Resumen

Algo frena el avance en la implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA). Bajo esta premisa nos dimos a la tarea de investigar, mediante un enfoque periodístico, qué aletargaba la instalación e inicio de operaciones de los sistemas. Así, tomando en cuenta variables que reflejan los distintos avances en la implementación de los SEA, seleccionamos una muestra de diez entidades federativas, que son: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Con el apoyo de un editor general y con la participación de periodistas locales, en cada uno de esos estados se entrevistaron a representantes de organizaciones de la sociedad civil, la academia, organismos empresariales, gobierno y autoridades de los propios sistemas para obtener una visión integral sobre la situación que enfrentaba cada SEA.

Luego de un trabajo coordinado entre periodistas e investigadores en anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el 17 de junio de 2019 se publicó en primera plana del diario Reforma, un reportaje que recopilaba los hallazgos de los diez estudios de caso realizados. Durante las tres semanas posteriores, distintos medios estatales1 publicaron los reportajes periodísticos sobre los SEA elegidos, mismos que fueron replicados por otros medios de comunicación, lo cual potencializó la difusión de sus hallazgos.

El reportaje nacional expuso cinco retos principales que enfrentan los SEA. Se trata de los obstáculos que se conceptualizaron como mimetismo, resistencias, lentitud, burocracia2 y presupuesto. En esta publicación, además de la recopilación del reportaje nacional y los diez locales, se presenta el análisis de los cinco retos identificados en los sistemas estudiados y las recomendaciones que se plantean para superarlos, las cuales podrían ser aplicables para el resto de los sistemas locales anticorrupción del país.  

Intro

Algunos de los casos más indignantes de corrupción en México se han dado bajo el cobijo de autoridades estatales. Casos como los de Javier Duarte en Veracruz o los desfalcos en Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León contribuyeron a promover la instalación y operación de los SEA. Así, desde la sociedad civil nació un esfuerzo para monitorear la aprobación de leyes e instalación de órganos anticorrupción en los estados, el Semáforo Anticorrupción impulsado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Transparencia Mexicana. Con el tiempo, la propia Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) asumió esta tarea y brinda una actualización periódica conforme se presenten avances.

Sin embargo, hoy en día, más allá de saber si se aprobaron las leyes necesarias o instalaron los órganos anticorrupción, los ciudadanos no conocemos a detalle qué tan exitoso está siendo el funcionamiento de los SEA. Es por ello que en Ethos, nos planteamos analizar dichos sistemas desde una perspectiva distinta basada en un enfoque periodístico. A partir de una muestra de diez sistemas, construímos un diagnóstico que nos permitió conocer las resistencias, intereses, aciertos y retos que enfrentan los mismos. Estos matices no podían inferirse fácilmente de la información proveniente de los monitoreos existentes. En este sentido, se requería un enfoque distinto que permitiera conocer los obstáculos que impiden el correcto funcionamiento de los SEA.

A través de este análisis, se pudo evidenciar la gama de problemas que hay en los estados. Si bien ninguna realidad local es idéntica a otra, se apreció una intención común por parte de las autoridades estatales para bloquear o entorpecer las labores de los sistemas. En ciertos estados, las autoridades han logrado paralizar la conformación de este modelo de combate a la corrupción. Mientras que en otros, se evidenciaron prácticas de obstaculización como: la captura de puestos públicos con el fin de congelar investigaciones y cubrir intereses, resistencia en la coordinación entre autoridades, falta de presupuesto, frenos burocráticos y lentitud en la generación de resultados.

Bajo este panorama, Ethos propone una serie de medidas para afinar la capacidad y efectividad de las autoridades de los SEA. Acabar con la impunidad que padecemos hoy en día requerirá no solo de seguir apostando por el fortalecimiento institucional, sino como apuntan estos reportajes, de limitar también la injerencia de los intereses políticos.

Recomendaciones

En esta sección se analizan los cinco problemas principales que enfrentan los SEA en su implementación, al igual que propuestas que permitirán fortalecer su funcionamiento y, por tanto, su desempeño.

1. Mimetismo

El marco normativo en el que descansa el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus homólogos locales, plantea una serie de requisitos a cumplir por quienes aspiren a ser autoridades anticorrupción, ya sean ciudadanas o gubernamentales. De manera general, las instancias representadas en el Comité Coordinador de los SEA requieren de titulares que cuenten, por un lado, con conocimiento técnico del fenómeno de la corrupción y temas relacionados como la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Por otro lado, deben gozar de buena reputación pública. Esto es especialmente cierto para quienes integran el Comité de Participación Ciudadana (CPC), el cual busca ser un brazo de la sociedad civil organizada para vigilar y proponer acciones de mejora dentro del sistema.

No obstante, cuando en los procesos de designación los aspirantes a cargos de autoridad resaltan en sus currículums capacidades técnicas de las que no tienen dominio o un perfil de sociedad civil cuando en realidad son funcionarios públicos, ocurre el problema de mimetismo. Este puede ocurrir a consecuencia de criterios o requisitos laxos incluidos en las convocatorias, o de la omisión en su cumplimiento por parte de los postulantes a un cargo. Pero, por una causa o la otra, en el fondo los responsables de este problema son las autoridades políticas en las que recae la capacidad para proponer o elegir a dichos postulantes para ocupar un cargo de autoridad.   

Es así como en varios CPC a nivel estatal hay integrantes emanados de la administración pública, que ostentaron cargos de elección popular o que militaron en partidos políticos no hace mucho tiempo. Cabe aclarar que no en todos los casos es ilegal incorporar esa clase de perfiles, ya que las convocatorias solo limitan la participación de este tipo de actores por un plazo determinado y para quienes hayan desempeñado cargos públicos al más alto nivel, evidenciando así la laxitud de sus criterios. Aunque hay casos en los que se saltaron esas restricciones, como ocurrió con el nombramiento de algunos integrantes de los CPC de Baja California, San Luis Potosí y Tabasco.

Pero no siempre se trata de exfuncionarios o expolíticos, existen miembros de CPC que si bien cumplen con un perfil ciudadano, no cuentan con una trayectoria en anticorrupción o materias afines. También existen algunos integrantes que han sido señalados por claros conflictos de interés, tales como estar relacionados con integrantes de la Comisión de Selección o haber sido proveedores de gobierno recientemente. A otros se les critica por estar presuntamente implicados en hechos de corrupción.

El problema con ese tipo de integrantes, es que en repetidas ocasiones sus decisiones están más alineadas con los intereses de los grupos políticos que los designaron, que con un efectivo combate a la corrupción. Lo anterior afecta su coordinación con aquellos miembros emanados de sociedad civil organizada, lo que a su vez bloquea la atención de casos graves de corrupción, así como el diseño de políticas públicas efectivas en la materia.

En lo que respecta a los perfiles de los entes gubernamentales, se observa que algunos de ellos no cuentan con experiencia en la materia que tienen a su cargo o su designación es resultado de un conflicto de interés. Además, al igual que con algunos integrantes del CPC, se documentaron casos de titulares acusados de actos de corrupción en cargos previos, lo cual mina la confianza sobre su nombramiento. En varias de las autoridades de gobierno de los diez SEA analizados, se observa alguno de estos supuestos.

Detrás del nombramiento de ese tipo de perfiles, es probable que haya una aparente afinidad o cercanía con los gobernadores y legisladores locales, lo cual se traduce nuevamente en lealtad hacia los grupos o equipos que los designaron o propusieron para ocupar el cargo que ostentan. Esta lealtad es evidente cuando toman decisiones trascendentes, que podrían afectar los intereses políticos o económicos de esos grupos, en los ámbitos de la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización de los recursos públicos, y la investigación y sanción de hechos de corrupción.

Recomendación

Replantear los procesos de designación de las autoridades anticorrupción para asegurar que cuenten con la capacidad técnica y la neutralidad necesaria para ejercer las funciones a su cargo. Una forma de hacerlo sería si se incorpora una mayor participación ciudadana en la postulación o elección de esas autoridades, se robustecen los requisitos inscritos en las convocatorias y se asegura por ley que los procesos de designación se celebren en un contexto de apertura y transparencia, con plazos establecidos y convocatorias debidamente difundidas, en los que las decisiones se funden y motiven conforme a derecho.

2. Resistencias

El problema de las resistencias se refiere a los obstáculos o trabas que distintas autoridades interponen a la actuación de las autoridades del Comité Coordinador, para que no ejerzan adecuadamente sus funciones. Este problema se refleja principalmente en la falta de atención de casos graves de corrupción ocurridos durante las administraciones actuales o pasadas,3 así como en la ausencia de políticas públicas orientadas a controlar este problema de forma efectiva.

En aquellos SEA que ya cuentan con su estructura completa4 o con la mayor parte de esta,5 los testimonios de miembros de su Comité Coordinador evidencian cómo las autoridades políticas de sus estados y algunos otros miembros del mismo comité, han obstaculizado el ejercicio de sus responsabilidades.

En los reportajes periodísticos se sugieren algunas formas en que ocurren esas resistencias. Una de estas es el desacato de las instancias gubernamentales o servidores públicos a las órdenes de carácter administrativo o judicial que les dirigen las autoridades anticorrupción. Un caso así se muestra en el reportaje de Nuevo León, cuando el fiscal Anticorrupción menciona en entrevista que la institución a su cargo se encontraba integrando 177 carpetas de investigación, por presuntos hechos de corrupción, por lo que había mandado más de mil 900 oficios solicitando información a las instancias implicadas, pero estas no se la dieron o se la dieron incompleta, lo cual probablemente se debía a que se trataba de actos realizados por las autoridades de gobierno vigentes. En este contexto, denunció que cuando la extinta procuraduría investigaba asuntos de gobiernos anteriores, recibía todo el apoyo de los entes gubernamentales, mientras que la nueva fiscalía a su cargo recibía trabas y obstáculos para hacer su trabajo.

Otra forma de resistencia que se presenta es la inadecuada integración por parte de las instancias anticorrupción de los expedientes o carpetas de investigación relacionados con la presunta comisión de faltas administrativas o hechos de corrupción. Un caso así se refiere en el reportaje del SEA de Tabasco. Al entrevistarse a la magistrada especializada en responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, ella reconoce que desde su integración al SEA, en agosto de 2017, no había emitido sanciones contra servidores públicos o particulares. Al respecto explica que los únicos dos expedientes que había recibido por faltas administrativas graves no llegaron al pleno del tribunal por “vicios” en las carpetas de investigación integradas desde los órganos internos de control (OIC) de las dependencias de gobierno.

Según lo que se narra en el reportaje, lo anterior podría sugerir algún tipo de intencionalidad de parte de los OIC, dependientes de la Secretaría de la Función Pública local, por no permitir que los casos denunciados por la comisión de presuntas faltas administrativas graves lleguen al Tribunal de Justicia Administrativa, para su análisis y resolución. Sin embargo, esta situación podría deberse también a una falta de profesionalización del personal de los OIC o a la inexistencia de protocolos que ayuden a la adecuada transferencia de los expedientes, de una instancia a otra, para su sustanciación.

Una forma más de resistencia se presenta cuando las instancias anticorrupción congelan un asunto o caso que ha sido denunciado o del cual tienen conocimiento. A saber, en el reportaje sobre el SEA de la Ciudad de México, se refiere que la activista Josefina MacGregor, dirigente de Suma Urbana, presentó a través de su organización civil 42 denuncias por usos de suelo irregular en la colonia San Ángel desde hacía tres meses, sin que las autoridades del órgano interno de la Alcaldía de Álvaro Obregón le hubieran dado respuesta alguna. Si bien en estos casos no se tiene muy claro qué es lo que frena la actuación de las autoridades, es muy común que permanezca este impasse por largos periodos, si no se implementa otra estrategia legal para reactivar esos procesos.

Aunque no es propiamente una forma de resistencia, otra situación que también afecta la operación de los SEA ya instalados, es enfocarse en labores meramente administrativas. Tratar este asunto resulta controvertido, pues debe reconocerse que los SEA son parte de un modelo de combate a la corrupción que recién está implementándose. Sin embargo, debe tomarse también en cuenta que cinco de las siete instancias del Comité Coordinador existían con antelación en la mayoría de los estados, añadiéndose simplemente a este entramado institucional, la participación formal de la sociedad civil organizada a través del CPC y la Fiscalía Anticorrupción incorporada en las fiscalías generales de justicia. Por esta razón podría decirse que la operación de los SEA no empieza de “cero” en ninguno de los casos.

Definitivamente las primeras autoridades ciudadanas de los sistemas, representadas en los CPC, tenían que impulsar la instalación de los comités coordinadores; hecho esto, negociar el nombramiento de su Secretario Técnico, para que éste propusiera la estructura operativa y financiera de la Secretaría Ejecutiva, la cual además de fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, paga los sueldos de los integrantes del CPC. También era de esperarse que los miembros de este comité ciudadano se dieran a sí mismos reglas de operación internas para sesionar colegiadamente y así proveer a una mejor coordinación y toma de decisiones grupal.

Sin embargo, de acuerdo con algunos testimonios reflejados en los reportajes, en ocasiones tales autoridades se han centrado en esa clase de labores, de tipo administrativo, olvidando su razón de ser, que es señalar los casos graves de corrupción locales, colocarlos en la agenda del Comité Coordinador para que se investiguen y sancionen y, se tomen las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir en esos términos. Esta situación no sólo sucede con los miembros ciudadanos de los sistemas, sino también con las autoridades de gobierno, que ante escándalos de corrupción latentes, omiten su actuación y prefieren orientarse a otro tipo de actividades, en el marco de su ámbito competencial, que no les implique tocar intereses sensibles de grupos políticos.

Recomendación

Establecer por ley mejores mecanismos de control y rendición de cuentas sobre la actuación de las autoridades anticorrupción y hacer más expedito el proceso de responsabilidad administrativa. Al mejorar los controles externos sobre los procesos orientados a prevenir y combatir la corrupción a cargo de los miembros del Comité Coordinador, se promovería la obtención de mejores resultados de parte de los sistemas. Podrían considerarse controles que incluyan la participación de la sociedad civil organizada, mediante figuras institucionalizadas, como los consejos consultivos que influyan en la toma de decisiones de las autoridades. Se deberían eficientar además el sistema de denuncias y el proceso de responsabilidad administrativa, bajo una perspectiva que facilite la denuncia sobre las omisiones o resistencias de las propias autoridades anticorrupción.

3. Lentitud

El artículo transitorio segundo de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) estableció que los congresos de los estados tenían hasta el 19 de julio de 2017 para expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas necesarias para instalar sus sistemas locales anticorrupción. Después de esa fecha, de haberse tomado como referencia los plazos de designación de autoridades y de instalación de órganos colegiados y unitarios previstos en los transitorios de esa ley general, los estados hubieran tenido listos sus SEA alrededor de diez meses después. Esto significa que para el mes de mayo de 2018, los SEA hubieran podido estar instalados completamente en los 32 estados del país.

No obstante, las cosas no sucedieron así, la instalación de los sistemas tomó plazos distintos a los que marcó la legislación general, en función de la coyuntura política de cada estado. La instalación completa de un SEA comprende la homologación de su marco normativo en materia anticorrupción con el modelo nacional y la instalación de sus órganos colegiados (Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana y Comité Coordinador) y unitarios (Fiscalía Anticorrupción, Secretaría Ejecutiva y en algunos casos su Tribunal de Justicia Administrativa o, si ya contaban con este, su sala especializada en atención de faltas administrativas).

Al 19 de abril de 2019, fecha en que terminó la fase de recolección de información sobre la implementación de los SEA, seis de los diez estados analizados continuaban presentando pendientes en su instalación. Se trataba de Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero, Ciudad de México y Chiapas. El móvil detrás de esta situación en aquellos estados donde se presenta, es la falta de voluntad de los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, es decir, de las autoridades políticas.

En varios casos, los diputados dieron un uso ventajoso a la agenda legislativa en materia anticorrupción. A saber, el retraso en la publicación de la ley de responsabilidades administrativas en Nuevo León, impidió que se aplicara la nueva y más amplia clasificación de faltas administrativas en que pueden incurrir los servidores públicos y particulares, así como que se impusieran las sanciones correspondientes al cometerse. También aletargó la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses por parte de los servidores públicos. En ese mismo estado y en Chihuahua, los legisladores han demorado también la aprobación de las reformas a sus leyes de fiscalización y rendición de cuentas, lo cual impide que sus auditores superiores ostenten las nuevas facultades que les otorgó la reforma anticorrupción, como son realizar auditorías en tiempo real y de ejercicios anteriores al que recién terminó.

Pero el bloqueo para completar el marco legal que define el funcionamiento de los SEA, no sólo proviene de los legisladores, sino de los titulares de los poderes ejecutivos. Un ejemplo así se tuvo en Chihuahua, donde de forma deliberada el gobierno del estado retrasó por nueve meses la publicación de la ley orgánica de su Tribunal de Justicia Administrativa en el diario oficial del estado, aún y cuando el congreso local ya la había aprobado, postergando así la instalación de esta nueva instancia. Esto permitió al gobernador controlar la vertiente administrativa del combate a la corrupción, dejando como única instancia para atender las denuncias de faltas administrativas a la Secretaría de la Función Pública local, a cuyo titular pudo designar en su momento, sin ningún bloqueo político.

En cuanto a pendientes en la instalación de órganos colegiados y unitarios, así como en el nombramiento de sus autoridades, dos de los diez estados analizados son los que presentaban el mayor retraso. A la fecha en que se terminó de recabar la información del estudio, la Ciudad de México y Chiapas no contaban con su Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana, Comité Coordinador, ni Secretaría Ejecutiva; incluso la capital del país tampoco contaba con fiscal Anticorrupción. Este tipo de casos son muestra de cómo la clase política ha postergado la instalación de sus SEA, en desacato a lo que les ordena el marco legal en la materia.

Por mencionar solo algunos ejemplos de la forma en que los gobernadores frenan las designaciones de autoridades anticorrupción en sus estados, en Nuevo León se conserva a un encargado de despacho para dirigir la Contraloría del estado, evitando así que sea el congreso el que haga la ratificación de su titular, pues el titular del Ejecutivo desconfía que las bancadas que cuentan con la mayoría puedan nombrar a un contralor a modo que cubra los actos de corrupción de administraciones pasadas. No obstante, el hecho de que la Contraloría la encabece un encargado de despacho designado por el gobernador, pone en riesgo su independencia, pues podría terminar encubriendo los actos indebidos de esta administración, y la hace vulnerable, ya que sus actos de autoridad pudieran cuestionarse frente a un tribunal judicial, pues las facultades de dicha instancia en el marco del Comité Coordinador las ostenta su titular.

En Tabasco, con la instalación de la nueva gubernatura y la legislatura local, cambiaron de titulares el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, dos miembros del CPC y el secretario Técnico, todos del Comité Coordinador, lo cual retrasó la agenda de combate a la corrupción local. Esas renuncias “voluntarias” respondieron a las fuertes críticas del nuevo gobernador hacia el trabajo, elevado presupuesto o altos sueldos de los miembros del CPC, el secretario Técnico y la fiscal Anticorrupción.

Finalmente, la completa instalación de los SEA se ha visto bloqueada también por los propios integrantes de esos sistemas. San Luis Potosí es un caso donde el bloqueo del grupo mayoritario de su CPC no ha permitido que este órgano colegiado se instale oficialmente, en un contexto en el que a varios de sus miembros se les relaciona con altos funcionarios públicos del estado y un grupo de ellos no reconoce la presidencia de quien la ostenta legalmente. Lo anterior ha sido tomado como pretexto por los titulares de algunos entes gubernamentales del Comité Coordinador para tampoco sesionar, lo cual a su vez ha impedido que se nombre a su secretario Técnico. Los factores anteriormente comentados han propiciado que hasta la fecha no se cuente a nivel nacional con todas las leyes, instancias y autoridades que tendrían como deber impulsar el combate a la corrupción.

Recomendación

Establecer sanciones en la ley para las autoridades que sean omisas en la instalación de los SEA. Para los casos en que las autoridades políticas no emitan la normatividad en materia anticorrupción que les ordene la Constitución, no realicen las acciones conducentes para crear las instancias anticorrupción que establezcan las leyes, o no designen, en los plazos establecidos, a las autoridades de esas instancias, deberían existir sanciones.

4. Diseño

Uno de los principales hallazgos de los reportajes es que, de acuerdo con varios actores, el diseño del sistema complejiza la toma de decisiones y minimiza el alcance de las acciones del Comité Coordinador (CC). Particularmente se ha señalado la multiplicidad de actores implicados, la poca incidencia del CPC dentro del CC y la debilidad legal de las recomendaciones del CC. En conjunto, estos han dificultado la operación de los sistemas, inhibiendo una mejor coordinación entre autoridades y la creación de políticas anticorrupción.

El alto número de actores proviene de la estructura base del propio SNA. El CC sienta a siete representantes de las instancias encargadas de diferentes tareas en el combate a la corrupción. La LGSNA establece este modelo como el mínimo para los estados. Incluso, cada uno cuenta con la prerrogativa de incorporar a más actores y hacer ciertas modificaciones a su integración, si así lo consideran necesario. Así, la Tabla A muestra que siete estados han optado por expandir su CC. En el caso de Nuevo León, se optó por sentar a tres miembros del CPC dentro del CC, mientras que en el resto de los estados se agregó representación total o parcial de los municipios. Baja California, además, se destaca por ser el estado que realizó el mayor número de modificaciones tanto a su CC como al CPC. Por consecuencia, ambos comités son los más numerosos a nivel nacional.

Tabla A. Número de integrantes del CC y CPC de cada estado6

Fuente: elaboración propia.

Al requerir que todas estas autoridades converjan en el seno del CC para tomar decisiones acerca de políticas en combate a la corrupción, se genera un modelo que prioriza la deliberación y consenso por encima de la eficacia. Ello puede verse como resultado del momento político en el que se gestó el modelo del sistema, dentro de un contexto de alta desconfianza hacia las autoridades y el deseo por contar con un espacio de representación ciudadana que permitiera hacer contrapeso.7 Si bien es cierto que el combate de la corrupción requiere la participación de múltiples actores, la diversidad de puntos de vista e intereses representados en el CC alenta y entorpece la deliberación. Existe, inclusive, la dificultad de poder sentar a todas las partes interesadas en la mesa. Como lo evidencian los reportajes de San Luis Potosí y Tabasco, donde por cuestiones de falta de acuerdo o supuestos problemas en la coordinación de agendas, las autoridades están ausentes en las sesiones del CC.

Un segundo problema se encuentra en la baja capacidad de incidencia con que cuenta el CPC dentro del CC. A pesar de presidir el CC, el comité ciudadano no puede ser un contrapeso ante la integración mayoritaria de las autoridades gubernamentales del sistema. Es por ello que, ante la relevancia de ciertos temas, algunos miembros del CPC han  utilizado a los medios de comunicación para ejercer presión sobre el SEA, como lo señala Sergio Vázquez Jiménez, expresidente del CPC en Veracruz.

Otra limitante se encuentra en la debilidad de las recomendaciones que surgen del SEA, las cuales carecen de obligatoriedad para los entes públicos. En el modelo que emana de la LGSNA,8 si una dependencia o entidad opta por no acatar una recomendación del sistema, simplemente está obligada a justificar su decisión por escrito. Sin ningún carácter vinculante, las recomendaciones no son más que exhortos, como comenta Luis Miguel Castrejón, presidente de la Comunidad CREA, una organización civil en Guerrero. En conjunto, esta combinación de factores genera dificultades para producir avances contundentes.

Recomendaciones

Explorar mecanismos de cooperación con autoridades clave. La intención de fortalecer al sistema con una integración más amplia no necesariamente produce mejores resultados. En vez de buscar complementar al CC con nuevos integrantes, es esencial que se promuevan medidas alternas de cooperación con los entes necesarios (inteligencia financiera, fiscalización electoral, evaluación de la eficacia de programas públicos, entre otros ) para fortalecer las capacidades de combate a la corrupción en sus distintas modalidades.    

Requerir la obligatoriedad de las recomendaciones de los SEA. Permitiría que las propuestas de política pública que se generan desde el sistema sean implementadas por los entes públicos. Es importante que la propia ley contemple mecanismos y procedimientos a seguir para cerciorarse que haya responsabilidades claras en caso de omisiones.

5. Presupuesto

La asignación de presupuesto para los SEA es identificado como otro factor que ha entorpecido el arranque de los mismos. Ethos identificó una tendencia de problemas presupuestarios en los órganos de creación reciente: las fiscalías anticorrupción y, sobre todo, en las Secretarías Ejecutivas (SE).

En cinco de los diez estados analizados, las SE recibieron recursos por debajo de lo solicitado a las secretarías de finanzas estatales, en ocasiones hasta menores al 50% de lo requerido (Gráfica 1). Ello complica la gestión interna de las SE, considerando que una porción del presupuesto tiene que cubrir las contraprestaciones de los integrantes del CPC. Restando estas erogaciones al presupuesto asignado (Gráfica 2), se observa que las SE de Veracruz, Baja California y Tabasco cuentan con el 77.5%, 76% y 75.8% respectivamente para su operación, mientras que Chihuahua y Quintana Roo solamente cuentan con 49% y 43%.

El apoyo que brindan las SE al CC fue pensado como primordiamente de carácter técnico. Su principal función tiene que ver con el seguimiento y evaluación de políticas anticorrupción generadas e implementadas por el sistema. Además, tiene la responsabilidad de apoyar a la Presidencia del comité dando seguimiento a los acuerdos del mismo. Sin embargo, las opiniones plasmadas en los reportajes realizados por Ethos sugieren que las asignaciones de 2019 tienden a ser insuficientes para llevar a cabo estas tareas.   

Según los testimonios, la insuficiente asignación de recursos ha impedido el acceso a materiales, instalaciones y personal necesario para realizar su cometido. Específicamente, se menciona la necesidad de invertir en aspectos como equipo de cómputo, licencias para páginas web, especialistas en tecnología, capacitaciones y comunicación. Incluso, la limitante presupuestal resulta en la necesidad de realizar ajustes al interior de las SE, tales como recortes a la plantilla laboral contemplados en Chihuahua y Veracruz.

Sumado a la insuficiencia de los recursos, en cuatro de los estados no se cuenta con presupuesto alguno. En el caso de Guerrero, a raíz del reciente nombramiento de la secretaria Técnica, el Congreso no ha realizado las medidas correspondientes para asignar recursos. Mientras que en Chiapas, Ciudad de México y San Luis Potosí aún no se daba el nombramiento del titular de la secretaría, el cual es necesario para realizar la erogación.

Otra estrategia que ha sido empleada para inhibir el funcionamiento del sistema es la limitación de presupuesto a otros entes que conforman el CC. A raíz de la reforma que crea al SNA, se generaron nuevos organismos como las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción. Estas fueron creadas a raíz de reformas al Código Penal Federal que tipifican delitos de corrupción, las cuales se replicaron a nivel estatal.   

No obstante, los reportajes realizados por Ethos apuntan hacia una falta de apoyo financiero a estos órganos.11 Como puede observarse en la Tabla 2, las fiscalías anticorrupción estatales reciben en promedio solamente $6 pesos por cada habitante en su entidad. Si bien es complicado evaluar la suficiencia del presupuesto sin un esquema de medición y evaluación de desempeño o sin conocer las necesidades programáticas de la fiscalía, el experto anticorrupción Samuel de Jaegere estima que un gasto mínimo de un dólar estadounidense per cápita a agencias anticorrupción tiende a propiciar un mejor desempeño (medido a través de índices internacionales de percepción y control de la corrupción).12 Utilizando esta métrica,13 es posible ver que solamente un estado, Quintana Roo, cuenta con un presupuesto per cápita superior a un dólar.14 Lo cual es un posible indicador de una situación financiera vulnerable para el resto de las fiscalías anticorrupción en el país.

