Del 17 de junio al 4 de julio, en alianza con Reforma y once medios de comunicación estatales, Ethos publicó una serie de reportajes que documentan las razones que impiden el funcionamiento total de los Sistemas Estatales Anticorrupción en diez estados.

En este sitio, podrá encontrar las versiones largas de los reportajes publicados, en las que se deja ver que los gobernadores y diputados locales han logrado designar en puestos clave de los Sistemas Anticorrupción a personas cercanas a ellos o que incluso pertenecían a su propio equipo de trabajo. Así, la clase política ha intentado protegerse a sí misma de investigaciones que puedan tocar sus intereses. Además, hay personas que sin experiencia relevante en el tema, con vínculos políticos, o inclusive que han sido acusados de corrupción.

Lo más lamentable es que los Sistemas Estatales no han atendido una serie de casos notorios de corrupción.

«¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción», es un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, José Luis Chicoma, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya.

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Baja California: el aparato anticorrupción más grande del país no ha producido una sola denuncia


A unos meses de la sucesión, legisladores y gobierno panistas bloquean la operación del SEA “con dolo, alevosía y ventaja”, acusan diversas ONG. Burocracia, conflictos de interés y falta de nombramientos entorpecen el funcionamiento de un sistema que genera largas discusiones y pocos resultados.

Por Inés García Ramos / Ethos Laboratorio de Políticas Públicas [*]

Baja California cuenta con el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) más copioso en cuanto a número de integrantes, pero esto no se traduce en más denuncias de actos de corrupción o en tareas de vinculación con la sociedad civil, sino, paradójicamente, en la falta de resultados.

Actores coinciden en que la participación de los 15 integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) –un número tres veces mayor que en los Sistemas del resto del país–, así como de los 22 miembros del Comité Coordinador (11 autoridades y 11 ciudadanos) hace más difícil llegar a acuerdos.

En palabras del titular del Instituto de Transparencia del Estado, Octavio Sandoval, el proceso de implementación se ha vuelto lento y tortuoso. “Es un modelo muy burocratizado, con demasiadas instituciones públicas involucradas y al tomar decisiones, las discusiones se tornan complejas y eso hace que no haya avances importantes”, apunta.

Desde su conformación en julio de 2018, el CPC no ha revisado un solo caso de corrupción. Tan solo el nombramiento del secretario técnico tomó cinco sesiones del Comité Coordinador hasta que el 9 de noviembre se designó a Luis Irineo Romero.

Un órgano lento

En las elecciones del pasado 2 de junio, el PAN perdió la gubernatura de Baja California, que había ostentado por 30 años consecutivos. El morenista Jaime Bonilla arrasó en los comicios, al reunir 53 por ciento de los votos, mientras que su adversario panista, Óscar Vega Marín, apenas alcanzó 23 ciento. Este nuevo gobierno, que comenzará el 1 de noviembre, sólo durará dos años, para que las elecciones locales y federales de 2021 sean concurrentes, según lo determinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Este ha sido uno de los sexenios más señalados en la historia por posibles actos de corrupción. Políticos opositores como Nancy Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Luis Moreno, de Transformemos, han denunciado penalmente y por separado al todavía gobernador Francisco Vega de Lamadrid por poseer decenas de propiedades con valores multimillonarios, uso indebido de recursos y peculados.

Al respecto, el gobernador panista ha asegurado ante los medios que todos los bienes que ha adquirido son producto de su actividad empresarial y las denuncias ante la Fiscalía General de la República no reportan avances en su integración, pero hasta la fecha el mandatario no ha hecho pública su declaración patrimonial.

En enero del 2017, el descontento de la población hacia el gobierno en turno movilizó como nunca decenas de miles de personas en todo el estado para exigir la renuncia del gobernador por medio de fuertes protestas. Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizada ese año y publicada recientemente, reveló que casi 90 por ciento de la población percibe que los actos de corrupción en su entidad son muy frecuentes o frecuentes (lugar 12 a nivel nacional). Mientras que, de cada cinco personas que tuvieron al menos un contacto con algún servidor público, uno vivió una experiencia de corrupción, durante 2017.

