Los micronegocios nadan contra corriente: delincuencia, corrupción, burocracia y coyotes

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Los micronegocios nadan contra corriente: delincuencia, corrupción, burocracia y coyotes

Publicado en Nexos

Abren sus puertas todas las mañanas con la expectativa de que vecinos y clientes ocasionales ingresen y soliciten algo de lo que hay en sus anaqueles y refrigeradores. A estos negocios los conocemos como tiendas de abarrotes, misceláneas, changarros, minisúpers, papelerías, farmacias de barrio, unidades económicas que el Inegi calcula suman poco más de dos millones, en las cuales trabajan de una a cinco personas, giros comerciales y de servicios que no implican riesgos a la salud o la seguridad. Son pequeños emprendimientos cuya viabilidad suele depender de las ganancias que dejan las ventas de cada día.

Pero en estos locales también ingresan, cada vez con mayor frecuencia, personajes que no compran nada y en cambio ofrecen, envuelta en amenazas, una indeseada mercancía: protección a cambio de dinero, lo que se conoce como “cobro de derecho de piso”. Las bandas criminales imponen sistemáticamente este “impuesto informal” a muchos pequeños negocios. De no recibirlo, las consecuencias van desde atentados al establecimiento hasta riesgos a la integridad física de los dueños y empleados.

Sin contar la cifra negra, es decir, los delitos que no se reportan, durante 2020 se registraron en México alrededor de 900 000 extorsiones contra empresas, incluidas las micro, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una investigación periodística en campo y una encuesta realizada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas a empresarios de quince municipios1 del país reveló que en diez de ellos la inseguridad es el principal problema que enfrentan las personas que se animaron a abrir y operar un negocio. Además, casi cuatro de cada diez micro y pequeñas empresas en estas localidades son víctimas de algún tipo de delito, desde el robo hormiga hasta el asalto y, en el flanco extremo, el cobro de derecho de piso.

Varias de las localidades analizadas exhiben serias agravantes del fenómeno. Como el municipio Solidaridad, en Quintana Roo, que incluye a la turística Playa del Carmen y donde no sólo existe la práctica de imponer un cobro de piso por parte de grupos de la delincuencia a empresas de todos tamaños, sino que persiste una “extorsión oficial” por parte de funcionarios, corrupción institucional que la actual administración municipal asegura encarará con fuerza.

En la otra punta del país las cosas no son tan diferentes. En Matamoros los comerciantes llaman minisúper y no tienditas a sus negocios porque este término remite a espacios donde se venden sustancias ilegales; de hecho, algunos comerciantes confiesan que se abstienen de ofrecer productos como la cerveza, pues saben que los grupos delincuenciales cobrarán derecho de piso por ello y ejercerán una ominosa supervisión en los negocios.

La tierra tamaulipeca no es la única entidad norteña donde los nuevos empresarios enfrentan este tipo de acoso. En su vecino, Nuevo León, y de forma acentuada en la industriosa capital Monterrey, “el cobro de derecho de piso” o extorsión es el crimen más extendido y doloroso desde hace unos años, según reveló esta investigación, aunque no necesariamente los empresarios suelen reconocerlo abiertamente.

Por desgracia no son los únicos casos. En la encuesta de Ethos realizada por SIMO Consulting entre 2250 pequeñas empresas se descubrió que, en once de las quince ciudades que fueron parte del estudio, la inseguridad es el factor que más complica la operación de un negocio. El porcentaje de empresarios que así lo confirmaron alcanzó 62.6 % en Zacatecas, el más alto de todos, seguido de Matamoros (50.6 %), Torreón (48.6 %), Monterrey (48 %), Chihuahua (42 %), Solidaridad (40 %) o Centro, en Tabasco (38.6 %).

Asimismo, en municipios que no suelen figurar en la punta de las estadísticas de criminalidad, los empresarios no dijeron estar del todo exentos de la inseguridad, como en Querétaro (32 %), Puebla (25.3 %) o Mérida (24 %).

Llama la atención que urbes que suelen registrar problemas de violencia por diferentes factores, como la fronteriza Tijuana o la chiapaneca Tuxtla Gutiérrez, promediaron en este aspecto 15.3 y 28 %, respectivamente. También sorprendió que en plena zona metropolitana de la Ciudad de México, tanto en la alcaldía Cuauhtémoc (que incluye el Centro Histórico) como en la mexiquense Tlalnepantla, se registre idéntica respuesta en cuanto al problema de la inseguridad (38 %), semejante a lo que manifiestan los empresarios de la capital de Jalisco, Guadalajara, quienes admiten tener altos índices de incidencia en este aspecto (34.6 %).