Gráfica 1. Comparativo de montos solicitados a secretarías de finanzas con montos asignado a SE en 20199

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 2. Recursos asignados a las SE que se destinan al pago de honorarios de los integrantes del CPC10

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Presupuesto 2019 per cápita de las fiscalías anticorrupción estatales15

Fuente: elaboración propia.

Además de un presupuesto limitado, el caso de Nuevo León ilustra cómo algunas fiscalías anticorrupción no tienen certeza acerca del presupuesto que podrán ejercer a lo largo del año, ya que pocos estados dan máxima publicidad al presupuesto de las fiscalías anticorrupción, omitiendo la cifra de los presupuestos de egresos y portales de transparencia. A través de consultar documentos de la SESNA, presupuestos de egresos y de solicitar información a las fiscalías generales, Ethos pudo obtener el presupuesto de 2019 para solamente 24 fiscalías estatales.     

Recomendaciones

Promover mejores prácticas de presupuestación para la SE y las fiscalías anticorrupción. Es indispensable que los anteproyectos de presupuesto que generen las SE y las fiscalías especializadas visibilicen sus necesidades financieras, conforme a indicadores y metas claras. Ello permitiría generar un mejor entendimiento de sus necesidades y propiciar un apoyo monetario más adecuado.

Contemplar la falta de nombramiento del secretario Técnico como una causal de sanción. Además de las causales exploradas en el apartado de “Lentitud”, se recomienda contemplar este tipo de consecuencias para las omisiones en los procesos de selección de los titulares de las SE. Ello dado la importancia de este nombramiento para la gestión de recursos que permite la operación de los órganos técnicos del sistema, los cuáles permiten la continuidad de trabajo de los CC.

Promover la transparencia presupuestaria. La transparencia presupuestaria no solo es necesaria para tener claridad sobre los recursos que se destinan a la prevención, detección y castigo de actos de corrupción. También es fundamental para evaluar si los recursos asignados a las dependencias corresponden con sus funciones y si son ejercidos eficientemente

1. Ciudad de México (Pie de Página); Guerrero (Quadratín); Chihuahua (YoCiudadano y El Heraldo de Chihuahua); Chiapas (Alerta Chiapas); Baja California (Semanario Zeta); Nuevo León (Posta); Veracruz (AVC Noticias); San Luis Potosí (Global Media); Tabasco (XETV); Quintana Roo (NotiCaribe).

2. Para el análisis y las recomendaciones esta categoría se redefinió como diseño, para incluir un mayor número de hallazgos.

3. De los diez casos analizados, sólo en el reportaje de San Luis Potosí no se reporta un caso de este tipo.

4. De la muestra de diez estados analizados, sólo cuatro tenían completa su estructura. Se trata de los estados de Nuevo León, Veracruz, Quintana Roo y Tabasco, esto de acuerdo con datos publicados por la SESNA, al 19 de abril de 2019, fecha en que terminó la recolección de información sobre la implementación de los SEA para este estudio. No obstante, tómese en cuenta el cambio de titulares de varias instancias representadas en el Comité Coordinador del SEA de Tabasco, durante el periodo de transición de un gobierno a otro.

5. Se añadirían los estados de Chihuahua y San Luis Potosí, que para el 19 de abril de 2019, sólo les hacía falta instalar uno de sus órganos unitarios, que eran su Tribunal de Justicia Administrativa y su Secretaría Ejecutiva, respectivamente.

6. Información obtenida de la SESNA: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490089/Nombramientos_Estructura_Operativa_03.09.2019.pdf

7. Reportaje de Baja California.

8. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción artículo 59

9. Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (2019, julio 4). ¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción. Extraído de https://www.laboratorioethos.com/sitio.

10. Datos extraídos de presupuestos de egresos estatales y portales de transparencia de las SE estatales.

11. Fiscalía anticorrupción (Nuevo León), TJA (Chihuahua, Quintana Roo)

12. De Jaegere, Samuel. Principles for Anti-Corruption Agencies: A Game Changer. The Jindal Journal of Public Policy  (agosto 2012). 

13. De Jaegere utiliza el concepto de Agencia Anticorrupción, el cual incluye a diversos órganos, desde comisiones especializadas hasta fiscalías y contralorías. Para este análisis, se utiliza únicamente el presupuesto de las fiscalías anticorrupción, dado que son los órganos responsables de investigar y perseguir delitos de esta índole en México. Aunque las labores del resto de los órganos del Sistema también deberían considerarse, la poca transparencia sobre los recursos que ejercen en el combate de la corrupción dificultan generar un cálculo más preciso.

14. Tasa de cambio utilizada: 1USD = 19.65 MXN.

15. Proyección poblacional del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para el año 2019.

General

Frenan gobernadores combate a la corrupción

La sociedad está perdiendo la batalla por la rendición de cuentas en los estados, pues los sistemas estatales anticorrupción están entrampados en luchas partidistas, a pesar de la reforma constitucional de 2015, que fomenta la participación ciudadana.

Edición: Salvador Frausto

A casi dos años de la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los brazos estatales de este mecanismo se encuentran “paralizados” por la intervención de gobernadores y legisladores que han “obstaculizado” la correcta implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA).

Una investigación realizada por ETHOS en diez entidades federativas muestra además que en todos los casos hubo acciones para “bloquear” la participación de la sociedad civil en esos sistemas, independientemente del origen partidista del gobernador.

En Baja California, donde luego de 30 años de dominio blanquiazul la administración local pasará a manos de Morena, la acusación es directa: “El PAN en el Congreso (que está por concluir Legislatura) y en el gobierno del estado, con dolo, alevosía y ventaja, están congelando nombramientos para afectar este esfuerzo ciudadano”. Quien hace el señalamiento es el diputado Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California (PBC).

El gobernador de esta entidad, Francisco Vega de Lamadrid (PAN), navega el tramo final de su mandato (2013-2019) sorteando acusaciones por poseer múltiples propiedades, que justifica por su actividad empresarial. Esta entidad es una de las tres que todavía no tienen fiscal anticorrupción. Las otras dos son Baja California Sur y la Ciudad de México.

Y es precisamente la capital del país una de las más atrasadas en la instalación de la estructura operativa del SEA. El rezago se remonta a la administración de Miguel Ángel Mancera (PRD), quien dejó el puesto en marzo de 2018 sin impulsar el nombramiento del fiscal anticorrupción. A la fecha, dicha silla sigue vacía, al igual que los asientos del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y de la Secretaría Ejecutiva; además de la falta de instalación del Comité Coordinador.

El diputado Carlos Castillo (Morena), quien preside la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la CDMX, confirma que aún no hay presupuesto asignado, pero afirma que ya se perfila la instalación de las instancias operativas del Sistema Anticorrupción. También comenta que todo quedará resuelto a más tardar en diciembre.

Organizaciones civiles aseguran que los mandatarios estatales, cuya función, en teoría, es impulsar este esfuerzo de fiscalización y rendición de cuentas, en la mayoría de los casos entorpecen el proceso, con sus afanes de influir en las designaciones.

Por ejemplo, en Chihuahua, René Moreno, miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC), acusa al gobierno de Javier Corral (PAN) de “irresponsabilidad administrativa”, pues la Secretaría de Hacienda escatima fondos. “Lo que han querido que avance, avanza, y lo que no han querido, lo frenan a como dé lugar. Se han pasado la ley por donde han querido, básicamente”.

En Veracruz, Sergio Vázquez, presidente del CPC, lamenta la decisión del gobernador Cuitláhuac García (Morena), quien recortó a la mitad el presupuesto solicitado: pasó de 40 a 20 millones de pesos. “De octubre a diciembre de 2018 operamos con 9 millones de pesos. Con ese recurso montamos el SEA desde cero y proyectamos un plan de trabajo, de manera que solicitamos 40 millones de pesos para este año. La Secretaría Ejecutiva deberá ajustarse”. A Juan Manuel Carreras, mandatario de San Luis Potosí (PRI), lo señalan de propiciar un letargo que alcanza tintes surrealistas. El Periódico Oficial del estado tardó ocho meses en publicar la toma de protesta de los miembros del CPC. Y, cuando lo hizo, registró como presidenta del mismo a una integrante que ya había renunciado al cargo, e inclusive fallecido. Esta entidad ni siquiera tiene presupuesto para la Secretaría Ejecutiva del SEA, pues como no se han puesto de acuerdo para nombrar secretario técnico, el gobierno tiene el pretexto ideal para negar los recursos.

Y como ellos, en las demás entidades donde se desplegó la investigación de ETHOS, los señalamientos suelen apuntar hacia el mismo puerto: los gobernadores están frenando el combate a la corrupción, independientemente del signo partidista al que declaren lealtad.

Políticos se mimetizan como ciudadanos

La Ley General del SNA y sus réplicas estatales plantean requisitos de honorabilidad para quienes aspiren a ser secretario técnico o miembros del Comité de Participación Ciudadana, pues la idea es que sean probos y apartidistas, además de capacitados en el combate a la corrupción.

Sin embargo, estas designaciones han sido secuestradas por la élite política, a veces de forma simulada, y otras, de plano, sin rubor.

La Comisión de Selección de Veracruz, por ejemplo, incurrió en diversas irregularidades para nombrar a los integrantes del CPC. Tantas que Víctor Manuel Andrade Guevara, quien estaba involucrado en el proceso, decidió renunciar. “Nunca se definieron los parámetros para seleccionar al CPC. Para mí había que valorar la trayectoria, el prestigio y el trabajo previo del aspirante, pero además su independencia. No fue así, tanto que estuvieron a punto de designar a una persona que había sido pareja de un miembro de la Comisión de Selección”.

Abunda que, de la treintena de ciudadanos que se postularon, la mayoría habían sido funcionarios o colaboradores en las administraciones de Javier Duarte o Fidel Herrera.

En Guerrero, uno de los integrantes del CPC, Ignacio Rendón Romero, pasó ocho años como auditor general del gobierno del estado, desde 2002, con el gobierno del priista René Juárez Cisneros, hasta 2010, con el perredista Zeferino Torreblanca Galindo.

Mientras que, en Tabasco, el pasado 6 de mayo, se nombraron a Fernando Vázquez Rosas y a Mileyli María Wilson Arias como reemplazos de miembros del CPC que renunciaron. El primero ocupó dos cargos en el sexenio de Arturo Núñez: como vocero especializado en seguridad pública y, en la recta final, ocupó la titularidad de la Comisión de Radio y Televisión.

En tanto, Wilson Arias fue secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y asesora del exfiscal del estado, Fernando Valenzuela Pernas, cuando fue diputado local.

Las broncas de un “Bronco” en Nuevo León

La lucha por la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción entrega estampas como esta: “El Comité de Selección se dejó comer el mandado por diputados muy avispados, que abusaron de la ingenuidad de los ciudadanos”. Es la descripción que hace el activista Daniel Butruille del SEA de Nuevo León, exhibido por su inoperancia en el tratamiento de casos de presunta malversación de fondos en la anterior administración, pero también en la del actual gobernador independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco”.

El fiscal especializado de la entidad, Javier Garza y Garza, reconoce que tiene en su escritorio casi 200 expedientes sin resolver, por trabas de funcionarios poco acostumbrados a la rendición de cuentas. “Ahorita, entre las que tenemos dadas de baja por archivo, tendremos vivas unas 177 carpetas. Es lo que estamos investigando”.

Garza y Garza, quien fue designado por el Congreso local en marzo del año pasado, se queja amargamente de los obstáculos que impiden su trabajo: “Tengo que mandar miles de oficios, tengo más de mil 900 oficios girados, solicitando información a todas las instancias, se las pido de una forma y de otra, porque te la dan mocha o no te la dan; sí es un batallar, cuando estás fiscalizando actos que se están realizando ahorita por las autoridades”.

El actual gobernador, Jaime Rodríguez, no simpatiza con el SEA, incluso pidió su anulación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que debería ser la ciudadanía y no la Comisión de Selección elegida por el Congreso quien propusiera las ternas para nombrar a los fiscales general, anticorrupción y electoral, pero su controversia fue rechazada. Los legisladores retomaron el control y eligieron a los tres fiscales, pero el mandatario respondió aferrándose a un encargado de despacho de la Contraloría del estado, para evitar que la ratificación de su titular tuviera que atravesar por el Congreso. Por si fuera poco, a la entidad regiomontana le falta publicar la Ley de Responsabilidades Administrativas y la de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Esto es en Nuevo León, pero en otros estados el panorama también es pesimista, pues falta voluntad política para consolidar esta iniciativa, que comenzó en 2015 con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y la publicación el año siguiente de las leyes secundarias, incluida la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Cronología del Sistema Nacional Anticorrupción

Fuente: Investigación propia y SESNA.

¿Es esa la intención de los políticos, arrebatar a los ciudadanos este esfuerzo de fiscalización para volverlo ineficaz? Esa sensación queda después de revisar los procesos de integración de las versiones locales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El común denominador es el intento de eliminar la variable ciudadana por parte de políticos disfrazados de miembros de la sociedad civil, quienes defienden intereses de anteriores o actuales administraciones. Por otra parte, los gobernadores frenan esta iniciativa, de forma simulada o flagrante, o pretenden influir en ella.

SEA: 7 sin presupuesto, 8 sin estructura

Si solo se tomaran en cuenta aspectos cuantitativos, el panorama de los SEA para este año no sería tan negativo, pues la mayoría cuenta con presupuesto para la Secretaría Ejecutiva. Solo siete entidades aún no tienen asignados recursos: Campeche, Chiapas, CDMX, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí y Tlaxcala.

En cuanto a la conformación de su estructura operativa, que incluye Comisión de Selección (CS), Comité de Participación Ciudadana (CPC), Comité Coordinador (CC), Secretaría Ejecutiva (SE), Fiscal Anticorrupción y Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), únicamente nueve estados son aún omisos en uno o más rubros, de acuerdo a un análisis de la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA).

Tocante al grado de armonización de sus leyes (reforma constitucional y ocho leyes secundarias) con respecto a las federales, solo cuatro estados tenían una o más asignaturas pendientes.

Sin embargo, en términos cualitativos, ETHOS detectó –a través de más de medio centenar de entrevistas con políticos, académicos y miembros de la sociedad civil de diez entidades– que el proceso de integración de muchos de los SEA se aleja de las mejores prácticas en aspectos como la armonización de leyes con respecto al modelo nacional, pues cambiaron a modo disposiciones clave para el funcionamiento del sistema, lo cual, a decir de académicos locales, habla del interés de los congresos estatales de hacerlos un ente disfuncional.

A lo anterior se suman quejas por vicios en las designaciones de los miembros del Comité Coordinador o del Comité de Participación Ciudadana, pues no cumplen con requisitos de experiencia profesional y neutralidad política o se hacen en medio de la opacidad.

Además, legisladores y académicos señalan que un factor que afecta el funcionamiento de los SEA es la insuficiencia presupuestal de las Secretarías Ejecutivas (este problema se detectó en seis de los diez estados analizados: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz), y apuntan que, en algunos casos, el Congreso ni siquiera ha asignado recursos a las Secretarías Ejecutivas de sus estados (son las cuatro entidades restantes, es decir, Chiapas, CDMX, Guerrero y San Luis Potosí).

Sin el presupuesto necesario, no se pueden implementar proyectos relevantes en materia de combate a la corrupción y, dada esta realidad, en ocasiones, los recursos destinados a los Sistemas solo alcanzan para pagar sueldos, señalan organizaciones civiles consultadas para este reportaje.

Por otro lado, un sesgo preocupante, en la mayoría de las entidades, es la apropiación de los SEA por parte de la clase política. Los altos salarios de las autoridades del Sistema, y las plazas que algunas de éstas tienen a su disposición, convierten a estas designaciones en un botín partidista.

Todo esto en un contexto nacional donde una de cada cuatro personas que tuvo contacto con servidores públicos experimentó algún caso de corrupción, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2017) del INEGI.

¡Ay Chihuahua cómo te tardas!

Al tomar protesta como gobernador de Chihuahua, el 4 de octubre de 2016, Javier Corral prometió que esta entidad sería ejemplo nacional en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Lacerada por el caso de su antecesor, César Duarte, acusado del desvío de más de mil 200 millones de pesos, Chihuahua tenía sed de justicia y encontró un referente en la figura de Corral Jurado.

Sin embargo, la maquinaria del SEA es de las más lentas a nivel nacional. La Ley Estatal del Sistema Anticorrupción se publicó el 21 de octubre de 2017, un año después de la toma de posesión del mandatario panista, para colocarse, junto a Veracruz, como los últimos estados en promulgarla. A la fecha, aún no se ha integrado el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), ni se ha aprobado la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado. Otro problema es el presupuesto. Para 2019 se asignaron 10 millones de pesos, de los cuales más de la mitad se va en salarios (“contraprestaciones”) de los seis miembros del CPC, que perciben 85 mil pesos mensuales. Por lo mismo, no alcanza para promover campañas de concientización y fomento de la denuncia.

Javier Corral intentó dejar su sello con la designación del fiscal general, César Augusto Peniche (aprobado por el Congreso), pero tuvo que ceder en el nombramiento de la fiscal anticorrupción, Gema Chávez, pues fue votada por mayoría de PRI y Morena en la Cámara de Diputados (reúnen 12 legisladores, contra 11 del PAN). Ella es la encargada de los “Expedientes X”, como se ha llamado localmente a casos mediáticos de corrupción, entre los que destaca el de César Duarte, actualmente en proceso de extradición de Estados Unidos.

Para René Moreno, miembro del CPC, el retraso en la instalación del Tribunal de Justicia Administrativa es responsabilidad directa del gobierno actual, pues a pesar de que ya se había aprobado la ley correspondiente, se tardó nueve meses en publicarla en el Periódico Oficial, lo cual ocurrió apenas en marzo pasado. “Ni siquiera me gustaría llamarlo falta de voluntad, hay una documentada falta a sus responsabilidades públicas”, denuncia.

Estructura Operativa del SEA

Fuente: elaboración propia.

La capital pone el ejemplo… de lo que no se debe hacer

La Ciudad de México es ejemplo para el resto del país en rubros como cultura cívica y legislaciones de avanzada en temas sociales. Pero en cuanto al Sistema Anticorrupción es todo lo contrario. Es último lugar en la conformación de su estructura operativa, detrás de los estados de Chiapas y Campeche, y no cuenta con presupuesto asignado para este rubro en el año 2019. Por si fuera poco, circulan versiones de que el nuevo Congreso de la CDMX (2018-2021) continuará haciendo modificaciones al marco normativo que da sustento al sistema.

Y aunque la designación de los miembros de la Comisión de Selección del CPC ya está en proceso, aún no se ve claro para cuándo quedará lista la instalación de todo el sistema. Dos situaciones atrasaron su puesta en marcha. La primera, geológica, pues con el terremoto del 19 de septiembre de 2017, cambiaron prioridades y los recursos para la reconstrucción se volvieron un frente de batalla, por la opacidad en el manejo de 8 mil 200 millones de pesos. La segunda, política, pues en la convocatoria para elegir a cuatro comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (antes InfoDF, hoy INFO), una pieza clave en el combate a la corrupción, había “colados” que respondían a intereses de los ex diputados perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo, y del panista Jorge Romero.

Las organizaciones civiles presionaron y sacaron a esos emisarios. “Ellos sabían que cuando se fueran, el InfoDF iba a ser nuestra fuente de información. Querían tener a su gente para bloquear el acceso a muchas de las investigaciones que estamos trabajando”, recuerda Josefina MacGregor, dirigente de Suma Urbana, una organización dedicada al combate a la corrupción inmobiliaria en la ciudad, que ha estado presente en las exigencias para crear el sistema anticorrupción local.

“En la legislatura pasada quisieron elegir a los integrantes del Sistema Anticorrupción como lo hacían siempre, a través de cuotas políticas. Al final no se pusieron de acuerdo y nos dejaron todo a medias”, comenta el diputado Carlos Castillo (Morena), quien preside la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la CDMX.

Los nombramientos del SEA quedarán listos en diciembre, insiste Castillo. “Estamos buscando que sean perfiles honorables, comprometidos. Hay voluntad política de sacarlo, estamos comprometidos con que el Sistema Anticorrupción sea una realidad”, sostiene la diputada local Leonor Gómez Otegui (PT).

Mientras tanto, los habitantes de la megalópolis sortean sus trámites con la misma sospecha de siempre, pues de acuerdo con la ENCIG 2017, una de cada tres personas sufrió la dentellada de la corrupción. El diagnóstico de Obdulio Ávila Mayo, político panista y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre la administración pública de la Ciudad de México, es sombrío: “Cualquier trámite en una alcaldía prácticamente está ‘tarifado’, se pide dinero por todo, estamos hablando de un fracaso absoluto del combate a la corrupción”.

Otras vertientes de la misma historia

Ya se ha identificado la intromisión política como el principal lastre de los sistemas locales anticorrupción. Sin embargo, en Baja California llevaron al paroxismo la participación ciudadana. Y los resultados muestran que muchas voces conducen a muchas confusiones.

La participación de los 15 integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) –un número tres veces mayor que en los sistemas del resto del país–, así como de los 22 miembros del Comité Coordinador (11 autoridades y 11 ciudadanos) hace más difícil llegar a acuerdos.

En palabras del titular del Instituto de Transparencia del estado, Octavio Sandoval, el proceso de implementación se ha vuelto lento y tortuoso. “Es un modelo muy burocratizado, con demasiadas instituciones públicas involucradas y, al tomar decisiones, las discusiones se tornan complejas y eso hace que no haya avances importantes”.

En Tabasco, la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, las designaciones de los miembros del CPC generaron sospechas por sus pasados partidistas. Además, contrario al espíritu de austeridad impulsado por el primer mandatario, ganaban casi 100 mil pesos mensuales, lo que generó críticas. Hubo renuncias por la presión social, aunque algunos las califican como parte de una “purga” del nuevo mandatario, Adán López Hernández (Morena), quien sustituyó a Arturo Núñez, exaliado de López Obrador, a quien señalan por permitir esos salarios.

En Veracruz, entidad azotada por la inseguridad y con el estigma de uno de los casos más insultantes de corrupción en la persona del exgobernador Javier Duarte, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), desde su instalación en agosto de 2018, no ha incidido en la investigación y seguimiento a los casos de desvío de recursos públicos que marcaron la administración de quien ahora está preso; ha sido omiso al presunto tráfico de influencias y la asignación de contratos de servicios y obra pública otorgados al primer círculo de Miguel Ángel Yunes Linares.

Para el presidente del CPC, Sergio Vázquez Jiménez, el actual trabajo del SEA ha quedado reducido a buenas intenciones, sin resultados concretos en el combate a la corrupción, que permea en todos los niveles de la administración pública y del sector empresarial.

“No hay un contrapeso real o por lo menos en el papel no existe. En una mesa de siete personas tenemos un solo voto y cuando se trata de tomar decisiones nos quedamos muy cortos (…) Cuando queremos pasar al terreno de los hechos es donde encontramos todas las barreras del mundo y hemos ido transitando en lo mediático, saliendo en los medios, para que por lo menos tengamos presencia pública”, dice quien representa la voz ciudadana y preside el Comité Coordinador. El enfrentamiento entre el actual gobernador, Cuitláhuac García (Morena), y el fiscal general, Jorge Winckler, percibido como un alfil del mandatario anterior, Miguel Ángel Yunes, tampoco contribuye al combate a la corrupción.

En San Luis Potosí, el gobierno encabezado por Juan Manuel Carreras (PRI, 2015-2021), tiene la excusa perfecta para negar recursos al SEA en el presupuesto de egresos: la falta de nombramiento del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva. La lucha contra la corrupción en esta entidad pasa a segundo término, pues resulta más encarnizada la disputa entre los miembros del CPC para quedarse con la presidencia del organismo. Han llegado al borde de las manos para dirimir sus diferencias, lo que beneficia a los corruptos.

En Chiapas, por el contrario, las cosas están tranquilas. Tan tranquilas que nadie sabe a ciencia cierta cuándo se podrá integrar el SEA. De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA, 7 de junio), Chiapas era la segunda entidad más atrasada (solo después de CDMX) en la conformación de la estructura operativa de su Sistema Anticorrupción, pues solo tenía cubiertos dos rubros, de los seis a tomar en cuenta: el fiscal anticorrupción (Rogelio Estrada Heleria) y el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA, José Ramón Cancino Ibarra). Le faltaban: Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana, Comité Coordinador y Secretaría Ejecutiva.

En Guerrero, los avances son opacados por los atrasos. Las trabas se antojan insalvables: desde la falta de asignación de presupuesto hasta los obstáculos burocráticos, producto, en el mejor de los casos, de omisiones legislativas o interferencia del gobierno; pero hay quien piensa que esta lentitud es orquestada para que el Sistema Anticorrupción no termine de cuajar. ¿A quién le conviene eso? Marcos Méndez, presidente del CPC, considera que ni más ni menos que al gobernador: “Lo que (Héctor) Astudillo quiere es que, en estos poco menos de tres años que le quedan (se va en 2021), el SEA no funcione, o funcione lo menos posible”.

Su respuesta, diáfana, a la pregunta si le ve futuro al SEA, de algún modo ilustra el estado actual de los sistemas locales: “La verdad, ya lo estoy dudando”.

En Quintana Roo tampoco han pisado el acelerador. El SEA no ha sesionado formalmente desde su instalación en julio de 2018, no registra resultados o acciones contundentes, y su trabajo es inexistente para el común de la población, familiarizada con la corrupción, pero distanciada de este nuevo modelo legal de coordinación entre autoridades y ciudadanos para combatir la impunidad. “Al Sistema le hace falta una victoria concreta, visible. No necesariamente que alguien vaya a la cárcel, pero sí un éxito pronto, concreto, resultado del trabajo del Sistema”, afirma el presidente de la Coparmex Cancún, Adrián López.

Es Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, quien opina más allá de sus fronteras y advierte poca claridad en el discurso del presidente López Obrador sobre este tema: “Esperemos que la visión nacional no vaya a ir desmantelando el Sistema. Al presidente no le gustan los temas de la sociedad civil, la transparencia. Hay un riesgo latente de que todo lo construido en los últimos 19 años atraviese una ruta crítica, donde se inhiba la actuación de la sociedad civil”.

SEA: Presupuesto por entidad federativa

Recursos asignados a la Secretaría Ejecutiva de cada Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Los espacios en blanco corresponden a estados que todavía no tienen presupuesto para 2019. En negritas la cifra más alta y más baja. (Datos tomados del SESNA).

Marco Normativo SEA

Tasa de incidencia de corrupción en al menos un trámite por cada 100 mil personas

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2017), INEGI.

Entidades con Omisiones en Estructura Operativa

Fuente: elaboración propia.

Entidades con Omisiones en Marco Normativo

Fuente: elaboración propia.

Este reportaje fue publicado el 17 de junio de 2019.

DF

El sistema anticorrupción de la Ciudad de México pone el ejemplo… a la inversa

La maquinaria calienta motores, pero sigue en los pits: falta instalar el Comité de Participación Ciudadana, nombrar fiscal y asignar presupuesto a la Secretaría Ejecutiva. Legisladores aseguran que el rezago quedará saldado antes de diciembre.

Por: Maurizio Montes de Oca

Después de casi dos años de estar paralizado por intereses políticos, el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México empieza a dar sus primeros pasos en un entorno en el que uno de cada tres trámites oficiales son afectados por actos de corrupción, según el INEGI.

Para instalar esta maquinaria falta crear dos instancias: el Comité de Participación Ciudadana –cuya designación depende de la Comisión de Selección, que está en proceso de conformación ahora– y la Fiscalía Anticorrupción de la capital.

Las otras siete sillas o instancias que integrarían el Comité Coordinador (máxima autoridad del Sistema Anticorrupción local) ya cuentan con sus titulares: la Auditoría Superior de la CDMX (David Vega Vera), el Instituto de Transparencia capitalino (Julio César Bonilla Gutiérrez), la Contraloría General de la ciudad (Juan José Serrano Mendoza), el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Araceli Damián González), el Consejo de la Judicatura (Rafael Guerra Álvarez), el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX (Estela Fuentes Jiménez) y el Órgano de Control del Congreso local (Rodolfo Hurtado Salazar).