En febrero de ese mismo año iniciaron las mesas de análisis y redacción que dieron vida al Sistema Estatal Anticorrupción. Las movilizaciones sirvieron para empoderar al ciudadano frente a la clase política y sentar las bases del mandato constitucional, acto que al paso del tiempo sería contraproducente para el propio Sistema.

“El número de ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana se determina cuando la ciudadanía se siente enojada y desconfiada. El Congreso les dio a los ciudadanos lo que querían para calmar la presión social. Era un momento político muy tenso, porque los reclamos eran muy severos para cualquiera que estuviera en un puesto de gobierno”, considera Carlos Montero, magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y quien fungió como presidente de este órgano durante esta etapa.

El magistrado opina que es válida la diversidad de voces dentro del Comité, desde sectores empresariales y campesinos hasta de áreas metropolitanas, pero la falta de experiencia en actos legislativos hizo que los ciudadanos que encabezaron la implementación del SEA no cayeran en cuenta que tener un número tan grande de integrantes, podría obstruir la puesta en marcha.

“Al Sistema le hacen falta perfecciones y una puede ser la disminución del número de ciudadanos, porque un órgano colegiado tan grande está haciendo todo muy lento”, detalla.

Pocos cumplen con el perfil neutro

En agosto de 2017, la XXII Legislatura de Baja California aprobó la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción. De ahí transcurrió un año hasta que, en julio de 2018, se tomó protesta al Consejo de Participación Ciudadana del SEA, no sin serios señalamientos hacia algunos de sus miembros.

Entre los 15 integrantes, hay 10 consejeros técnicos distribuidos en pares por cada uno de los cinco municipios: Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, así como cinco consejeros honoríficos, desde militantes de algún partido político –pese a la prohibición de ley–, hasta exfuncionarios públicos.

El más delicado es el caso de Francisco Javier Rebelín Ibarra, elegido como integrante técnico siendo miembro activo del PRI. Se desempeñó como tesorero en el Ayuntamiento de Tecate durante la administración de Javier Urbalejo Cinco (2010-2013), quien fue denunciado penalmente en 2014 por los delitos de fraude, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas.

Un consejero honorífico también con experiencia en los gobiernos del PAN es Eduardo Arredondo Uribe, quien fue síndico de Tecate. Otros no cuentan con experiencia en materia anticorrupción como el consejero honorífico Omar Marrón Luna, quien es comerciante e ingeniero en electrónica, y el médico urólogo Fermín Gutiérrez, consejero técnico en representación de Ensenada.

Francisco Martínez, coordinador del capítulo Baja California de la Red Nacional Anticorrupción comenta respecto a los perfiles de los integrantes que, pese a las solicitudes formales al Congreso y por medio del Instituto de Transparencia, no se ha hecho público el dictamen que la Comisión Seleccionadora entregó al Congreso con la selección de los 15 consejeros del Comité de Participación Ciudadana.

El también presidente de Tierra Colectiva, Ciudadanía y Medio Ambiente considera que la selección de integrantes no debió haber sido por medio de votos, sino de “una matriz de elegibilidad que demostrara a la ciudadanía por qué habían sido elegidos con indicadores cualitativos y no de acuerdo con simpatías y grupos de intereses”.

Todavía no se endereza una denuncia

Este proceso de selección ha sido impugnado por medio de dos recursos de amparo, uno promovido ante el Juzgado Noveno de Distrito en Ensenada y otro en el Juzgado Primero de Distrito en Mexicali.

José Ángel Bustamante, presidente del Colegio de Abogados de Ensenada y quien es el representante de la parte quejosa en el primer amparo, considera que los métodos de evaluación del Comité Seleccionador para elegir a los 15 integrantes del Comité de Participación Ciudadana fueron “subjetivos, por medio de entrevistas, no una evaluación de conocimientos, como sería con jueces o ministerios públicos. Eso no nos da una garantía de que las personas que están ahí tengan la capacidad de desempeñar esa función”.

Este amparo fue interpuesto por uno de los partícipes en la convocatoria –quien declinó ser mencionado–, pero quien no resultó seleccionado.

