Las emociones importan: ¿denunciarías un acto de corrupción si tienes miedo a las represalias?

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Las emociones importan: ¿denunciarías un acto de corrupción si tienes miedo a las represalias?

Por: Héctor Tirado para Animal Político

Hasta hace algunos años se creía que las personas que hacían caso a sus emociones eran menos racionales y, por ende, nublaban su juicio. En la actualidad, algunos investigadores se han esforzado en argumentar que “la pasión no es la antítesis de la razón” y, contraria a la percepción de que estos elementos están en una constante batalla, en realidad tienden a complementarse en los procesos de decisión. Por lo tanto, cabe preguntarse ¿cómo influye el miedo en la decisión de denunciar, o no, un acto de corrupción?

La literatura sobre denuncias de actos de corrupción establece que el miedo a las represalias es una de las principales razones por las cuales la ciudadanía no reporta este tipo de actos. Lo cual, si se piensa detenidamente tiene mucho sentido: imagina que en este momento eres testigo de que un compañero de trabajo, o incluso tu jefe, es parte de un acto de corrupción, ¿los denunciarías si tienes miedo a las consecuencias que pueda generarte la denuncia (entre ellas perder tu empleo, recibir amenazas o incluso ser tachado de soplón o traidor)? Y más aún, ¿denunciarías si nadie garantiza tu protección ante las posibles represalias?

Para atender este tema, algunos países como Estados Unidos, Reino Unido e incluso, países de América Latina como Perú y Bolivia han implementado leyes de protección a los denunciantes. En el caso mexicano, el esfuerzo para atender este tema se concentró en el programa “Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción” señalado como una de las principales estrategias del Gobierno Federal para hacer frente al fenómeno de la corrupción en este sexenio.

Dicha estrategia del gobierno mexicano se centró en garantizar el anonimato y los derechos de las y los alertadores. Sin embargo, carece de una ley general de protección a los alertadores y, por lo tanto, en términos prácticos parece no estar garantizando la protección de aquellos denunciantes que se sienten vulnerables. Los datos señalan que, durante sus dos primeros años de funcionamiento, la estrategia del Gobierno Federal para fomentar la denuncia solamente ha otorgado medidas de protección a 11% de las personas que las han solicitado, es decir, que en 9 de cada 10 casos, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (encargada de realizar la evaluación de los casos y determinar las medidas de protección) ha resuelto que la situación de riesgo del alertador no cambió después de realizar la alerta. En consecuencia, a pesar de haber recibido la solicitud por parte del alertador, se ha determinado no otorgarle ningún tipo de protección.

Para promover la denuncia en un país como México, donde la corrupción es un fenómeno endémico y la impunidad un mal sistémico, no basta con habilitar una plataforma que prometa el anonimato, sino generar confianza garantizando un proceso de denuncia efectivo y protegiendo a las y los alertadores que temen a las represalias y con ello, evitar que el miedo desaliente la denuncia.

Es evidente que las emociones importan en la decisión de las personas a denunciar un acto de corrupción. De tal forma, se debe reconocer que aquello que sentimos influye en el comportamiento y las decisiones que tomamos en el día a día y con ello, es importante comenzar a analizar qué otros comportamientos relacionados con problemas sociales pueden ser vistos y atendidos desde la óptica de las emociones, aceptando que éstas influyen en las actitudes y, por ende, en los comportamientos cotidianos. En suma, estos elementos pueden ser empleados para mejorar el diseño de algunas estrategias gubernamentales y con ello, impulsar, en países como México, el uso de la economía del comportamiento para el diseño y análisis de políticas públicas.

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