LAS MIGRANTES CENTROAMERICANAS TRANSITANDO LA COVID-19

A pesar de las limitaciones de movilidad implementadas cuando se declaró la pandemia por el SARS-CoV-2 en marzo de 2020**1**, muchas mujeres centroamericanas han seguido cruzando informalmente las fronteras mexicanas, pues aunque se hayan sumado más riesgos, los motivos para trasladarse también han aumentado con la llegada de la COVID-19.

Desde hace décadas, México ha sido el puente migratorio entre Centroamérica y Estados Unidos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, las mujeres constituyen aproximadamente el 20% de la población migrante en tránsito irregular por México. Eso representa alrededor de 30,000 mujeres por año.

Junto con la pandemia aumentaron los controles migratorios, lo cual ha conllevado situaciones bastante desafortunadas. De inicio y durante un lapso de seis meses, las migrantes detenidas en estaciones migratorias mexicanas no podían retornar a sus países de origen, ya que el gobierno de Guatemala cerró su frontera y pidió a México que cancelara las repatriaciones de sus connacionales y de las migrantes que cruzan el territorio guatemalteco.

Ante esta situación, las migrantes centroamericanas fueron obligadas a buscar rutas alternativas pero más arriesgadas, o a acudir con mayor frecuencia a los coyotes, quienes pertenecen a redes que están bajo el mando de las organizaciones criminales mexicanas, implicadas en otras actividades ilícitas. Acudir a ellas implica un riesgo alto para una mujer, ya que pueden enviarlas a redes de trata**2**. Así, las migrantes centroamericanas se han vuelto blancos aún más fáciles del crimen organizado; quedan expuestas a ser secuestradas, explotadas sexualmente o forzadas a ser mulas para transportar drogas hacia Estados Unidos.

Por otro lado, el programa “Quédate en México” implementado en 2019 por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo múltiples repercusiones en el proceso migratorio de las centroamericanas. Durante casi tres años ha conminado a las y los migrantes centroamericanos a permanecer en territorio mexicano hasta que se resuelva su solicitud de asilo, lo cual puede durar meses o años.

La administración de Joe Biden eliminó este programa recién empezó su gestión, sólo para revivirlo meses después por una sentencia judicial**3**. Esto ha acarreado una contención migratoria desde el norte hasta el sur de México, que ha tenido repercusiones importantes como el hacinamiento de migrantes en las fronteras mexicanas y la vulneración de sus derechos.

Con este programa, la administración estadounidense ha realizado una serie de pushbacks, que consisten en deportaciones inmediatas para evitar los trámites de asilo. Cabe hacer énfasis en la dificultad de encontrar cifras específicas sobre las deportaciones de mujeres centroamericanas, pero para tener una idea, alrededor de 70,00 personas han sido deportadas de Estados Unidos a México en los últimos dos años.

Estas dinámicas obvian de manera sistemática las razones que empujan a las personas migrantes a huir de su país, lo cual contraviene derechos humanos fundamentales como transitar libremente o al debido proceso.

En México, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de enero a mayo del 2021, 16 mil 239 mujeres solicitaron asilo (mayormente provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala), lo que representa el 40% del total de las solicitudes. Aunado a ello, muchas mujeres pasan el proceso de asilo detenidas en las estaciones migratorias, en condiciones insalubres. Estas prolongadas detenciones tienen fuertes impactos en la salud física y emocional de las migrantes.

Cada año cientos de migrantes fallecen o desaparecen en su tránsito hacia Estados Unidos. En los últimos dos años, el riesgo de mortalidad incrementó para las mujeres centroamericanas migrantes y los responsables ya no sólo son el crimen organizado, el hambre o la sed (en algunos casos, tras ser abandonadas por contrabandistas), sino también la COVID-19.

Cualquier persona migrante sin documentos se enfrenta a diversas dificultades al ejercer sus derechos, pero el género es un elemento que suscita mayores impactos negativos en las experiencias migratorias**4. Las migrantes centroamericanas huyen de un contexto sociopolítico y económico desfavorable sólo para toparse con otro igualmente doloroso, pues llegan a ser criminalizadas, abusadas y discriminadas, y ello no solamente por parte del crimen organizado, sino también por las autoridades mexicanas. Sólo de marzo a octubre de 2020, se efectuaron 10,450 detenciones de mujeres5** de forma injustificada. Estos encuentros violentos con el crimen o con la autoridad se han intensificado a partir de la pandemia.

Los estragos de la pandemia alertan sobre la urgencia de resolver los escándalos humanitarios relacionados con la migración femenina centroamericana. El uso de una perspectiva de género**6** interseccional en la formulación de políticas migratorias, permitiría proteger los derechos humanos y la dignidad de las migrantes, y facilitar sus condiciones migratorias en tránsito por México. El no hacerlo las expone a nuevos peligros y vulnerabilidades, ya exacerbados a lo largo del 2020 y 2021.

1 Entre el 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de la COVID-19, y el 22 de febrero de 2021, se implementaron casi 105.000 restricciones de movimiento en todo el mundo. Disponible en el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, aquí.

2 Eduardo Torre Cantalapiedra, Mujeres migrantes en tránsito por México. La perspectiva cuantitativa y de género. Disponible aquí.

3 Este fallo judicial fue iniciado cuando dos jueces, de los estados republicanos de Texas y Missouri impugnaron la suspensión del programa.

4 Portal de Datos Mundiales sobre la Migración. Una perspectiva global. Disponible aquí.

5 Disponible aquí.

6 De acuerdo al Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), la perspectiva de género es “el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad (sustantiva) entre los géneros”.