La ley del SEA CDMX se promulgó dos semanas antes del sismo de magnitud 7.1, en septiembre de 2017.

Distintas opiniones calculan que antes de diciembre de este año quedará listo el Sistema, si no se repiten vicios a nivel legislativo y de gobierno que han impedido su operación hasta estos momentos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del INEGI, los capitalinos consideran que la corrupción es el segundo problema más importante de la ciudad; no obstante, su proyecto de sistema es uno de los dos más atrasados entre sus símiles de los demás estados de la República: sin presupuesto asignado, sin Comité de Participación Ciudadana (CPC), sin fiscal anticorrupción, sin Comité Coordinador, sin Secretaría Ejecutiva y con algunas versiones de que el nuevo Congreso de la CDMX, cuyo periodo va de 2018 a 2021, continuará haciendo modificaciones al marco normativo que da sustento al sistema.

Los primeros intentos por instalar el sistema fracasaron entre la coyuntura fijada por los sismos de 2017, la víspera del periodo electoral, los escándalos de corrupción de la clase política y la falta de acuerdo entre los integrantes de la última Asamblea Legislativa (ALDF, que se extinguió en septiembre de 2018 para dar paso al Congreso de la CDMX) y de éstos con los anteriores jefes de Gobierno, el perredista Miguel Ángel Mancera (2012-2018) y su sucesor interino, José Ramón Amieva (marzo-diciembre 2018). Ambos se fueron sin dejar encaminado el nombramiento de varias de las principales autoridades del Sistema Anticorrupción de la capital que, en teoría, vigilaría su actuación y desempeño, así como los de la mandataria actual, Claudia Sheinbaum (Morena).

La Ciudad de México, al no contar con Secretaría Ejecutiva, es una de las siete entidades cuyas Secretarías Ejecutivas de sus Sistemas Anticorrupción están pendientes de asignación presupuestal para el ejercicio fiscal 2019. Las otras son: Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Campeche, Morelos y Tlaxcala, de acuerdo con información de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).

El diputado Carlos Castillo (Morena), quien preside la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la CDMX, confirmó en entrevista que aún no hay presupuesto asignado para el Sistema Anticorrupción de la capital. Sin embargo, comentó que una vez que se instale se buscará tomar recursos de las distintas instancias que lo integren para destinarlos a su operación.

En cuanto a la adecuación de su marco normativo con el del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la Ciudad de México emitió su reforma constitucional en la materia y sus ocho leyes secundarias, incluida la de extinción de dominio, desde el año 2017, de acuerdo con información difundida por la SESNA. Sin embargo, legisladores de la capital plantean que habrá modificaciones a varias de ellas.

La tormenta perfecta

La ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México fue promulgada el primer día de septiembre de 2017, apenas un par de semanas antes del sismo de magnitud 7.1 que sacudió al centro del país y que dejó más de 200 víctimas mortales y cientos de familias sin hogar en la capital.

“Las reglas del juego las cambió el terremoto, cambió nuestras agendas”, dice Josefina MacGregor, dirigente de Suma Urbana, una organización dedicada al combate a la corrupción inmobiliaria en la ciudad que ha estado presente en las exigencias para crear el sistema anticorrupción local.

Durante el último trimestre de 2017, el sistema anticorrupción se mantuvo congelado. Nada dentro de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se movió para ponerlo en marcha. La prioridad era la reconstrucción y se avecinaban las elecciones para jefe de gobierno, alcaldes, diputados federales y locales.

Entre diciembre de 2017 y febrero del siguiente año, dos escándalos protagonizados por los tres legisladores locales más poderosos, Leonel Luna (PRD), Mauricio Toledo (PRD) y Jorge Romero (PAN), contribuyeron a frenar la instalación del sistema.

El 28 de diciembre de 2017, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó una convocatoria para elegir a cuatro nuevos comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (antes InfoDF, hoy INFO), una pieza clave en el combate a la corrupción.

Al revisar los perfiles que fueron postulados, las organizaciones civiles notaron que había actores muy cercanos a Luna y Toledo. “Ellos sabían que cuando se fueran, el InfoDF iba a ser nuestra fuente de información. Querían tener a su gente para bloquear el acceso a muchas de las investigaciones que estamos trabajando”, recuerda Josefina MacGregor.

Entre los aspirantes se encontraba Gustavo Figueroa, quien trabajó en la administración de Luna en la delegación Álvaro Obregón y al momento de postularse se desempeñaba como jefe de la oficina delegacional de la entonces delegada María Antonieta Hidalgo, identificada como una de las operadoras de Luna.

“La postulación de Figueroa significaba para Leonel seguir controlando al Instituto, pues ya había logrado poner ahí a gente cercana a él, como el comisionado Mucio Hernández”, reconoció un exempleado de Luna que prefirió el anonimato.

Otro de los aspirantes era Salvador Frausto Navarro, entonces director Jurídico y de Gobierno de la delegación Coyoacán, gobernada por Valentín Maldonado, un candidato impuesto por Mauricio Toledo.

“La banda de Romero, Toledo y Luna venía con todo, pero la movilización de las organizaciones estaba muy coordinada y no encontraron un hueco fácil. Fue una presencia constante de 30 organizaciones en el Congreso, de ir, venir, hablar con los diputados”, dice MacGregor.

Gracias a la presión social, los operadores de Luna y Toledo no fueron nombrados, pero las organizaciones civiles coinciden en que ahí tuvieron una primera señal de alerta sobre cómo podría ser el proceso de nombramiento de los integrantes del Sistema Anticorrupción.

El discreto intento fue opacado por escándalos

El 16 de febrero de 2018, los tres hombres fuertes del congreso capitalino se vieron inmersos en una nueva crisis. Ricardo Becerra, comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, renunció a su cargo, a la par del académico Mauricio Merino y la periodista Katia D’Artigues, quienes formaban parte del organismo.

Desde distintas posiciones, los tres acusaron a Toledo, Luna y Romero de malos manejos del dinero destinado a reconstruir la ciudad después de los sismos de septiembre de 2017.

En su carta de renuncia, D’Artigues señaló que otorgar a tres diputados la decisión de autorizar, supervisar, vigilar y proponer recursos por más de 8 mil 200 millones de pesos para la reconstrucción dejaría a la comisión en un limbo sin certeza jurídica para nadie.

A diferencia de 2017, en enero de 2018 sí hubo un discreto intento por instalar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana de la capital, pero –además de tener un procedimiento improvisado– terminó siendo opacado por los escándalos de corrupción de la legislatura que estaba a unas semanas de terminar su periodo.

Un primer proceso improvisado y fallido

A mediados de enero de 2018, mientras se preparaba para dar una conferencia en Quintana Roo, el doctor Fernando Nieto Morales, quien es investigador del Colegio de México especializado en el combate a la corrupción, recibió una llamada intempestiva.

Tras una convocatoria emitida el 15 de enero, Nieto Morales se postuló como candidato para integrar la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Este organismo estaría encargado de elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, la instancia colegiada que debería estar compuesta por cinco personas destacadas por sus contribuciones a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

“Me llaman un día sin previo aviso y me dicen ‘mañana te toca una comparecencia con la comisión’. Yo le dije ‘Oye, mano, la verdad es que no puedo porque estoy del otro lado del país’ y dijo ‘entonces no hay bronca, ¿sabes qué? manda un video”, recuerda el doctor Nieto Morales.

La Comisión de Selección debía ser constituida por dos órganos del congreso capitalino: la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, y la Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Un secretario técnico de la ALDF fue quien se comunicó con Nieto Morales y le dijo que si no podía llegar a la capital a su comparecencia, podía enviar un video para que fuera evaluado por los diputados de las dos comisiones antes mencionadas. “Así lo han hecho otros”, le comentó. El resultado fue un fracaso.

“Yo mandé mi video exponiendo mis intenciones de formar parte de la comisión y al final hubo un problema técnico, que no se podía ver el video y los diputados dijeron ‘no, entonces no, si no se puede, pues mejor lo descartamos’ y ya”, dice Nieto Morales, quien luego intentó mandar una carta a los legisladores para poder comparecer y nunca recibió respuesta.

“Fue improvisado, se sacaron un poco de la manga la convocatoria. Es falta de seriedad que te avisen con 24 horas de anticipación de las comparecencias, ¿quién no tiene una agenda?”.

“Las preguntas fueron de cosas muy triviales, a los que entrevistaron les preguntaban como si fueran a ser comisionados de transparencia o fueran a ser el fiscal anticorrupción, como que no entendían la lógica de la Comisión de Selección”, sostiene.

“Hacían preguntas como ‘¿y usted qué haría para resolver la corrupción de la delegación Gustavo A. Madero?’, cosas así. Ese no era el punto de la Comisión de Selección. Hubo improvisación y al final no hubo un resultado, no tenemos comisión”.

Como afirma Nieto Morales, el proceso terminó sin ningún resultado: la Comisión de Selección no fue integrada por los diputados y, por tanto, no se pudo iniciar el proceso para elegir a los perfiles que compondrían el Comité de Participación Ciudadana. Es hasta estos días que se ve claridad en el proceso, pues el Congreso ya se disponía a entrevistar a los aspirantes a formar parte de dicha Comisión.

“En la legislatura pasada no hubo la intención de sacar las cosas en tiempo y forma porque debió haber sacado las leyes y los nombramientos antes de haber acabado su periodo y además hicieron un proceso bastante desaseado, con unos tintes partidistas importantes que no ayudaron a la transparencia”, dice Leonor Gómez Otegui (PT), diputada de la actual legislatura del congreso capitalino.

Facebook Oficial Congreso de la Ciudad de México.

El eslabón que queda débil

Para Obdulio Ávila Mayo, político panista y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, la administración pública de la Ciudad de México es un sistema de extorsión al ciudadano. “Cualquier trámite en una alcaldía prácticamente está ‘tarifado’, se pide dinero por todo, estamos hablando de un fracaso absoluto del combate a la corrupción”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el INEGI en 2017, nueve de cada diez capitalinos consideran que la corrupción es un problema frecuente.

El doctor Fernando Nieto Morales dice que la capital tiene áreas de oportunidad importantes en el combate a la corrupción “no solo en la política inmobiliaria y de desarrollo urbano, sino también, por ejemplo, en las concesiones de transporte, hay indicadores altísimos de sobornos en el ámbito de seguridad pública y en los trámites que tienen que ver con propiedad; es decir, manifestaciones de construcción, usos de suelo”.

Los activistas y académicos consultados para este reportaje coinciden en que hay un primer eslabón en la cadena de atención de denuncias contra hechos de corrupción al que le falta profesionalización. Se trata de los órganos internos de control en las instancias públicas locales, también conocidos como contralorías internas y que se encargan de atender las quejas y denuncias de ciudadanos.

Aunque la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México faculta a los órganos internos de control (que están presentes en las alcaldías, dependencias, entidades del gobierno capitalino y organismos autónomos) para “promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento” de los entes de la administración pública local, la realidad es otra.

La activista Josefina
MacGregor, por ejemplo, asegura haber presentado a través de su organización civil 42 denuncias por usos de suelo irregular en la colonia San Ángel desde hace tres meses, sin que las autoridades del órgano interno de la Alcaldía de Álvaro Obregón hayan dado alguna respuesta.

Por su parte, el político y académico Obdulio Ávila comenta que los casos que sí atienden los órganos internos de control tienen numerosos errores cometidos por quienes ahí trabajan, tales como la aplicación de viejas leyes administrativas por la falta de actualización y profesionalización de los funcionarios.

“En los procedimientos administrativos iniciados contra servidores públicos ni siquiera les adjuntan en el citatorio el expediente para que conozcan la imputación. ¿Eso qué costo tiene? Que cualquiera con un amparo se los va a tumbar”.

Nieto Morales, por otro lado, asegura que el personal de los Órganos Internos de Control está completamente rebasado por las cargas de trabajo. “No necesariamente tienen los instrumentos técnicos para cumplir con su trabajo: conocimiento de estadística, acceso a computadoras, herramientas bancarias”.

Escándalos protagonizados por tres legisladores locales, entre ellos Leonel Luna del PRD (en la foto), contribuyeron a frenar la instalación del SEA CDMX. Facebook Oficial: Leonel Luna Estrada.

¿Qué sigue?

El pasado 14 de marzo, el congreso de la capital dio un primer paso para repetir el proceso en el que falló la pasada legislatura para integrar a la Comisión de Selección que conformará al Comité de Participación Ciudadana, aunque los mismos legisladores reconocen que no será fácil.

“El sistema anticorrupción ha avanzado muy lento porque tiene una normatividad difícil de entender y difícil de hacer, son muchos organismos, son muchas cosas las que hay que hacer para que el sistema funcione”, dice Leonor Gómez Otegui, diputada local del Partido del Trabajo e integrante de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso.

Para elaborar la convocatoria para integrar la Comisión de Selección hubo reuniones de trabajo en marzo con organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, COPARMEX-CDMX, Espacio Progresista A.C. y Arkemetria.

“En la legislatura pasada quisieron elegir a los integrantes del Sistema Anticorrupción como lo hacían siempre, a través de cuotas políticas. Al final no se pusieron de acuerdo y nos dejaron todo a medias”, comenta el diputado Carlos Castillo.

El legislador aseguró que durante la última semana de abril estaría lista la convocatoria para elegir a los integrantes de la Comisión de Selección. “Le vamos a dar un aproximado de dos meses para que nombre al Comité de Participación Ciudadana (CPC) local. Terminando de nombrarlo, ya tendríamos todo listo para instalar el sistema, lo único que estaría faltando sería el fiscal anticorrupción que, de acuerdo con los tiempos que se dio el congreso, lo estaremos teniendo a más tardar el 5 de diciembre”.

A pesar de que el proceso para designar a los integrantes de la Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana volverá a realizarse, no será igual que en la legislatura pasada, ahora serán dos las convocatorias para integrar la Comisión de Selección: una para escoger a cinco académicos y otra para escoger a cuatro ciudadanos especializados en el tema.

El 6 de mayo fueron publicadas ambas convocatorias, la dirigida a instituciones de educación superior y la de organizaciones de la sociedad civil. No obstante, al parecer debido a la falta de postulaciones, el pasado 28 de mayo se repuso la convocatoria dirigida exclusivamente a representantes de organizaciones civiles, ya que en el primer intento no se recibieron suficientes perfiles.

“Estamos buscando que sean perfiles honorables, comprometidos. Hay voluntad política de sacarlo, estamos comprometidos con que el Sistema Anticorrupción sea una realidad”, sostiene Gómez Otegui.

El pasado 18 de marzo, Claudia Sheinbaum dio una muestra de sus intenciones de combatir la corrupción: en conjunto con el Colegio de México y las organizaciones civiles Transparencia Mexicana, Poverty Action Lab y el Instituto Mexicano para la Competitividad, ella y la Agencia Digital de Innovación Pública anunciaron la creación de un laboratorio anticorrupción.

Al día siguiente, el congreso capitalino –de mayoría morenista– aprobó una reserva a la Ley del Sistema Anticorrupción de la CDMX interpuesta por el PAN, que acortó el periodo del fiscal anticorrupción de siete a cuatro años en el cargo, con la posibilidad de ocupar un nuevo periodo.

El sistema es algo inédito en México y en el mundo. A nivel federal y a nivel estatal están casi completamente instalados; en la ciudad va tarde y será una prueba de fuego para las promesas de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum (2018-2024).

Este reportaje fue publicado el 18 de junio de 2019.

GR

El equipo anticorrupción de Guerrero juega a medio vapor

El sistema que tendría que castigar los abusos de poder no cuenta con presupuesto definido, carece de órgano de fiscalización y está integrado mayoritariamente por personajes ligados al PRI. Aunque reconocen que la instalación del SEA tiene un avance de 50 por ciento, activistas señalan que el gobernador quiere que funcione hasta dentro de dos años, cuando él abandone el cargo.

Por: David Espino

Elizabeth Patrón Osorio, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), habla al oído del auditor superior del estado, Alfonso Damián Peralta. Pasan de las ocho de la noche del miércoles 13 de marzo y acaba de iniciar la primera sesión pública del Comité Coordinador del SEA en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Incipiente, el Sistema Anticorrupción de Guerrero no tiene nada. Este día, con casi un año de retraso, nombrarán apenas a Itzel Figueroa Salazar como secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva, cuya primera tarea será conseguir los fondos para sufragar los gastos de operación y el pago de salarios —contraprestación, dicen en el SEA— de los miembros del CPC y de ella misma.

No será tarea fácil la de Itzel, recién salida de la administración municipal perredista de Chilpancingo. El SEA Guerrero no tiene un peso etiquetado en el presupuesto de 2019 que aprobó con casi dos semanas de retraso el Congreso del estado de mayoría morenista, cuyos diputados Jesús Villanueva Vega, de la comisión de Vigilancia; Yoloczin Domínguez Serna, de Transparencia; y Alfredo Sánchez Esquivel, de Presupuesto, no supieron decir —en entrevistas por separado— por qué no le etiquetaron recursos.

O al menos no lo dijeron con claridad. Yoloczin Domínguez dijo —con un tono suspicaz— que el CPC había ido a pedirle 20 millones de pesos para sueldos. Luego, a pregunta expresa, aclaró que las seis dependencias que conforman el Comité Coordinador harían una bolsa presupuestal para hacer funcionar al SEA. Alfredo Sánchez aseguró que le presupuestaron dos millones y cuando se le dijo que en el Presupuesto publicado no aparece nada buscó una hoja impresa y, de lejos y sin soltarla, mostró la cantidad. Jesús Villanueva aceptó que no, que el SEA no tiene presupuesto para este año y preguntó, además, que entonces cómo va a operar.

—¿Cómo? ¿el SEA no corre el riesgo de convertirse en figura decorativa?

—No me gusta adelantarme a hechos que todavía no acontecen. Hay un foco amarillo prendido. Hay un riesgo —dijo, cauto.

Las trabas planteadas por los entrevistados se antojan insalvables: desde la falta de asignación de presupuesto hasta los obstáculos burocráticos, producto, en el mejor de los casos, de omisiones legislativas o del gobierno, pero hay quien piensa que esta lentitud es planeada para que el Sistema Anticorrupción no termine de cuajar.  ¿A quién le conviene eso? Marcos Méndez, presidente del CPC y activista especializado en temas de transparencia, considera que ni más ni menos que al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, por motivos que explicaremos más adelante.

En esta entidad, una de cada cinco personas que tuvo contacto con algún servidor público vivió una experiencia de corrupción, durante 2017, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI. Mientras que el Gabinete de Comunicación Estratégica, en su encuesta de ese mismo año, destaca que la desconfianza hacia el gobernador Astudillo es de 84.6 por ciento entre los guerrerenses.

Twitter: @AuditoriaGro  Auditoría Superior Guerrero.

Biografías con pasajes incómodos

Por ahora, además de la secretaria técnica del SEA, están en la mesa los integrantes del Comité Coordinador: Alfonso Damián Peralta, el auditor superior puesto por la legislatura pasada de mayoría priista; Olimpia María Azucena Godínez Viveros, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, veterana funcionaria en gobiernos priistas; Javier Murguía Gutiérrez, fiscal anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, mencionado en temas de corrupción por obras en Acapulco y en cuyo despacho cuelga la foto del gobernador Héctor Astudillo (PRI).[1] Acaso por eso, en entrevista en su oficina, Murguía dijo que se debe fortalecer la cultura de la denuncia, para no inventar querellas contra nadie.

En la mesa también están Eduardo Loría Casanova, contralor del gobierno de Guerrero, cuya labor es más bien gris; Pedro Arzeta García, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Guerrero (Itaigro) y quien hace unos meses entregara un reconocimiento a la esposa del gobernador, Mercedes Calvo, por hacer del DIF la dependencia más transparente; y Alfonso Vélez Cabrera, magistrado del Tribunal Superior de Justicia y miembro del Consejo de la Judicatura, señalado como parte de una presunta red de nepotismo que designó en fechas recientes a parientes y amigos como jueces.[2]

La mesa del Comité Coordinador que celebra su primera sesión con casi un año de atraso la encabeza el presidente del CPC, Marcos Méndez Lara. Cada uno de sus cinco integrantes lo presidirá un año a la vez. Marcos es el primero. Mientras tanto, sus compañeros pueden observar y así lo hacen. Lo miembros de un Comité de Participación que se pretende ciudadano, sin nexos ni intereses creados con el gobierno, observan. Elizabeth Patrón Osorio le habla al oído por segunda vez al auditor, quién sabe de qué cosa, antes de ponerse a grabar con su teléfono. Ella sabe manejarse en estos ambientes.

Elizabeth ha sido en varias ocasiones funcionaria del gobierno de Guerrero. La primera vez con el priista René Juárez Cisneros como jefa de prensa de la Secretaría de Fomento Turístico; la segunda con Zeferino Torreblanca Galindo, llegado al gobierno con las siglas del PRD, en el área de transparencia de la Contraloría General; y también fue tres años comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Guerrero, que presidió de febrero de 2017 a febrero de 2018 en pleno gobierno de Astudillo.

Brenda Romero Méndez viene de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde fue funcionaria de primer nivel del entonces rector Arturo Contreras Gómez, de abierta militancia priista. En su biografía destaca que fue (durante ese periodo) contadora general, directora de finanzas, jefa de conciliaciones bancarias y auditora interna del sistema de gestión de calidad. Brenda sigue trabajando en la Universidad de Guerrero y ha sido profesora invitada del Instituto Tecnológico de Chilpancingo.

Ignacio Rendón Romero, otro de los integrantes del CPC, no asistió a la sesión. Quizá porque este edificio le es muy familiar. Pasó ocho años aquí como auditor general del gobierno del estado, desde 2002 con el gobierno del priista René Juárez Cisneros, hasta 2010 con el perredista Zeferino Torreblanca Galindo. Ignacio Rendón Romero tampoco necesita mayor presentación, basta googlear su nombre para conocer los escándalos y pormenores de corrupción en que acabó su periodo al frente de la entonces Auditoría General del Estado. Quizá por eso, también, sea el miembro más cuestionado dentro y fuera del CPC, cuya inclusión es una paradoja que nadie logra explicar del todo.

César González Arcos, último integrante del CPC —último es último, estará cinco años en el puesto—, más bien discreto, está en otra silla observando la sesión. Él no se mueve, pasa desapercibido, aunque su labor dentro del gobierno de Astudillo destaque más que su perfil público. Fue, hasta antes de que lo nombraran parte del CPC, presidente del Comité Consultivo del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción del Estado de Guerrero, una iniciativa salida del gobierno, de cuya labor no se conoce más que un librillo sobre ética repartido en las dependencias estatales. César también ha sido miembro de la Coparmex y del Colegio de Contadores. En su ramo de consultor ha tenido como cliente al gobierno de Guerrero.

“Lo que Astudillo quiere es que el SEA funcione hasta después de 2021”

Este cuadro, el cuadro ante el que está sentado Marcos Méndez presidiendo la sesión de 18 minutos del martes 13 de marzo, rodeado de seis funcionarios de Astudillo y rodeados a su vez por los tres miembros restantes del CPC —recuérdese que Ignacio Rendón no asistió—, bien pudiera estar decorando una de las salas de Casa Guerrero, la residencia oficial que habita el gobernador. Marcos lo sabe y le incomoda cómo se eligió al CPC y el orden en que los pusieron. Él se irá primero. Le tocará hacer la talacha: el trabajo inicial para que la rueda gire.

Un día antes de la sesión Marcos entregó a pie o en pesero 12 oficios a diferentes áreas y dependencias relacionadas con la reunión del día siguiente. En entrevista, no puede disimular su desilusión. Cuando en el grupo de Whatsapp del CPC pidió voluntarios para entregar los documentos nadie levantó la mano. Por eso, sospecha del orden en que los pusieron: él en primer lugar, Elizabeth en segundo, Brenda en tercero, Ignacio en cuarto y César en quinto. Asume que la disposición obedece a una recomendación del gobernador Astudillo.

—Lo que Astudillo quiere —dice— es que estos poco menos de tres años que le quedan (se va en 2021) el SEA no funcione, o funcione lo menos posible.

César González, por el contrario, está optimista y para él todo va muy bien.

—Está a un ciento por ciento —dice en entrevista, y recuerda que si algo no funciona es porque tampoco funciona en el Sistema Nacional Anticorrupción, tema en el que pone el acento.

Y no, el SEA Guerrero lleva acaso 50 por ciento de avance; es más, si fuera una silla de cuatro patas, tendría sólo dos. Una de ellas sería el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador; la segunda, la Secretaría Ejecutiva que acaban de nombrar. La tercera pata sería el Sistema Estatal de Fiscalización que aún no está listo y que no hay fecha posible porque debe estar integrado, además de la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Contraloría.

La cuarta pata que le falta al SEA es el Sistema Digital de Información Estatal. Una plataforma en la que se subirá toda la información referente a la función pública en materia de evolución patrimonial, de declaración de intereses, y constancias de presentación de declaración fiscal; nombres de funcionarios que hagan contrataciones públicas; nombres de servidores públicos y particulares sancionados; información referente al sistema anticorrupción y del sistema de fiscalización; denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; y toda la información de contrataciones públicas.

Es un entramado complejo que se puede dimensionar tan pronto se lea la Ley 464 del SEA, su cimiento legal. Tanto, que asusta hasta al más experimentado; al auditor Superior del Estado, por ejemplo. En entrevista en su despacho, dos días después de la sesión del SEA, Alfonso Damián Peralta dice que la rueda es tan grande y tan enrevesada que hasta parece que se diseñó para que no ande, para que todo termine en simulación.

—Es el riesgo—dice a pregunta expresa.

En cambio, cree que una vez que esté funcionando sentará un precedente que obligará a las autoridades a manejarse con transparencia y se mejore, se eficiente, el uso de los recursos públicos.

—La exigencia viene desde la sociedad —recuerda y lo destaca como una de sus fortalezas—. Como el mismo Marcos Méndez, tal vez, la fortaleza más grande —dice.

Luis Miguel Castrejón Serna mira las cosas desde la sociedad civil, en efecto, y desde allí hay mucha desconfianza.

—El SEA no tiene dientes —dice el presidente de Crea AC, una ONG que busca poner el tema de la corrupción en la agenda estatal, aunque sin tanto éxito—. Para esto organizó dos foros sobre el asunto, pero no tuvo la resonancia que hubiera querido.

En entrevista en Chilpancingo, Luis enumera una serie de cosas por las que hay más escepticismo que entusiasmo con el SEA. Dice, por ejemplo, que sus integrantes —salvo el caso de Marcos Méndez y tal vez Elizabeth Patrón— no tienen los antecedentes más íntegros. Sin contar que no podrá hacer recomendaciones vinculantes. Sus pronunciamientos serán exhortos, llamados sin ninguna obligatoriedad de ser atendidas por parte de las instancias gubernamentales.

—¿Y entonces?

—La sociedad civil debe seguir vigilante, exigente —apuesta—. Se debe fortalecer y articular a las organizaciones locales para que el gobierno sea transparente en el uso de los recursos. La parte ciudadana es la única fortaleza que le vemos al SEA.

El SEA Guerrero no tiene presupuesto etiquetado para 2019. Facebook Oficial: Gobierno del Estado de Guerrero.

La gente no sabe para qué sirve el SEA

Porfirio Leyva Muñoz, profesor de la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Guerrero tiene sus dudas. La gente no sabe siquiera que existe el SEA, para qué sirve, quiénes lo integran, dice en entrevista el también director de tesis en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. A esto le suma los antecedentes de algunos de los miembros del CPC, las resistencias que hay en el gobierno para el tema de la transparencia y ejemplifica que hay funcionarios que a estas alturas se niegan a hacer su declaración patrimonial.

—¿Qué le hace falta al SEA?

