Del 17 de junio al 4 de julio, en alianza con Reforma y once medios de comunicación estatales, Ethos publicó una serie de reportajes que documentan las razones que impiden el funcionamiento total de los Sistemas Estatales Anticorrupción en diez estados.

En este sitio, podrá encontrar las versiones largas de los reportajes publicados, en las que se deja ver que los gobernadores y diputados locales han logrado designar en puestos clave de los Sistemas Anticorrupción a personas cercanas a ellos o que incluso pertenecían a su propio equipo de trabajo. Así, la clase política ha intentado protegerse a sí misma de investigaciones que puedan tocar sus intereses. Además, hay personas que sin experiencia relevante en el tema, con vínculos políticos, o inclusive que han sido acusados de corrupción.

Lo más lamentable es que los Sistemas Estatales no han atendido una serie de casos notorios de corrupción.

«¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción», es un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, José Luis Chicoma, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya.

¿Qué nos frena? General

¿Qué nos frena? Ciudad de México

¿Qué nos frena? Guerrero

¿Qué nos frena? Chihuahua

¿Qué nos frena? Chiapas

¿Qué nos frena? Baja California

¿Qué nos frena? Nuevo León

¿Qué nos frena? San Luis Potosi

¿Qué nos frena? Veracruz

¿Qué nos frena? Tabasco

¿Qué nos frena? Quintana Roo

Falta de voluntad política tiene paralizado al SEA de Chihuahua


El “tortuguismo”, alentado desde el Ejecutivo y el Congreso, impide la operación eficaz del SEA, en una entidad que tiene varios “Expedientes X” atrasados, como la extradición de César Duarte y otros presuntos delitos de la administración pasada y la actual. La mitad del presupuesto se destina a pagar sueldos del Comité de Participación Ciudadana.

Por Marco Antonio López / Ethos Laboratorio de Políticas Públicas [*]

El hombre del traje oscuro y corbata azul se levantó de su silla, caminó al podio y dijo, después de poner los lentes sobre su nariz y ver la hoja entre sus manos: “El objetivo es que ningún acto de corrupción en el estado de Chihuahua quede impune, y que todos aquellos que hayan utilizado para beneficio personal los bienes de los chihuahuenses, enfrenten a la justicia”.

El panista Javier Corral Jurado tomó protesta como gobernador de Chihuahua sucediendo al priísta César Duarte, actualmente buscado por la Interpol en 190 países, por presunto peculado agravado por el desvío de al menos mil 200 millones de pesos del presupuesto público del estado. Desde su campaña y en el acto de la mañana del 4 de octubre de 2016, Corral se sumió en un discurso afianzado en el combate a la corrupción, la búsqueda de justicia y la reparación de los daños.

El gobernador Corral prometió, entonces, que Chihuahua sería ejemplo a nivel nacional en la implementación y ejercicio del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). “Vamos a presentarle al Congreso un Sistema Estatal Anticorrupción, que en varios sentidos irá más allá del Sistema Nacional Anticorrupción, hay muchas cosas que le faltaron al nacional, que nosotros vamos a implementar acá”, dijo el 5 de septiembre de 2017. Y no solo no ha sido así, sino al contrario. El aparato se encuentra trabado en partes esenciales para la denuncia y el acceso a la justicia, así como en la fiscalización de las cuentas públicas.

La Ley Estatal del Sistema Anticorrupción se publicó el 21 de octubre de 2017, un año después de la toma de posesión del mandatario panista, siendo, junto a Veracruz, uno de los últimos estados en implementarlo, pero aun así los avances lucen magros: en los primeros días de junio no se había integrado el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ni se había aprobado la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas local. Y como el presupuesto apenas alcanza para pagar los salarios de los integrantes del SEA, no se ha invertido en campañas para que los ciudadanos conozcan dónde y cómo presentar denuncias de corrupción.

Integrantes del Sistema Anticorrupción de Chihuahua y dirigentes de organizaciones civiles aseguran que ni el gobernador Javier Corral ni el Congreso local han mostrado voluntad política para que se aprueben las leyes necesarias que permitan el adecuado funcionamiento del SEA, lo que ha derivado en un sistema que se implementa lentamente y funciona a medias.

