Ingreso Ciudadano Universal y Pobreza Alimentaria: alternativas de política pública para la garantía del Derecho a la Alimentación

EthosNoticias y Eventos

EL INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL Y POBREZA ALIMENTARIA: ALTERNATIVAS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, participó en el conversatorio convocado por el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en el que especialistas abordaron el tema del derecho a la alimentación de cara al contexto en el contexto de la pandemia de COVID-19.

«Ingreso Ciudadano Universal y Pobreza Alimentaria: alternativas de política pública para la garantía del Derecho a la Alimentación» fue el título del conversatorio, en el que estuvieron presentes Araceli Damián González, Directora General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social EVALÚA Ciudad de México; Felipe Gómez Isa, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Deusto, España; María Victoria Fernández Molina, Coordinadora del Centro de Bioética Global Aplicada CIBIGA, de la Universidad Anáhuac; José Luis Chicoma, Director de Ethos; Montserrat Salazar Gamboa, Directora Ejecutiva de The Hunger Project México, participaron también en esta charla virtual moderada por Paolo Pagliai y Melissa Fernández Chagoya, ambos de la Universidad del Claustro de Sor Juana. 

En su reflexión, José Luis Chicoma explicó que el tema y la paradoja más grande de la crisis alimentaria, es que no necesariamente faltan alimentos, pero vamos a tener en general mucha más hambre. También mencionó el problema de la informalidad en México, que en el sector laboral va más allá del 55%, sumado a la informalidad en el trabajo, la vivienda, y la falta de acceso a servicios básicos como el agua, así como un sistema de salud deficiente, son condiciones que hacen el problema de la demanda sea significativo. 

Otro punto que mencionó es el tema del etiquetado, ya que la pandemia nos hace víctimas de un Síndrome de Estocolmo con los alimentos ultraprocesados, que son los más asequibles, los más baratos, a pesar de que nos estén matando y haciendo más vulnerables a los efectos del coronavirus. En este sentido, precisó que las políticas públicas han fallado y se debe hacer un análisis profundo de cómo desincentivar este tipo de productos, pero sobre todo de cómo hacer más asequible una dieta saludable, esa, puntualizó, es una de las grandes preguntas que nos va a ocupar en esta década. 

Las dietas saludables cuestan como cinco veces más que las dietas que sólo satisfacen las energías calóricas. Latinoamérica tiene el triste reconocimiento de tener la dieta saludable más cara cuando es una de las despensas de alimentos, es una paradoja muy triste”. La pandemia abre la posibilidad de replantearnos cómo hacer más asequible la alimentación saludable que, además, frente al cambio climático, debe ser también sustentable.

Y finalmente, mencionó que el futuro de la agricultura no es una mayor industrialización ni producción de commodities ni monocultivos que alimentan a ganado, que producen biocombustibles; “el sentido de la agricultura tiene que ver mucho más con la agroecología y tiene que ver con cambios radicales en cómo producimos nuestros alimentos para que sean más sostenibles con el medio ambiente y también más saludables para nosotros”.

Por su parte, la Coordinadora General de Evalúa Ciudad de México consideró que el problema de la pobreza alimentaria compete a toda la población que vive con cierto grado de pobreza, no solo a aquella que se considera en pobreza extrema. Asimismo, expuso la propuesta que hizo cuando fue diputada federal, que implicaba la modificación del artículo 4 constitucional para elevar a rango constitucional el derecho al ingreso ciudadano universal que tendría que garantizar el Estado a través de transferencia monetaria, cuyo valor tendría que ser suficiente para alcanzar un nivel de vida digna.

Desde España, Felipe Gómez habló de dos tipos de apoyos gubernamentales en el caso europeo: el primero es el ingreso mínimo vital, que reciben todas las personas en condiciones vulnerables, el cual no es universal y está condicionado a una situación de necesidad. El segundo, dijo, es el ingreso ciudadano universal, que reciben todos los ciudadanos por el hecho de serlo, sin importar estudios, vulnerabilidad, ingresos, entre otros aspectos, el gran contraargumento, citó, es que desincentivaría el trabajo. Esto, expresó, merece un análisis profundo para conocer sus implicaciones.

También señaló que el primer modelo es una cuestión no de asistencia ni de caridad, sino de derechos humanos y de justicia social. En el Congreso español, el ingreso mínimo vital ha sido una propuesta aprobada por unanimidad, en el contexto de la pandemia de COVID-19, incluso los grupos de derecha han apoyado este ingreso mínimo vital, pues grupos que ya eran vulnerables, han aumentado esa vulnerabilidad. Pero, dijo, hacen falta políticas que complementen ese ingreso mínimo vital y señaló la necesidad de abordar el problema de la desigualdad, así como de políticas fiscales justas, progresivas, que tengan un efecto redistributivo de la riqueza.

Por otro lado, Victoria Fernández Molina mencionó que la crisis por COVID-19 está mostrando la insostenibilidad del sistema alimentario dominante, pues puso en jaque la disponibilidad de alimentos sanos y asequibles. También enfatizó que garantizar el derecho a la alimentación debe estar por encima de las coyunturas, las crisis y la especulación con alimentos, de ahí la relevancia de que haya iniciativas de autonomía alimentaria, que dependen del ejercicio de ciudadanía activa, de personas organizándose y dando seguimiento a su cumplimiento.

Y Montserrat Salazar reflexionó sobre el caso de las mujeres rurales, y mencionó que las desigualdades de género están viéndose incrementadas y exacerbadas, ya que las mujeres sufren una doble carga de malnutrición, familiarmente son las que menos tienen acceso a los alimentos, y en lo que respecta a las cargas laborales, enfrentan doble y triple jornada, a pesar de que en la dimensión productiva, solo el 26% de las mujeres ejidatarias de este país son mujeres, pero presentan la mitad de la población y producen la mitad de los alimentos que consumimos 

Asimismo, dijo que la crisis por COVID-19 ha transformado las prioridades en comunidades rurales, que se han visto motivados, impulsados y forzados a fomentar actividades productivas mucho más fuertes y mucho más locales, acciones productivas como huertos familiares y de traspatio, el fomento a platos y canastas regionales que permitan acceder a su alimentación local y sana, además están reduciendo sus gastos en alimentos que muchas veces son ultraprocesados, . “Hoy han tomado la decisión de fortalecer estos huertos, pero también fortalecer los bancos de semillas como sus prioridades comunitarias, cosas que hace ocho meses eran importantes, pero no eran urgentes”, compartió.

Contenido Relacionado

Contenido Relacionado

Los sistemas alimentarios en 2020 y las perspectivas para 2021

El presupuesto público es una herramienta para avanzar la agenda de reactivación transformadora, justa y sostenible que los especialistas analizaron

Presupuesto público, sustentabilidad e inclusión social

El presupuesto público es una herramienta para avanzar la agenda de reactivación transformadora, justa y sostenible que los especialistas analizaron

La complejidad económica y la recuperación post COVID-19

Luego de la pandemia por COVID-19 es necesario garantizar una recuperación justa y resiliente en América Latina.