—Dos cosas de suma importancia: independencia y autonomía. Toda su estructura terminó obedeciendo a cotos de poder y así sólo cumplirá con el protocolo y no será funcional. Si de veras hubiera voluntad de combatir la corrupción no serían necesarias nuevas leyes, se combatiría y ya. A pesar de que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción data de 2015 y sus leyes secundarias del año siguiente, Guerrero es uno de los ocho estados que a principios de año todavía no resolvían la situación presupuestal de sus Sistemas Estatales Anticorrupción.

Marcos Méndez Lara, miembro de la organización civil Comunica A.C. —desde donde fue promovido para integrar el CPC del SEA—, carga con sus oficios que él mismo reparte, que él mismo redacta e imprime en la ASE o en la Contraloría, pidiendo favores porque ellos ni a impresora llegan. Y carga también con su dosis de pesimismo.

—¿Le ves futuro al SEA?

—La verdad, ya lo estoy dudando.

Tampoco es para menos. A pesar que el artículo 71 (página 72) de la Ley de Presupuesto de 2019 dice que “se destinarán recursos para la creación del organismo público descentralizado denominado Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción”, no vienen cifras detalladas. También se contempla que los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana reciban una “contraprestación”, pero no se estipulan montos.

El artículo 73 de la misma Ley, publicada por el periódico oficial de la entidad, plantea que sean las mismas dependencias y órganos autónomos vinculados al Sistema Estatal Anticorrupción las que “deberán etiquetar los recursos que destinarán al desarrollo del mismo”. Otra vez, sin abundar en cifras.

Este reportaje fue publicado el 18 de junio de 2019.

[1] En: https://www.proceso.com.mx/546186/astudillo-quiere-a-ignacio-murguia-como-fiscal-carnal-anticorrupcion

[2] En: https://www.proceso.com.mx/576628/judicatura-de-guerrero-beneficia-a-familiares-y-les-otorgan-plazas-de-jueces-de-control-y-ejecucion-penal

CH

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, prometió el día de su toma de protesta que su estado sería ejemplo nacional en la implementación del SEA. Facebook Oficial: Javier Corral.

Falta de voluntad política tiene paralizado al SEA de Chihuahua

El “tortuguismo”, alentado desde el Ejecutivo y el Congreso, impide la operación eficaz del SEA, en una entidad que tiene varios “Expedientes X” atrasados, como la extradición de César Duarte y otros presuntos delitos de la administración pasada y la actual. La mitad del presupuesto se destina a pagar sueldos del Comité de Participación Ciudadana.

Por: Marco Antonio López

El hombre del traje oscuro y corbata azul se levantó de su silla, caminó al podio y dijo, después de poner los lentes sobre su nariz y ver la hoja entre sus manos: “El objetivo es que ningún acto de corrupción en el estado de Chihuahua quede impune, y que todos aquellos que hayan utilizado para beneficio personal los bienes de los chihuahuenses, enfrenten a la justicia”.

El panista Javier Corral Jurado tomó protesta como gobernador de Chihuahua sucediendo al priísta César Duarte, actualmente buscado por la Interpol en 190 países, por presunto peculado agravado por el desvío de al menos mil 200 millones de pesos del presupuesto público del estado. Desde su campaña y en el acto de la mañana del 4 de octubre de 2016, Corral se sumió en un discurso afianzado en el combate a la corrupción, la búsqueda de justicia y la reparación de los daños.

El gobernador Corral prometió, entonces, que Chihuahua sería ejemplo a nivel nacional en la implementación y ejercicio del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). “Vamos a presentarle al Congreso un Sistema Estatal Anticorrupción, que en varios sentidos irá más allá del Sistema Nacional Anticorrupción, hay muchas cosas que le faltaron al nacional, que nosotros vamos a implementar acá”, dijo el 5 de septiembre de 2017. Y no solo no ha sido así, sino al contrario. El aparato se encuentra trabado en partes esenciales para la denuncia y el acceso a la justicia, así como en la fiscalización de las cuenta públicas.

La Ley Estatal del Sistema Anticorrupción se publicó el 21 de octubre de 2017, un año después de la toma de posesión del mandatario panista, siendo, junto a Veracruz, uno de los últimos estados en implementarlo, pero aun así los avances lucen magros: en los primeros días de junio no se había integrado el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ni se había aprobado la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas local. Y como el presupuesto apenas alcanza para pagar los salarios de los integrantes del SEA, no se ha invertido en campañas para que los ciudadanos conozcan dónde y cómo presentar denuncias de corrupción.

Integrantes del Sistema Anticorrupción de Chihuahua y dirigentes de organizaciones civiles aseguran que ni el gobernador Javier Corral ni el Congreso local han mostrado voluntad política para que se aprueben las leyes necesarias que permitan el adecuado funcionamiento del SEA, lo que ha derivado en un sistema que se implementa lentamente y funciona a medias.

Pues a pesar de que se han expedido ocho de los nueve instrumentos jurídicos para armonizar el SEA con el Sistema Nacional Anticorrupción, la falta del Tribunal de Justicia Administrativa local impide el funcionamiento óptimo del sistema. Aunque el 23 de mayo pasado se publicó la convocatoria para designar a los tres magistrados que han de dirigir el Tribunal de Justicia Administrativa, en el Congreso el asunto se mantenía en suspenso y en espera de una resolución.

Para la coordinadora de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, Ana Carmen Estrada García (Morena), el letargo en la publicación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas local no se debe tanto a la falta de voluntad política del Congreso o del gobernador, sino que se justifica en “lo complicado que es en sí misma, en lo compleja que es, por lo que no van a sacarla al vapor”, dijo.

Actualmente el gobernador controla, de facto, los procesos de denuncia de faltas administrativas y su sanción, al hacer totalmente responsable de la materia a la Secretaría de la Función Pública local. Así ocurre en los hechos, debido a la falta de instalación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y el letargo en la adopción local de la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuyas disposiciones son de orden nacional, así como en la promulgación de la Ley Orgánica del TJA.

Corral, con menor influencia en los “Expedientes X”

Corral intentó controlar la agenda local de combate a la corrupción al designar al fiscal general, César Augusto Peniche Espejel (aprobado por la legislatura pasada del Congreso, de amplia mayoría panista), pero en lo que no tuvo influencia fue en el nombramiento de la fiscal anticorrupción, Gema Guadalupe Chávez Durán, ocurrido a finales de agosto de 2018, quien tendrá a su cargo los “Expedientes X”, entre ellos, la posible extradición de César Duarte, que fue votada por mayoría del PRI y Morena en la actual legislatura del Congreso (reunieron 12 diputados contra 11 del PAN).

Cuando se supo que ella era la elegida de la terna enviada al Congreso, Javier Corral se limitó a extenderle su apoyo, pero dejó en claro que no tuvo que ver en su llegada al cargo, pues intervino un panel de especialistas: “Fue un trabajo absolutamente imparcial. Ellos (el panel) valoraron las trayectorias, las capacidades, el desempeño y presentaron una terna al Congreso, y éste, en una votación calificada de más de sus dos terceras partes, 26 votos, ha escogido a esta fiscal”, declaró, en agosto pasado. La fiscal rindió protesta en enero de este año y durará siete años en el cargo.

El caso que exhibió la inoperancia del sistema

Cuando el gobernador del estado rindió su Primer Informe, a su espalda se reproducía un video que mostraba los logros de su administración, por ejemplo, los del combate a la corrupción.

El video tuvo un costo de 800 mil 799 pesos y fue realizado por la empresa Xtreme Sports que se dedicaba a la venta de paredes escaladoras y equipo deportivo desde su creación en 2012 y hasta que, luego de 14 años, y ocho días después de la toma de protesta de Javier Corral, cambió su giro al de venta de video, audio y transmisión.

Su primer contrato fue para realizar ese video para el gobierno del estado. Luego vino otro por 4 millones 175 mil 996 pesos para generar contenido mensual de video y audio para radio y televisión desde el gobierno.

Antonio Pinedo, entonces director de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal, dio en adjudicación directa los contratos de publicidad oficial por 4.9 millones de pesos a la empresa Xtreme Sports, en la que trabajaba su pareja sentimental, Abril Susana del Pilar Ruiz Licón.

Abril Susana del Pilar es también hermana de Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, entonces directora de Administración de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del estado. Ella, a su vez, es pareja sentimental de Efraín Alonso Maldonado Delgado, dueño de Xtreme Sports.

El día que la ahora exdirectora de Administración de Comunicación entró a trabajar con el Gobierno del estado, se firmó el primer contrato con Xtreme Sports, el 17 de enero de 2018.

Luego de hacerse público el caso, Antonio Pinedo dejó el cargo el 18 de diciembre de 2018, pero el acto continúa impune, evidenciando las fallas del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en toda su estructura.

Sin Tribunal de Justicia Administrativa

Por ejemplo, hasta el 13 de junio no existía un Tribunal de Justicia Administrativa. Para la creación de este organismo autónomo era necesario que se expidiera primero la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Esa ley fue aprobada por el Congreso del estado el 11 de junio de 2018 y se previó en ese momento que el Tribunal contaría con un presupuesto de 30 millones de pesos para su puesta en marcha. Solo era cuestión de que se publicara en el Diario Oficial del estado. Pasaron nueve meses para que finalmente se publicara el 13 de marzo de 2019. Al momento de redactarse esta nota todavía no había definiciones.

“Ha habido mucha irresponsabilidad administrativa de parte del gobierno. Ese es el gran problema. Más allá de lo presupuestal. Esto ya cae en temas de responsabilidad administrativa. Y han sido faltas por muchos entes: la Secretaría General de Gobierno que no publicaba, faltando a lo que decía la ley; la Secretaría de Hacienda que no da el presupuesto suficiente, aunque ya está incluso también en ley”, dice René Moreno, miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

“Se han pasado las leyes por donde han querido básicamente, y en lo que han querido que avance avanza y lo que no han querido lo frenan a como dé lugar. Ni siquiera me gustaría llamarlo falta de voluntad, hay una documentada falta a sus responsabilidades públicas”, añade Moreno.

Y sin Tribunal de Justicia Administrativa autónomo, el caso de Pinedo se encuentra dentro del mismo Gobierno del estado en la Secretaría de la Función Pública, cuya titular actual, Jazmín Alanís, explica que “[tienen] un seguimiento que está siendo valorado”, desde octubre de 2018. Y asegura que el hecho de que el exfuncionario haya renunciado, no lo exime de alguna sanción administrativa que se pudiera generar. Sin embargo, al momento de entrar en funciones el Tribunal de Justicia Administrativa, el caso de Pinedo así como las investigaciones en contra de la administración de César Duarte pasarían a este ente para su investigación y sanción en el ámbito administrativo, explicó.

Mientras tanto, estos asuntos permanecen dentro de la esfera de la Secretaría de la Función Pública, por lo que el gobernador Javier Corral conserva su influencia en ellos, por lo menos en el ámbito administrativo del combate a la corrupción, mientras el SEA no esté completo.

El SEA sigue trabado y no ha podido investigar los contratos que dio el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, a Canal 44, empresa televisiva que es propiedad de su padre.

Sin reforma a la Ley de Fiscalización

Otro serio problema en el que coinciden varios actores del Sistema Estatal Anticorrupción y que también trastoca este caso, es la falta de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado. Por ejemplo, en el caso Pinedo, la Auditoría Superior del Estado no está facultada para hacer auditorías en tiempo corriente, sino que tiene que auditar lo de un año anterior. Por lo que no cuenta con las herramientas para señalar actos irregulares cuando se detectan. La reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de homologarse con la ley federal, otorgaría esta facultad a la Auditoría Superior del estado.

“El año pasado que nos encontramos el caso Pinedo en Comunicación nos hicieron llegar esta inquietud; vamos y nos dice el auditor: sí, pero está ocurriendo en este año. Yo tengo que esperarme hasta el próximo año para empezar a hacer la investigación. Y entonces le damos tiempo para que pase lo que pasó. Yo renuncio, ya me voy, y ahí se quedó el proceso”, advierte la presidenta del CPC, Norma Yadira Lozano.

El freno a la reforma de la Ley de Fiscalización no solo detiene el combate a la corrupción, si no que la propicia, de acuerdo con René Moreno, integrante del Comité de Participación Ciudadana.

Las comisiones de Transparencia, Anticorrupción y Fiscalización deben formar una mesa directiva de Comisiones Unidas para emitir esta ley. A finales de marzo se convocó a reunión para formar la mesa directiva y los diputados convocados no asistieron, por lo que no hubo quórum y, por tanto, no hubo mesa.

“Eso sigue ahí atorado porque el tema netamente es político. No hay algo ahí que los esté frenando. Es un tema de querer defender ese tipo de prácticas, de querer vender cuenta pública”, acusa René Moreno.

Solo alcanza para pagos atrasados

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción cuenta con un presupuesto de 10 millones de pesos para este 2019.

De esos 10 millones de pesos, 5.1 millones se usan para pagar los sueldos de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que perciben 85 mil pesos mensuales, desglosa el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEA, Félix Romo Gasson.

“Estamos muy limitados”, se queja. Por lo que pidieron una extensión del presupuesto por cinco millones de pesos, que todavía no es aprobada por la Comisión de Hacienda del Congreso local. Y, sin esa extensión, se ven obligados a recortar al menos tres puestos de la Secretaría Ejecutiva, asegura.

“El presupuesto es un súper problema, el de 10 millones no alcanza, si lo ejecutas como está presupuestado alcanza hasta agosto, de septiembre en adelante dejó de existir. Entonces no hay presupuesto”, agrega René Moreno.

Uno de los grandes problemas es que no existe presupuesto ni siquiera para acercar información a la ciudadanía. Para que sepan que existe el Sistema, menciona Romo Gasson.

La Ley Estatal del Sistema Anticorrupción se publicó el 21 de octubre de 2017. En marzo de 2018 fueron nombrados los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC). Se previó originalmente un presupuesto de 14 millones de pesos que al final terminó en cuatro, mismos que se usaron para pagos atrasados. El CPC trabajó sin recursos y sin sueldo durante nueve meses, hasta que se les pudo pagar lo que se les debía en diciembre de 2018.

No hay mecanismos de denuncia

El SEA funciona sin Órganos de Control Interno, es decir, los entes a los que se podría acudir en cada dependencia para denunciar actos de corrupción no existen. Sin embargo, de acuerdo con el titular de la Secretaría Ejecutiva, Félix Romo, ya se hicieron las reformas y se lanzó la convocatoria para elegir a los titulares de los Órganos de Control Interno de las dependencias y entidades del gobierno. Aunque la Secretaría de la Función Pública dijo desconocer cuántos titulares para los Órganos de Control Interno se contratarían.

“Todavía no existen los mecanismos necesarios para que se puedan interponer denuncias guardando el anonimato y que verdaderamente haya un proceso que llegue a generar sanción a los responsables”, dice René Moreno del CPC.

“Ahorita no tenemos afianzado el sistema de denuncias con protección y como no existe el Tribunal de Justicia Administrativa no existen las faltas graves o a dónde mandarlas. No hay quién lo vea, y por lo tanto pues se va a quedar en el limbo el proceso. Pero mientras, como en las dependencias solo hay dos o tres personas con acceso a esa información, pues van a correr a quien denuncie”, afirmó.

La Secretaría de la Función Pública contestó a una consulta (solicitud de acceso a la información pública) formulada a ésta, sobre si es dicha instancia pública la que determina qué actos ilícitos corresponden a faltas graves o no graves, de la siguiente manera:

“Respecto a quién determina las faltas graves y no graves, en principio cabe hacer la aclaración que las faltas administrativas aún y cuando no haya titular del Tribunal de Justicia Administrativa pueden ser calificadas como graves o no graves y que de conformidad con el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son las autoridades investigadoras las que en caso de existir actos u omisiones, deberán calificar las faltas administrativas.

“En este sentido, el artículo 3, fracción II, de la misma ley, define a la autoridad investigadora como: La autoridad en las Secretarías [de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las entidades federativas], los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas administrativas”.

El alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, ha entregado contratos por publicidad oficial a la empresa televisiva para la que trabajaba y de la que es dueño su padre, el Canal 44, por lo que tuvo dos observaciones en la cuenta pública 2017 por 13 millones de pesos. Este acto denota un posible conflicto de interés. Y el Sistema Estatal Anticorrupción, en este caso como en otros, sigue trabado. Chihuahua es un estado donde dos de cada cinco personas que realizaron un trámite gubernamental fueron víctimas de un acto de corrupción durante 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, que también señala que casi 90 por ciento de su población considera que los actos de corrupción en su entidad son frecuentes, lo que la ubica en la posición 11 a nivel nacional, respecto a la percepción de este problema por los habitantes de cada estado del país.

Este reportaje fue publicado el 20 de junio de 2019.

CS

La clase política chiapaneca aún no arranca motores contra la corrupción

Ya tienen las leyes listas, pero cuando se les pregunta, los funcionarios no conocen del tema o hacen mutis. Académicos aseguran que el SEA está “congelado” porque el gobernador y los legisladores se niegan a tocar intereses. Diputados aseguran que en unos meses se pondrán las pilas para dejar de ser una de las entidades más atrasadas en el combate a la corrupción.

Por: Gabriela Coutiño

El trabajo para la integración del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Chiapas tiene un estatus de “congelado” desde la administración de Manuel Velasco Coello (PVEM), finalizada el 8 de diciembre de 2018. A más de seis meses de gobierno, la estructura gubernamental a cargo de Rutilio Escandón Cadenas (Morena), gobernador del estado, no tiene conocimiento de la reactivación del Sistema. Ni muestra interés en impulsarlo.

La razón fundamental del “congelamiento” del Sistema Estatal Anticorrupción es el “reciclaje” de la clase política estatal. Si bien a nivel nacional Morena y Andrés Manuel López Obrador arrasaron electoralmente y así replantearon el panorama político nacional, con Chiapas como parte de esa marea morenista que empequeñeció a los demás partidos y actores políticos, en esta entidad la clase política se ha acomodado a los nuevos escenarios políticos nacionales.

El propio exgobernador Manuel Velasco Coello es miembro con licencia de la actual legislatura del Senado mexicano y en Chiapas, se presume, es operador político del presidente López Obrador. Los dos senadores de mayoría de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar (Morena, antes del PVEM) y Sasil de León Villard (PES), fueron secretario general de Gobierno y secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres del gobierno de Velasco Coello, a pesar de que era emanado del PVEM.

La Universidad Autónoma de Chiapas está involucrada en “La Estafa Maestra”, uno de los casos de corrupción más mediáticos del estado. Facaebook Oficial: Manuel Velasco Coello.

Rutilio Escandón Cadenas, gobernador actual, fue parte del sector judicial en el periodo de gobierno pasado (2012-2018), cuando se desempeñó como presidente del Poder Judicial del estado.

Desde su campaña política, Escandón Cadenas ha hecho suyo el lenguaje y el discurso político del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al combate contra la corrupción y la impunidad. Ya como gobernador su postura pública también es de combate a la corrupción. Pero al momento, su accionar ha sido más de impacto público que efectivo.

Al faltar el Estado de Derecho en Chiapas, los rezagos son grandes y complejos. En ese sentido, el gobierno de Escandón Cadenas ha combatido hasta el momento con efectividad las invasiones de tierra. Hasta principios del mes de junio había recuperado más de 2 mil 500 hectáreas.

Adicionalmente a ello ha anunciado que integra 80 denuncias contra notarios del estado por abusos en el ejercicio de sus funciones; respecto a los casos de corrupción de funcionarios públicos, solamente está detenido y sujeto a investigación un exfuncionario de la entonces Contraloría (hoy Secretaría de la Honestidad) acusado de sustraer 8 millones de pesos del erario público, según la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, ningún alcalde o alto funcionario ha sido detenido o investigado por actos de corrupción hasta el momento.

En Chiapas, Morena arrasó electoralmente, pero varias de las alcaldías, diputaciones federales y locales fueron ganadas con políticos que renunciaron al PRI –muy fuerte todavía en las áreas rurales del estado– o al PVEM. El reciclaje de políticos es común en Chiapas desde la alternancia del año 2000, cuando una coalición de partidos políticos le arrebató al PRI la gubernatura.

El saldo del sexenio verde-ecologista (2012-2018) es una deuda de más de 20 mil millones de pesos de acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso de la Unión arrastrada desde la administración perredista (2006-2012), y un desaseo administrativo que observa la Auditoría Superior de la Federación en sus informes anuales, incluso con denuncias penales integradas, pero que no han llevado a ninguna rendición de cuentas.

Los casos más mediáticos y que son objeto de querellas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) involucran a dos universidades estatales, funcionarios de gobierno que abarcan un periodo de actividad pública de tres sexenios –incluido el actual– y un esquema conocido como la “Estafa Maestra”. La Universidad Autónoma de Chiapas tiene una deuda reconocida de 2 mil millones de pesos y además una denuncia penal conjuntamente con la Sedesol por el uso de recursos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Por su parte, la Universidad Politécnica de Chiapas mantiene vigentes dos denuncias, una con la Sedesol y otra denuncia por repetir dicho esquema ahora con la Sedatu.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el INEGI en 2017, uno de cada cinco chiapanecos que realizó un trámite gubernamental fue víctima de un acto de corrupción. En percepción de corrupción, nueve de cada 10 consideraron que es frecuente.

En el discurso, Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, promueve el combate a la corrupción pero en los hechos sus promesas no han sido efectivas. Facebook Oficial: Rutilio Escandón Cadenas.

La adversidad financiera es un factor

La más grande de las universidades de Chiapas (la UNACH) cuenta con una enorme deuda financiera estructural de más de dos mil millones de pesos que amenaza su viabilidad.

La misma UNACH y la Universidad Politécnica han sido señaladas por ser parte del esquema de corrupción denominado “Estafa Maestra”, junto con dependencias de gobierno también endeudadas con los proveedores, especialmente la Secretaría de Salud, lo que provocó desabasto de medicamentos y una huelga de enfermeras en abril de 2017.

En Chiapas además se cuenta con una deuda del gobierno estatal de 20 mil millones de pesos contratada con los principales bancos y los organismos financieros del país, como Grupo Multiva de la familia Vázquez Raña, BBV Bancomer y Santander Serfín.

El Auditor Superior del estado, José Uriel Estrada Martínez, se refirió en la entrevista a asuntos meramente de trámites administrativos. Insistió en que se encontraba trabajando, capacitándose en el tema junto con la estructura administrativa creada y que hay casos específicos en los que se trabaja; pero que por la “secrecía de los casos” no podía comentar al respecto.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, comenta en entrevista que al SEA sólo le hace falta “la parte ciudadana”, sin embargo, afirma que, durante la presente administración, parte de su tiempo lo ha dedicado a integrar los expedientes de casos de corrupción ya identificados y que, por lo tanto, sólo está en espera de “instrucciones” para comenzar a ejecutar las acciones necesarias. Llaven Abarca afirma que los casos que tiene “armados” son de alcaldes y funcionarios públicos locales.

Morena domina las alcaldías estatales, incluidas las ciudades más grandes, Tuxtla Gutiérrez, la capital; Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán. Tiene 28 alcaldías. Además, cuenta con la mayoría en la Cámara de diputados local, con 12 de 40 diputaciones.

Donde sí ha tenido eco la petición de posturas sobre la instalación del sistema local anticorrupción es en la iniciativa privada; sin embargo, los miembros de las organizaciones de empresarios y comerciantes sólo se han reunido en una ocasión para dialogar sobre el SEA.

Los únicos que han hecho público su interés por participar en el sistema local son los miembros del gremio empresarial –incluso a título personal o etiquetados como simples ciudadanos–.

Ante “el olvido gubernamental” y “congelamiento” del sistema, integrantes de la Coparmex impulsaron, junto con organizaciones de la sociedad civil, su propia “Agenda Anticorrupción”, creando plataformas de observación y evaluación con ciudadanos que dan seguimiento a las promesas de campaña de los gobernantes; en la misma situación se encuentra la Canaco, organismo empresarial que solicitó al congreso local información sobre el curso que ha tomado el denominado Sistema Estatal Anticorrupción.

Chiapas fue de los primeros estados que realizó la reforma constitucional para dar paso al nuevo sistema anticorrupción. La ley chiapaneca se publica el 31 de diciembre de 2016.

Los trabajos formales iniciaron en julio de ese año, cuando las secretarías estatales con el perfil requerido integraron grupos de trabajo para analizar las leyes estatales y nacionales. El personal operativo fue capacitado e incluso el Congreso local. El 13 de julio de 2017 el Congreso publicó la convocatoria para integrar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

Tras la convocatoria, la Comisión de Vigilancia del Congreso recibió postulaciones de actores interesados en integrar la Comisión de Selección, pero no avanzó más el proceso de designación. En esta etapa las cámaras empresariales presentaron sus propuestas; por ejemplo, Coparmex postuló a cinco personas como idóneas para ocupar el cargo, pero fueron ignoradas por los diputados locales.

Hasta la fecha no ha avanzado este proceso de nombramientos, y tampoco se advierte en los medios que el nuevo gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, o los nuevos diputados locales promuevan el tema. La administración pública estatal se ha circunscrito a organizar “conferencias magistrales” sobre el tema, con expertos nacionales.

Es precisamente en el proceso de designación de los integrantes que el SEA está congelado o atorado. Además, en el presupuesto de egresos estatales, no hay señales de una asignación presupuestal para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual a su vez suple de recursos al CPC.

A pesar de que Chiapas cuenta con todas las leyes locales armonizadas con respecto al SNA, el reporte más reciente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA, 7 de junio) señala que Chiapas es la segunda entidad más atrasada (sólo después de la CDMX) en la conformación de la estructura operativa de su Sistema Anticorrupción, pues no cuenta con ninguno de sus órganos colegiados, que son la Comisión de Selección, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador; tampoco cuenta con su Secretaría Ejecutiva.

No obstante, la entidad tiene ya varias de las autoridades que formarían parte de su Comité Coordinador. Ya tiene al fiscal anticorrupción (Rogelio Estrada Heleria) y al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA, José Ramón Cancino Ibarra), ambas instancias de nueva creación en el estado, tras la reforma constitucional en materia anticorrupción; así como a los titulares de la Auditoría Superior del estado (aunque el auditor anterior renunció a su cargo, pese a que le quedaban cinco años de mandato), de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, del Consejo de la Judicatura del estado y del organismo de transparencia local.

Sin interés de la clase política

Carlos Natarén Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), quien participó por parte de la academia en los estudios de las leyes para adecuarlas a la conformación del sistema nacional, señala que, a pesar de la reforma constitucional federal y la emisión de sus leyes secundarias, el sistema nacional está incompleto porque no hay todavía concordancia entre lo que dice la ley y los procesos administrativos que tienen que modernizarse para hacer realidad la ley.

Natarén ofrece un diagnóstico contundente: “el modelo chiapaneco está un paso atrás, el sistema no se ha instalado; mientras que al modelo nacional sólo le falta ampliar las atribuciones a la participación ciudadana”.

Insiste: “en Chiapas no es que no haya resultados, es que no se ha instalado el Sistema Estatal Anticorrupción, y esa falta de instalación dificulta el desarrollo y el resultado de políticas públicas”. El abogado y doctor en derecho procesal por la Universidad Complutense de Madrid comenta que en Chiapas “no había interés en echar a andar el sistema. Había miedo en tocar el tema y desconocimiento”.

La ausencia de participación del sector privado

Inquietos porque, hasta el momento, la falta de regulación y resultados sobre el combate a la corrupción incide sobre las actividades económicas, los empresarios chiapanecos identifican que, respecto a la corrupción, el problema por resolver tiene que ver con las “empresas fantasmas” y el “sistema de compras” de la federación y los estados.

Enoch Gutiérrez Cruz, hasta hace poco dirigente de la Coparmex Chiapas, comenta que la aprobación de la reforma para la conformación del SEA y la convocatoria emitida para conformar el Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana, fue a espaldas de la ciudadanía, en la última sesión de la anterior legislatura. “Los empresarios nos enteramos de la reforma hasta el mes de febrero de 2018”.

