Inclusión social: un impulso para el desarrollo sostenible

La Cumbre Climática de 2014 es recordada como una de las más trascendentes en los últimos años. Además del impactante discurso de apertura del evento a cargo del actor y activista ambiental Leonardo DiCaprio, que se hizo viral en redes sociales, esa cumbre sentó las bases para la estructuración, un año más tarde, del Acuerdo de París y, posteriormente, para la conformación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El principio fundamental de dicha agenda es “no dejar a nadie atrás” bajo la premisa de que el desarrollo social no es posible si el medio ambiente está dañado o los recursos naturales escasean. En este sentido, la Agenda 2030 tiene un propósito de incidencia social importante, que busca combatir las desigualdades dentro de los países y construir sociedades más justas e inclusivas.

Bajo el contexto actual de recuperación post-COVID, la inclusión social cobra gran relevancia y presenta la oportunidad de consolidar acciones bajo un compromiso a largo plazo en la materia. América Latina enfrenta desafíos importantes en este tema, los cuales obstaculizan su ruta para el desarrollo sostenible, y México no es la excepción frente a esta problemática.

Ante esto existe una necesidad latente por aumentar el financiamiento de iniciativas que permitan el desarrollo de proyectos y ayuden a reducir las brechas que inhiben la inclusión social, siendo uno de los puntos de partida principales el mejoramiento de los servicios públicos de las localidades.

A nivel nacional, hay ejemplos de proyectos cuyo enfoque ha permitido afrontar este problema, en los que los resultados han generado beneficios sociales gracias a la estrecha vinculación entre la gestión de los servicios básicos y el desarrollo social en el ámbito local.

Tal es el caso de la construcción de la presa y planta potabilizadora El Tunal II, en el municipio de Durango, la cual tuvo como propósito afrontar los problemas de abastecimiento hídrico debido a la sobreexplotación del acuífero Valle del Guadiana, así como de salud pública a causa del consumo de agua contaminada, donde 40% del agua extraída local rebasaba los límites permisibles de concentración de arsénico y flúor, de manera que era una fuente no potable de acuerdo a lo establecido en la NOM-127-SSA1-2021.

Esta iniciativa, bajo la categoría de proyecto sostenible, propone un sistema de captación de aguas superficiales para sustituir las fuentes subterráneas actuales, con un potencial de aprovechamiento de 30 millones de metros cúbicos al año y así abastecer a una población aproximada de 600 mil habitantes de la región.

El proyecto fue promovido por la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) e implementado bajo un mecanismo de financiamiento público-privado, con el objetivo de generar mejores condiciones de bienestar e incidir de manera directa mediante el despliegue de infraestructura que ayude a la disminución de brechas que inhiben el desarrollo social.

No hay que olvidar que la inclusión social considera aumentar el acceso a servicios y oportunidades de desarrollo, por lo que su visualización como eje del desarrollo sostenible debe ser un elemento fundamental al estructurar políticas públicas en todos los niveles de gobierno, tanto en México como en el mundo.

Este tipo de ejemplos –como muchos otros que existen– demuestran que la integración de la sostenibilidad y la inclusión social en proyectos puede generar más y mejores oportunidades para el desarrollo de sociedades justas e inclusivas, satisfaciendo las necesidades básicas humanas (como el derecho al agua) de las generaciones presentes, sin comprometer las condiciones de vida de las generaciones futuras.