Un segundo amparo es el del integrante técnico del Comité de Participación Ciudadana, Ricardo Zurita, contra el Congreso del Estado, quien afirma que los vicios en la ley fueron los que permitieron que personas sin la trayectoria ni el perfil idóneo llegaran a conformar parte de este Comité.

Ya con el Comité conformado, en agosto se nombró a Jorge Topete como presidente, quien ocupará el cargo hasta julio, como parte de la rotación de presidencia entre los cinco integrantes honoríficos, quienes, a su vez, fueron seleccionados para periodos de tres, cuatro y cinco años.

Sobre por qué en diez meses desde su conformación, el CPC no ha estudiado una sola denuncia por corrupción, Topete considera que esta figura debe concentrar esfuerzos en generar políticas públicas y no propiamente en investigar.

“Nos toca cerrar las oportunidades que actualmente existen para hacer casos de corrupción, pudiéramos hacer un acompañamiento a una queja o denuncia, pero las funciones como tal no son ésas porque no tenemos facultades, ni debiéramos tenerlas, porque ya existe una Auditoría Superior, cinco síndicos, una controlaría, órganos internos de control”.

Acusaciones cruzadas dañaron credibilidad

Tras la selección del presidente del CPC, el Comité Coordinador nombró como secretario técnico a Luis Irineo Romero, el 9 de noviembre de 2018.

En el marco de la designación, lo cual trajo consigo varios desencuentros y amplias discusiones entre los integrantes del Comité Coordinador, el presidente de Coparmex en Mexicali, Rodrigo Llantada, convocó a una conferencia de prensa, acompañado del consejero Francisco Fiorentini, para denunciar que el otro participante, Jorge Antonio Sauceda, era apoyado directamente por el gobernador Francisco Vega, como un intento de controlar este órgano.

Sauceda es además miembro activo del PAN, según el padrón público del partido, así como cuñado de Raúl Reynoso Nuño, director de Comunicación Social del gobierno del Estado.

La respuesta de otro grupo dentro del Comité de Participación Ciudadana vino del consejero Edgardo Silva, quien acusó a Coparmex de querer imponer a Luis Irineo Romero por ser afín a su grupo.

Al respecto, el secretario técnico, al ser consultado para este reportaje, respondió no tener ninguna relación con Coparmex. “Durante todo ese tiempo que fue prolongado, preferí por el silencio, independientemente de los señalamientos, pocos que hubo, para desacreditar o denostar”.

Para otros integrantes del Comité Coordinador, como el titular de Transparencia, Octavio Sandoval, estas confrontaciones no solo complicaron las discusiones, sino que desgastaron a las instituciones. “La designación del secretario dañó la imagen de un sistema que iba naciendo”, comenta.

La ley contempla que el Comité Coordinador debe ser integrado por 11 de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, incluido el presidente, y por 11 autoridades: los cinco síndicos procuradores del Ayuntamiento, el fiscal anticorrupción (figura que aún no existe), el Contralor, el Auditor Superior (cuyo titular no ha sido ratificado por el Congreso), el titular del Instituto de Transparencia, el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Esto lo convierte en el Comité Coordinador más numeroso del país, mientras la mayoría de las entidades contemplan solo siete integrantes, salvo Aguascalientes, con 18, los impulsores de la Ley Estatal en Baja California defienden tener un mayor número de representantes ciudadanos con un total de once.

Presupuesto condicionado

Para Francisco Martínez, fundador de la Red Nacional Anticorrupción, otra mala práctica dentro del Sistema es que los síndicos conformen parte del Comité Técnico, puesto que puede resultar en un conflicto de interés, si un alcalde o funcionario municipal es investigado por corrupción.

Para el cierre de 2018, el SEA recibió un presupuesto transitorio de cinco millones de pesos, pero debido a la crisis financiera que se vivió en el estado al cierre de 2018 y que dejó incluso a policías, profesores y médicos legistas sin salarios, el SEA solo recibió alrededor de un millón y medio de pesos, los cuales fueron utilizados para cubrir honorarios acumulados de los 10 secretarios técnicos (30 mil pesos mensuales a cada uno).