Pues a pesar de que se han expedido ocho de los nueve instrumentos jurídicos para armonizar el SEA con el Sistema Nacional Anticorrupción, la falta del Tribunal de Justicia Administrativa local impide el funcionamiento óptimo del sistema. Aunque el 23 de mayo pasado se publicó la convocatoria para designar a los tres magistrados que han de dirigir el Tribunal de Justicia Administrativa, en el Congreso el asunto se mantenía en suspenso y en espera de una resolución.

Para la coordinadora de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, Ana Carmen Estrada García (Morena), el letargo en la publicación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas local no se debe tanto a la falta de voluntad política del Congreso o del gobernador, sino que se justifica en “lo complicado que es en sí misma, en lo compleja que es, por lo que no van a sacarla al vapor”, dijo.

Actualmente el gobernador controla, de facto, los procesos de denuncia de faltas administrativas y su sanción, al hacer totalmente responsable de la materia a la Secretaría de la Función Pública local. Así ocurre en los hechos, debido a la falta de instalación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y el letargo en la adopción local de la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuyas disposiciones son de orden nacional, así como en la promulgación de la Ley Orgánica del TJA.

Corral, con menor influencia en los “Expedientes X”

Corral intentó controlar la agenda local de combate a la corrupción al designar al fiscal general, César Augusto Peniche Espejel (aprobado por la legislatura pasada del Congreso, de amplia mayoría panista), pero en lo que no tuvo influencia fue en el nombramiento de la fiscal anticorrupción, Gema Guadalupe Chávez Durán, ocurrido a finales de agosto de 2018, quien tendrá a su cargo los “Expedientes X”, entre ellos, la posible extradición de César Duarte, que fue votada por mayoría del PRI y Morena en la actual legislatura del Congreso (reunieron 12 diputados contra 11 del PAN).

Cuando se supo que ella era la elegida de la terna enviada al Congreso, Javier Corral se limitó a extenderle su apoyo, pero dejó en claro que no tuvo que ver en su llegada al cargo, pues intervino un panel de especialistas: “Fue un trabajo absolutamente imparcial. Ellos (el panel) valoraron las trayectorias, las capacidades, el desempeño y presentaron una terna al Congreso, y éste, en una votación calificada de más de sus dos terceras partes, 26 votos, ha escogido a esta fiscal”, declaró, en agosto pasado. La fiscal rindió protesta en enero de este año y durará siete años en el cargo.

El caso que exhibió la inoperancia del sistema

Cuando el gobernador del estado rindió su Primer Informe, a su espalda se reproducía un video que mostraba los logros de su administración, por ejemplo, los del combate a la corrupción.

El video tuvo un costo de 800 mil 799 pesos y fue realizado por la empresa Xtreme Sports que se dedicaba a la venta de paredes escaladoras y equipo deportivo desde su creación en 2012 y hasta que, luego de 14 años, y ocho días después de la toma de protesta de Javier Corral, cambió su giro al de venta de video, audio y transmisión.

Su primer contrato fue para realizar ese video para el gobierno del estado. Luego vino otro por 4 millones 175 mil 996 pesos para generar contenido mensual de video y audio para radio y televisión desde el gobierno.

Antonio Pinedo, entonces director de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal, dio en adjudicación directa los contratos de publicidad oficial por 4.9 millones de pesos a la empresa Xtreme Sports, en la que trabajaba su pareja sentimental, Abril Susana del Pilar Ruiz Licón.

Abril Susana del Pilar es también hermana de Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, entonces directora de Administración de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del estado. Ella, a su vez, es pareja sentimental de Efraín Alonso Maldonado Delgado, dueño de Xtreme Sports.

El día que la ahora exdirectora de Administración de Comunicación entró a trabajar con el Gobierno del estado, se firmó el primer contrato con Xtreme Sports, el 17 de enero de 2018.

Luego de hacerse público el caso, Antonio Pinedo dejó el cargo el 18 de diciembre de 2018, pero el acto continúa impune, evidenciando las fallas del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en toda su estructura.