El representante de los empresarios coincide con el rector de la UNACH, en que Chiapas cumplió para cambiar todas las leyes estatales y homologarlas con la nueva ley federal. Pero “el problema es que hasta ahí llegó la voluntad” de la clase política estatal.

Varios empresarios exponen que la Coparmex promovió entre sus socios que participaran en la convocatoria para integrar el Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana de Chiapas, aclarándoles que las designaciones serían a título honorario.

Ante la convocatoria, se inscribieron cinco representantes de Coparmex, de los cuales sólo dos pasaron la primera etapa del proceso de selección. Esos candidatos asistieron a las entrevistas organizadas por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso local. Pero no volvieron a saber nada más de este proceso de designación, que hasta la fecha no se ha resuelto. El representante de los empresarios comenta que han hecho peticiones y no han sido escuchados.

Opacidad del Poder Legislativo estatal

Para la integración de este reportaje se buscó realizar entrevistas a los miembros de la actual legislatura estatal. Sin embargo, varios de ellos declinaron dar una postura o mostraron total desconocimiento del tema.

En entrevista, el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz (Morena), admite que el Sistema Estatal Anticorrupción “se encuentra en la congeladora”, pero aseguró que, en la legislatura actual, “no somos indiferentes al tema de fiscalización; eso no significa que no estén siendo vigilados los recursos públicos”.

Toledo afirma que, durante el segundo periodo de sesiones del 1 de abril al 30 de junio de 2019, los diputados locales habrán establecido el compromiso “de poner a caminar el Sistema Estatal Anticorrupción” y constituir la Comisión de Selección, que a su vez integraría al Comité de Participación Ciudadana. Sin embargo, el periodo está por finalizar.

“Huachicoleros del presupuesto”

Jorge López Arévalo, doctor en Economía e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, dice que “no hay voluntad política para poner en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción”.

Afirma que la entidad es uno de los estados más favorecidos por las participaciones federales, pero eso no se refleja en su economía. “Lo que prevalece es la rapiña. Por tanto, no se quiere afectar intereses; esa es la razón por la que retrasan la puesta en marcha del sistema anticorrupción”.

López Arévalo explica que en Chiapas “es la misma clase política que se replica y sólo cambia de camiseta. Son usufructuarios del poder”. Por ello, la clase política trata de eludir ese mandato, hasta que no tengan otro remedio y cuando lo hagan, harán de esa institución, “un ente disfuncional”.

Doctorado en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, el académico comenta la situación de la iniciativa privada chiapaneca: “Su problema es que está ligada a los recursos gubernamentales; no hay emprendedurismo y, por lo tanto, la clase empresarial responde a los mismos intereses del sector público”.

Para el investigador, la situación que se avizora es de muchas complicaciones porque “Chiapas es un estado quebrado”, puesto que los integrantes de la clase política local son “huachicoleros del presupuesto”.

López Arévalo sostiene que Chiapas es un “estado empleador”. Que lo único que realiza la clase política es “administrar la crisis y la anemia de recursos, porque en el estado hay deudas de corto y largo plazos”.

Vaticina que, ante la situación actual, “no hay manera de que Chiapas transite hacia otra etapa de desarrollo” porque además sus indicadores económicos señalan que “la entidad decrece”. A ello se añade la corrupción, concluye.

Este reportaje fue publicado el 20 de junio de 2019.

BC

Baja California: El aparato anticorrupción más grande del país no ha  producido una sola denuncia

A unos meses de la sucesión, legisladores y gobierno panistas bloquean la operación del SEA “con dolo, alevosía y ventaja”, acusan diversas ONG. Burocracia, conflictos de interés y falta de nombramientos entorpecen el funcionamiento de un sistema que genera largas discusiones y pocos resultados.

Por: Inés García Ramos

El estado fronterizo tiene un CPC que desde su conformación no ha revisado un solo caso de corrupción.

Baja California cuenta con el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) más copioso en cuanto a número de integrantes, pero esto no se traduce en más denuncias de actos de corrupción o en tareas de vinculación con la sociedad civil, sino, paradójicamente, en la falta de resultados.

Actores coinciden en que la participación de los 15 integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) –un número tres veces mayor que en los Sistemas del resto del país–, así como de los 22 miembros del Comité Coordinador (11 autoridades y 11 ciudadanos) hace más difícil llegar a acuerdos.

En palabras del titular del Instituto de Transparencia del Estado, Octavio Sandoval, el proceso de implementación se ha vuelto lento y tortuoso. “Es un modelo muy burocratizado, con demasiadas instituciones públicas involucradas y al tomar decisiones, las discusiones se tornan complejas y eso hace que no haya avances importantes”, apunta.

Desde su conformación en julio de 2018, el CPC no ha revisado un solo caso de corrupción. Tan solo el nombramiento del secretario técnico tomó cinco sesiones del Comité Coordinador hasta que el 9 de noviembre se designó a Luis Irineo Romero.

Un órgano lento

En las elecciones del pasado 2 de junio, el PAN perdió la gubernatura de Baja California, que había ostentado por 30 años consecutivos. El morenista Jaime Bonilla arrasó en los comicios, al reunir 53 por ciento de los votos, mientras que su adversario panista, Óscar Vega Marín, apenas alcanzó 23 ciento. Este nuevo gobierno, que comenzará el 1 de noviembre, sólo durará dos años, para que las elecciones locales y federales de 2021 sean concurrentes, según lo determinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Este ha sido uno de los sexenios más señalados en la historia por posibles actos de corrupción. Políticos opositores como Nancy Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Luis Moreno, de Transformemos, han denunciado penalmente y por separado al todavía gobernador Francisco Vega de Lamadrid por poseer decenas de propiedades con valores multimillonarios, uso indebido de recursos y peculados.

Al respecto, el gobernador panista ha asegurado ante los medios que todos los bienes que ha adquirido son producto de su actividad empresarial y las denuncias ante la Fiscalía General de la República no reportan avances en su integración, pero hasta la fecha el mandatario no ha hecho pública su declaración patrimonial.

En enero del 2017, el descontento de la población hacia el gobierno en turno movilizó como nunca decenas de miles de personas en todo el estado para exigir la renuncia del gobernador por medio de fuertes protestas. Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizada ese año y publicada recientemente, reveló que casi 90 por ciento de la población percibe que los actos de corrupción en su entidad son muy frecuentes o frecuentes (lugar 12 a nivel nacional). Mientras que, de cada cinco personas que tuvieron al menos un contacto con algún servidor público, uno vivió una experiencia de corrupción, durante 2017.

En febrero de ese mismo año iniciaron las mesas de análisis y redacción que dieron vida al Sistema Estatal Anticorrupción. Las movilizaciones sirvieron para empoderar al ciudadano frente a la clase política y sentar las bases del mandato constitucional, acto que al paso del tiempo sería contraproducente para el propio Sistema.

“El número de ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana se determina cuando la ciudadanía se siente enojada y desconfiada. El Congreso les dio a los ciudadanos lo que querían para calmar la presión social. Era un momento político muy tenso, porque los reclamos eran muy severos para cualquiera que estuviera en un puesto de gobierno”, considera Carlos Montero, magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y quien fungió como presidente de este órgano durante esta etapa.

El magistrado opina que es válida la diversidad de voces dentro del Comité, desde sectores empresariales y campesinos hasta de áreas metropolitanas, pero la falta de experiencia en actos legislativos hizo que los ciudadanos que encabezaron la implementación del SEA no cayeran en cuenta que tener un número tan grande de integrantes, podría obstruir la puesta en marcha.

“Al Sistema le hacen falta perfecciones y una puede ser la disminución del número de ciudadanos, porque un órgano colegiado tan grande está haciendo todo muy lento”, detalla.

Pocos cumplen con el perfil neutro

En agosto de 2017, la XXII Legislatura de Baja California aprobó la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción. De ahí transcurrió un año hasta que, en julio de 2018, se tomó protesta al Consejo de Participación Ciudadana del SEA, no sin serios señalamientos hacia algunos de sus miembros.

Entre los 15 integrantes, hay 10 consejeros técnicos distribuidos en pares por cada uno de los cinco municipios: Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, así como cinco consejeros honoríficos, desde militantes de algún partido político –pese a la prohibición de ley–, hasta exfuncionarios públicos.

El más delicado es el caso de Francisco Javier Rebelín Ibarra, elegido como integrante técnico siendo miembro activo del PRI. Se desempeñó como tesorero en el Ayuntamiento de Tecate durante la administración de Javier Urbalejo Cinco (2010-2013), quien fue denunciado penalmente en 2014 por los delitos de fraude, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas.

Un consejero honorífico también con experiencia en los gobiernos del PAN es Eduardo Arredondo Uribe, quien fue síndico de Tecate. Otros no cuentan con experiencia en materia anticorrupción como el consejero honorífico Omar Marrón Luna, quien es comerciante e ingeniero en electrónica, y el médico urólogo Fermín Gutiérrez, consejero técnico en representación de Ensenada.

Francisco Martínez, coordinador del capítulo Baja California de la Red Nacional Anticorrupción comenta respecto a los perfiles de los integrantes que, pese a las solicitudes formales al Congreso y por medio del Instituto de Transparencia, no se ha hecho público el dictamen que la Comisión Seleccionadora entregó al Congreso con la selección de los 15 consejeros del Comité de Participación Ciudadana.

El también presidente de Tierra Colectiva, Ciudadanía y Medio Ambiente considera que la selección de integrantes no debió haber sido por medio de votos, sino de “una matriz de elegibilidad que demostrara a la ciudadanía por qué habían sido elegidos con indicadores cualitativos y no de acuerdo con simpatías y grupos de intereses”.

Todavía no se endereza una denuncia

Este proceso de selección ha sido impugnado por medio de dos recursos de amparo, uno promovido ante el Juzgado Noveno de Distrito en Ensenada y otro en el Juzgado Primero de Distrito en Mexicali.

José Ángel Bustamante, presidente del Colegio de Abogados de Ensenada y quien es el representante de la parte quejosa en el primer amparo, considera que los métodos de evaluación del Comité Seleccionador para elegir a los 15 integrantes del Comité de Participación Ciudadana fueron “subjetivos, por medio de entrevistas, no una evaluación de conocimientos, como sería con jueces o ministerios públicos. Eso no nos da una garantía de que las personas que están ahí tengan la capacidad de desempeñar esa función”.

Este amparo fue interpuesto por uno de los partícipes en la convocatoria –quien declinó ser mencionado–, pero quien no resultó seleccionado.

Un segundo amparo es el del integrante técnico del Comité de Participación Ciudadana, Ricardo Zurita, contra el Congreso del Estado, quien afirma que los vicios en la ley fueron los que permitieron que personas sin la trayectoria ni el perfil idóneo llegaran a conformar parte de este Comité.

Ya con el Comité conformado, en agosto se nombró a Jorge Topete como presidente, quien ocupará el cargo hasta julio, como parte de la rotación de presidencia entre los cinco integrantes honoríficos, quienes, a su vez, fueron seleccionados para periodos de tres, cuatro y cinco años.

Sobre por qué en diez meses desde su conformación, el CPC no ha estudiado una sola denuncia por corrupción, Topete considera que esta figura debe concentrar esfuerzos en generar políticas públicas y no propiamente en investigar.

“Nos toca cerrar las oportunidades que actualmente existen para hacer casos de corrupción, pudiéramos hacer un acompañamiento a una queja o denuncia, pero las funciones como tal no son ésas porque no tenemos facultades, ni debiéramos tenerlas, porque ya existe una Auditoría Superior, cinco síndicos, una controlaría, órganos internos de control”.

Acusaciones cruzadas dañaron credibilidad

Tras la selección del presidente del CPC, el Comité Coordinador nombró como secretario técnico a Luis Irineo Romero, el 9 de noviembre de 2018.

En el marco de la designación, lo cual trajo consigo varios desencuentros y amplias discusiones entre los integrantes del Comité Coordinador, el presidente de Coparmex en Mexicali, Rodrigo Llantada, convocó a una conferencia de prensa, acompañado del consejero Francisco Fiorentini, para denunciar que el otro participante, Jorge Antonio Sauceda, era apoyado directamente por el gobernador Francisco Vega, como un intento de controlar este órgano.

Sauceda es además miembro activo del PAN, según el padrón público del partido, así como cuñado de Raúl Reynoso Nuño, director de Comunicación Social del gobierno del Estado.

La respuesta de otro grupo dentro del Comité de Participación Ciudadana vino del consejero Edgardo Silva, quien acusó a Coparmex de querer imponer a Luis Irineo Romero por ser afín a su grupo.

Al respecto, el secretario técnico, al ser consultado para este reportaje, respondió no tener ninguna relación con Coparmex. “Durante todo ese tiempo que fue prolongado, preferí por el silencio, independientemente de los señalamientos, pocos que hubo, para desacreditar o denostar”.

Para otros integrantes del Comité Coordinador, como el titular de Transparencia, Octavio Sandoval, estas confrontaciones no solo complicaron las discusiones, sino que desgastaron a las instituciones. “La designación del secretario dañó la imagen de un sistema que iba naciendo”, comenta.

La ley contempla que el Comité Coordinador debe ser integrado por 11 de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, incluido el presidente, y por 11 autoridades: los cinco síndicos procuradores del Ayuntamiento, el fiscal anticorrupción (figura que aún no existe), el Contralor, el Auditor Superior (cuyo titular no ha sido ratificado por el Congreso), el titular del Instituto de Transparencia, el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Esto lo convierte en el Comité Coordinador más numeroso del país, mientras la mayoría de las entidades contemplan solo siete integrantes, salvo Aguascalientes, con 18, los impulsores de la Ley Estatal en Baja California defienden tener un mayor número de representantes ciudadanos con un total de once.

Presupuesto condicionado

Para Francisco Martínez, fundador de la Red Nacional Anticorrupción, otra mala práctica dentro del Sistema es que los síndicos conformen parte del Comité Técnico, puesto que puede resultar en un conflicto de interés, si un alcalde o funcionario municipal es investigado por corrupción.

Para el cierre de 2018, el SEA recibió un presupuesto transitorio de cinco millones de pesos, pero debido a la crisis financiera que se vivió en el estado al cierre de 2018 y que dejó incluso a policías, profesores y médicos legistas sin salarios, el SEA solo recibió alrededor de un millón y medio de pesos, los cuales fueron utilizados para cubrir honorarios acumulados de los 10 secretarios técnicos (30 mil pesos mensuales a cada uno).

Para 2019, explica el secretario técnico, Luis Irineo Romero, el presupuesto es de 15 millones de pesos, los cuales resultan insuficientes para ciertos aspectos, como la adquisición de equipo de cómputo e informática para la creación, administración y mantenimiento del portal digital en el que se concentraría información relacionada con el SEA como las declaraciones patrimoniales de todos servidores públicos.

Bajo el rubro “Provisión Operación Sistema Estatal Anticorrupción”, en la partida 79907, el Presupuesto de Egresos 2019 de Baja California considera esta suma de 15 millones de pesos como “transitoria”, en tanto se distribuye su monto en las partidas específicas necesarias, “por lo que las transferencias que se operen para su ejercicio serán modificadas mediante aviso al H. Congreso del Estado”.

Con una plantilla de 11 empleados, tres de ellos como directores, la Secretaría Técnica ocupa oficinas que le fueron facilitadas desde la Oficialía Mayor del Estado por medio de un contrato de comodato, el cual además les proporcionó inmobiliario y equipo de cómputo.

Con un proceso electoral en marcha, el Congreso estatal mantuvo en la “congeladora” el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.

Salpicados por la vorágine electoral

Con el PAN en el gobierno del estado y con mayoría en el Congreso, esta fracción partidista, con sus respectivos aliados, ha dedicado gran parte de su tiempo legislativo en aprobar endeudamientos récords al Gobierno del estado, principalmente en proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) que superan los 80 mil millones de pesos en al menos cinco contratos entre el gobierno y empresas cuestionadas por sus relaciones con panistas y sus familiares.

Poco antes de la elección del 2 de junio, el Congreso de Baja California aprobó la reforma que dio vida a la Fiscalía General, así como el nombramiento del magistrado anticorrupción. Ambas votaciones fueron por método de cédula, esto es no mediante votaciones públicas, sino al colocar un papel con su intención de voto en una urna y, por lo tanto, secretas.

La aprobación de la Fiscalía General contó con el voto a favor de 17 legisladores, pero debido a la suspensión provisional concedida por un juez dentro del juicio de amparo 328-2019-VI-B, promovida por la diputada Victoria Bentley, quien argumentó omisiones al proceso legislativo para la aprobación de la Reforma, el nombramiento del titular de la Fiscalía se mantiene en vilo. También está pendiente el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.

En el caso de la elección del magistrado Iván José Curiel Villaseñor, cuyo cargo tiene una vigencia de seis años, fueron 19 votos a favor, aunque recientemente fue impugnada ante el Congreso por varios miembros del CPC, por presunto conflicto de interés.

Para contender en el reciente proceso electoral, once diputados de distintos partidos solicitaron licencia para buscar la reelección, por lo que estas votaciones se dieron después de una reestructura en las comisiones del Congreso con los legisladores suplentes.

Antes de solicitar licencia, el diputado del Partido de Baja California (PBC), Jorge Eugenio Núñez, fue entrevistado para este reportaje. Advirtió que las demoras de la creación de la Fiscalía y el nombramiento del magistrado anticorrupción respondían a que “el PAN en el Congreso y en el gobierno del estado, con dolo, alevosía y ventaja están congelando estos nombramientos para afectar este esfuerzo ciudadano que es el Sistema Estatal Anticorrupción”.

Frente a este escenario, varios integrantes del Comité Coordinador del SEA admiten que la percepción ciudadana es que poco ha servido el Sistema para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, pero a la vez, piden un voto de confianza.

Por su parte, el titular de Transparencia, Octavio Sandoval considera “si alguien quiere presentar una denuncia por corrupción, el Sistema no está funcionando, ésa es la realidad. El problema que tenemos es que cuando hay exhibición de la corrupción, pero no se castiga por la impunidad, genera una frustración mayor en la ciudadanía”.

Una opinión más severa viene de la sociedad organizada. Francisco Martínez, de la Red Nacional Anticorrupción, señala que el Sistema “se encuentra empantanado, no ha logrado despegar como órgano que debiera estar trabajando en prevenir, sancionar y erradicar el combate a la corrupción en Baja California”.

Este reportaje fue publicado el 24 de junio de 2019.

NL

Los sultanes de la corrupción neolonesa siguen invictos

Impugnado desde su inicio por el propio gobernador, el SEA sigue sin dar hit ni carrera: de 177 carpetas de investigación, ninguna ha concluido en sentencia. Organizaciones civiles denuncian que los miembros del mecanismo anticorrupción están controlados por la partidocracia. Aun así, el sistema regio es uno de los más avanzados del país.

Por: Melva Frutos

Considerado uno de los más completos del país, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Nuevo León también destaca por los cuestionamientos a su conformación, estar centrado en asuntos administrativos y por reposar en manos de la partidocracia.

En el papel, seguramente es uno de los mejores, considera Daniel Butruille, integrante de Ciudadanos Contra la Corrupción y Evolución Mexicana Constante, pero, aclara, en la realidad el SEA regio es muy mediocre.

“En el papel habíamos logrado que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción permitiera una fuerte presencia ciudadana, que era finalmente el objetivo”, señala.

Sin embargo, agrega, al momento de aplicar la Ley, el Comité de Selección “se dejó comer el mandado fácilmente por unos diputados muy avistados, muy listos, que abusaron de la ingenuidad de los ciudadanos presentes”.

Esto porque, según Daniel Butruille, mientras uno de los principales requisitos para la conformación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), era que sus integrantes tuvieran experiencia en el combate a la corrupción, los nombramientos fueron de cuatro abogados y una ingeniera química, sin antecedentes en la cuestión.

Sobre las acusaciones de corrupción contra el entonces gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina (2009-2015), en su campaña a la gubernatura, el independiente y exmilitante del PRI, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que al ganar lo metería a la cárcel.

A seis meses de ocupar el cargo dio a conocer la que llamó “Operación Tornado”, con la que acusó penalmente a Medina y algunos de sus excolaboradores de desvío de recursos, dar incentivos fuera de la ley a una empresa y enriquecimiento ilícito, entre otros.

El habitual letargo social despertó. Por primera vez en la historia de Nuevo León, los ciudadanos eligieron a un gobernador independiente que traería paz social y pondría fin a la corrupción.

La “Operación Tornado” resultó en 28 vinculaciones a proceso de exfuncionarios –muchos de ellos ahora desvinculados–; dos han ido a la cárcel: Rodrigo Medina, quien estuvo menos de 20 horas preso al conseguir un amparo, y el exdirector de Ejecución de Obras de la Secretaría de Obras Públicas, José Agustín Tellez, que permaneció internado cuatro meses en un penal estatal.

Es de destacarse que el nuevo gobierno inició con su propio escándalo de corrupción. En febrero de 2016, el periódico El Norte reveló la compra de 200 mil cobijas a sobreprecio, efectuada en diciembre de 2015 por quien era el subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado, Rogelio Benavides Pintos, y el director de Adquisiciones del estado, Gonzalo Padilla.

Todo iba muy bien, hasta que…

Con el objetivo de trabajar para empujar las leyes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en 2016 cámaras empresariales, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y universidades de la entidad, conformaron la “Coalición Anticorrupción”, las cuales lograron que una parte del marco normativo en la materia fuera aprobado por el Congreso local entre 2017 y 2019. Hasta la fecha, siguen sin aprobarse las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado.

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para Nuevo León contempló la conformación de un grupo ciudadano de acompañamiento técnico, que no se contempla en el modelo nacional, cuyos siete integrantes fueron elegidos en octubre de 2017 por los diputados locales, mientras que la Comisión Anticorrupción del Congreso del estado eligió a los nueve miembros del Comité de Selección, responsable de elegir a los integrantes del CPC.

El Comité de Selección definió también para el gobernador las ternas que luego propuso al Congreso local, para que se eligieran a los titulares de la Fiscalía General, Fiscalía Anticorrupción y Tribunal de Justicia Administrativa, así como al Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas. Esta es una facultad del Comité de Selección del SEA de Nuevo León, que se diferencía del modelo nacional.

El Comité Coordinador (CC) se conformó por el presidente del CPC, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el auditor superior del estado (ASE), el comisionado presidente del instituto de transparencia del estado (CTAINL), el contralor general del gobierno estatal, el fiscal especializado en Combate a la Corrupción y el magistrado presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado; apoyándolos en sus funciones la Secretaría Ejecutiva del SEA, cuyo titular también ya fue designado.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, publicada por el INEGI, señala que 90 por ciento de los neoleoneses perciben que los actos de corrupción son frecuentes. Mientras que uno de cada cinco ciudadanos que realizaron un trámite gubernamental fue víctima de un acto de corrupción.

Daniel Butruille recuerda que algunos diputados trabajaron a favor de los ciudadanos, pero los coordinadores de las bancadas decidieron, “ellos son los que definen los rumbos y ellos son realmente los portavoces de la partidocracia”.

Aunado a la falta de transparencia y claridad en los criterios y métodos empleados, la votación para elegir a los integrantes del CPC estuvo empañada por la mano de los legisladores, asegura Sandrine Molinard, directora de Consejo Cívico Nuevo León.

“Este Comité (de Selección) se dejó influenciar mucho por los diputados, hubo demasiada cercanía con los diputados y al revés, estuvo demasiado alejado de la sociedad civil y de mejores prácticas que vimos en otros estados de la República”.

Agrega que sí hubo nombramientos cuestionables por las OSC, debido a las relaciones políticas de los postulantes.

Desde hace poco más de una década han surgido distintas organizaciones ciudadanas en Nuevo León, con la finalidad de trabajar en diversos temas, buscando no dejar las decisiones en manos de los gobiernos, a la par de la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.

En marzo del año pasado, ocho organizaciones, entre ellas Alianza Cívica y Redes Quinto Poder, evidenciaron los nexos de los aspirantes finalistas del SEA con grupos políticos.

Entre ellos, a quien fue elegido como fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, que afirmaron las OSC locales, fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para ser designado como Magistrado Especializado en Combate a la Corrupción a nivel federal.

También señalaron a Javier Garza y Garza, ahora fiscal anticorrupción, por haber sido magistrado presidente y magistrado unitario del Tribunal Electoral del estado, entre 2014 y 2015, por lo que llama la atención que hayan sido propuestos al gobernador, en las ternas enviadas por el Comité de Selección “ciudadano”.

“Lo que debería ser un Sistema Anticorrupción, autónomo, independiente, terminó en una repartición de cuotas entre grupos partidistas y de poder político”, externan las OSC.

Tres ciudadanos en el comité coordinador

El diagnóstico sobre el grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la Ley General del Sistema Nacional

Anticorrupción (SNA), realizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) en junio de 2018, destaca que Nuevo León construyó su Sistema con algunas diferencias.

Analizando tres grandes rubros, la SESNA detalla que el SEANL difiere al omitir como objetivo de la Ley el establecer las bases de un sistema estatal de fiscalización y contrasta con otros estados en la definición de los integrantes del sistema estatal, al no incluir a los municipios o sus representantes.

Explica que el Sistema de Nuevo León ha modificado algunas de las facultades del Comité Coordinador (CC), al otorgarles el carácter de vinculantes a sus resoluciones cuando se requiera información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política estatal anticorrupción, incluyendo la recopilación de datos para su evaluación conforme a los indicadores generados para tal efecto.

Otro contraste que subraya es que en el CC participan tres miembros del CPC con voz y voto, de tal forma que se tiene un órgano colegiado de nueve integrantes, sin embargo, en el CPC, a diferencia del ordenamiento federal, no se contempla el principio de equidad de género.

Si se registra un empate en las votaciones del CPC, el presidente tendrá voto de calidad, a diferencia del federal, donde se vuelve a someter a votación y, en caso de persistir el empate, se envía el asunto a la siguiente sesión.

Respecto al SNA, en Nuevo León se modificaron los requisitos para poder ser nombrado Secretario Técnico. Se aumentó de cuatro a 10 años el periodo de prohibición para haber sido candidato o haber desempeñado un cargo de elección, haber sido miembro de algún partido político u ocupado un alto cargo en el gobierno, o por tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercer grado con los integrantes del Comité Coordinador.

Nombramientos en lo oscurito

La selección del Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del TJA fue debatida por las OSC desde la postulación de los nueve candidatos, a quienes señalaron de tener vínculos con gobiernos o partidos.

Uno de los contendientes fue Mario Treviño Martínez, quien trabajó en el gobierno del exgobernador priista Rodrigo Medina, como director del Registro Público de la Propiedad y Comercio.

Fue además representante del PRI ante la Comisión Estatal Electoral en 2013 y 2014. Desde el 2012 y hasta el momento de su candidatura para magistrado, era oficial Mayor en el Congreso local, propuesto por el PRI.

Aun con los señalamientos, siete días después tomó protesta como magistrado especializado en anticorrupción del TJA, negando conflicto de interés, pues según él había pedido licencia de su cargo en el Congreso.

Los cinco integrantes del CPC de Nuevo León fueron elegidos por unanimidad por el Comité de Selección el 30 de agosto de 2018 y tomaron protesta el primero de octubre junto al secretario técnico del SEA, Joaquín Ramírez de la Cerda, quien, cabe mencionar, formó parte del Comité de Selección.

Consejo Cívico Nuevo León se pronunció: “En una reunión secreta y opaca, eligieron a Joaquín Ramírez, haciendo a un lado los principios constitucionales que deben regir cualquier decisión del SEA: La máxima publicidad y transparencia de conformidad con el artículo 109 Constitucional”.

La primera decisión que tomó el CPC, destaca Consejo Cívico, fue seleccionar a Joaquín Ramírez, a pesar del evidente conflicto de interés, pues un día antes había renunciado a su cargo en el Comité de Selección.

