¿Obras que se pagan solas? ¿Oportunidad o apuesta?

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Por: Ana Laura Barrón

Esta cautela por parte de la administración para invertir recursos en infraestructura productiva es comprensible desde el punto de vista de la estricta política de austeridad y control del gasto que abandera el gobierno en turno; sin embargo, hay que recordar que gasto e inversión no son sinónimos.

El panorama económico para el año 2021 es poco alentador y sus repercusiones en la inversión en infraestructura son evidentes, por lo cual el sector público debe diversificar sus fuentes de financiamiento a través del uso de esquemas mixtos con participación privada como alternativa a la deuda. En los criterios generales de política económica se menciona que ‘cada punto del PIB adicional de deuda en 2020 significaría cerca de 11,060 millones de pesos menos para salud, educación, programas sociales o proyectos de infraestructura en 2021’. La reducción en las estimaciones de los ingresos públicos, la creciente demanda de servicios en las ciudades y la reducción de las transferencias federales a los estados y municipios son otros problemas que se suman al déficit en la inversión productiva.

A pesar de ello, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no se incluyen nuevos proyectos de inversión en infraestructura de largo plazo ni bajo el esquema de asociación público privada (APP), pese a que el monto máximo de gasto programable para este rubro se incrementó en alrededor de 2,700 millones de pesos con respecto del aprobado para 2020 ($42,735.6 mdp).

Esta cautela por parte de la administración para invertir recursos en infraestructura productiva es comprensible desde el punto de vista de la estricta política de austeridad y control del gasto que abandera el gobierno en turno; sin embargo, hay que recordar que gasto e inversión no son sinónimos. Mientras que el gasto se refiere a cubrir necesidades operativas inmediatas, como el pago de nóminas o servicios comunes que garantizan la continuidad del aparato administrativo, la inversión consiste en destinar recursos a producir activos o satisfactores que incrementen la productividad y los niveles de bienestar (calidad de vida) de la población en el largo plazo. Por ello es de primera necesidad invertir en infraestructura pública, no solo asequible sino también eficiente y sostenible.

Aunque las opciones parecen limitadas, los proyectos autofinanciables son una oportunidad para que el sector público desarrolle proyectos en sectores estratégicos, en los que los recursos para su desarrollo y ejecución provengan en su totalidad de aportaciones distintas a los recursos federales presupuestarios; es decir, que son financiados con recursos privados o los propios ingresos generados por los proyectos. A nivel federal ya se han realizado proyectos bajo este esquema en el sector de telecomunicaciones y transporte: el proyecto de la red compartida a cargo de la SCT y el tramo carretero Monterrey-Nuevo Laredo.

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