Mejora Regulatoria: una aliada en el combate a la corrupción

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Mejora Regulatoria: una aliada en el combate a la corrupción

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas, de 2016 a 2020 aumentó de 20 a 28% el número de unidades económicas que consideran que los trámites son un obstáculo para el logro de sus objetivos. Además, en 2020 las empresas mexicanas debieron pagar 239 mil millones de pesos para cumplir con la regulación, el equivalente a 1% del PIB. Esto desincentiva la apertura de nuevas empresas y la permanencia de las que ya existen.

Adicionalmente, 73% de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, mientras que 510 de cada 10 mil unidades económicas enfrentaron un acto de corrupción al realizar un trámite, particularmente los relacionados con la apertura de negocio. 

Estos datos ponen de manifiesto la forma en que la mejora regulatoria, vista como una estrategia que permite generar normas claras y trámites y servicios simplificados, contribuye a combatir la corrupción, además de promover el desarrollo de los negocios en México, tan necesario en el actual contexto derivado de la pandemia.

Es por ello que Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y el Consejo Coordinador Empresarial, convocaron a especialistas del sector público, privado, académico y de nivel internacional a dialogar sobre los avances y desafíos en nuestro país respecto al tema en el webinario «El combate a la corrupción desde la mejora regulatoria»

Alain de Remes, Coordinador Académico del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE; Silvia Dávalos, Directora General de Políticas Públicas y Comisiones del CCEManuel Gerardo Flores, Coordinador del Programa de Política Regulatoria para América Latina de la OCDE; y Jessica Poblano, Coordinadora General de Mejora Regulatoria de Servicios y Asuntos Jurídicos de la CONAMER, conformaron este panel, que fue moderado por Dalia Toledo, de Ethos, y Andrea Alcaraz, del CCE.

Para iniciar el conversatorio, Silvia Dávalos expuso que la legalidad en México, su regulación y normatividad tiene un alto costo para los ciudadanos, los emprendedores y el sector empresarial, el cual está compuesto en 97% por micro, pequeñas y medianas empresas, y destacó que se requiere un gobierno consciente de las necesidades que tiene un país para desarrollarse social y económicamente. 

“Cuando hablamos de un desarrollo socioeconómico, necesariamente nos tenemos que ir a todas esas regulaciones que a veces no están homologadas, no están simplificadas y cuando se generan esos espacios de discrecionalidad, se abre la puerta a la corrupción”, explicó, lo cual no da certeza jurídica a ciudadanos y empresarios para invertir, promover sus productos y servicios, y operar en un espacio libre de corrupción.

En cuanto a los retos que se enfrentan, compartió que el gobierno debe tener un acercamiento y un diálogo con los diferentes sectores a los que está regulando. En este sentido, desde el sector empresarial se realizó este ejercicio y hubo apertura a nivel estatal y con algunos municipios. “Debemos ir construyendo esa confianza en las instituciones y esta corresponsabilidad entre el sector privado y el público”, afirmó.

Mientras tanto, Alain de Remes expresó que la mejora regulatoria es un instrumento esencial para tratar de disminuir la corrupción, y recordó que casi cada sexenio hay programas que tienen como objetivo implementar acciones para mejorar la regulación vigente, así como simplificar trámites y servicios, para lograr que las actividades humanas, sociales, económicas, se desarrollen sin tantos costos.

Sobre los retos, mencionó dos. El primero es de tipo coyuntural, por ejemplo, en situaciones como la pandemia, aumentan las regulaciones, pero una vez que se controla, hay que tener cuidado en que se eliminen. El segundo es de tipo estructural: “hay una gran tendencia entre las sociedades, no solo la mexicana, sino latina, que cada vez que vemos un problema, queremos emitir una ley para arreglarlo”, dijo.

Respecto a cómo contribuye la academia con la simplificación de trámites y servicios, señaló los estudios de impacto regulatorio que permiten elaborar una agenda de mejora regulatoria, y habló de comenzar a hacer estudios de ciencias del comportamiento que pueden tener efecto en la parte de ataque a la corrupción; se trata, explicó, “de una rama prometedora, diferente, que busca internalizar ciertos comportamientos y no emitiendo exclusivamente regulaciones”.

Manuel Gerardo Flores, por su parte, destacó que la oscuridad en la regulación lleva a la corrupción, porque no se sabe de dónde salen ni qué problema atacan; ante ello, la OCDE recomienda una consulta pública que involucre a los grupos interesados. Otro tema que puso sobre la mesa fueron las múltiples fuentes de información de trámites, que son inconsistentes, lo cual fomenta la corrupción. “Se requiere una sola fuente de información, un registro de trámites sumamente confiable”, dijo.

En lo que se refiere a las buenas prácticas internacionales en mejora regulatoria, indicó que la OCDE está elaborando un documento, que se encuentra como borrador, donde una recomendación proveniente del Reino Unido es la consulta temprana, escuchar a los ciudadanos, ello evitará la oscuridad en las regulaciones y, por tanto, la corrupción.

Sobre los trámites confusos, recordó que en México la Ley General de Mejora Regulatoria establece obligaciones para que haya un Catálogo de Mejora Regulatoria según el cual la federación, estados y municipios deben tener la información de sus trámites en línea. “Es un  gran paso que pocos países de la OCDE lo han hecho. Ahora, lo que hace falta es un cumplimiento cercano”, expresó, para lo cual se necesita compromiso de los políticos.

Finalmente, para Jessica Poblano, la política de mejora regulatoria se está fortaleciendo y está ganando terreno a nivel nacional. Esto conlleva el perfeccionamiento en la calidad de las regulaciones y los trámites que se realizan en México. Es, aseguró, una herramienta para el combate a la corrupción, ya que por medio de ella se puede innovar en el sector público, eliminando los espacios de corrupción al implementar herramientas tecnológicas y formatos amigables para la ciudadanía.

“Como CONAMER promovemos la transición a regulaciones eficientes para una actividad económica que genere más y mejores empleos a través de las herramientas que prevé la Ley General de Mejora Regulatoria”, puntualizó.

Y comentó que existen herramientas en el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria para coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno: se trata del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios; la Agenda Regulatoria; el Análisis de Impacto Regulatorio; los Programas de Mejora Regulatoria y las encuestas, información estadística y evaluación en materia de mejora regulatoria.

Para ver nuevamente el webinario «El combate a la corrupción desde la mejora regulatoria», da clic aquí.

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