Más datos, menos corrupción

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Más datos, menos corrupción

Por Néstor Genis para Animal Político

Todos los días se generan millones de datos alrededor del mundo, que son aprovechados por diferentes sectores para realizar análisis que les ayuden a tomar mejores decisiones. Contar con mecanismos para recopilar, administrar y analizar esos datos permite mejorar la productividad, eficientar procesos, detectar y reducir riesgos, entre otras cuestiones. El potencial del análisis de datos es muy grande, tanto como los esfuerzos que necesitamos para reducir la corrupción en México, por lo que puede ser una herramienta sumamente valiosa para enfrentar este problema. En el camino, sin embargo, hay varios retos.

El primer obstáculo al que nos enfrentamos es la accesibilidad. No es un secreto que la transparencia proactiva no es la principal fortaleza de la gran mayoría de los gobiernos. En muchas ocasiones, la información de interés público sobre rubros como presupuesto, programas sociales, contrataciones, entre otros,  no se publica, y cuando se hace es de forma incompleta, dispersa, desactualizada o muy poco amigable para la ciudadanía. Pareciera que se le quiere complicar la vida lo más posible a cualquier persona interesada en indagar un poco en la actividad gubernamental. Un ejemplo clásico de esto es la publicación de datos en PDF en lugar de en un archivo en formato CSV, o por lo menos en Excel.

Otro gran problema es que cuando sí existe información, las autoridades no la aprovechan para evitar actos de corrupción. Prueba de ello es la adjudicación de contratos a “empresas fantasma”. Del 2019 a la fecha, se detectaron 52 contratos por un monto de 162 millones de pesos con este tipo de empresas. Esto podría evitarse fácilmente al consultar la base de datos del SAT, donde aparecen los contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes, para verificar que las empresas que se contraten no sean de este tipo. El hecho de que aún no se establezca este filtro en las contrataciones en los diferentes niveles de gobierno es claro ejemplo de cómo se desperdicia información valiosa en un tema que es costoso para el erario público.

Además, el panorama actual no es el más favorable. Entre los principales desafíos se encuentran la austeridad republicana, ya que desarrollar y mantener sistemas de información y análisis robustos, eficientes y accesibles no es precisamente barato, pero es una inversión que seguramente tendrá grandes beneficios en el mediano y largo plazo; sin embargo, la visión cortoplacista y el empeño en reducir al máximo los costos operativos hace poco probable que se puedan ejecutar proyectos de este tipo.

Otro de los obstáculos es la opacidad deliberada. Sabemos que tener acceso a datos permite a la ciudadanía supervisar y criticar el desempeño del gobierno con evidencia, lo que muchas veces no es muy bien recibido por algunas autoridades. En estos casos, la voluntad política es el principal impedimento, y se requiere de una fuerte presión de la población para obligar a los gobiernos a transparentar su actuar y abrir sus datos.

Por otro lado, el que muchas personas tengan acceso a los datos permite la identificación de problemas y la construcción de soluciones de forma colaborativa. No obstante, el ambiente político actual en el que se tiende a descalificar todo aquello que no es afín a una u otra postura dificulta que los análisis, aún y cuando se basan en datos oficiales, sean tomados en cuenta y utilizados para tomar mejores decisiones.

Para que tanto los gobiernos como la ciudadanía puedan aprovechar el potencial de los datos para combatir la corrupción, es necesario reconocer su valor e invertir en infraestructura que permitan su aprovechamiento. En primera instancia, se deben generar sistemas para la recopilación y administración eficiente de los datos y, posteriormente, presentarlos de forma amigable para que cualquier persona pueda utilizarlos. Una vez hecho esto, las autoridades deben aprovechar el potencial de los datos, incorporando procesos de análisis como parte de las acciones cotidianas para identificar riesgos de corrupción o incluso actos consumados. Además, se debe incentivar la explotación de estos datos por parte de la ciudadanía para realizar análisis independientes que abonen al mismo objetivo.

Y aunque el contexto actual puede no ser muy alentador, sí existen esfuerzos importantes para aprovechar el potencial de los datos en la lucha anticorrupción. Un referente en este sentido es la Plataforma Nacional Digital (PND), desarrollada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), la cual busca conjugar bases de datos sobre declaraciones de servidores públicos, contrataciones, denuncias, sanciones y procesos de fiscalización con el objetivo de facilitar su acceso y análisis. Además, realiza ejercicios como Datatones para que la ciudadanía conozca y aproveche la plataforma construyendo herramientas anticorrupción.

Los datos son una mina de oro que se puede utilizar para financiar el combate anticorrupción. Debemos invertir en la infraestructura necesaria para explotarlos, de no hacerlo, el costo será mucho mayor. Ante la falta de visión de la gran mayoría de las autoridades para aprovechar esta oportunidad, la ciudadanía debe continuar poniendo el ejemplo y utilizar los datos disponibles para evidenciar riesgos y casos de corrupción, a la vez que debe exigir  mayor apertura por parte de los gobiernos.

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