¿Qué debe priorizarse para lograr una recuperación sostenible e inclusiva desde la perspectiva de género?

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¿Qué debe priorizarse para lograr una recuperación sostenible e inclusiva desde la perspectiva de género?

Por Ximena Mejía para Animal Político

Nos encontramos en un momento en el que la aplicación del análisis de género al diseño, implementación y análisis de las políticas públicas, a nivel global, ha adquirido gran legitimidad discursiva. A la luz de la intención de lograr una recuperación inclusiva y ecológicamente sostenible frente al contexto de la pandemia de COVID-19, esto resulta crucial para garantizar que las políticas de recuperación aborden de manera integral los efectos de la crisis. Pero, ¿qué debe priorizarse para lograr una recuperación justa y resiliente, desde la perspectiva de género?

En abril de 2020, en una reunión virtual, los Ministros de Finanzas del G20 se comprometieron a fomentar una recuperación ecológicamente sostenible e inclusiva, de la cual surgió el documento Reconstruir mejor: por una recuperación resiliente y sostenible después del COVID-19 1. Se trata de una especie de manifiesto que establece las líneas generales para “reconstruir mejor” tras la crisis de la COVID-19, lo cual implica no sólo restablecer las economías y los medios de vida, sino garantizar el bienestar a largo plazo.

Del conjunto de este documento me gustaría centrarme en dos líneas de acción, que deben integrar de forma prioritaria la perspectiva de género con la finalidad de sentar las bases para transitar hacia sociedades más resilientes e inclusivas.

La primera de ellas es el fortalecimiento de la resiliencia ante los efectos del cambio climático. El Sexto Informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), indica que la frecuencia e intensidad de desastres naturales aumentará para 2030 debido al incremento de la temperatura mundial en 1.5º C. Esto pone el foco en las medidas de adaptación para hacer frente a contextos de crisis; sin embargo, si no se reconoce que las mujeres se encuentran en condiciones de vulnerabilidad mayores debido a atribuciones de género, será difícil que este tipo de políticas logren el objetivo de evitar la mayor cantidad posible de pérdidas humanas.

De acuerdo con un estudio de ONU Hábitat en 141 países 2, las mujeres y niñas tienen 14 veces más probabilidades de morir en un desastre, en contraste con sus contrapartes varones. Esto se debe a las desigualdades existentes tanto en su educación formal e informal, como en el acceso a recursos estratégicos para su supervivencia. Por eso, las medidas de adaptación deben trastocar las brechas existentes; por ejemplo, al incluir a las mujeres y niñas en los procesos de toma de decisiones sobre cambio climático; al generar infraestructura sensible a sus necesidades y al enseñar en igualdad conocimientos, que les permitan a hacer frente a panoramas críticos.

La segunda dimensión que debe dar prioridad a la aplicación de este enfoque es el desarrollo de políticas más ambiciosas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Dentro de estas estrategias están las soluciones basadas en la naturaleza (SbN), las cuales representan una alternativa sostenible para abordar problemas socioecológicos, mediante el uso de servicios naturales. Si realmente se espera fomentar una recuperación inclusiva y sostenible, el diseño de estas iniciativas debe analizar quién se beneficiará de su implementación; a quién se empleará en la construcción y mantenimiento de los proyectos y quienes tienen poder de decisión sobre el acceso a los recursos de la comunidad. Si no se responde a estas preguntas desde el diseño, seguramente se desaprovecharán los conocimientos locales y una gran parte de la población quedará excluida de los beneficios que estos proyectos pueden aportar.

Por ejemplo, en el caso de la agricultura, los agricultores son gestores con gran experiencia en las SbN, puesto que pueden combinar sus conocimientos con nuevas capacidades para salvaguardar los ecosistemas de los que depende la producción alimentaria. A esto se le suma que poco más del 25% de la mano de obra agrícola lo constituyen mujeres 3; sin embargo, se debe considerar que existe un problema de género en torno a la tenencia sobre la tierra, puesto que solamente un reducido porcentaje de ellas tiene derechos sobre su administración. De tal suerte, esto limitaría su capacidad para aportar conocimientos para gestionar proyectos de SbN y, en general, para hacer escuchar su voz en torno a la toma de decisiones.

Como puede observarse, los impactos de la aplicación efectiva de estas dos dimensiones no son menores, pues de ellas depende el desarrollo de comunidades bien preparadas para enfrentar el contexto de incertidumbre que se nos viene en un futuro no muy lejano. Por ende, la ausencia de la perspectiva de género en su diseño no sólo implicaría ignorar los intereses y necesidades específicas de las mujeres frente a esta nueva realidad, sino también el perpetuar su vulnerabilidad y limitar los impactos positivos que pueden aportar los proyectos para reconstruir mejor.

1 OCDE, “Reconstruir mejor: por una recuperación resiliente y sostenible después del COVID-19”, 2020, disponible aquí.

2 Eric Neumayer y Thomas Plümper, The gendered nature of natural disasters: the impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy, 1981–2002, 2007, disponible aquí.

3 Banco Mundial, “Empleados en agricultura, mujeres (% del empleo femenino)”, 2019, disponible aquí.

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