Del mismo modo reprochó la instalación del Comité Coordinador, dentro del cual está integrada la Contraloría General del estado, siendo que quien está al frente es un encargado de despacho (Jesús Hernández Martínez) y no ha sido nombrado su titular, mediante propuesta del Gobernador de un postulante al Congreso local, lo que contraviene la Ley.

Sandrine Molinard explica que el hecho de que la Contraloría Estatal esté encabezada por un encargado de despacho, la hace vulnerable y sus actos pudieran ser cuestionados ante un Tribunal, “entonces se pone en entredicho muchos actos de autoridad de la Contraloría, creo que es un tema preocupante”.

Igualmente la designación de los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAINL) fue puesta en tela de duda y el 7 de febrero de este año les fue aceptado un proceso de amparo a cinco organizaciones contra el proceso efectuado por el Congreso estatal, bajo el argumento de que no se acataron los parámetros constitucionales y legales en el proceso.

Desde la apertura de la convocatoria, las OSC pidieron al Congreso local abriera los expedientes de los 37 postulantes, que no se habían dado a conocer bajo el argumento de la protección de sus datos personales.

Acusaron además de que se incumplía con el requisito de que los aspirantes no se hubieran desempeñado en un cargo público en los dos años previos.

María de los Ángeles Guzmán García, María Teresa Treviño Fernández y Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, quien en ese momento era secretario técnico de la Comisión de Transparencia del Congreso, fueron elegidos en fast track el 26 de diciembre.

“El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito admite la Demanda de Juicio de Amparo interpuesta por las OSC Redes Quinto Poder, IDEA A.C., Evolución Mexicana Constante A.C. y el Dr. Carmelo Cattafi, contra la designación de Comisionados Propietarios de la Comisión de Transparencia del Estado de Nuevo León”, detallaron las OSC en un comunicado.

Sandrine Molinard califica como gris el desempeño del auditor superior del estado, Jorge Guadalupe Galván González, siendo que han salido a la luz importantes casos de corrupción, incluyendo la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, por presunta corrupción en la recolección de firmas como aspirante a la presidencia de la República.

Por ese mismo tema, Daniel Butruille presentó una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado en septiembre pasado y hasta el momento no ha recibido respuesta.

No hay evidente trabajo sustancial en el tema anticorrupción por parte del CPC, los demás miembros del CC y el secretario técnico, comenta Sandrine Molinard, pues se han enfocado en cuestiones administrativas y nombramientos, como el del director jurídico de la Secretaría Ejecutiva del SEA, José Luis Prado Maillard, que tampoco es aceptado por ser exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Buscando evitar que la oposición detrás del Comité de Selección fuera quien eligiera una terna de candidatos para el nombramiento de los titulares de las fiscalías General de Justicia, Anticorrupción y de Delitos Electorales, el gobernador presentó una solicitud de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual fue rechazada.

Fue así que el Congreso, entonces con mayoría priista y panista, eligió a los fiscales, de quienes fue criticada su conexión con los exgobernadores, Rodrigo Medina y Natividad González Parás.

El entonces subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales Santos, reprochó el proceso, asegurando que eligieron personajes que les cubrieran delitos al PRI y al PAN,  y acusó al Congreso “de buscar la exoneración, la no persecución de los delitos de corrupción a través de fiscales a modo”.

Algunos medios de comunicación han ventilado que Jaime Rodríguez conserva a un encargado de despacho en la Contraloría y Transparencia Gubernamental, evitando que sea el Congreso el que haga la ratificación de su titular, pues los legisladores del PAN y PRI no lo avalarían, ya que buscarían poner a un contralor a modo que cubra los actos de corrupción de las administraciones pasadas.

¿Investigar al gobierno en funciones?

En Nuevo León no ha habido ninguna sentencia por actos de corrupción, responde el fiscal Anticorrupción Javier Garza y Garza, tras revelar que cuenta con 177 carpetas de investigación abiertas.

“Yo recibí 155 y me han llegado 50 carpetas adicionales; las 155 estamos integrándolas. Ahorita, entre que tenemos dadas de baja por archivo, tendremos vivas unas 177 carpetas. Que es lo que estamos investigando”.

El problema radica en que la anterior Procuraduría investigaba asuntos de gobiernos anteriores y recibía todo el apoyo de los entes gubernamentales, argumenta, mientras que la nueva Fiscalía recibe trabas y obstáculos.

“Tengo que mandar miles de oficios, tengo más de mil 900 oficios girados, solicitando información a todas las instancias, se las pido de una forma y de otra forma, porque te la dan mocha o no te la dan, sí es un batallar, cuando estás fiscalizando actos que se están realizando ahorita por las autoridades”.

Para Garza y Garza, el actual Sistema Penal ha influido en la percepción ciudadana: “¿Cómo podemos meter a la cárcel a alguien si no amerita prisión preventiva? En otras entidades de la República no han entrado los juicios orales y por eso los meten, con el sistema viejo”, no obstante el riesgo de violación a los derechos humanos y que el Sistema Oral ya aplica en todo el país desde hace tres años.

Expone que además del inconveniente de que la Fiscalía Anticorrupción no tiene recursos propios para operar a pesar de haberlo solicitado al Congreso local, el SEA también tuvo problemas financieros, lo que les impidió arrancar debidamente.

Para el ejercicio fiscal 2018, la entonces Subprocuraduría recibió un presupuesto propio, entre la asignación del Congreso y otras aportaciones, de más de 70 millones de pesos, dice Garza y Garza, sin embargo este año los recursos vienen por medio de la Fiscalía General, cuyo presupuesto para este año será de más de 2 mil 963 millones de pesos.

“Yo no tengo presupuesto para ejercer como me marca la ley estatal, que señala que yo debo de tener un presupuesto, y que soy autónomo en el recurso del presupuesto”, señala.

Como fiscal anticorrupción solicitó un monto de 100 millones de pesos para el presente ejercicio, sin embargo el Legislativo lo englobó en lo aprobado a la Fiscalía General. “Si me pregunta ahorita cuál es el presupuesto que tengo, no sé, no tengo idea, porque todo lo ejerce la Fiscalía General”.

No discuten temas de corrupción

Joaquín Ramírez, secretario técnico del SEA, observa como una oportunidad el tema de la investigación, “para poder tener toda la estadística de cómo está el Sistema en cuanto a los temas de corrupción”.

Afirma que ha hecho falta mayor presupuesto para ejercer las facultades de la Secretaría Ejecutiva a plenitud, debido a que después de solicitar 77 millones para el presente año, en la propuesta de presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado, le destinaron únicamente 6 millones y fue después de gestionar con los diputados locales, que lograron que se les asignaran 22 millones de pesos adicionales, quedando un total de 28 millones para el ejercicio del presente año.

En el escenario austero de un edificio recién alquilado, que sólo cuenta con algunas sillas y mesas de material plástico que utilizan de vez en cuando, porque aún trabajan en acondicionar el lugar, el secretario técnico del SEA describe que parte de los trabajos han sido administrativos, los cuales “no lucen”, como la aprobación del estatuto orgánico del Órgano de Gobierno y un programa de trabajo para el Comité Coordinador (CC). Admite que a tres meses de su llegada no se han abordado temas de corrupción.

“En esos tres meses prácticamente no hubo ningún tema anticorrupción, fue cien por ciento administrativo. Ahora ya en enero tenemos el programa de trabajo aprobado por el Comité Coordinador y ya se está alineando con la Política Nacional Anticorrupción”, puntualiza el funcionario.

Ramírez señala que el CC está priorizando apoyar a los municipios en el desarrollo de un Reglamento Municipal Anticorrupción, que por obligación deben emitir y aunque son autónomos, podrán tomarlo como base.

“Ya tuvimos reuniones con tres municipios y como parte del Comité Coordinador, como una política pública, vamos a aprobar o vamos a someter a aprobación del Comité Coordinador, una propuesta de un modelo de Reglamento Municipal Anticorrupción, para que los municipios tengan algo en dónde basarse”, añade.

El CPC sesiona donde puede

La presidenta del CPC, Guadalupe Rivas Martínez, que atiende la cita en el mismo espacio austero que el secretario técnico del SEA, presume que el Reglamento Interno del CPC no es cosa menor. Solamente dos estados lo tienen, Durango y Nuevo León.

Rivas Martínez considera importante la conformación de vínculos y convenios de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y universidades, y afirma, a diferencia de las opiniones externas, que tienen cinco meses trabajando en un Sistema recién creado.

“El tema del presupuesto es un tema especialmente limitado y que a pesar de eso, veo que lo que sí nos falta y la promesa que yo puedo hacer, es la parte de la difusión, que en eso estamos trabajando”.

Además, promete, impulsarán que se destine más presupuesto al SEA y se promuevan reformas legislativas, “sobre todo en cuestión de transparencia o en formas de selección de los funcionarios, de quienes vayan o quienes estén integrando el Sistema Estatal Anticorrupción”.

Los integrantes del CPC reciben un pago por honorarios, advierte Rivas Martínez, y los únicos apoyos que pueden obtener son convenios con organizaciones y universidades para el desarrollo de proyectos.

Al igual que su espacio físico de trabajo, el sitio oficial de internet de la Secretaría Ejecutiva se encuentra en construcción, sin embargo tiene presencia en redes sociales desde enero de este año, en las que se dan a conocer las sesiones del CC y algunos eventos que han realizado.

La fiesta de los bandidos

El SEA será realmente fuerte cuando haya castigos, asevera el diputado de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión Anticorrupción del Congreso del estado, Horacio Tijerina.

“Todo mundo sabe, o todo mundo sospecha, o todo mundo cree que hay corrupción en las diferentes áreas del gobierno, pero no pasa nada”.

“Entonces, mientras que no haya responsables, mientras que no pase nada, va a ser un elefante blanco”.

Recuerda que cuando Jaime Rodríguez tomó protesta como gobernador anunció que “se les acabó la fiesta a los bandidos”, pero no ha habido detenciones, pues hubo cambio de protagonistas.

“No vemos que se les haya acabado; a lo mejor cambiaron de bailadores o de festejados, pero siguen habiendo los mismos problemas y los que hicieron esa fiesta andan en la tornaboda o en el after, pero no están siendo acusados o viéndolos como responsables”.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Anticorrupción del Legislativo local, el priista Jorge de León Fernández, sí percibe avances en el SEA y asegura que la falta de leyes secundarias no afecta su funcionamiento, pues hay un compromiso para tenerlas listas.

El pasado 15 de mayo, el Congreso local aprobó por unanimidad la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, que contempla la “muerte civil” y la obligatoriedad de presentar la declaración patrimonial, de intereses y fiscal, mejor conocida como 3de3, por parte de todos los servidores públicos. Sin embargo, esta norma dejó fuera a los candidatos a puestos de elección popular, lo cual ha generado inconformidad entre las organizaciones civiles, como los integrantes de la Coalición Anticorrupción que coordina Consejo Cívico Nuevo León.

Entre los grupos empresariales la misma ley también causó controversia, pues exige a los proveedores o particulares a presentar su declaración a la hora de formalizar un contrato por prestación de servicios con los gobiernos, como si fueran servidores públicos. La ley en cuestión fue publicada el 7 de junio en el Periódico Oficial.

En Nuevo León aún está pendiente de emitirse su reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. “Hubo un compromiso de los que integran la Comisión para que en este periodo  legislativo se aprueben, cuando menos la de Fiscalización y de los Servidores Públicos, que son las que estamos empujando”, precisó en entrevista el diputado Jorge de León Fernández.

En su opinión, el desempeño del CPC y el Secretariado Ejecutivo ha sido bueno, pues además de que aún es prematuro hacer una evaluación más seria, el SEA no se trata sólo de “tener cabezas de funcionarios”, pues es más que eso.

El magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del TJA, Mario Treviño, observa falta de coordinación desde el Sistema Nacional Anticorrupción, además de poca homogeneidad en las reformas a las leyes locales, pues cada entidad lo desarrolla de forma diversa.

“La mitad de las legislaturas ha emitido una Ley de Responsabilidad estatal, que prácticamente es una copia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos; otros muy pocos estados, han hecho modificaciones a las leyes que ya tenían, remitiendo a la Ley General para lo que se refiere a todos los procedimientos, sanciones, faltas, etc.”

En Nuevo León, el Congreso del estado definitivamente trabajó en la creación de una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, pero se alejó de varias de las disposiciones de la Ley General y le añadió otras que no tienen sustento jurídico.

La profesora investigadora de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Nuevo León e integrante de la Coalición Anticorrupción, Adriana Hinojosa, es enfática al afirmar que los gobiernos no han cambiado con la llegada del SEA a Nuevo León.

Acusa que ha sido testigo de la falta de interés de los diputados locales en las leyes secundarias, pues la Ley de Fiscalización ni siquiera se ha debatido, lo que consideró un problema importante porque un funcionario puede argumentar que no está obligado por la ley.

“Aquí el problema surge cuando en la aplicación de Leyes Generales o Nacionales, porque por ejemplo, el Auditor Superior dice, cuando la sociedad le pide que actúe y hay una denuncia, ‘no, porque a mí la Ley no me obliga todavía, no está la Ley de Fiscalización’, y uno dice ‘está la General’”, detalla.

El retraso, dice, es originado por la falta de voluntad del Congreso y del órgano auxiliar de éste, que es la Auditoría Superior del estado, y advierte que, con SEA o sin él, los ciudadanos deben exigir rendición de cuentas.

Este reportaje fue publicado el 23 de junio de 2019.

VZ

Jugadores con distintas camisetas enturbian el combate a la corrupción en Veracruz

Apenas va comenzando el actual gobierno y ya existen sospechas de nepotismo, en un entorno ríspido y de falta de confianza entre el mandatario y la fiscalía, además de “emisarios del pasado” –duartistas y yunistas– que permanecen en el sistema anticorrupción local. Organizaciones civiles ven con desconfianza la subordinación política de los integrantes del SEA.

Por: Israel Hernández

Los posibles casos de nepotismo de la administración de Cuitláhuac García (centro) están bajo investigación en la Contraloría estatal.

Con procesos viciados y poco transparentes para el nombramiento de sus integrantes, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Veracruz no ha podido entregar resultados en el combate a una práctica que coloca a la entidad como emblema de malversación de fondos a nivel nacional, en gran parte debido a la gestión del exgobernador Javier Duarte de Ochoa (PRI).

La situación no ha mejorado con los mandatos de Miguel Ángel Yunes (PAN, 2016-2018) y Cuitláhuac García (Morena, 2018-2024), pues las pugnas políticas han enturbiado la rendición de cuentas, en un estado cuyos gobiernos anteriores dejaron la deuda en 44 mil millones de pesos, según el reporte de diciembre de 2018 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.[1]

Compuesto por exfuncionarios y excolaboradores de los gobiernos del priista Javier Duarte de Ochoa y el panista Miguel Ángel Yunes Linares, el SEA no ha logrado consolidar una estrategia clara para acabar con la corrupción y enfrenta obstáculos presupuestales, operativos, de credibilidad y distanciamiento con la sociedad veracruzana, en un entorno en el que, de cada siete personas que tuvieron al menos un contacto con algún servidor público, una vivió una experiencia de corrupción, durante 2017, de acuerdo a la Encuesta de Impacto Gubernamental del INEGI.

Desde su instalación en agosto de 2018, el Comité Coordinador del SEA no ha incidido en la investigación y seguimiento a los casos de desvío de recursos públicos que marcaron la administración de Duarte de Ochoa; y ha sido omiso al presunto tráfico de influencias y la asignación de contratos de servicios y obra pública otorgados al primer círculo de Yunes Linares.

Tampoco se tiene certidumbre sobre su actuar frente a los posibles casos de nepotismo y de abuso de autoridad que se documentaron periodísticamente[2] en el arranque del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez (Morena), los cuales, de acuerdo al presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Sergio Vázquez Jiménez (al momento de la entrevista todavía no cumplía su periodo de un año, tras el cual fue sustituido por Emilio Cárdenas Escobosa), ya fueron presentados en el pleno del Comité Coordinador y están bajo investigación de la Contraloría General del Estado.

Al respecto, la contralora general del estado, Leslie Garibo Puga, fue cuestionada por casos de presunto nepotismo y declinó comentar al respecto, argumentando que por el momento está más preocupada por el manejo de los recursos del SEA: “Ahorita este es el tema más fuerte aquí en el SEA, ustedes lo acaban de ver, se está abriendo la sesión. Creo que tenemos que darle prioridad”.

En sus primeros diez meses de vida, el CPC experimentó la renuncia de dos de los cinco comisionados (actualmente está en proceso de elegir nuevos miembros), por lo que dicho organismo, considerado el alma independiente y vigilante del Sistema, se ha visto limitado a pronunciamientos mediáticos y la canalización de una treintena de denuncias ciudadanas.

Denuncias sin dientes

Para Sergio Vázquez Jiménez, expresidente del CPC, el actual trabajo del SEA ha quedado reducido a un concierto de buenas intenciones, sin tener resultados concretos en el combate a la corrupción que permea en todos los niveles de la administración pública y del sector empresarial.

“No hay un contrapeso real o por lo menos en el papel no existe. En una mesa de siete personas tenemos un solo voto y cuando se trata de tomar decisiones nos quedamos muy cortos (…) Cuando queremos pasar al terreno de los hechos es donde encontramos todas las barreras del mundo y hemos ido transitando en lo mediático, saliendo en los medios, para que por lo menos tengamos presencia pública”, dice quien representa la voz ciudadana y preside el Comité Coordinador.

De agosto de 2018 a la fecha, el CPC ha canalizado ante la Contraloría General del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y las contralorías internas de organismos autónomos 38 denuncias ciudadanas en las que se presume hubo actos de corrupción en la administración pública, casos de los que el organismo ciudadano no tiene información sobre los procedimientos de investigación, seguimiento o sanción. Asimismo, el Comité Coordinador ha sesionado en 14 ocasiones, sin que se tengan resultados en materia administrativa o penal sobre el actuar indebido de servidores públicos o particulares.

“El problema es que a pesar de los señalamientos públicos y mediáticos, y aunque quizá en su momento tengamos algunas inhabilitaciones o sanciones, siguen dadas las condiciones para quien llegue al poder o al servicio público sea un corrupto”, insiste el entonces presidente del CPC.

Por su parte, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), Pedro José María García Montañez, reconoce que, al menos en el ámbito administrativo, el SEA no ha dado fruto en cuanto a la resolución de casos en los que se haya denunciado corrupción.

“El Sistema se instaló formalmente el primero de agosto del 2018 y se hicieron todos los nombramientos necesarios, de hecho en Veracruz estamos en semáforo verde en cuanto al cumplimiento de las leyes del Sistema Anticorrupción y operando conforme lo establece la Constitución. En la parte sustantiva de denuncia, que es lo más importante, el desdoble ha muy sido lento, y no porque no se quiera hacer, sino porque lleva un procedimiento que implica la integración de información e investigación por parte del Órgano de Fiscalización Superior o de las contralorías internas. Una vez ocurre esto, se turna a nuestra instancia y resolvemos, lo cual también lleva un procedimiento de ley que se ajusta a la Ley de Responsabilidades Administrativas (…) Pensaría que lo mismo está pasando en la parte penal y que está bajo control de la Fiscalía Anticorrupción”.

Para conocer si en el terreno penal existen resultados derivado del trabajo del SEA, se buscó al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marcos Even Torres Zamudio. Sin embargo, el funcionario, quien rindió protesta (en medio de reclamos) el año pasado para un ciclo de cinco años, no atendió la solicitud de entrevista.

Tampoco hubo respuesta de la contralora general del estado, Leslie Mónica Garibo Puga, a quien, en su calidad de representante del Gobierno del Estado en el Comité Coordinador, se le consultaría sobre la reducción presupuestal del 50 por ciento al SEA de Veracruz.

Vale la pena apuntar que el pasado 27 de febrero, el Congreso de Veracruz, dominado por la fracción legislativa de Morena, aprobó la reforma al Presupuesto de Egresos 2019 en el que se establece un monto de 20 millones de pesos para que el SEA opere en su segundo año, contrario a los 40 millones que se había estipulado en el proyecto presentado a finales de 2018.

Al respecto, Vázquez Jiménez lamentó la decisión del Poder Ejecutivo, la cual perjudica directamente la planeación del Sistema y obliga a recortar la plantilla del mismo, compuesta hasta marzo del 2019 por 70 personas.

“De octubre a diciembre de 2018 operamos con 9 millones de pesos. Con ese recurso montamos el SEA desde cero y proyectamos un plan de trabajo de manera que solicitamos la designación de 40 millones de pesos para este año. La Secretaría Ejecutiva deberá ajustarse”, explica quien era presidente del CPC.

Independencia cuestionada

Desde su origen e instalación, el SEA de Veracruz ha sido víctima de los intereses partidistas y de la necesidad del gobernador en turno de mantener su control político, lo cual ha quedado de manifiesto en la composición del Comité Coordinador y del propio Comité de Participación Ciudadana.

En el análisis de Víctor Manuel Andrade Guevara, exintegrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SEA e investigador especializado en cultura de la legalidad y rendición de cuentas por la Universidad Veracruzana, ambos comités carecen de autoridad moral, independencia y de personajes que estén identificados con la lucha ciudadana.

“Mientras en los principales órganos no tengamos personas que cumplan con las condiciones de independencia de los poderes públicos, de las elites y de los partidos, así como prestigio, trayectoria y reconocimiento en estas causas, no habrá un combate eficaz a la corrupción”, sostiene.

La visión del académico es secundada por el director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), Iván Gidi Blanchet, quien considera que la presencia de actores políticos en el SEA sólo contribuye a la simulación.

“Cuando los fiscales no son independientes, cuando quienes están al frente de esta política anticorrupción tienen una subordinación política, sucede que no actúan con imparcialidad y esto sólo es garantía de impunidad”, afirma el representante de la organización civil.

De los siete integrantes del Comité Coordinador, el máximo órgano del Sistema, tres de ellos llegaron a encabezar sus respectivas encomiendas gracias al cobijo de Javier Duarte; dos fueron colaboradores cercanos de Miguel Ángel Yunes y una, la actual contralora general Leslie Mónica Garibo Puga, es una pieza clave en el gobierno morenista de Cuitláhuac García.

En el caso del expresidente del Comité de Participación Ciudadana, Sergio Vázquez Jiménez, carga con serios señalamientos públicos por ser dueño de dos despachos de auditoría que fueron contratados por el gobierno estatal de Javier Duarte y el Ayuntamiento de Xalapa. [3]

La designación de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez como titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), uno de los entes que integran el Comité Coordinador, fue apoyada por Duarte de Ochoa y la fracción legislativa del PRI en septiembre de 2012. Antes de ocupar dicho cargo, Portilla Vásquez se desempeñaba como director de Control y Evaluación de la Contraloría General, cuyo entonces titular, Iván López Fernández, impulsó abiertamente.[4]

En tanto que la actual consejera presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García Álvarez, en marzo de 2014 recibió el visto bueno del Congreso del Estado, entonces dominado por el PRI y controlado por Duarte, para ser parte del organismo que promueve la transparencia y la rendición de cuentas. En aquel entonces, un grupo de diputados del PAN manifestó que, desde su posición como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, García Álvarez había sido la responsable de echar abajo la alianza PAN-PRD que se cocinaba para el proceso electoral local de 2013.[5]

Pese a ello, la titular del IVAI ha cuestionado en múltiples ocasiones el trabajo del entonces presidente del CPC, Sergio Vázquez y presionó para que se integrara un equipo dentro del SEA para establecer el plan de trabajo 2019 y adaptarlo a la partida presupuestal autorizada, pues insistió en que la falta del secretario técnico ha retrasado la operatividad del Sistema.[6]

El tercer integrante del Comité Coordinador ligado al priismo es Andrés Cruz Ibarra, magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz y representante del Consejo de la Judicatura, quien en 2007, cuando Veracruz era gobernado por Fidel Herrera Beltrán, es ascendido a magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Previamente, Cruz Ibarra se desempeñó en diferentes cargos de la administración pública priista.

Una vez que llegó al Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares también colonizó los espacios que estaban pendientes dentro del SEA: en diciembre de 2017, con el Congreso del Estado a su favor, logró que Pedro José María García Montañez, su secretario particular, fuera nombrado magistrado del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa (TEJAV). Actualmente García Montañez preside el Tribunal facultado en inhabilitar a los funcionarios corruptos.

Asimismo, en julio de 2018, Yunes Linares propuso al exvisitador general de la Fiscalía General del Estado, Marcos Even Torres Zamudio, como fiscal anticorrupción y la Legislatura avaló el nombramiento, que desde entonces ha sido cuestionado por el actual gobernador, Cuitláhuac García. El actual titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz goza de cercanía con el fiscal Jorge Winckler Ortiz, quien a su vez fue abogado de la familia Yunes. Apenas en noviembre de 2018, Torres Zamudio fue acusado de negociar la libertad de Arturo Bermúdez Zurita, exjefe policiaco en el gobierno de Duarte.[7]

El procedimiento legislativo para nombrar a Torres Zamudio fue duramente cuestionado por Jeremías Zúñiga Mezano, aspirante a ocupar la Fiscalía Anticorrupción y presidente en Veracruz de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, quien además fue uno de los 33 ciudadanos que promovieron amparos e impugnaron el nombramiento.

“De Marcos Even Torres no se puede esperar mucho porque obedece a compromisos políticos y de partido, con un claro conflicto de interés. Yo fui el único aspirante que tenía el verdadero respaldo ciudadano, no hubo piso parejo e imperó la fuerza de los diputados de la alianza PAN-PRD (…) La justicia resolvió que todos los actos del Congreso son soberanos y la decisión no nos favoreció”, señala Zúñiga Mezano.

Pugnas internas y pasados borrosos

En Veracruz, la intervención ciudadana dentro del SEA se ha visto mermada por los conflictos internos de la Comisión de Selección que se encargó de elegir a los integrantes del CPC y por las diferencias de quienes fueron nombrados.

En un primer momento, en junio del 2018, Víctor Manuel Andrade Guevara, designado por el Congreso del Estado como parte de la Comisión de Selección del CPC, decidió separarse del grupo de trabajo conformado para dicho propósito con el argumento de que no había criterios claros para decidir al respecto.

“Nunca se definieron los parámetros para seleccionar e integrar el Comité de Participación Ciudadana. Para mí había que valorar la trayectoria, el prestigio y el trabajo previo del aspirante, pero además su independencia. No fue así, tanto que estuvieron a punto de designar a una persona que había sido pareja de un miembro de la Comisión de Selección”, expone.

De acuerdo a Andrade Guevara, de la treintena de ciudadanos que se postularon, la mayoría habían sido funcionarios o colaboradores en la administración de Javier Duarte de Ochoa o Fidel Herrera Beltrán.

“El claro ejemplo lo tenemos con el presidente del Comité, Sergio Vázquez, un auditor que fue contratado por la Secretaría de Obras del gobierno duartista y el Ayuntamiento de Xalapa sin tener observaciones por parte del Orfis. Lo mismo pasa con el comisionado Emilio Cárdenas, que en 2014 también trabajó como director de Prensa en Comunicación Social del Gobierno del Estado y ha tenido otros encargos en el PRI, incluida la jefatura de prensa del Comité Directivo Estatal”, precisa.

En relación a los señalamientos que enfrenta Vázquez Jiménez, el pasado veintidós de agosto del 2018, el contralor interno de la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, Luis Guerrero García, presentó una denuncia en contra del presidente del CPC ante la Fiscalía Anticorrupción. El funcionario municipal acusa que la contratación del despacho contable propiedad del integrante del SEA estuvo plagada de irregularidades, además de que nunca entregó los resultados de la auditoría realizada a la CMAS de Xalapa.[8]

Tras el proceso de evaluación de postulaciones, la Comisión de Selección nombró a Sergio Vázquez Jiménez por un año; José Emilio Cárdenas Escobosa, por dos (acaba de asumir como presidente del CPC); Alma Delia Hernández Sánchez por tres; Jesús Antonio Muñoz de Cote Sampiery por cuatro y Mercedes Santoyo Domínguez por cinco. Los dos últimos, quienes estarían mayor tiempo dentro del CPC, renunciaron en diciembre de 2018 y febrero de 2019, respectivamente.