Sin Tribunal de Justicia Administrativa

Por ejemplo, hasta el 13 de junio no existía un Tribunal de Justicia Administrativa. Para la creación de este organismo autónomo era necesario que se expidiera primero la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Esa ley fue aprobada por el Congreso del estado el 11 de junio de 2018 y se previó en ese momento que el Tribunal contaría con un presupuesto de 30 millones de pesos para su puesta en marcha. Solo era cuestión de que se publicara en el Diario Oficial del estado. Pasaron nueve meses para que finalmente se publicara el 13 de marzo de 2019. Al momento de redactarse esta nota todavía no había definiciones.

“Ha habido mucha irresponsabilidad administrativa de parte del gobierno. Ese es el gran problema. Más allá de lo presupuestal. Esto ya cae en temas de responsabilidad administrativa. Y han sido faltas por muchos entes: la Secretaría General de Gobierno que no publicaba, faltando a lo que decía la ley; la Secretaría de Hacienda que no da el presupuesto suficiente, aunque ya está incluso también en ley”, dice René Moreno, miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

“Se han pasado las leyes por donde han querido básicamente, y en lo que han querido que avance avanza y lo que no han querido lo frenan a como dé lugar. Ni siquiera me gustaría llamarlo falta de voluntad, hay una documentada falta a sus responsabilidades públicas”, añade Moreno.

Y sin Tribunal de Justicia Administrativa autónomo, el caso de Pinedo se encuentra dentro del mismo Gobierno del estado en la Secretaría de la Función Pública, cuya titular actual, Jazmín Alanís, explica que “[tienen] un seguimiento que está siendo valorado”, desde octubre de 2018. Y asegura que el hecho de que el exfuncionario haya renunciado, no lo exime de alguna sanción administrativa que se pudiera generar. Sin embargo, al momento de entrar en funciones el Tribunal de Justicia Administrativa, el caso de Pinedo así como las investigaciones en contra de la administración de César Duarte pasarían a este ente para su investigación y sanción en el ámbito administrativo, explicó.

Mientras tanto, estos asuntos permanecen dentro de la esfera de la Secretaría de la Función Pública, por lo que el gobernador Javier Corral conserva su influencia en ellos, por lo menos en el ámbito administrativo del combate a la corrupción, mientras el SEA no esté completo.

Sin reforma a la Ley de Fiscalización

Otro serio problema en el que coinciden varios actores del Sistema Estatal Anticorrupción y que también trastoca este caso, es la falta de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado. Por ejemplo, en el caso Pinedo, la Auditoría Superior del Estado no está facultada para hacer auditorías en tiempo corriente, sino que tiene que auditar lo de un año anterior. Por lo que no cuenta con las herramientas para señalar actos irregulares cuando se detectan. La reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de homologarse con la ley federal, otorgaría esta facultad a la Auditoría Superior del estado.

“El año pasado que nos encontramos el caso Pinedo en Comunicación nos hicieron llegar esta inquietud; vamos y nos dice el auditor: sí, pero está ocurriendo en este año. Yo tengo que esperarme hasta el próximo año para empezar a hacer la investigación. Y entonces le damos tiempo para que pase lo que pasó. Yo renuncio, ya me voy, y ahí se quedó el proceso”, advierte la presidenta del CPC, Norma Yadira Lozano.

El freno a la reforma de la Ley de Fiscalización no solo detiene el combate a la corrupción, si no que la propicia, de acuerdo con René Moreno, integrante del Comité de Participación Ciudadana.

Las comisiones de Transparencia, Anticorrupción y Fiscalización deben formar una mesa directiva de Comisiones Unidas para emitir esta ley. A finales de marzo se convocó a reunión para formar la mesa directiva y los diputados convocados no asistieron, por lo que no hubo quórum y, por tanto, no hubo mesa.

“Eso sigue ahí atorado porque el tema netamente es político. No hay algo ahí que los esté frenando. Es un tema de querer defender ese tipo de prácticas, de querer vender cuenta pública”, acusa René Moreno.

Sólo alcanza para pagos atrasados

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción cuenta con un presupuesto de 10 millones de pesos para este 2019.

