
Columnas de opinión
Entre 2017 y 2018, apenas el 5 % del financiamiento climático asignado a México se destinó a medidas de adaptación. A nivel global, la cifra es igual de desalentadora: se estima que menos del 10 % del recurso llega efectivamente a la decisión y la acción local.
La arquitectura financiera actual se diseñó en 1944 para reconstruir una Europa devastada por la guerra. Este diseño institucional otorga poco poder de decisión a los países en desarrollo y protege la recuperación del capital de los acreedores del norte por encima de las necesidades sociales del sur.
En 2026, la reducción de ayuda internacional exige que la filantropía privada, especialmente en México, se profesionalice y adopte estrategias sostenibles para generar impacto social significativo y eficiente.
Los informes 2023 y 2025 revelan retrocesos en metas clave de la Agenda 2030, especialmente en violencia, justicia y corrupción, evidenciando que muchos países no podrán cumplir los objetivos propuestos.
El déficit presupuestario en materia hídrica no permite avanzar en garantizar el Derecho Humano al agua. Es necesario hacer asignaciones presupuestales suficientes considerando los retos en el sector.
La abolición de la esclavitud y la crisis climática comparten una problemática similar: la necesidad de forzar una transición de un modelo de producción económica basado en un “insumo” de naturaleza crítica, pero insostenible, hacia un esquema de producción económica que no dependa más de dicho insumo.
La crisis ambiental se ha vuelto tan común que corre el riesgo de ser aceptada como parte de la normalidad y, por tanto, de una ideología que sea difícil de reflexionar.
No son normales las temperaturas que sentimos, ni tampoco es normal la desigualdad en las emisiones de carbono, pues subraya una injusticia fundamental en la distribución de la responsabilidad y el impacto del cambio climático.