Para 2019, explica el secretario técnico, Luis Irineo Romero, el presupuesto es de 15 millones de pesos, los cuales resultan insuficientes para ciertos aspectos, como la adquisición de equipo de cómputo e informática para la creación, administración y mantenimiento del portal digital en el que se concentraría información relacionada con el SEA como las declaraciones patrimoniales de todos servidores públicos.

Bajo el rubro “Provisión Operación Sistema Estatal Anticorrupción”, en la partida 79907, el Presupuesto de Egresos 2019 de Baja California considera esta suma de 15 millones de pesos como “transitoria”, en tanto se distribuye su monto en las partidas específicas necesarias, “por lo que las transferencias que se operen para su ejercicio serán modificadas mediante aviso al H. Congreso del Estado”.

Con una plantilla de 11 empleados, tres de ellos como directores, la Secretaría Técnica ocupa oficinas que le fueron facilitadas desde la Oficialía Mayor del Estado por medio de un contrato de comodato, el cual además les proporcionó inmobiliario y equipo de cómputo.

Salpicados por la vorágine electoral

Con el PAN en el gobierno del estado y con mayoría en el Congreso, esta fracción partidista, con sus respectivos aliados, ha dedicado gran parte de su tiempo legislativo en aprobar endeudamientos récords al Gobierno del estado, principalmente en proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) que superan los 80 mil millones de pesos en al menos cinco contratos entre el gobierno y empresas cuestionadas por sus relaciones con panistas y sus familiares.

Poco antes de la elección del 2 de junio, el Congreso de Baja California aprobó la reforma que dio vida a la Fiscalía General, así como el nombramiento del magistrado anticorrupción. Ambas votaciones fueron por método de cédula, esto es no mediante votaciones públicas, sino al colocar un papel con su intención de voto en una urna y, por lo tanto, secretas.

La aprobación de la Fiscalía General contó con el voto a favor de 17 legisladores, pero debido a la suspensión provisional concedida por un juez dentro del juicio de amparo 328-2019-VI-B, promovida por la diputada Victoria Bentley, quien argumentó omisiones al proceso legislativo para la aprobación de la Reforma, el nombramiento del titular de la Fiscalía se mantiene en vilo. También está pendiente el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.

En el caso de la elección del magistrado Iván José Curiel Villaseñor, cuyo cargo tiene una vigencia de seis años, fueron 19 votos a favor, aunque recientemente fue impugnada ante el Congreso por varios miembros del CPC, por presunto conflicto de interés.

Para contender en el reciente proceso electoral, once diputados de distintos partidos solicitaron licencia para buscar la reelección, por lo que estas votaciones se dieron después de una reestructura en las comisiones del Congreso con los legisladores suplentes.

Antes de solicitar licencia, el diputado del Partido de Baja California (PBC), Jorge Eugenio Núñez, fue entrevistado para este reportaje. Advirtió que las demoras de la creación de la Fiscalía y el nombramiento del magistrado anticorrupción respondían a que “el PAN en el Congreso y en el gobierno del estado, con dolo, alevosía y ventaja están congelando estos nombramientos para afectar este esfuerzo ciudadano que es el Sistema Estatal Anticorrupción”.

Frente a este escenario, varios integrantes del Comité Coordinador del SEA admiten que la percepción ciudadana es que poco ha servido el Sistema para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, pero a la vez, piden un voto de confianza.

Por su parte, el titular de Transparencia, Octavio Sandoval considera “si alguien quiere presentar una denuncia por corrupción, el Sistema no está funcionando, ésa es la realidad. El problema que tenemos es que cuando hay exhibición de la corrupción, pero no se castiga por la impunidad, genera una frustración mayor en la ciudadanía”.

Una opinión más severa viene de la sociedad organizada. Francisco Martínez, de la Red Nacional Anticorrupción, señala que el Sistema “se encuentra empantanado, no ha logrado despegar como órgano que debiera estar trabajando en prevenir, sancionar y erradicar el combate a la corrupción en Baja California”.

[*] Este reportaje forma parte de “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya.

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