Antes de llegar al SEA, Alma Delia Hernández Sánchez se desempeñó en diferentes puestos de la Coordinación de Comunicación Social en las administraciones priistas de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, y recientemente en el Colegio de Veracruz.

Respecto a Jesús Muñoz de Cote, quien fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, su renuncia estuvo asociada a diferencias con miembros del propio CPC y con otros integrantes del Comité Coordinador.

“Hubo señalamientos mediáticos en un contexto donde se daba un proceso electoral que considero desviaron el rumbo del Comité de Participación Ciudadana, además también se dieron roces con integrantes del Comité Coordinador que no estaban de acuerdo con la posición ciudadana. Por eso tomé la decisión de hacerme a un lado y trabajar desde mi lugar como empresario”.

En cuanto a Mercedes Santoyo, su renuncia fue motivada porque se sumó al equipo de trabajo de la contralora general Leslie Garibo Puga. De esta forma, el CPC se redujo a tres integrantes y los comisionados faltantes deberán ser repuestos por la Comisión de Selección en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la fecha de cada renuncia.

Previo a la ruptura dentro del CPC, en octubre de 2018 también renunció Martín Quitano Martínez, nombrado como titular de la Secretaría Ejecutiva del SEA, que procedía de la dirección de la Editora de Gobierno, en la administración de Miguel Ángel Yunes. De forma interina, el Órgano de Gobierno del SEA nombró a Guadalupe Noé Hernández Martínez.[9]

Sin embargo, despachó dos meses como secretaria técnica interina de la Secretaría Ejecutiva, Marisol de la Merced Jiménez, a raíz de la renuncia intempestiva de Hernández Martínez, tras una discusión pública con Sergio Vázquez Jiménez en la que intercambiaron acusaciones de corrupción. El pasado 28 de mayo Carlos Quiroz Sánchez recibió el nombramiento oficial, tras haber sido publicada su designación en la Gaceta Oficial del Estado.

En sesión ordinaria del CPC, el martes 9 de abril, Hernández acusó a Vázquez de uso discrecional del presupuesto del SEA y de contratar a personal allegado a sus negocios personales y que no cumplían con los perfiles requeridos.

En respuesta, Sergio Vázquez expuso en la reunión que Guadalupe Noé Hernández no había sido transparente en procesos de licitación para la compra de bienes y contratación de servicios, por lo que solicitaba fuera investigado.

“Él sostiene que yo impuse personal y que tengo el control del SEA, pero es falso porque legalmente yo no tengo ningún tipo de atribución para el manejo del dinero o la contratación de personal, eso lo ve directamente la Secretaría Ejecutiva. Yo lo invité a que si tenía elementos, que me denunciara. En mi caso yo sí lo señalé porque tengo información de que hubo partidas para la licitación de bienes que no se ejecutaron, lo hice saber al Órgano de Gobierno y ya lo puse de conocimiento de la Contraloría y del Orfis”, dijo el presidente del CPC.

Cabe recordar que el director de ONEA, Iván Gidi, contendió para ser secretario técnico del Sistema, pero no fue favorecido por los integrantes del Comité Coordinador.

“Mi postulación se vio afectada porque en ONEA fuimos muy críticos del gobierno de Miguel Ángel Yunes, por eso se decantaron por Martín Quitano. En el caso de nuestra organización, tampoco tuvimos ninguna injerencia para la integración del Comité de Participación Ciudadano o en la selección del personal de la Secretaría Ejecutiva, seguiremos la lucha por nuestra cuenta”, dice Gidi Blanchet.

Mientras todo esto pasaba, el SEA ya fue alcanzado por el recorte presupuestal y cumplidos los primeros cinco meses del 2019 no han podido reajustar la operatividad del organismo: el expresidente del CPC, Sergio Vázquez, confirmó que aún no está definido el plan de trabajo de este año y vislumbró una reducción en la plantilla laboral.

“En su momento le pedimos al secretario Noé Hernández que presentara un plan de medidas de contención del gasto y nunca se dio. Tampoco ha habido disposición de los entes que componen el Órgano de Gobierno para sentarse a analizar las medidas que debemos tomar para ajustarnos al presupuesto de 20 millones de pesos y apenas estamos en ese proceso”.

Las pugnas políticas durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes enturbiaron la rendición de cuentas en Veracruz. Facebook Oficial: Miguel Ángel Yunes Linares.

Disyuntiva entre reconciliación e impunidad

Si bien hay confianza en la disposición y las buenas intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en el caso de Veracruz, del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el director de ONEA, Ivan Gidi, y el investigador de la UV, Víctor Manuel Andrade, coinciden en que el combate a la corrupción debe ser integral y considerar los casos registrados en el pasado inmediato.

“Hay un problema de enfoque en la política anticorrupción del gobierno federal y que están replicando los estados, que es más importante el perdón y la reconciliación, pero me parece que eso no funciona. La ley debe aplicarse y acabarse con la impunidad, si no se sanciona, el ciclo continúa.  Tiene que haber denuncias y sanciones, tienen que llegar a instancias del TEJAV o de la Fiscalía, de lo contrario no habrá motivos que ayuden a prevenir estos actos”, manifiesta Andrade.

Sobre el plazo en el que pueden verse resultados del SEA, Gidi Blanchet considera que a mediados de 2019 se debe informar a la ciudadanía, involucrarla directamente y establecer un mecanismo preventivo efectivo que inhiba los actos de corrupción.

“Desde ONEA vemos el Sistema con desconfianza, a pesar de ello queremos sumar esfuerzos y que se mantenga el espíritu ciudadano, que sea la voz que dé legitimidad y la que exija transparencia, acabar con la impunidad y entregar resultados lo más pronto posible”, refiere el directivo de la organización.

Este reportaje fue publicado el 2 de julio de 2019.

[1]https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/SistemaAlertas/2018/4T/VERACRUZ_2018_4T_IE.pdf

[2]https://lasillarota.com/estados/nepotismo-y-trafico-de-influencias-en-gobierno-de-cuitlahuac-veracruz/275359

[3]http://www.e-veracruz.mx/nota/2018-11-20/estado/representante-del-sistema-anticorrupcion-aprobo-cuentas-de-duarte

http://www.e-veracruz.mx/nota/2018-11-26/estado/acusan-sergio-vazquez-de-tener-despachos-fantasma

[4]https://www.alcalorpolitico.com/informacion/comision-de-vigilancia-modifico-el-calendario-de-entrevistas-a-candidatos-al-orfis-100062.html#.XKrJHphKiM8

[5]https://veracruz.quadratin.com.mx/Eligen-a-Yolli-Garcia-Alvarez-como-nueva-consejera-del-IVAI/

[6]https://www.alcalorpolitico.com/informacion/retraso-en-nombramiento-del-secretario-ejecutivo-del-sea-afecta-redistribucion-del-presupuesto-286585.html#.XL-0x-hKiM8

[7]https://aristeguinoticias.com/0811/mexico/revela-audio-negociacion-de-yunes-y-fiscales-de-veracruz-con-defensa-de-arturo-bermudez/

[8]http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190603_073623_995

[9]https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cambios-en-secretario-ejecutivo-de-sistema-anticorrupcion-tras-renuncia-de-integrante-273375.html#.XKsXkphKiM8

SP

“Patadas bajo la mesa” impiden consolidación del mecanismo anticorrupción de SLP

Impugnaciones, amparos y acusaciones entre integrantes del Comité de Participación Ciudadana han impedido conformar la Secretaría Ejecutiva y asignar recursos al sistema; el gobierno local se “lava las manos”, pues ya tiene a su propio “fiscal carnal”. Entre tanto, los funcionarios no tienen obligación de presentar su #3de3.

Por: Alejandro Torres

Ya pasaron dos años desde la entrada en vigor y San Luis Potosí no ha logrado implementar al 100 por ciento su Sistema Estatal Anticorrupción. Una “guerra” de amparos en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) ha sido el motivo del retraso en la aplicación de este sistema que, desde 2017, busca hacer más eficiente la lucha contra la corrupción en el estado.

La lucha contra la corrupción está en pausa. La que se puso en marcha fue una batalla entre los ciudadanos que integran el CPC, pues cada vez que se reúnen intercambian acusaciones y manotean, con el fin de quedarse con la presidencia de este organismo, a pesar de que aún no tiene presupuesto. Una condición es que se pongan de acuerdo, junto con el Comité Coordinador, para nombrar secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, una de las razones de su pelea.

El gobierno, señalado en diversas versiones por bloquear estos esfuerzos, esgrime precisamente la falta de este nombramiento como pretexto para negar los recursos, a pesar de que es señalado por no poner nada de su parte cuando le toca. Para muestra: el Periódico Oficial del estado tardó ocho meses en publicar la toma de protesta de los miembros del CPC. Y, cuando lo hizo, una de sus integrantes ya había muerto.

En San Luis Potosí, de cada 10 personas que tuvieron al menos un contacto con algún servidor público, tres vivieron una experiencia de corrupción, durante 2017. Asimismo, en cuanto a la percepción de corrupción, nueve de cada 10 piensan que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en la entidad.

Estas cifras vuelven urgente la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el cual, tras casi dos años de su entrada en vigor (25 de mayo de 2017), se encuentra estancado, debido a la falta de nombramientos clave.

El contralor estatal, José Gabriel Rosillo, ha sido señalado por frenar la implementación del SEA. Facebook Oficial: José Gabriel Rosillo Iglesias.

Se ponen de acuerdo… para faltar a sesiones

San Luis Potosí, de acuerdo a datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), es una de las seis entidades de la República que no han conformado la Secretaría Ejecutiva, en esta lista lo acompañan: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Guerrero acaba de llenar la plaza, pero sin presupuesto definido.

El integrante numerario del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA, José Ismael Leyva Nava, dice que ya se ha intentado llevar a cabo dos sesiones del Comité Coordinador del sistema, con el fin de nombrar al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, no obstante, los titulares de los entes públicos que conforman este comité se pusieron de acuerdo para no asistir a la primera sesión y, de esa forma, no lograr el quórum legal.

José de Jesús Sierra Acuña, también integrante numerario del CPC, asegura que ya se tiene elegida una terna de candidatos para encabezar la Secretaría Ejecutiva: Luis Fernando Díaz Beltrán (Rioverde), Margarita Vite Gómez (Matehuala) y Luis Rodríguez González (SLP); sin embargo, acusó al contralor del estado, José Gabriel Rosillo Iglesias, de bloquear el avance de la implementación del SEA, debido a que no han logrado incluir a allegados del gobierno estatal dentro del CPC.

El contralor general local, Gabriel Rosillo Iglesias, negó que esté buscando bloquear el sistema e incluso dijo que él ha estado presente en todas las sesiones del Comité Coordinador; el problema también recae en desacuerdos entre los propios miembros del CPC, quienes mantienen pugnas por nombrar al presidente de este comité y hasta el momento no se ha notificado de manera oficial quién lo preside.

La última sesión del Comité Coordinador, en la que se pretendía nombrar al secretario técnico del Secretariado Ejecutivo, se efectuó el pasado 4 de diciembre de 2018, pero algo frustró el avance: a dicha reunión arribaron dos miembros supernumerarios y un numerario del CPC, que impidieron que se llevara a cabo la sesión, bajo el argumento de que uno de los manifestantes, Miguel Enrique López Ávalos, no ha sido reconocido como presidente del CPC, luego de que el anterior presidente, Carlos Raúl Espinosa Rincón, pidiera licencia a su cargo. De acuerdo con reportes de prensa, en esta reunión llovieron los epítetos y estuvieron a punto de irse a los golpes.

La solicitud de licencia de Carlos Raúl Espinosa se efectuó el pasado mes de febrero, luego de múltiples presiones ciudadanas, debido a que ocupa el cargo de regidor en el Ayuntamiento de Rioverde desde el año pasado; sin importar lo anterior, miembros del CPC eligieron a Efraín Arriola Ortiz como representante el Comité Coordinador, pese a que la suplencia de Espinosa debió haber sido cubierta por el primer supernumerario: Miguel Enrique López.

Amparos frenan sistema

Michel Hernández Piña, vocero de la organización civil Cambio por San Luis, informa que actualmente existen dos juicios de amparo debido a irregularidades en la conformación del CPC, uno de ellos promovido por el propio Miguel Enrique López, mientras que el segundo señala incumplimiento en la paridad de género, dado que sólo una mujer, Laura Moreno Martínez, conformaba el comité; los otros cuatro integrantes eran varones. Ahora los cinco son hombres.

Estos amparos también señalan que se incumplió la disposición legal de que los miembros del CPC deben tener al menos tres años sin estar ligados a puestos públicos, dado que Carlos Raúl Espinosa, antes de ser nombrado, era director del ISSSTE en Rioverde, mientras que José de Jesús Sierra Acuña fue secretario general del Ayuntamiento de Aquismón. El nombramiento de Laura Moreno, a su vez, fue impugnado, mediante un recurso de amparo, por parte del resto de los integrantes del CPC.

La anterior presidenta del CPC, Mónica Llunaja Torres Palacios, también ha señalado que la conformación del Comité Coordinador, instalado el 28 de agosto del año pasado, carece de legalidad, toda vez que en esa ocasión ella convocó a la reunión para la instalación, pero antes de iniciar la sesión le fue notificado que el resto de los integrantes del CPC habían nombrado a Efraín Arriola como presidente, mismo que tomó el control de la sesión e instaló el Comité Coordinador, pese a que la Comisión de Selección había nombrado a Mónica como presidenta.

Michel Hernández agregó que esta serie de irregularidades se debe a que un grupo de integrantes del mismo está buscando conservar el “poder” y viendo al comité como un “negocio”, usando sus posiciones para obtener poder político frente al gobierno del estado.

El gobernador priísta Juan Manuel Carreras López (2015-2021) hizo un llamado a los miembros del CPC a “lograr acuerdos”, con el fin de que ya pueda terminar de conformarse este Sistema Anticorrupción, y dijo que el Poder Ejecutivo ya cumplió con su tarea de enviar las iniciativas correspondientes al Congreso local para la conformación del mismo, sin embargo, el freno ha estado en el comité ciudadano.

Uno de los entes de vital importancia dentro del Comité Coordinador del SEA, el fiscal anticorrupción, sería justamente un as bajo la manga del gobernador, pues durará en el cargo hasta 2025. El nombramiento de Jorge Alejandro Vera Noyola fue criticado por varios sectores de la sociedad, por ser considerado un personaje cercano al mandatario, que dejará en dos años su cargo, dado que Vera fungió como subsecretario de enlace interinstitucional de Gobierno del Estado en el periodo del 1 de junio al 28 de diciembre de 2017, fecha en que se separó del cargo, a petición del propio gobernador, quien lo propuso en la terna que envió al Congreso del Estado para ocupar este cargo.

No hay presupuesto

El vocero de la Comisión de Selección, Jaime Cantú Sánchez, dijo que esta serie de desacuerdos se han debido a que el CPC no cuenta con recursos para contratar asesoría legal.

El Presupuesto de Egresos 2019 no contempló recursos para el SEA, lo cual, a decir de Gabriel Rosillo, contralor general, se debe a que el único ente que puede recibir presupuesto, de acuerdo a la ley, es la Secretaría Ejecutiva, misma que no ha sido conformada por discordancias entre miembros del CPC, por lo que, una vez que se nombre al secretario técnico, podrían hacerse adecuaciones presupuestales para asignarle recurso a esta instancia.

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, a diferencia de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, contempla que los puestos del CPC son honoríficos, es decir, quienes integran este comité no reciben un salario ni presupuesto. Ismael Leyva dijo que esta falta de recursos dificulta los traslados que tienen que hacer los miembros del CPC, cuatro de los cuales no viven en la capital potosina y tienen que pagar pasajes de su propio bolsillo; “la ley estatal la hicieron con la intención de tener funcionarios de medio tiempo”, mencionó.

Esta falta de recursos, provocada también por la inexistencia de una Secretaría Ejecutiva, ha incidido en que el CPC no cuente con una página oficial de internet, únicamente tiene un perfil de Facebook, cuya última publicación se realizó el 20 de octubre de 2018 y que es utilizada para promocionar congresos y anunciar un teléfono para que los ciudadanos presenten denuncias de corrupción.

También frenan las #3de3

La no conformación al 100 por ciento del SEA también ha provocado que aún no se obligue a los funcionarios potosinos a hacer públicas sus declaraciones #3de3. Paulina Sánchez Pérez del Pozo, presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), dijo que no se han aprobado los lineamientos y bases para la emisión de declaraciones de conflicto de intereses de los funcionarios y actualmente sólo algunos han hecho públicas sus declaraciones, pero con formatos que no están aprobados, razón por la cual la CEGAIP aún no puede sancionar a quienes no publiquen sus declaraciones.

El CPC tampoco ha conformado los 58 comités municipales de participación ciudadana, contemplados dentro de la ley; mientras que en materia legislativa el sistema está completo, tras la publicación de la reforma constitucional y ocho leyes secundarias, la última de las cuales fue la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, publicada el 20 de agosto de 2018.

El ordenamiento estatal presenta diferencias respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Una de estas diferencias es que los municipios no son considerados integrantes del sistema. El Comité de Selección, que a nivel nacional se conforma por nueve integrantes, en San Luis Potosí sólo lo integran cinco personas, que se desempeñarán en el cargo por seis años y no por tres, como es el caso federal.

Se añaden dos facultades al CPC, como constituir comités municipales de participación ciudadana y aprobar o modificar la estructura y organización de la Secretaría Técnica. En la legislación potosina tampoco se pone como requisito para ser designado titular de la Secretaría Técnica tener un título de licenciatura, con experiencia mínima de diez años, pero no especifica la experiencia profesional.

Los desacuerdos entre miembros del CPC han sido el principal freno del sistema en San Luis Potosí, al grado de que ha habido seis diferentes que han aspirado o sido presidentes de este comité y actualmente aún hay impugnaciones que impiden su conformación oficial, razón por la cual el resto de los integrantes del Comité Coordinador han enviado una carta para que les den a conocer quién es el presidente del CPC y, de esta forma, pueda continuarse con el nombramiento del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva y con la conformación general del sistema.

Este reportaje fue publicado el 26 de junio de 2019.

TC

Tabasco batea de foul en el combate a la corrupción

En la tierra del presidente, la llegada de la ola morenista obliga a replantear metas y planes, pues los integrantes ciudadanos del sistema anticorrupción pegan pocos jonrones. ¿Qué viene ahora? El SEA deberá arreglárselas con menos presupuesto y una sociedad irritada por los altos sueldos de los funcionarios.

Por: Alexis Pérez

A casi dos años de su creación y uno de su conformación, el Sistema Estatal Anticorrupción de Tabasco (SEA) enfrentó la renuncia del secretario técnico y dos de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), en medio de cuestionamientos por altos salarios, al tiempo que la sociedad civil acusa que no se han investigado casos de corrupción por falta de voluntad política.

El sistema encargado de prevenir, investigar y sancionar posibles hechos de corrupción en la entidad fue creado en 2017, dos años después de que entrara en vigor la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El exgobernador Arturo Núñez autorizó un préstamos de 30 millones de pesos a la Unión Ganadera Regional de Tabasco y luego condonó la deuda. Facebook Oficial: Gobierno Del Estado De Tabasco.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, en Tabasco, una de cada cuatro personas que realizaron un trámite gubernamental fue víctima de un acto de corrupción durante 2017.

Estos ocurrieron principalmente en los trámites relacionados con el sector de seguridad pública, los gestionados ante el ministerio público y en los relacionados con la apertura de empresas.

Tan solo un año después, la Secretaría de Contraloría, hoy Función Pública, presumió a nivel nacional que Tabasco era una de las entonces 13 entidades que cumplía con todas las leyes para combatir la corrupción, acordes con el SNA (reforma constitucional y ocho leyes secundarias), además de contar con un Comité de Selección, el de Participación Ciudadana (CPC), instalar su Comité Coordinador, y llevar a cabo el nombramiento de su secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, vital para el manejo de recursos y el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de este último Comité.

Desde su nacimiento, organizaciones civiles del estado cuestionaron las designaciones de quienes formarían el Comité de Participación Ciudadana, por tratarse de exfuncionarios y exdiputados, muchos de ellos con antecedentes partidistas.

De acuerdo con Sergio Antonio Reyes, presidente del Colegio de Abogados Tabasqueños, los nombramientos de Felicitas del Carmen Suárez Castro, José Neftalí Frías Díaz, Laura del Carmen Álvarez Larios, José Luis Mora Flores y Rafael Escalante López, se dieron a pesar de tener fuertes vínculos con pasadas administraciones estatales o municipales.

A José Luis Mora Flores, quien fue el primer presidente del CPC, se le relacionó con una posible triangulación de 55 millones de pesos del Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo de las Empresas de Tabasco (FIDDET) al Instituto de Contadores Públicos de Tabasco del cual fue vicepresidente fiscal; hecho que negó tras ser electo por el Comité de Selección.

En el caso de Rafael Escalante López, años antes de ser designado miembro del CPC, ocupó la Dirección de Programación del Consejo Municipal de Centro. Laura del Carmen Álvarez Larios se desempeñó como directora de Fomento Económico y Turismo en Villahermosa.

Por su parte, Felicitas Suárez Castro fue presidenta del Instituto de Transparencia del estado, además de ocupar una plaza como magistrada del Tribunal Superior de Justicia. En tanto que José Neftalí Frías Díaz aspiró en 2016 a la candidatura para la alcaldía de Nacajuca, municipio que ya había gobernado entre 1981 y 1982 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

José Alberto Pinzón, quien llegó en relevo de José Luis Mora Flores, fue designado a finales de 2018. Varios años atrás, en 2009, ocupó una diputación por el Partido de la Revolución Democrática.

A varios meses de la renuncia de Suárez Castro y Escalante López, el pasado 6 de mayo se nombraron a Fernando Vázquez Rosas y a Mileyli María Wilson como reemplazos.

El primero de ellos ocupó dos cargos en el sexenio de Arturo Núñez; primero como vocero especializado en Seguridad Pública y en la recta final de la administración, la titularidad de la Comisión de Radio y Televisión del estado.

En tanto, Wilson Arias fue secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y asesora del ex fiscal del estado, Fernando Valenzuela Pernas, cuando fue diputado local.

Ajustes tras sueldazos

A la crítica por los perfiles se les sumó la asignación de salarios superiores a los 95 mil pesos brutos mensuales para los integrantes del CPC y 98 mil pesos brutos mensuales para el secretario técnico, lo cual generó críticas de la opinión pública en la tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho de la austeridad su bandera.

Lo anterior originó una serie de desacreditaciones públicas, incluida la del gobernador del estado, Adán López Hernández (rindió protesta el 31 de diciembre del año pasado, como abanderado de Morena), quien cuestionó que algunos de los integrantes del SEA cobraran casi 100 mil pesos mensuales, por lo que anunció una reducción de al menos 10 millones de pesos para la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio 2019.

Cabe precisar que para el presente año, el presupuesto aprobado fue de 22 millones 126 mil 498 pesos para el Sistema, en tanto que para 2018 fue de 25 millones de pesos.

Tras las críticas, el 20 de febrero los medios locales trascendieron la renuncia del secretario técnico Víctor Ernesto López Aguilera y de dos integrantes del CPC, Felícitas Suárez Castro y Rafael Escalante López. Actualmente Elidé Moreno Cáliz está al frente de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva.

Ante esto, fue el propio gobernador, con apenas cuatro meses y medio en el poder, quien confirmó al día siguiente la salida de los tres integrantes del Sistema y que todos habían argumentado motivos personales. Sin embargo, medios locales reportaron que se trató de una especie de “purga” que coincidió con el inicio de funciones del mandatario morenista, Adán López Hernández.

Cuestionados sobre su percepción salarial, integrantes del CPC reconocieron que se ajustaron el salario, para erradicar la imagen que la ciudadanía tiene sobre ellos.

El presidente del CPC mantiene un sueldo de 100 mil pesos brutos mensuales, mientras que sus compañeros se “ajustaron” el salario a 86 mil pesos brutos mensuales, de acuerdo con las actas de sesiones disponibles en el sitio web del Sistema.

También advirtieron que, ante el recorte presupuestal, algunas propuestas de combate a la corrupción surgidas desde este órgano podrían quedarse como ideas y no concretarse.

Actualmente, todos los integrantes del CPC utilizan las oficinas que renta la Secretaría Ejecutiva, quien también les facilita el mobiliario, papelería e insumos.

Defensora del sistema

La recién nombrada secretaria técnica, Elidé Moreno Cáliz (quien anteriormente estuvo en el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ITAIP), coincide en que se requiere un mayor presupuesto para cumplir con las exigencias de la ciudadanía.

“Tenemos proyectado salir con todas nuestras actividades con el presupuesto aprobado (alrededor de 22 millones), sin embargo, la plataforma digital requiere de un sistema tecnológico que garantice acceder a la información del SEA, y todo eso cuesta; se requieren especialistas, equipo, licencias, lo que se nos demanda también cuesta, si tuviéramos más podríamos hacer más cosas”.

La funcionaria defiende la labor del SEA y rechaza que no haya resultados a tres años de su creación, como se ha criticado. “Tuvimos algunas recomendaciones encaminadas a fortalecer procesos de adquisición y de participación en la observación al recurso público. Esas han sido las principales aportaciones. Lo que hace falta es difundir lo que hemos hecho y también interés por parte de la ciudadanía”, agrega.

Actualmente, los integrantes del CPC reconocen que el desempeño ha sido bajo y desconocen si existen denuncias por posibles actos de corrupción.

Argumentaron que los demás miembros del Comité Coordinador (CC) no les informan sobre las denuncias presentadas, el número de expedientes abiertos e investigaciones de oficio, al no existir un mecanismo interno para dar seguimiento.

Muchos foros y pocas denuncias

Con la llegada del nuevo gobierno y la legislatura local, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Estatal Anticorrupción, todos pertenecientes al CC, cambiaron de titulares, lo que ha retrasado el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas al combate a la corrupción.

Elías Arzubide Dagdug llegó el 31 de diciembre a la Fiscalía Anticorrupción en relevo de Luz del Alba Pardo Cruz (también exfiscal del caso Andrés Granier), por nombramiento directo del encargado de despacho, días antes de que Jaime Humberto Lastra Bastar fuera designado por el Congreso local como fiscal general del estado. El nuevo fiscal anticorrupción deberá borrar dudas que dejó su antecesora, porque el gasto de la oficina a su cargo no produjo suficientes carpetas de investigación.

Con la llegada del nuevo gobernador López Hernández, éste nombró a su secretario de la Función Pública, Jaime Antonio Farías Mora. Según lo reportado por algunos medios, este nuevo secretario ha comenzado la auditoría de ocho dependencias de gobierno, por las denuncias que hicieron funcionarios de esta administración en contra de autoridades salientes de la administración del ex gobernador Arturo Núñez Jiménez.

Para Julia Arrivillaga, del Observatorio Ciudadano de Tabasco, los escándalos y cuestionamientos al SEA han retrasado su consolidación.

“Se desconoce qué labores realizaron, únicamente se informó sobre foros y mesas para dar a conocer el funcionamiento del SEA, su vinculación con organizaciones de la sociedad civil no fue la adecuada y los integrantes han sido señalados por autoasignarse salarios onerosos sin justificación alguna”, acotó.

Al respecto, el actual fiscal anticorrupción coincide en que hasta el momento el SEA es visto como un ente alejado de la sociedad, cuya creación no ha dado los resultados exigidos por la ciudadanía.

“Hace falta crear un mecanismo de denuncia que esté al alcance de la ciudadanía, un mecanismo que permita detectar a tiempo los hechos de corrupción, investigarlos y sancionarlos para hacer más eficaz y eficiente al SEA”, expone Elías Arzubide Dagdug, quien empieza su misión a la par del gobernador y el fiscal general.