De esos 10 millones de pesos, 5.1 millones se usan para pagar los sueldos de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que perciben 85 mil pesos mensuales, desglosa el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEA, Félix Romo Gasson.

“Estamos muy limitados”, se queja. Por lo que pidieron una extensión del presupuesto por cinco millones de pesos, que todavía no es aprobada por la Comisión de Hacienda del Congreso local. Y, sin esa extensión, se ven obligados a recortar al menos tres puestos de la Secretaría Ejecutiva, asegura.

“El presupuesto es un súper problema, el de 10 millones no alcanza, si lo ejecutas como está presupuestado alcanza hasta agosto, de septiembre en adelante dejó de existir. Entonces no hay presupuesto”, agrega René Moreno.

Uno de los grandes problemas es que no existe presupuesto ni siquiera para acercar información a la ciudadanía. Para que sepan que existe el Sistema, menciona Romo Gasson.

La Ley Estatal del Sistema Anticorrupción se publicó el 21 de octubre de 2017. En marzo de 2018 fueron nombrados los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC). Se previó originalmente un presupuesto de 14 millones de pesos que al final terminó en cuatro, mismos que se usaron para pagos atrasados. El CPC trabajó sin recursos y sin sueldo durante nueve meses, hasta que se les pudo pagar lo que se les debía en diciembre de 2018.

No hay mecanismos de denuncia

El SEA funciona sin Órganos de Control Interno, es decir, los entes a los que se podría acudir en cada dependencia para denunciar actos de corrupción no existen. Sin embargo, de acuerdo con el titular de la Secretaría Ejecutiva, Félix Romo, ya se hicieron las reformas y se lanzó la convocatoria para elegir a los titulares de los Órganos de Control Interno de las dependencias y entidades del gobierno. Aunque la Secretaría de la Función Pública dijo desconocer cuántos titulares para los Órganos de Control Interno se contratarían.

“Todavía no existen los mecanismos necesarios para que se puedan interponer denuncias guardando el anonimato y que verdaderamente haya un proceso que llegue a generar sanción a los responsables”, dice René Moreno del CPC.

“Ahorita no tenemos afianzado el sistema de denuncias con protección y como no existe el Tribunal de Justicia Administrativa no existen las faltas graves o a dónde mandarlas. No hay quién lo vea, y por lo tanto pues se va a quedar en el limbo el proceso. Pero mientras, como en las dependencias solo hay dos o tres personas con acceso a esa información, pues van a correr a quien denuncie”, afirmó.

La Secretaría de la Función Pública contestó a una consulta (solicitud de acceso a la información pública) formulada a ésta, sobre si es dicha instancia pública la que determina qué actos ilícitos corresponden a faltas graves o no graves, de la siguiente manera:

“Respecto a quién determina las faltas graves y no graves, en principio cabe hacer la aclaración que las faltas administrativas aún y cuando no haya titular del Tribunal de Justicia Administrativa pueden ser calificadas como graves o no graves y que de conformidad con el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son las autoridades investigadoras las que en caso de existir actos u omisiones, deberán calificar las faltas administrativas.

“En este sentido, el artículo 3, fracción II, de la misma ley, define a la autoridad investigadora como: La autoridad en las Secretarías [de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las entidades federativas], los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas administrativas”.

El alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, ha entregado contratos por publicidad oficial a la empresa televisiva para la que trabajaba y de la que es dueño su padre, el Canal 44, por lo que tuvo dos observaciones en la cuenta pública 2017 por 13 millones de pesos. Este acto denota un posible conflicto de interés. Y el Sistema Estatal Anticorrupción, en este caso como en otros, sigue trabado. Chihuahua es un estado donde dos de cada cinco personas que realizaron un trámite gubernamental fueron víctimas de un acto de corrupción durante 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, que también señala que casi 90 por ciento de su población considera que los actos de corrupción en su entidad son frecuentes, lo que la ubica en la posición 11 a nivel nacional, respecto a la percepción de este problema por los habitantes de cada estado del país.

[*] Este reportaje forma parte de “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya.

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