¿Respaldan a AMLO los beneficiarios de programas sociales?

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¿Respaldan a AMLO los beneficiarios de programas sociales?

Por Néstor Génis para Animal Político

El pasado 10 de abril 15 millones de personas participaron en la consulta de revocación de mandato. Una cifra importante que algunas personas consideran como el voto duro del presidente. Dependiendo de la perspectiva de quien lo mire, estos resultados pueden significar una victoria o derrota para el presidente o la oposición. Pero más allá de estos discursos dicotómicos, es interesante analizar la respuesta que tuvo un sector clave: las personas beneficiarias de programas sociales.

En primera instancia, podría pensarse que quienes reciben algún apoyo social, ya sea por legítima convicción o por algún tipo de presión, son parte del voto duro de López Obrador. Sin embargo, parece que el voto de esta población no es tan “duro” como le gustaría al presidente.

Es importante dimensionar el peso que este sector puede tener en las urnas. Los programas sociales prioritarios benefician a alrededor 20.3 millones de personas, según los últimos datos disponibles, mientras que la lista nominal está integrada por 92.8 millones. Es decir, el 22% de electorado se beneficia, directa o indirectamente, 1 de algún programa social federal. Esto representa casi un cuarto de los votos que se pueden conseguir en las urnas, lo que podría ser determinante para cualquier tipo de consulta o comicios. ¿Pero en realidad toda esta población brinda incondicional respaldo al presidente?

Tomando en cuenta los resultados de la revocación de mandato, la respuesta corta es no. Votaron 15.16 millones de personas para que López Obrador siga en la presidencia, 5 millones menos de las que reciben programas sociales. Es decir, por lo menos el 25% de los beneficiarios no manifestó su apoyo al ejecutivo en las urnas. Del restante 75% no es posible saber cuántos de los votos fueron de personas que reciben algún programa y cuántos de genuinos simpatizantes o personas que fueron movilizadas mediante otro tipo de estrategias políticas. No obstante, es evidente que una buena parte de quienes reciben estos apoyos no respaldan incondicionalmente al ejecutivo.

Solo en 7 entidades votaron más personas de las que reciben apoyos sociales, lo que podría significar, entre otras cosas, una mayor participación de este sector. Los estados donde esta diferencia fue mayor son Tabasco (4%), Quintana Roo (4.1%) y Coahuila (1.9%), mientras que en la Ciudad de México (0.6%), Tamaulipas (0.4%) y Baja California (0.3%) la cantidad de votantes apenas fue superior a la de quienes reciben apoyos sociales.

Por otra parte, destaca que en las cuatro entidades en las que la proporción del electorado que se beneficia de programas sociales es más alta, Guerrero (48.4%), Chiapas (39.6%), Oaxaca (35.9%) y Campeche (33%), participaron muchas menos personas que las que reciben programas sociales. En Guerrero, el estado con la proporción más alta de electorado que se beneficia de algún programa social, apenas votaron 622 mil personas, cuando 1.2 millones reciben apoyos. Es decir, en el mejor de los casos, apenas se logró movilizar a la mitad de ese sector.

Existen muchos otros factores que pudieron haber intervenido en los resultados antes presentados y es necesario profundizar el análisis con unidades geográficas más específicas para entender mejor este fenómeno. Pero a grandes rasgos parece que el gobierno no ha logrado capitalizar gran parte de los votos de las personas beneficiarias de programas sociales. Esto podría significar una mayor independencia electoral de quienes reciben los apoyos y menor margen de maniobra del gobierno para movilizar estos votos.

De cualquier forma, hay que tener presente que el clientelismo electoral sigue siendo un riesgo latente. Y que en la actual administración existen importantes estructuras operativas, como la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y los Servidores de la Nación, que pueden ser utilizadas para capturar votos.

Los programas sociales deberían ser una respuesta institucional y apartidista para satisfacer los derechos sociales de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Lucrar políticamente con la necesidad de las personas es uno de los actos políticos más viles. Sin embargo, conseguir aunque sea la mitad de estos votos representa un gran botín electoral que podría ser decisivo en cualquier elección, y por el cual muchas personas están dispuestas a violar descaradamente la ley. Por ello, es un gran pendiente la mejora y transparencia de los mecanismos de denuncia y contraloría social en los programas sociales, así como garantizar el acceso a  la justicia cuando sea necesario.

1 El beneficio indirecto se da en los casos de personas que, si bien no son las beneficiarias directas del programa, si perciben el efecto positivo en la economía familiar. Por ejemplo, en el caso de padres y madres de familia de estudiantes que reciben la Beca Benito Juárez para Educación Básica.

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