Finanzas públicas del primer semestre: más deuda, menos inversión

Durante el primer semestre de 2026, la economía mexicana mostró señales de recuperación. Entre abril y junio, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1.5 % respecto al trimestre previo y 2.1% frente al mismo periodo del año anterior. Aunque esta es una noticia positiva, todavía es insuficiente para resolver uno de los principales desafíos del país: contar con finanzas públicas sostenibles que permitan cubrir las necesidades de la población.

Las cifras más recientes muestran que el gobierno enfrenta una realidad más compleja de lo que reflejan los indicadores de crecimiento. De enero a junio el gobierno recaudó 4.3 billones de pesos, 3.2 % menos de lo previsto. Los ingresos tributarios, que constituyen la principal fuente de recursos del Estado, también quedaron por debajo de lo programado, debido principalmente a una menor recaudación del ISR y del IEPS. A ello se suma que los ingresos petroleros fueron 20 % inferiores a lo esperado, afectados por una menor producción y exportación de petróleo, así como por la apreciación del peso frente al dólar.

Cuando el gobierno recauda menos de lo planeado tiene dos opciones: gastar menos o endeudarse más, y durante este primer semestre ocurrieron ambas cosas. Por un lado, el endeudamiento (RFSP) se ubicó en 562,910 millones de pesos y el saldo de la deuda pública (SHRFSP) ya equivale a 51.3 % del PIB, un nivel que reduce el margen de maniobra para el gobierno. Por otro lado, el gasto público quedó por debajo de lo aprobado, pues registró un subejercicio de 9.3 %, mientras que el gasto programable, que se dirige a la provisión directa de bienes y servicios a la población, fue 9.7 % menor al previsto.

No todo el gasto público se comportó igual

Detrás de estos resultados hay decisiones que afectan directamente el desarrollo del país. La inversión física en construcción e infraestructura presentó un subejercicio de 29.5 %. Posponer este tipo de proyectos puede aliviar temporalmente las finanzas públicas, pero también significa retrasar otras obras que elevan la productividad y mejoran la calidad de vida de la población, como escuelas, hospitales, sistemas hidráulicos o carreteras.

Pero no todo el gasto se comportó igual, pues algunos sectores del desarrollo social gastaron más de lo aprobado. En salud se ejercieron recursos 13.3 % por encima de lo programado, principalmente para fortalecer los servicios de atención médica y el programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para personas sin seguridad social. Educación también registró un ligero sobreejercicio de 1.7 %; sin embargo, la distribución del gasto dentro del sector fue desigual, pues la SEP ejerció 5 % menos de lo previsto.

Algo similar ocurre con la política de cuidados. Aunque este año se incorporó el nuevo anexo presupuestario “Consolidación para una sociedad de cuidados” para fortalecer este tema, al primer semestre únicamente se ejerció 45.5 % del presupuesto anual y el gasto fue 9.5 % menor al programado para el periodo. Resalta que algunos de los programas directamente relacionados con la provisión de estos servicios registraron fuertes subejercicios: Expansión de la Educación Inicial (47.1 %), Salud Casa por Casa (26 %) y Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (52.4 %).

El desafío de las finanzas públicas más allá del desempeño de un semestre

Estos datos cobran especial relevancia porque el país enfrenta una creciente demanda de cuidados derivada del envejecimiento de la población y porque la falta de estos servicios sigue recayendo principalmente sobre las mujeres. Cuando no existen suficientes estancias infantiles, servicios para personas mayores o con discapacidad, las mujeres reducen su participación en el mercado laboral o abandonan por completo sus empleos para dedicarse a estas tareas no remuneradas. En otras palabras, ejercer menos recursos en estos programas no solo afecta a quienes necesitan cuidados, sino también a quienes los proporcionan.

En cuanto a la situación en materia ambiental, esta tampoco mejora. Los recursos destinados a la adaptación y mitigación del cambio climático fueron 32 % menores a lo programado durante el primer semestre. En un contexto donde los desastres naturales son cada vez más frecuentes y costosos, retrasar inversiones preventivas implica seguir reaccionando cuando las emergencias ya ocurrieron, en lugar de reducir sus impactos desde el origen.

En conjunto, estas cifras reflejan un desafío que va más allá del desempeño de un semestre. México enfrenta una presión creciente sobre sus finanzas públicas, con una deuda superior al 50 % del PIB e ingresos que no alcanzan las metas previstas para financiar el gasto. Además, depender únicamente de una mejor fiscalización para incrementar la recaudación de ingresos en el largo plazo no será suficiente, pues en algún momento esa estrategia llegará a su límite y dejará de ser efectiva, mientras que demandas de salud, educación, infraestructura y cuidados seguirán aumentando.

Los resultados observados al primer semestre de 2026 deberían ser una alerta y un recordatorio para el gobierno de asegurar que los recursos públicos sean suficientes y se ejerzan de manera oportuna para responder a las necesidades de la población.