Precisamente en estos tres últimos municipios las respuestas de los consultados mostraron elevados niveles de victimización por el delito más agresivo, el de “cobro de derecho de piso”. Tlalnepantla, que alberga gran cantidad de industrias, actividad comercial y desarrollos habitacionales de clase media, es la que muestra el problema más agudo (24.67 %), seguida de Cuauhtémoc, en el corazón de la Ciudad de México (22 %) y Guadalajara (20 %). Por otro lado, y no obstante los altos índices de “cobro de derecho de piso” que se registran en Monterrey, paradójicamente sólo 8.6 % de los encuestados aceptaron haber sufrido de este delito.

En general, de los 2250 empresarios y empresarias encuestados en los 15 municipios, 13.5 % declaró que en el último año han sido víctimas de cobros por el crimen organizado, es decir, 13 de cada 100 empresas han tenido que pagar derecho de piso en su negocio, pero se puede inferir que el número de víctimas es mucho mayor debido a la cifra negra que rodea este delito.

Quien con coyotes anda, a aullar se enseña

Si bien la delincuencia es algo que puede quitar el sueño al empresariado de escala modesta, no es el único factor que juega en contra para mantener el negocio a flote. Porque no comprender cabalmente o no poder solventar una regulación compleja, sumado a trabas en oficinas municipales y altas tarifas de licencias o permisos, puede ser determinante para la sobrevivencia, pues los propietarios no suelen contar con ayudantes, contadores, dinero y tiempo para resolver todo el proceso con prontitud.

Desde el momento mismo del arranque y ante el poco avance de los mecanismos digitales, los pequeños empresarios no pueden evitar el contacto con burocracias locales que imponen procesos complejos y lentos. Al ciudadano no le queda otra opción que realizar trámites en ventanillas, a mano directa.

Y es aquí cuando la figura de los gestores profesionales, pero también de aquellos que operan desde las entrañas del cuerpo burocrático, cobran relevancia. Estos gestores, conocidos como coyotes, ofrecen agilizar trámites y solucionar sanciones que en condiciones normales tardarían semanas o hasta meses en solventar. Representan una suerte de negocio paralelo donde por ciertas cantidades de dinero —a veces, al margen de la ley— se promete abrir negocios de forma expedita, resolver multas o impedir inspecciones in situ.

No por nada la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental 2020 (ENCRIGE) del Inegi arrojó que entre los principales motivos para la corrupción destaca “Agilizar trámites” (72.6 % señalaron esa causa), muy por encima de “Evitar multas o sanciones”, “Evitar la clausura”, “Pagar menos impuestos”, “Obtener licencias o permisos” y “Evitar inspecciones”.

Justamente ahí radica el poder de quienes conocen cómo funcionan las oficinas en gobiernos que han desarrollado incipientemente la digitalización, como puede ser el caso de la capital de Zacatecas, que carece de una base de datos que dé seguimiento sobre quién abrió una empresa y en qué condiciones, y que requiere de una credencialización de comerciantes y empresarios; o en la capital de Chihuahua, donde abrir un negocito hasta posteriormente operarlo depende en gran parte del ánimo y disposición de los funcionarios en ventanillas, y por tanto el proceso puede durar días o meses; o como testifican ciudadanos y cámaras comerciales en el tabasqueño Centro, quienes denuncian cómo se niega a desaparecer un sistema que propicia el pago en mano, debido a que son necesarias reiteradas visitas y peticiones en el ayuntamiento para realizar trámites.

No por nada en estos tres municipios —Zacatecas, Chihuahua y Centro— es donde más de la mitad de los encuestados admitieron que los gestores son necesarios para la realización de trámites.

Sin embargo, como se pudo comprobar en esta investigación, no sólo los ayuntamientos desprovistos de facilidades y modernización digital son campo propicio para la presencia de coyotes, sino que el intermediarismo también se da en sitios como la alcaldía Cuauhtémoc, donde florecen pseudo funcionarios conectados con diversos niveles de gobierno para arreglarse con inspectores que acuden a establecimientos diversos.

Incluso en Querétaro, con altas evaluaciones de gobierno digital o en Tijuana, con un portal web amigable para los emprendedores, cuando se atora algún trámite o se desea destrabar la apertura de un negocio, los gestores aceleran los procedimientos por unos cuantos miles de pesos.

La investigación en los municipios coincidió en gran parte con la encuesta hecha para Ethos; en ésta, los empresarios en Tijuana y en Querétaro manifestaron que han recurrido a gestores de modo muy relevante (33.3 y 32.6 %, respectivamente), seguidos de Tuxtla Gutiérrez (24 %), y Torreón, Solidaridad y Guadalajara (alrededor de 18V%).

