En los últimos cinco años, la Conagua, la Profepa y el ayuntamiento de Puebla han incumplido con el monitoreo y las inspecciones a las empresas que descargan aguas residuales a la red de alcantarillado y posteriormente al río Atoyac, debido a que solo habrían supervisado 9.3 por ciento de los permisos que se otorgan.
A esto se suma, que solo 67 por ciento de los municipios consultados en el país no le dan tratamiento a sus aguas residuales, entre ellos Puebla.
La información es resultado de un estudio a cargo de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas “Corrupción en el sector agua ¿Quién es responsable de la crisis?”, la cual reflejó que el bajo presupuesto y el poco personal destinado a las labores de inspección son causas de esta debilidad institucional.