Quitar la autonomía a las fiscalías no soluciona el problema, al contrario, abre la posibilidad de que la procuración de justicia sea usada como un herramienta política. Darle mayor control al ejecutivo sobre las fiscalías, nos alejaría aún más de un estado democrático.

El que no existan consecuencias frente al incumplimiento de las metas expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo aporta muchísimo a la ligereza con la que éste se redacta y se le da seguimiento.

Como sociedad civil tenemos la obligación de ser un actor vigilante que asegure que la apertura de los datos camine hacia un modelo de gobierno más abierto, transparente, y útil para las personas.