La estrategia de recaudación del SAT: más de lo mismo
jueves, 9 de febrero de 2023
Por: Liliana Alvarado Para: El Economista
Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023. En un inicio, el título del documento me llevó a pensar que se implementaría una estrategia ambiciosa para garantizar un mayor nivel de ingresos. No obstante, la realidad es que el plan no es más que un documento poco desarrollado, que más que aclarar, genera una serie de dudas sobre los medios que serán utilizados para alcanzar la meta de recaudación este año.
El contenido del Plan se divide en cuatro puntos principales: 1) gestión de autoridad; 2) acciones de fiscalización; 3) sectores económicos a revisar; y 4) conceptos y conductas a revisar. En lo que se refiere a la sección de gestión de autoridad, uno de los cuatro puntos que la compone hace referencia al acompañamiento al contribuyente para el cumplimiento voluntario. Como en el resto de los casos, no se especifica qué tipo de acompañamiento se dará, ni tampoco se incluye una definición básica (para un público más inexperto) sobre lo que se entiende por cumplimiento voluntario.
A grandes rasgos, el cumplimiento voluntario supone que las acciones de los contribuyentes están por default en línea con las obligaciones estipuladas en ley. El uso de la palabra “voluntario” es poco atinado, pues da a entender que los contribuyentes pueden decidir si quieren o no cumplir con sus obligaciones fiscales, nada más alejado de la realidad. Concretamente, conforme al especialista Luis Pedroche y Rojo, algunas acciones que las oficinas de recaudación utilizan para promover el cumplimiento voluntario son: 1) mejoramiento del servicio y asistencia al contribuyente, 2) facilitar el pago de impuestos a través de procedimientos sencillos, 3) comunicación fluida y expedita con los ciudadanos basado en tecnologías modernas, 4) profesionalismo y transparencia en el actuar de la instancia para generar confianza de parte de los ciudadanos, y 5) ajustes constantes al contexto económico y social, así como a las nuevas necesidades de los ciudadanos. Adicionalmente, también se recomienda la implementación de programas que promuevan la educación fiscal.
Por una parte, en lo que se refiere al mejoramiento del servicio, el SAT tiene una amplia área de oportunidad. Por ejemplo, a mediados de 2022, muchas personas hicieron filas por horas para obtener su constancia de situación fiscal. La prensa documentó cómo la gente madrugaba en ciudades como Pachuca, Puebla, Cuernavaca, Veracruz y la CDMX para tramitar el documento. Entre otras cosas, esto se debió a fallas, retrasos y falta de experiencia por parte de los usuarios para utilizar el portal.
Por otra parte, la deficiencia en la atención al contribuyente también se ha visto reflejada en la dificultad para sacar citas, las cuales son indispensables para trámites como la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o la obtención y renovación de la firma electrónica. De acuerdo con reportes de la prensa nacional, la obtención de una cita puede llegar a tardar hasta tres meses, lo que entorpece gravemente los distintos trámites que las personas y empresas requieren liberar. Ante esta situación, a finales del año pasado, la misma Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) publicó un documento en el que llama al SAT a atender la problemática y las afectaciones causadas a los contribuyentes por la falta de citas.
Incluso, de acuerdo con datos publicados por el propio SAT, el tiempo en la realización de trámites ha empeorado. Ello debido a que durante el primer trimestre del 2020 la calificación era de 8.4 (en una escala de satisfacción del 0 al 10), mientras que, para el cuarto trimestre del 2022, la calificación ya había descendido a 7.5 puntos. Asimismo, conforme a datos del Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (cuarto trimestre del 2022) únicamente se cumplió en 48% con la meta asociada a la reducción en los tiempos de espera de los contribuyentes que llegaron con cita a los módulos de atención del SAT. Aunado a lo anterior, otro retroceso en la gestión del SAT se relaciona con la poca disponibilidad de información que publica, pues a partir del 2019 se dejó de presentar información relevante y útil como la contenida en el Informe Anual.
En lo que respecta a los sectores económicos, conceptos y conductas a revisar, nada se menciona sobre una posible mayor inversión en tecnología a fin de fiscalizar más eficientemente a los contribuyentes. Si bien no existe una receta única, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha documentado que, durante los últimos años, las agencias de administración tributaria han invertido de manera importante en servicios electrónicos y soluciones digitales. Asimismo, se ha integrado la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para analizar grandes bases de datos. Todo lo anterior, no solo tiene el fin de garantizar el cumplimiento, sino que también busca facilitar los procesos y servicios a las personas y empresas obligadas.
La estrategia presentada tampoco especifica si se aumentará el número de auditorías o el personal dedicado a realizarlas. Se asume que la fiscalización se seguirá haciendo sobre los mismos individuos y empresas cautivas, pues nada se menciona sobre esfuerzos adicionales para regularizar al sector informal, lo cual resulta urgente e inaplazable. A grandes rasgos, hubiera sido mejor manejar el denominado Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023 como un documento interno. No tiene mucho sentido publicar una estrategia que muestra a un SAT que no innova, no invierte, no propone y que, seguramente, tampoco mejorará para finales de este año.
