Identificar riesgos de corrupción permite ajustar los programas sociales para aumentar su efectividad

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Identificar riesgos de corrupción permite ajustar los programas sociales para aumentar su efectividad

Con el objetivo de dar a conocer el trabajo realizado desde la sociedad civil para desarrollar metodologías que permitan identificar riesgos de corrupción en programas sociales, se ha trabajado en el diseño de herramientas amigables para que la ciudadanía pueda realizar este tipo de acciones de vigilancia, y el propósito final es incentivar que los programas sociales tengan mejores resultados.

Con estas palabras, Laure Delalande, directora de Innovación y Desarrollo Sostenible de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, dio la bienvenida al evento de presentación de la Herramienta para identificar riesgos en los programas sociales, diseñada en el marco del Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto por Transparencia Mexicana, Gesoc A.C., Fundar, Red de Empoderamiento de Personas con Discapacidad en México y Ethos. Ella, junto con Alfredo Elizondo, coordinador de programa de Gesoc A.C., fueron los moderadores del webinario.

Participaron Thania Garza, del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe; Roberto Moreno, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; Anaid García, de Fundar; y José Nabor Cruz, del Coneval, quienes comentaron, entre otros aspectos, la utilidad de esta herramienta para dar seguimiento a la corrupción desde la sociedad civil.

En su intervención, Thania de la Garza destacó que tener herramientas como esta, muy sencillas de usar, facilita el acceso a información de programas sociales y la comprensión de la corrupción, un fenómeno complejo y multidimensional. Asimismo, agregó que partiendo del supuesto de que los programas están mal diseñados, queda claro que se necesita mucha información, como la que esta herramienta provee, para entender, conocer y analizar mucho más los programas sociales, indicó.

“Creo que el gran esfuerzo que han hecho las organizaciones a partir de esta herramienta es algo que debemos motivar, pero que también nos deja claro que es un primer paso para un estudio profundo de la incidencia de corrupción en la eficiencia y efectividad de los programas sociales”, destacó.

Por otro lado, Roberto Moreno expresó que desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción están recomendando que en las Políticas Estatales Anticorrupción (PEA) de las cuales ya hay 16 aprobadas de un total de 32 se incluyan acciones para disminuir los riesgos de corrupción en los programas sociales. Y agregó que uno de sus retos es la ausencia de espacios de participación ciudadana, que esta herramienta pone en el centro.

Precisó, entonces, que seguirán incentivando que se puedan “incorporar este tipo de conceptos y acciones de implementación en la política nacional, en las políticas estatales y en los próximos sistemas de evaluación y desempeño, en donde puede tomar índices ponderados, variables, para ir atendiendo programas prioritarios a nivel local”, dijo. 

Sobre los retos para la colaboración entre sociedad civil y el sector público en estos temas, Anaid García compartió que la experiencia en México, pese a que ha sido una de las más exitosas, no ha sido sencilla desde sus inicios, ya que hay una cultura institucional en la cual aún es difícil concebir la participación ciudadana en este tipo de ejercicios, y por ende, su desarrollo se percibe únicamente como el cumplimiento de procedimientos específicos.

Además, precisó que hay otros desafíos, como el hecho de que “existe una falta de actores clave en estos ejercicios, hay una continua rotación de actores gubernamentales que tienen distintos niveles de conocimiento del tema y de participación, y a veces se toman decisiones de alto nivel sin considerar la agenda de Gobierno Abierto y los compromisos pactados”.

Y José Nabor Cruz destacó que desde Coneval emitieron dos publicaciones sobre la respuesta de las entidades federativas a través de intervenciones, acciones o programas sociales en el contexto de la pandemia. La primera abarcó de mayo a septiembre de 2020, periodo en que se implementaron más de 660 programas, y la otra de mayo de 2020 a marzo de 2021, donde encontraron 1440. Solo 49% de estos programas tenían reglas de operación publicadas en sus Gacetas y poco más del 30% las tenía en sus portales de internet, por lo que falta avanzar en materia de transparencia.

La actual coyuntura, dijo, supone un gran reto, ya que 15 nuevos gobiernos entrarán en funciones en este segundo semestre del año, y a ellos se les puede acercar esta herramienta. Desde Coneval, indicó, les darán acompañamiento y asesoría  para que incluyan en sus programas de desarrollo estatal una serie de mecanismos, de indicadores de monitoreo y seguimiento. Esto “será un elemento central que podría permitirnos seguir aminorando los efectos que nos deja en términos socioeconómicos la pandemia, y que verdaderamente los programas sociales tengan un efecto mucho más robusto. En las siguientes mediciones, Coneval podría dar cuenta de ello” concluyó.

Escucha nuevamente el webinario «Riesgos de corrupción en los programas sociales» aquí.

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