Otro de los retos, dice, es que los servidores deban firmar un código de ética con el que todos se comprometan a conducirse con honestidad en el desempeño de sus funciones.

“Debe existir un monitoreo permanente para todos los servidores y un código de ética, lo más importante es dar resultados en materia anticorrupción”, afirma.

El excomisionado del organismo garante de la transparencia del estado, José Antonio Bojórquez, quien llegó a su cargo en el sexenio de Andrés Granier y concluyó su gestión en la administración de Arturo Núñez, manifiesta que el SEA se encuentra paralizado, sin coordinación para desplegar las funciones que les establece la ley, por lo que es necesario una reforma.

“El marco jurídico del SEA requiere una reingeniería normativa, la naturaleza del SEA era dotar a los ciudadanos en una lucha contra la corrupción; al no tener mecanismos para presentar denuncias y que formen parte de la investigación aquellas personas que señalen un hecho de corrupción, le resta poder a los ciudadanos, dejar de involucrarlos significa fortalecer el monopolio público en el combate a la corrupción”.

El abogado detalló que otra de las problemáticas es que en el SEA hay demasiados integrantes para la toma de decisiones.

“El problema nativo de los SEA es el diseño normativo, pareciera que la ingeniería regulatoria fue hecha con el propósito de garantizar la ineficacia del SEA. No funcionan los consejos tan grandes para la toma de decisiones, reúnen a muchas personas ocupadas en tantos temas que es difícil hacer coincidir las agendas”, remata.

La sociedad civil ha presentado denuncias sobre posibles hechos de corrupción en el manejo de los recursos del Seguro Popular, en la triangulación de fondos del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET) y por la condonación de un préstamo que el gobierno del estado hizo a la Unión Ganadera Regional de Tabasco, mismas a las que no pueden dar seguimiento los quejosos ante la falta de mecanismos del SEA y la falta de voluntad política de las autoridades, según organizaciones civiles.

Piden autoridades independientes

En agosto del 2013, el entonces gobernador Arturo Núñez Jiménez otorgó, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Sedafop), un préstamo de 30 millones de pesos a la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGRT).

Pese a existir un pagaré firmado con un interés del 5 por ciento mensual después de los 90 días de plazo para saldar la deuda, y tras siete prórrogas, el 6 de julio del 2018 la administración estatal condonó la deuda.

Para el abogado Sergio Antonio Reyes se trató de un hecho concreto de corrupción, en el que autoridades de la Sedafop incurrieron en faltas administrativas graves, pues no solo no se cumplieron los objetivos de dicho préstamo, “reactivar las funciones de la UGRT”, sino que el recurso se habría catalogado como fondo perdido.

El litigante considera que el SEA debió actuar de oficio, pues a seis años del préstamo, no hay responsables ni sanciones administrativas.

“El préstamo fue cargado a un fondo irrecuperable, dejaron que pasaran los 90 días y tras múltiples prórrogas deciden condonarlo. El SEA debió actuar de oficio e integrar una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, ya que, por tratarse de recurso público, el dinero debe ser recuperado”, explica.

Por su parte, la magistrada especializada en responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, Guadalupe del Consuelo Zurita Mezquita, reconoce que desde su integración al SEA en agosto de 2017, no han emitido sanciones contra servidores públicos o particulares.

Los únicos dos expedientes que han recibido por faltas administrativas graves no llegaron al pleno por “vicios” en las carpetas de investigación integradas desde los órganos internos de control de las dependencias.

“Las autoridades investigadoras y las instancias substanciadoras deben ser independientes, no pueden ser la misma, es un vicio de forma, no tiene que ver con el fondo, en cuanto a si se cometió o no la falta, porque no se llega hasta esa instancia, por los vicios formales, ambos [expedientes] se regresaron a las instancias substanciadoras”, informó.

Lo anterior sugiere algún tipo de intencionalidad de parte de los órganos internos de control, dependientes de la Secretaría de la Función Pública, por no permitir que los casos denunciados por la comisión de presuntas faltas administrativas graves lleguen al Tribunal de Justicia Administrativa, para su análisis y resolución.

Zurita Mezquita asegura que se deben priorizar las tareas de prevención sobre conductas que pudieran propiciar que se inicien procesos de responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos.

Limpiar imagen, prioridad del SEA

A casi dos años de su conformación, el SEA en Tabasco se encuentra incompleto o en “proceso de reestructuración”, como prefieren llamarle sus integrantes.

Algunos de los miembros coinciden en que la principal virtud es poder dar resultados, aplicar sanciones y acompañamiento a las denuncias presentadas por la sociedad civil.

Los involucrados refieren que el presupuesto de 22 millones de pesos aprobado para el año en curso no es una limitante para realizar acciones que permitan limpiar la imagen que el SEA se ha ganado desde el año 2017, un sistema local envuelto en escándalos debido a los perfiles de sus autoridades, la cercanía de éstas con el grupo gobernante en turno, sus altos salarios, la presión mediática y política sobre algunos de sus representantes, las renuncias de éstos, la falta de mecanismos eficientes para la presentación y atención de denuncias, y la parálisis política para investigar presuntos casos de corrupción.

Este reportaje fue publicado el 26 de junio de 2019.

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Facebook Oficial: Congreso del Estado de Quintana Roo.

Al Sistema Anticorrupción de Quintana Roo le hacen falta victorias

Después de la sacudida borgista, el SEA se la pasa tocando el balón sin disparar a gol. De acuerdo con sus más críticos, destacan simulaciones, opacidad y complicidades en un esquema en el que los salarios del Comité de Participación Ciudadana consumen la mitad de su presupuesto, al tiempo que la ciudadanía desconoce la existencia del mecanismo.

Por: Adriana Varillas

A casi dos años de haberse creado el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Quintana Roo, que completó su estructura operativa en agosto de 2018, sus avances lucen lentos. Aún no registra resultados o acciones contundentes y su trabajo es inexistente para el común de la población, familiarizada con la corrupción, pero distanciada de este nuevo modelo legal de coordinación entre autoridades y ciudadanos para combatir la impunidad, fomentar la transparencia e inhibir la deshonestidad.

“Al Sistema le hace falta una victoria concreta, visible. No necesariamente que alguien vaya a la cárcel, pero sí un éxito pronto, concreto, resultado del trabajo del Sistema”, afirma el presidente de la Coparmex Cancún, Adrián López, ratificado en el cargo el 30 de marzo pasado.

Por separado, Cynthia Dehesa, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), coincide en que “la alternancia no rompió las estructuras de corrupción; ahí es donde el Sistema debe impactar”, mientras que Celina Izquierdo, vocera de la Comisión de Selección (CS), agrega que “la gente no sabe qué esperar del Sistema, lo cual es muy peligroso”.

Eduardo Galaviz, del Observatorio Legislativo, manifiesta que la sociedad no tiene información sobre el SEA, cómo está integrado y su funcionamiento, no porque no existan los datos, sino porque “lo que no hay es difusión”.

La ausencia de resultados tangibles y de apropiación del Sistema Anticorrupción por parte de la ciudadanía, sumado al cambio de gobierno federal, lo hacen peligrar en el futuro inmediato, coinciden quienes conocen desde dentro el aparato que intenta combatir la corrupción en el estado.

Antonio León Ruíz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, advierte poca claridad en el discurso del presidente, Andrés Manuel López Obrador:

“Esperemos que la visión nacional no vaya a ir desmantelando el Sistema. Al presidente no le gustan los temas de la sociedad civil, la transparencia. Hay un riesgo latente de que todo lo construido en los últimos 19 años pase por una ruta crítica, donde se inhiba la actuación de la sociedad civil”.

El presidente de la Gran Comisión en el Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila (PAN), coincide con el magistrado: “El riesgo principal que enfrenta la transparencia, es que se le considere un asunto ‘fifí’; porque parece que es un tema de algunos pocos; de ciudadanos que no tienen nada que hacer mas que generar solicitudes de información. Se tiene que democratizar”.

La fundadora de la organización “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, Fabiola Cortés Miranda, se asume pesimista.

“Veo un negro panorama, que inicia con las descalificaciones a una institución como lo es el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que me parece muy grave como usuaria de esa herramienta que es tan útil para combatir la corrupción.

“No creo que existan reformas para darle empuje al Sistema. Es algo que no le convence, porque está consciente que no le conviene y, por el contrario, le afecta. Van a tratar de relegar el tema y sus incipientes avances”, subraya.

Sobre el tema, el titular de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), Rafael del Pozo Dergal, urge a la ciudadanía a no perder los espacios ganados hasta ahora e insta a involucrarse más en la vigilancia del Sistema, con mayor exigencia, constancia y compromiso.

El funcionario menciona que después del clamor social por acabar con la corrupción y los excesos que caracterizaron al gobierno del entonces mandatario y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Borge (2011-2016), sobrevino un agotamiento en la sociedad civil. “Hoy se siente un letargo y ese clamor se volvió un susurro”.

En 2016, la ciudadanía quintanarroense votó en contra de Borge y se decantó por Carlos Joaquín González, quien había roto con el PRI para insertarse en la contienda como abanderado por la coalición PAN-PRD, con el eslogan del “cambio” y la promesa de no dejar impunes los actos u omisiones del borgismo.

En 2017, nueve de cada 10 quintanarroenses de 18 años o más, consideraron que los actos de corrupción son comunes en su estado, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que coloca a la entidad casi al fondo, en el lugar 24 a nivel nacional.

También reporta que, de cada cinco personas que tuvieron contacto con algún servidor público, una vivió una experiencia de corrupción.

Avances: armonización legislativa y… nada más

Los logros del Sistema se limitan a la creación de su ley marco -lo que incluye la armonización de siete leyes reglamentarias aprobadas el 14 de julio de 2017- así como a la designación de sus integrantes ciudadanos dentro de la Comisión de Selección (CS), del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del titular de la Secretaría Ejecutiva (SE), proceso que inició el 17 de octubre de ese año y culminó el 28 de agosto de 2018, con el nombramiento de Luis Eduardo Ánica Rodríguez como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva.

Esas designaciones, además de ser fruto de convocatorias abiertas dentro de los procedimientos que establece la Ley, estuvieron a cargo de las y los ciudadanos, aunque fueron aprobadas por el Congreso, indican Martínez Arcila e Izquierdo Sánchez.

Sin embargo, las designaciones de la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, del Auditor Superior del Estado, del presidente del Tribunal Superior de Justicia y de los cinco magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) -que nació con el Sistema- no emanaron de procesos netamente abiertos y fueron objeto de señalamientos.

La tardanza con que fue nombrado el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva –en agosto de 2018– propició que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), retuviera los seis millones de pesos que se autorizaron para el presupuesto del Sistema, en ese año, lo que a su vez provocó que las y los integrantes del CPC invirtieran de su propio dinero para sacar adelante el trabajo. Fue hasta diciembre que los recursos aprobados les fueron reintegrados.

“En diciembre de 2017, cuando estábamos en el proceso de selección del primer CPC, nos preguntábamos cómo iban a solicitar su presupuesto para el 2018, si serían nombrados hasta marzo de ese año. Sin tener la facultad, el Comité de Selección gestionó un presupuesto.

“Se pidieron 20 millones y se aprobaron sólo seis, pero el recurso no se liberó hasta diciembre de 2018, de tal modo que los integrantes del CPC tuvieron que poner de su dinero todo ese año”, narró Celina Izquierdo.

Presupuesto, ¿insuficiente o ajustado a resultados?

De acuerdo con integrantes del propio SEA, aunque aquello se superó, en diciembre del 2018, cuando se discutía el presupuesto asignado al SEA, Miriam Cortés Franco –entonces al frente del CPC– advirtió que se corría el riesgo de no cumplir con los objetivos trazados de no aprobarse los casi 21 millones de pesos solicitados para el ejercicio fiscal 2019.

Se aprobaron sólo 10 millones. El argumento del Congreso es que se fortaleció todo el Sistema, aumentando el presupuesto a dependencias y organismos integrados al Comité Coordinador.

Cynthia Dehesa y Marcos Gutiérrez concuerdan en que el argumento es falaz, porque no garantiza que el monto aumentado se dirija expresamente al combate a la corrupción, sino a satisfacer las funciones propias de cada dependencia que integra el SEA.

El Sistema tiene “la mitad del presupuesto necesario”, lo que equivale a una “voluntad a medias”, expresa Dehesa. Gutiérrez añade que el tamaño del presupuesto es un indicador del tamaño de voluntad política para hacer del combate a la corrupción una realidad y del Sistema, una herramienta eficaz.

En contraste, para organizaciones como Somos Tus Ojos, el monto presupuestal fue “adecuado”, tomando en cuenta los resultados, que califica como “pobres” o “inexistentes”, tanto del CPC como del Sistema en general.

El presidente de la Coparmex-Cancún manifiesta que, comparado con el presupuesto de otros Sistemas, el de Quintana Roo “no está mal”, aunque resalta que el estado está obligado a invertir más, al encabezar a las entidades con índices más altos de corrupción e impunidad en el país.

Del Pozo Dergal considera que “el dinero no sustituye al ingenio”, mientras que el diputado Martínez Arcila, recuerda que bajo las mismas condiciones operan las dependencias de gobierno, con muchas necesidades, pero recursos limitados.

“La historia del CPC no es diferente, ni ajena a la de la administración pública. Siempre es mayor la necesidad, que el recurso”, manifiesta.

Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la asignación presupuestal debe ser “suficiente” y “completa”, pues de lo contrario el Sistema “difícilmente operará adecuadamente”.

“No debe ser un presupuesto desmedido, pero sí se debe de dotar de recursos suficientes, además de capacitación y profesionalización de sus integrantes; de lo contrario, podríamos estar ante un Sistema fallido, al no poder dar resultados”, expresa.

Recuerda que al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que nació con el SEA, le asignaron 35 millones de pesos de presupuesto, pese a que solicitaron 100 millones.

Honorarios del CPC, ¿excesivos o justificables?

El principal órgano ciudadano del Sistema –el CPC– opera en una suerte de “limbo” e indefiniciones en cuanto a sus tareas y funciones, además de enfrentar críticas por los onerosos honorarios que reciben sus miembros.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Anticorrupción, quienes integran el CPC no tendrán relación laboral alguna con la Secretaría Ejecutiva, pues el vínculo legal y su contraprestación serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios.

No gozarán de prestaciones y percibirán honorarios equivalentes a la remuneración de un secretario de la administración pública estatal.

De acuerdo con el tabulador de sueldos y compensaciones 2019, el sueldo bruto de un secretario estatal es de 117 mil pesos, tomando en cuenta la compensación bruta por nivel de responsabilidad.

A decir del CPC, cada uno de sus integrantes gana 95 mil pesos mensualmente, lo que suma un millón 140 mil pesos al año, es decir, tan sólo en los honorarios del CPC para el 2019, se consumirán 5 millones 700 mil pesos del presupuesto otorgado al Sistema.

Para el contralor estatal los honorarios de las y los integrantes del Comité son “excesivos” y considera que además de que deberán tomar un papel “más protagónico”, pues su desempeño ha sido “bastante modesto”, tendrá que discutirse cómo hacer para que sus integrantes se involucren de lleno en su labor y ésta sea su prioridad.

Las y los integrantes del CPC también pueden conservar su empleo base, lo cual es calificado por el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, como una “bigamia laboral”.

“No es correcto que alguien que está trabajando en el Sistema, siga trabajando por su cuenta; no puedes ganar aquí y allá; no es corrupción, pero no es ético”, insiste Galaviz.

Cynthia Dehesa, por el CPC, ataja y asegura que la importancia de este órgano dentro del Sistema, requiere de profesionistas especializados en la materia, que eleven el nivel de los diagnósticos, la elaboración de políticas públicas anticorrupción, indicadores y lineamientos que se entregarán a la Secretaría Ejecutiva y al Comité Coordinador para su aprobación y eventual implementación.

Admite que hay un debate del por qué si es un trabajo de medio tiempo, el pago es tan alto y si la remuneración no debería ser menor, para invertir más en las acciones del CPC y no en sueldos.

Argumenta que viáticos, instalaciones, insumos, personal y recursos materiales, necesarios para desempeñar su función, salen de sus honorarios, pues no se les asigna ningún recurso adicional.

Sistema de “simulación”: ONG

En un tono más crítico, tanto Fabiola Cortés como Eduardo Galaviz, coinciden por separado en que el Sistema Anticorrupción a nivel nacional y local, es “una simulación” y un “sistema de complicidades institucionales”, desde su origen, su instalación, la selección de sus integrantes y la redacción de la propia ley, calificada por la activista como “un catálogo de buenas intenciones”, que sólo enuncia la necesidad de aplicar buenas prácticas, pero no castiga con severidad los actos de corrupción.

Como ejemplo, en enero pasado, el SEA enfrentó una de sus primeras pruebas de “fuego”.

En diciembre de 2018, con base en el artículo 23 de la Ley Anticorrupción, la asociación civil, Somos Tus Ojos, solicitó al CPC, turnar al Comité Coordinador (CC) -integrado por autoridades locales- una petición para emitir un exhorto público sobre un probable hecho de corrupción que involucra al Congreso local, acusado del presunto desvío de millonarios recursos por el tema de las “ayudas sociales”.

Cortés Miranda, de Somos Tus Ojos, explicó que la Unidad de Transparencia de la XV Legislatura se ha negado a poner a la vista los recibos, facturas, comprobantes o cualquier otro documento que acredite que los recursos se entregaron a las y los beneficiarios, bajo el argumento de que fueron entregados a la Auditoría Superior del Estado, que puede mantenerlos en reserva durante siete años.

En principio, el CPC se negó a hacer la solicitud al CC, aludiendo que era necesario que las autoridades competentes hubiesen determinado, primero, que había un hecho de corrupción y que éste no hubiera sido “suficientemente atendido”; también emitió un breve comunicado.

“No quisieron ni siquiera subir la petición para que las autoridades investigaran y se pronunciaran”, indica la activista, quien subraya que tuvieron que presentar un amparo ante la negativa del Comité.

El recurso fue presentado el pasado 29 de marzo, ante el Juzgado Sexto de Distrito, radicado en Chetumal (271/ 2019)- y obligó al CPC a sesionar el 25 de abril, para rectificar y solicitar al Comité Coordinador, la emisión del exhorto público a efecto de que la Auditoria Superior del estado ponga a disposición de la organización y de la ciudadana Teresa Pérez Sorcia, toda la documentación que acredite el gasto hecho por el Congreso, desde 2016, por el tema de las “ayudas sociales”, así como la conclusión de las auditorías existentes.

En 2018, la también abogada promovió un amparo en contra de la designación de Fernando Gama Rodríguez, acusado de entregar documentación falsa para postularse como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Además, denunció el hecho ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El caso está “congelado” y se le ha prohibido acceso al expediente.

“Me parece insólito que a través de un acto de corrupción, se nombre a uno de los magistrados del Tribunal que tendrá que castigar actos de corrupción y que goce de la protección del Congreso y de la fiscal”, reprocha.

Al respecto, el diputado Eduardo Martínez Arcila defiende la actuación del Congreso y afirma que la transparencia demanda mayor responsabilidad de quienes manejan la información pública, para no hacer de ésta una herramienta “para difamar y golpear”.

Los funcionarios impugnados

Cynthia Dehesa, integrante del CPC, comenta que, a nivel nacional, se ha visto que una manera de ejercer el control de los SEA, es que los gobernadores incidan en la elección de sus miembros.

Joaquín González ha insistido en que, “desde el inicio de esta administración, trabajamos en el combate a la corrupción y la impunidad para corregir el rumbo de Quintana Roo”.

Dehesa admite que hubo designaciones “polémicas” o al menos cuestionadas, porque no derivaron de procesos abiertos, como el caso de la Fiscalía y la Auditoría y explica que los órganos ciudadanos del Sistema no pudieron intervenir, porque fueron elegidos e instalados, posteriormente al nombramiento de ambos funcionarios y de los integrantes del TJA.

Por ejemplo, el 1 de septiembre, Juan Manuel Palacios Herrera, fue designado por 24 votos a favor en el Congreso, como auditor superior, hasta el 31 de diciembre del 2024.

Fungía como auditor interino desde el 5 de junio de 2017, en sustitución de Javier Zetina González, quien renunció al cargo bajo presiones políticas. Él había sido nombrado auditor por la anterior legislatura, el 24 de junio de 2016, durante una sesión prácticamente secreta y fuera del recinto legislativo, en un lujoso hotel de Cancún.

Eduardo Galaviz, del Observatorio Ciudadano, ubica la elección del actual auditor, como un primer error, debido a que fue parte de la Auditoría Superior que avaló las cuentas públicas a Borge. Recuerda que cuando el funcionario fue cuestionado sobre el tema, declaró que no había podido negarse por temor a ser despedido.

“¿Cuál es la garantía de que no deje pasar otro acto de corrupción ahora, por el mismo temor?”, cuestiona, al señalar que, en general, los nombramientos se dieron a personajes “afines” a grupos políticos o de poder, no a figuras críticas.

Otra designación controversial fue la de la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, elegida con 20 votos a favor en el Congreso el 14 de septiembre del 2017, como parte de una terna enviada por el entonces fiscal, Miguel Ángel Pech Cen, quien renunció al cargo en septiembre del 2018 y fue sustituido en diciembre por Oscar Montes de Oca.

El Consejo de Licenciados en Derecho, a cargo de José Juan Chilón Colorado, refutó su nombramiento, debido a su inexperiencia en la materia; la funcionaria enfrentó un procedimiento administrativo cuando se desempeñó como juez penal, derivado de un acto de autoridad cuestionado.

Fabiola Cortés, de Somos Tus Ojos, subraya que además de no cumplir con el perfil que marca la Ley, ni con el requisito de honorabilidad, la fiscal Anticorrupción “es el principal obstáculo para combatir la corrupción” y retoma el caso del magistrado Rodríguez Gama, acusado de presentar documentación falsa al Congreso, para poder concursar como miembro del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

La fiscal –dice– se ha negado a investigar el caso, pese a que existen evidencias y pruebas; tampoco ha intervenido ante las denuncias por presunto desvío de recursos de las “ayudas sociales”, en el Congreso, ni la denuncia en contra del ex gobernador, Félix González Canto (2005-2011), por la venta de terrenos patrimonio del estado, a precios subvaluados, esquema que heredó a su sucesor, Roberto Borge.

Con Fabiola Cortés coincide Eduardo Galaviz, quien señala que debiendo ser la más activa, el trabajo de la Fiscal “no se percibe”.

La fiscal Villanueva ha sido proactiva en presentar denuncias contra funcionarios del borgismo, pero algunas de éstas se cayeron durante los juicios, por irregularidades en el proceso, al vencer los tiempos para ejercer acción penal o debido a que, al no ser delitos graves, los imputados han logrado su libertad a cambio de fianzas o del reintegro de los montos que se les demandan.

Entre los casos más sonados están el del exdirector de VipSaesa, Carlos Acosta Gutiérrez, vinculado a proceso el 11 de julio de 2017, por ejercicio indebido de la función pública y sujeto a arraigo domiciliario en marzo de 2018.

El exfuncionario fue liberado el 1 de febrero de este año, por instrucción de un juez de control, quien fundó su resolución con base en el amparo 900 / 2018, concedido a Acosta Gutiérrez por un juez de Distrito, quien determinó que había vencido el plazo para el ejercicio de la acción penal.

Lo mismo ocurrió con el ex secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra), Mario Castro Basto, detenido en Mérida, Yucatán el 19 de agosto de 2018, acusado de desempeño irregular de la función pública, con daño patrimonial del orden de los 600 millones de pesos.

Un Tribunal Colegiado resolvió que prescribió el delito que se le imputaba y ordenó liberarlo, el 12 de diciembre pasado.

El ex director de la Administración Portuaria Integral (APIQROO), Ercé Barrón Barrera, fue aprehendido en Tijuana, Baja California, el 25 de noviembre de 2017, por presunto daño patrimonial.

Fue vinculado a proceso y se le dictó prisión, pero logró ser liberado el 18 de enero de 2018 al obtener una suspensión provisional, derivada de un amparo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito, por la presunta actuación irregular de la Fiscalía al momento de ejecutar la orden de aprehensión. Su juicio sigue su curso.

El órgano garante, ausente del Sistema

Uno de los personajes más criticados dentro del SEA, es el presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), Orlando Espinosa Rodríguez, designado durante el borgismo.

Para Dehesa, Izquierdo y Cortés Miranda, constituye la parte más débil del Sistema, por su ausencia y falta de cooperación, que juzgan grave, al tratarse del Órgano Garante de transparencia.

“El Sistema está casi completo, porque la pieza que falta es el órgano garante. Sí está trabajando, pero no se integra al Sistema. Se va hasta el 2024 y es intocable, porque es autónomo”, concuerda el presidente de la Coparmex.

El diputado, Eduardo Martínez considera que la Contraloría estatal debería ser más coercitiva y punitiva y ve en el CPC, el componente más débil del Sistema. “Están como en un limbo”, menciona.

El contralor, Rafael del Pozo, apunta hacia el Poder Judicial, del que demanda mayor apoyo.

2019, el reto es para el CPC

Izquierdo Sánchez indica que cuidaron mucho la selección del CPC que, en comparación con otros estados, fue blindado de la intromisión gubernamental.

“Las esferas gubernamentales no metieron la mano; no hubo ‘mano negra’ como en otros estados, en donde intervinieron fuerzas y partidos políticos”, sostiene.

Lo anterior cobra relevancia, porque el presidente del CPC, preside también el CC y el Sistema Estatal Anticorrupción, lo cual se traduce en un contrapeso ciudadano al poder público, afirma Marcos Gutiérrez, quien ascendió al frente del Comité de Participación Ciudadana, el 13 de marzo pasado, en sustitución de Miriam Cortés.

“Este es el momento del CPC. El papel de Miriam Cortés fue consolidar el presupuesto e instalar el Sistema; a Marcos le toca armar la estrategia, coordinar los trabajos, hacer los diagnósticos y enlazar los haceres (sic) del Comité”, asegura Izquierdo Sánchez.

Para Galaviz y Fabiola Cortés, de origen, la designación de Cortés Franco fue incorrecta, pues ocupa un cargo directivo dentro de la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvac), lo que implicaba un posible conflicto de interés, al ser representante de un sector.

Para Adrián López, de la Coparmex, al CPC le hace falta mayor visibilidad y difusión de sus actividades, toda vez que en él recae la responsabilidad de “evangelizar” en temas de anticorrupción.

Contemplan primeras reformas al SEA

La discusión sobre el papel, funciones y honorarios del CPC, ha dado pie a miembros del Congreso, para contemplar las primeras reformas a la Ley local, que podrían aprobarse en este mismo año, adelanta el diputado Martínez Arcila.

“Vienen modificaciones al Sistema. Vamos a escuchar qué posibles reformas pueden plantearse. Hay un gran debate a nivel nacional sobre la naturaleza y el status laboral de los integrantes del CPC, por ejemplo. Si son servidores públicos o no, si deben estar al 100 por ciento; si hay riesgo de burocratización.

“Quizá lo vea esta Legislatura o le toque ya a la siguiente. Serían las primeras reformas a la Ley Anticorrupción”, sostiene. Otra reforma contemplada es la posibilidad de dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, agrega.

Izquierdo Sánchez añade como punto a revisar, el posible conflicto de interés de quienes luego de trabajar dentro del gobierno, incluso prestando servicios de asesoría, son postulados para formar parte del CPC, así como los candados que limitan a menores de 35 años, la posibilidad de concursar.

Dentro del CPC existe la necesidad de aumentar las redes con otros estados y de ser más mediáticos, perdiéndole el miedo a la denuncia pública y haciendo valer su independencia.

Marcos Gutiérrez comparte que busca además que las sesiones del CPC sean transmitidas en tiempo real e involucrar más a los medios de comunicación, con talleres sobre el SEA.

Este reportaje fue publicado el 3 de julio de 2019.