En las quince ciudades que fueron parte del estudio, casi 20 % de los empresarios acudieron a un gestor o a un coyote para realizar trámites de apertura o mantenimiento de su negocio. Esto pese a que 54 % de los encuestados expresaron que los gestores legales y los coyotes “no deberían de existir”. O sea, los empresarios están usando estos servicios no por decisión propia, sino por necesidad.

Pásenle, novatos

Más allá del acoso de la delincuencia y de la dependencia hacia los intermediarios o gestores, existe un pecado original en el tejido burocrático que afecta la creación misma de empresas. La ineficiencia de los procesos institucionales hace que el acopio de todos los papeles, y el cumplimiento de las reglamentaciones y disposiciones, no sea expedito ni barato. Porque es ahí, en los detalles de los requisitos, en las visitas a las ventanillas de las dependencias y, como se suele decir, en “la letra chiquita”, donde está el diablo para quienes emprenden.

A escala federal los nuevos empresarios suelen tener contacto con Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), incluso con instancias de protección contra riesgos sanitarios (como Cofepris), y a escala municipal o estatal con dependencias como Tesorería, Protección Civil, sistemas de agua y de recolección de residuos y con el departamento de bomberos.

Arrancar uno de estos negocios no le debería llevar al ciudadano más que tres días si cubre y paga los requisitos, pues existen mecanismos que teóricamente permiten hacerlo en ese plazo. Tal es el caso del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), un sistema que promete dar permisos de apertura empresarial en máximo tres días impulsado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) de la Secretaría de Economía federal. Sin embargo, la realidad es que su efectividad sólo se comprueba en muy pocos casos.

Esta investigación descubrió que, pese a que el SARE es una de las estrategias más prometedoras, su uso, conocimiento y resultados están muy lejos de lo anunciado. Ésta fue una constante en la gran mayoría de los municipios analizados, aunque en varios de ellos hubo señales de la disposición y empeño por parte de los gobiernos locales en modernizar sus portales y en disminuir el trato directo en ventanilla, un factor que propicia la corrupción.

Se encontraron ejemplos de lo anterior en el municipio de Puebla, donde existe una estrategia que busca digitalizar todos los trámites empresariales, unificados en un solo portal para reducir de 288 a 165 los trámites digitales más importantes para la apertura y mantenimiento de un negocio; algo semejante ocurre en Torreón, donde se diseña un plan basado en una ventanilla única virtual y se cuenta con un SARE apenas activado en julio de 2020, además de que se creó una megabase de datos a la que acceden todas las dependencias de gobierno municipal para evitar duplicidades para el ciudadano. O en Tijuana, donde mediante el programa municipal de Aviso de Apertura Inmediata el nuevo negocio puede operar con un periodo de gracia de noventa días para realizar todos los trámites necesarios. O en Monterrey y en Guadalajara, donde se trabaja respectivamente en disminuir la sobrerregulación y la tardanza en las inspecciones.

Los testimonios y la información recabada en esta investigación apuntan a que es necesario que los gobiernos en México, en todos los órdenes pero sobre todo a escala municipal, fortalezcan la protección y la atención a los poco más de dos millones de micro y pequeños negocios de bajo impacto. Su relevancia se mide no sólo porque constituyen una válvula de escape al desempleo sino porque forman la base más extendida de las unidades económicas del país, mismas que generan plazas de trabajo, recaudación fiscal y movilidad social.

Este reportaje forma parte de la serie “La odisea de abrir un micronegocio en México”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Dalia Toledo, Luis Ángel Martínez y Héctor Tirado, así como el apoyo de Silvia Márquez y Maura Arzate.

Corresponsales: Sergio Blanco Covarrubias (Guadalajara, Jal), Martina María de los Ángeles (Tuxtla Gutiérrez, Chi), María de Lourdes Cruz Sosa (Solidaridad Q.R.), Francisco Javier Rodríguez Lozano (Torreón, Coah), Ana Gabriela García Muñoz (Puebla), Patricia Yolanda López Núñez (Querétaro), Gerardo Romo Arias (Zacatecas), Alexis Daniel Pérez Cerino (Centro, Tabasco), Daniela Alejandra García Gracia (Monterrey NL), María Concepción Peralta Silverio (Cuauhtémoc y Tlalnepantla), Rosa María Pereda Rangel (Matamoros, Tams), Alejandro Aldán Vázquez (Tijuana), Elizabeth Pérez Ongay (Mérida, Yuc), Manuel Escogido Zubiate (Chihuahua). Jefe de información: José Ramón Huerta González. Coordinador editorial: Salvador Frausto Crotte.

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