La protección de los intereses de los consumidores

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La protección de los intereses de los consumidores

 

Por: Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

José Luis Chicoma, Director General de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, participó en el Séptimo Foro Nacional Sobre Responsabilidad Social Corporativa, organizado por la Secretaría de Economía, del Gobierno Federal. 

Expresó que en México, América Latina y gran parte del mundo, los gobiernos no han cumplido durante décadas particularmente para controlar los efectos de productos nocivos para la salud, como los ultra-procesados y las bebidas azucaradas, lo cual ha resultado en grandes tasas de enfermedades como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, y agregó que anualmente, más de 40,000 muertes en nuestro país se atribuyen al consumo excesivo de estos productos. 

“Para entender que se tiene que hacer desde el Gobierno, dijo, tenemos que entender cuál es el verdadero costo de los productos nocivos para la salud; en el caso de los sistemas alimentarios a nivel global, se está discutiendo mucho que el verdadero costo de los productos ultra-procesados, bebidas azucaradas y tabaco es relativamente barato en comparación con el costo que le generan a la sociedad”, de ahí que se deba incorporar, por un lado, el costo de la atención sanitaria, todas las enfermedades ocasionadas por el consumo de estos productos nocivos, y por otro, el costo ambiental.

Igualmente, destacó que no es suficiente resolver la asimetría de la información sobre los alimentos que consumimos; además esto, se necesitan estrategias que hagan que los productos saludables sean más asequibles. “Actualmente, una dieta saludable en México y en el resto de América Latina es cinco veces más cara que una dieta que sólo satisface las necesidades calóricas. América Latina tiene el triste privilegio de tener la dieta saludable más cara en el mundo”, señaló. 

Por otro lado, habló del problema que representan los estudios financiados por productores de alimentos ultra-procesados, como chocolates y jugos, que se presentan como productos con poca incidencia en el sobrepeso y la obesidad infantil, y que incluso destacan sus propiedades como estímulos cerebrales. Es obvio el conflicto de interés en estos casos.

Lo mismo ocurre con la industria tabacalera, sobre la cual compartió que este año Ethos realizó importante investigación y publicó reportajes que se encuentran disponibles en su página web; en uno de ellos se analiza cómo esta industria, en plena crisis provocada por el COVID-19, lanzó una campaña en la que participaron influencers para promover el vapeo como una buena alternativa a los cigarrillos, cuando los vapeadores son productos que aún no se encuentran bien regulados.

“Esta no es una dicotomía entre buenos y malos; se trata de corregir los incentivos que se tienen dentro de la economía y de que la toma de decisiones en políticas públicas no esté influenciada por intereses que a veces están peleados con la salud pública y el medio ambiente”, concluyó.

La primera mesa de trabajo, que abordó la protección de los intereses del consumidor, fue moderada por Manuel Gerardo Flores Romero, representante de México en Política Regulatoria de la OCDE en México para América Latina, y también participaron José Alonso Novelo Baeza, Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Gustavo Pérez Berlanga, Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de ICC México, y Daniel Pérez-Cirera Santacruz, Director Compliance & External Affairs de Samsung.

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