Prioridades presupuestarias anticorrupción: ¿coyunturas políticas o enfoque basado en la Agenda 2030?

14693

Prioridades presupuestarias anticorrupción: ¿coyunturas políticas o enfoque basado en la Agenda 2030?

Por: Solidaria México A.C.

En México, el presupuesto para la lucha contra la corrupción ha disminuido en los últimos años. En el ejercicio fiscal 2018, gracias al Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), supimos que el monto total para el tema anticorrupción fue de 10 mil 399.2 millones de pesos; sin embargo, en el 2021, tan solo se observa un monto de 3 mil 315.7 mdp. ¿Por qué hubo esta disminución de los recursos públicos para la prevención y combate de la corrupción? Si esta se debe a un refinamiento de la metodología de cálculo de gasto anticorrupción que impida la simulación presupuestaria que sobreestimaba presupuestos, entonces es correcta, pero debemos estar atentos y seguros de que esta sea la razón y no un simple recorte del gasto anticorrupción. 

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, nuestro país registró un descenso de puntuación de corrupción elevada a corrupción inexistente, ya que en el año 2018 se encontraba en el lugar 138 y para el 2020 pasó al sitio 124. En función de los datos anteriores se requiere actuar con cautela en el Presupuesto de Egresos 2022 en materia de prevención y combate a la corrupción. Los recursos públicos no deben obedecer a coyunturas políticas de austeridad y deben contar con un marco legal que afiance el recurso destinado a este rubro, tanto en lo federal como lo local. Por ello, debe inquietarnos lo observado en la “Nota Informativa” del 28 de enero de 2021 de la Cámara de Diputados con relación al Anexo Transversal 31 Anticorrupción, en la que se señala que “el Anexo Transversal del Ejercicio 2018 sirvió para sentar un precedente en la materia, permitiendo identificar aspecto de mejora para su incorporación en futuros ejercicios presupuestarios”  y que advierte que “hasta el momento se desconoce si este nuevo Anexo Transversal, se incorpora de manera permanente o solo será transitorio”.

Es urgente que para la aprobación del Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio fiscal, nuestros representantes legislativos hagan lo correspondiente para que se reforme la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que se incluya el ATA en el artículo 2, fracción III Bis, como parte de los Anexos Transversales del Presupuesto para que sea obligatorio y permanente.  Aunque ya existe una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por la legisladora Fabiola Loya, desde el 18 de septiembre de 2019, está “pendiente” su trámite, aunque ya transcurrieron los plazos para dictaminar según reglamento interior de la Cámara de Diputados.

Además, se deberá tener presente la primera recomendación de Transparencia Internacional en el contexto de la crisis mundial de salud: “la acción contra la COVID-19 ha expuesto los puntos débiles de una supervisión endeble y una transparencia insuficiente. Para lograr que los recursos lleguen a la población más necesitada sin peligro de robo por personas corruptas, las instituciones anticorrupción y los organismos de supervisión deberán contar con fondos, recursos e independencia para cumplir con su cometido”. En este sentido, vale la pena referir al informe de OXFAM México “La (otra) mafia del poder”, que refiere que desde 2001 los gobiernos municipales de México han perdido 25 mil millones de pesos del gasto público por actos de corrupción y el 58% se encuentra en municipios donde la mayoría de la población se encuentra en pobreza.  

En este contexto, es importante que el ATA sea obligatorio y permanente por mandato de ley, para que cada año se transparente, en un único documento, el monto preciso de los recursos públicos que se destinan al gasto anticorrupción. Además, se debe avanzar para que la ley estipule el principio de irreductibilidad del gasto anticorrupción, para evitar que sea de menor cuantía cada año. 

  En función de una de las facultades exclusivas de los diputados, como es la aprobación anual de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, que se vinculan respectivamente a los Planes Nacional y Estatales de Desarrollo, y que a su vez tienen convergencia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; confiamos en la construcción de consensos para cumplir con la promesa central de esta agenda de no dejar a nadie atrás, hacer efectiva la progresividad en la realización de los derechos humanos así como del máximo uso de los recursos disponibles que se requieren para incidir, entre otros temas urgentes, en materia anticorrupción.

CONTENIDO RELACIONADO