La política social del gobierno federal frente al COVID-19

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Por: Laure Delalande y Néstor Genis

¿De qué forma el cambio de paradigma que hemos presenciado en términos de política social permite hacer frente, o no, a la pandemia?

El plan de acción frente a la COVID-19 anunciado a principios de abril por la actual administración mantiene intacta la marcada línea de acción que ha tenido desde el inicio del sexenio.

Más allá de los créditos prometidos para empresas que no despidieron trabajadores, empresas familiares y de vivienda, aún no se han creado nuevos programas o medidas específicas para atender la contingencia en términos de política social. Por su parte, los programas prioritarios, que claramente no fueron diseñados para dar soluciones a esta coyuntura, siguen su curso sin mayores adaptaciones pertinentes a la crisis. Desde la retórica gubernamental, se conciben como una herramienta para asegurar el bienestar social de las personas más vulnerables y reactivar la economía, por lo cual se argumenta que conforman una respuesta pertinente al contexto COVID-19.

Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se dejó clara la necesidad de cambiar el modelo de política social. En efecto, y por lo menos desde el anterior periodo presidencial, se habían evidenciado resultados mediocres en términos de este tipo de política.

Entre las principales propuestas para el nuevo modelo están: la tendencia a la universalización de los programas sociales, la reestructuración del aparato gubernamental para la gestión de la política social (subdelegaciones), las transferencias monetarias directas, la erosión del modelo de corresponsabilidad social y la identificación de la población beneficiaria de los programas mediante el Censo del Bienestar.

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