la Federación.

—¿Cómo explica algo así, entonces?

—Los agraviados debieron recurrir a Contraloría interna como primera instancia y ellos investigar… pero diles, si conoces a los profesores, que recurran a nosotros; nosotros les recibimos su denuncia.

Gómez Valdovinos, integrante de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, difiere del auditor. Hace falta, dice, “un mecanismo independiente del Ejecutivo (para investigar casos de corrupción), una estrategia que independice este mecanismo de tal modo que surta efecto”.

“Es un problema estructural, un problema político donde no debería privilegiarse la política sino lo técnico, los resultados. En la bancada de Morena (de la que es parte y que es mayoría) el divisionismo no ha dejado avanzar. Esta Comisión de Vigilancia, lo digo claro, no ha servido de nada ante el papel opaco de la Auditoría Superior del Estado”, asegura.

El secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno de Guerrero, Eduardo Loría Casanova, dice lo contrario: que se está trabajando, que el gobernador Héctor Astudillo Flores está comprometido con el combate a la corrupción, que el gobernador fue el primero en publicar la 3 de 3 de su declaración patrimonial, que hay ya una política estatal anticorrupción, aunque el CPC dijo que apenas se trabaja en ello.

Afirma que la mayoría de los órganos de control interno de los ayuntamientos ya se conformaron, aunque eso ha ocurrido solo en 20 de los 81 municipios. “Los actos de corrupción se han ido acotando”, dice Loría Casanova.

—¿No ve deficiencias, nada mal entre las instancias integrantes del SEA?

—Sí, y creo que es que no se haya terminado el proceso de coordinación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (que él dirige) con las contralorías internas de las demás secretarías.

Sobre el caso de los maestros Lozoya y Bautista dice: “En caso de que ocurran, ellos (la SEG) están obligados primero a hacer una investigación, sustentar y emitir una resolución, y hacerla de nuestro conocimiento; pero no hay este tipo de hechos en la SEG. Sabemos de casos de acoso laboral, o de tipo sexual que se quedan en faltas administrativas, pero no [delitos por] hechos de corrupción. Acá todo el dinero que se maneja se comprueba. Además, la Secretaría de la Función Pública nos tiene bien vigilados”.

CPC sin dientes

La parte ciudadana del SEA Guerrero, presidida por Elizabeth Patrón Osorio, es la menos enterada de lo que sucede. No conocía el dato de las 66 denuncias que ha recibido la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que de éstas sólo tres han llevado algún proceso, pero ninguna ha tenido sentencia. “Qué bueno que me lo dices, lo voy a llevar a la mesa del Consejo. Ahora no hemos sesionado por el asunto de la pandemia, pero en la próxima lo discutiremos”, responde la titular del CPC.

—¿En qué momento está ahora el SEA? —se le pregunta.

—Estamos elaborando la Política Estatal Anticorrupción. Nos falta mucho; el SEA ha ido evolucionando, digo yo, de forma favorable.

De acuerdo con Patrón, el buzón de quejas ha recibido cuatro denuncias que ya se turnaron a las dependencias correspondientes; festejó lo anterior debido a que “los ciudadanos ya están volteando a vernos. Ya es un avance”.

—¿Qué falta?

—Coordinación entre las dependencias integrantes; tal vez disposición, porque voluntad sí veo. Debemos hallar los mecanismos para acercarnos, comunicarnos más rápido porque es difícil concretar esfuerzos de siete entes públicos. Hace falta darle dientes al CPC, recordemos que sus recomendaciones no son vinculantes; hace falta que la Secretaría Técnica del SEA deje de ser un organismo público descentralizado, porque eso la hace dependiente del gobierno del estado.

Cuando se le pregunta sobre las carpetas de investigación de los profesores Lozano y Bautista desconoce el tema. Igual que el resto de los integrantes, Patrón se desentiende de cualquier responsabilidad. Explica que la denuncia se debió interponer ante la Contraloría Interna de la SEG; aunque al respecto el contralor interno dijo que “no se denunció ante las instancias internas. Pero déjame indagar y yo te garantizo que llegamos a la verdad”.

Luego, la titular del CPC recomienda que vayan a la FECC, a pesar de que ya acudieron al Ministerio Público y se interpuso una denuncia penal. Al final, el fiscal Murguía Gutiérrez, el actor más importante del Sistema por sus facultades de investigar y sustanciar, desconoce ambos asuntos y pide que se presenten a denunciar. La Fiscalía Anticorrupción de Guerrero parece un laberinto donde se extravían los casos. Nadie sabe cómo entraron ni el curso que siguen.