RUMBO DEMOCRÁTICO

La participación ciudadana es indispensable para mover la maquinaria institucional anticorrupción a través de la denuncia, pero ¿cómo exigir que denuncie sin contar con protección suficiente?

Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública muestran una clara relación entre la percepción de un mal desempeño institucional y la percepción de inseguridad. La falta de confianza en las instituciones judiciales y de seguridad alimenta un círculo vicioso en que la violencia se normaliza y la ciudadanía no encuentra propósito en acudir a las autoridades.

Es evidente que hace falta una Ley General de Participación Ciudadana para sentar las bases mínimas en la regulación nacional, sin embargo, no cualquier ley funciona. Aquella que se apruebe debe tomar en consideración las críticas hechas por la sociedad civil, así como las buenas y malas prácticas de leyes de participación ciudadana locales, de otros ejercicios de reglamentación nacional y de otros mecanismos de vigilancia ciudadana.

Aun cuando la Constitución establece inequívocamente nuestra forma de gobierno, es recurrente la pregunta sobre si México continúa siendo un país democrático, de cara a los fenómenos recientes de concentración de poder, eliminación de controles y cambio en las reglas del juego político.

Abrir datos no es suficiente; el verdadero valor está en fomentar su uso, en aprovecharlos para impulsar el crecimiento, mejorar el bienestar de las personas y generar decisiones más informadas. Sin esta estrategia, los datos pueden quedar ahí, abiertos, pero sin ser usados para generar valor público.

Ante el deterioro político en diversas partes del globo, Javier González y Ribka Espinoza discuten sobre la necesidad de fortalecer las democracias con instituciones sólidas, educación cívica y transparencia gubernamental.

Aunque la responsabilidad de garantizar un mayor acceso a la justicia recae en las instituciones competentes, corresponde a todas y todos en el país monitorear su desempeño, exigir rendición de cuentas y demandar un sistema que ponga a las personas en el centro, con enfoque de género y derechos humanos.

Si bien desconocemos los motivos de todas las personas que conforman la red de corrupción que se está investigando, es claro que estos no distan mucho de los de cualquier otra persona que incurre en actos de corrupción.