Invertir en México: un acto de fe

Recientemente la Coparmex dio a conocer los resultados de su encuesta empresarial #DataCoparmex, en la que apenas 23 % de los socios considera que estamos en un buen momento para invertir en México, el nivel más bajo desde que se realiza el estudio. Esta cifra es consistente con lo reportado por la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del INEGI, en la que solo 32.9 % considera estar en un momento adecuado para la inversión. 

Estas percepciones coinciden también con la caída interanual de la inversión privada de 4.5 % en términos reales, de enero de 2025 a enero de 2026. ¿Qué tan preocupantes son estos datos? ¿Se trata de cifras de coyuntura o son el reflejo de factores estructurales que afectan la confianza de los empresarios para arriesgar su capital en nuevos proyectos de inversión?

El tema es relevante porque el nivel de inversión privada se ha colocado como la gran apuesta del gobierno federal para fomentar el crecimiento y evitar la recesión económica. No solo por sus efectos directos en la creación de empleo y el desarrollo del país, sino porque se presenta como el último bote salvavidas ante los desequilibrios externos e internos que enfrentamos, como se verá a continuación.

En el frente internacional se acumulan varios factores de riesgo. El alza en el precio de los combustibles, derivada de la guerra en Irán, presiona los costos de producir y eleva el subsidio destinado a las gasolinas. La incertidumbre arancelaria se suma a la falta de certeza sobre el futuro del T-MEC: Estados Unidos rechazó su renovación automática, aunque el tratado sigue vigente bajo un esquema de revisiones anuales. La compleja relación bilateral con ese país, dominada por los temas de migración y narcotráfico, añade otra capa de tensión. Por último aparecen los múltiples desafíos que plantea el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. En conjunto, estos factores generan un entorno de gran incertidumbre, dificultan la planeación a futuro y propician decisiones reactivas por parte de los actores gubernamentales.

“La regla de oro de la deuda” no se aplica en México

A los impactos externos se agrega la histórica debilidad fiscal del Estado. El gobierno cobra menos impuestos de lo que podría, en relación con países comparables; gasta más de lo que debería, en gigantescos proyectos no rentables y agujeros negros como Pemex y CFE; y acude cada vez más al endeudamiento para solventar el gasto operativo, los programas sociales y hasta el costo financiero de la deuda acumulada. El cumplimiento de lo que los economistas llaman “la regla de oro de la deuda” —es decir, que el endeudamiento se destine a proyectos productivos y no a gasto corriente— es más la excepción que la regla, particularmente cuando no existe información confiable y suficiente que permita siquiera calcular los retornos de inversión de las obras y megaproyectos.

Al tensarse por todos lados la ecuación fiscal, la señal que envía el gobierno federal es la de una apuesta fuerte por el incremento de la inversión privada, principalmente por medio del relanzamiento del Plan México y de anuncios durante las últimas semanas de nuevas inversiones internacionales (aunque también se han reportado procesos de desinversión, como el traslado de la producción de ciertos vehículos Toyota de Tijuana a Texas). Estos anuncios se presentan, sin embargo, en sentido contrario a la reciente disminución de la calificación en el riesgo país de agencias como Moody’s y S&P.

La caída en la confianza es desde luego un fenómeno multicausal y que venimos arrastrando por décadas. En la explicación acuden elementos como la expansión del crimen organizado y la inseguridad, la errática política económica y la insuficiente infraestructura energética e hídrica del país. Sin embargo, un factor de indudable peso es la debilidad del estado de derecho, entendido como la vigencia de las normas y la previsibilidad de las decisiones institucionales.

¿Por qué el Estado mexicano no tiene credibilidad?

Por ello, las recientes reformas que modifican el sistema de justicia mexicano y los mecanismos independientes de resolución de conflictos afectan tanto la confianza de los empresarios. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), México califica con apenas 36 (escala 1-100) en el indicador “la justicia se imparte libre de influencia indebida del gobierno”. Los procesos electorales para la selección de jueces y magistrados, la ampliación de facultades para el congelamiento de cuentas, la posibilidad de reabrir expedientes ya juzgados y la reforma a la Ley de Amparo dan señales inequívocas de un aumento en la discrecionalidad del gobierno y, por tanto, de una disminución en la credibilidad del sistema y, por consiguiente, en la disposición a invertir.

Para que una inversión pueda ser viable, las empresas evalúan sus riesgos financieros y operativos, pero también existen los riesgos institucionales, de más difícil medición. Estos riesgos se refieren a la incertidumbre que enfrentan las empresas cuando las instituciones legales carecen de previsibilidad, integridad, eficacia y capacidad de respuesta. Como afirma el WJP, la politización de los tribunales, la aplicación inconsistente de las regulaciones o un aumento de la corrupción elevan los costos operativos y dificultan la planeación de largo plazo.

En una lógica empresarial, el debilitamiento y pérdida de independencia de la institución judicial rebasa una mera discusión política o ideológica. El problema toca la razón de ser de la actividad productiva y de generación de riqueza. El premio Nobel Douglas North entendió las instituciones como sinónimo de previsibilidad y como una estructura básica que asegura los derechos de propiedad. Cuando las instituciones funcionan, se alienta la contratación a largo plazo, esencial para la creación de un mercado de capitales y de crecimiento económico.¹

Por el contrario, cuando hay incertidumbre respecto a la actuación institucional, es muy complicado calcular riesgos y formas de aseguramiento de la inversión. La arbitrariedad desalienta la celebración de contratos y se incrementa el costo de hacer cumplir los derechos de propiedad y de sostener intercambios complejos.

Todo ello se traduce en menor actividad económica y, por tanto, en menor crecimiento. Sin un marco institucional y un estado de derecho más o menos sólido, las invitaciones a invertir pueden tomarse simplemente como llamados a misa, y los nuevos emprendimientos, como meros actos de fe.

Referencias:

¹ North, Douglas C. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, FCE, 1994.