Tabaco y responsabilidad ambiental: una agenda pendiente

Cuando reflexionamos sobre el consumo de cigarros y sus efectos, por lo general nos viene a la mente su impacto directo en la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo es responsable de una cuarta parte de las muertes por cáncer en el mundo (tráquea, bronquios, pulmones, colon, recto, vejiga, entre otros) y aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros padecimientos.  

Los elevados costos que los sistemas de salud deben asumir para atender dichas enfermedades, sumados al esfuerzo por desincentivar el consumo, han justificado y normalizado el uso de impuestos al tabaco a nivel global. Sin embargo, hoy sabemos que el cigarrillo no solo daña a quien lo consume y a su entorno cercano, sino que ejerce un efecto sumamente nocivo sobre el medio ambiente.

La afectación ambiental del tabaco abarca todo su ciclo de vida: desde el cultivo y la manufactura hasta el consumo y el desecho final de las colillas. Durante la fase de cultivo, contribuye a la deforestación, exige un uso intensivo de fertilizantes y pesticidas, y genera elevadas emisiones de carbono. Asimismo, su producción requiere un consumo hídrico sumamente elevado, así como un manejo adecuado de los residuos agrícolas para prevenir la degradación del suelo.

No obstante, uno de los mayores daños ambientales reside en las colillas. De acuerdo con la OMS, una sola colilla tarda cerca de 10 años en degradarse y representan entre el 30% y el 40% de los residuos recogidos en las tareas de limpieza urbana y costera. Estos desechos no son biodegradables; la gran mayoría contiene un filtro de acetato de celulosa, un tipo de plástico, que se fragmenta muy lentamente mientras libera sustancias tóxicas en ríos, mares y manglares. Además, su desecho irresponsable es causa frecuente de incendios forestales (la OMS estima que el 65% de los fumadores las desecha de forma inapropiada).

Para atender estos impactos, diversos gobiernos han comenzado a aplicar el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que obliga a los fabricantes a asumir parte de los costos asociados a los residuos que generan. En Francia, por ejemplo, se creó en 2021 el eco-organismo Alcome, encargado de recaudar las contribuciones ecológicas de los cigarrillos comercializados. La tarifa ronda los 2.84 euros (más IVA) por cada 1,000 cigarrillos, con un descuento del 50% para aquellos que incorporan filtros sin plástico. Además, el esquema obliga a la industria a proporcionar infraestructura (ceniceros públicos y de bolsillo) y a financiar campañas de concientización.

Alcome transfiere estos recursos directamente a los municipios mediante convenios de colaboración para financiar la limpieza de vías públicas, parques y playas. La asignación de los recursos se calcula según la población y las características de cada municipio (turístico, urbano o rural). Aunque la contribución la realiza la industria, el costo se traslada al consumidor en el precio final, generando una recaudación estimada de unos 80 millones de euros anuales (alrededor de 1,600 millones de pesos). 

Alemania, por su parte, optó por un mecanismo distinto. Desde 2024 está en vigor la Ley del Fondo para Plásticos de Un Solo Uso, que no grava al cigarrillo directamente, sino al filtro cuando se elabora con plástico de un solo uso. Para ello se establece una cuota de 8.97 euros por kilogramo declarado. Los recursos, administrados por la Agencia Federal de Medio Ambiente (UBA), se redistribuyen a los municipios en función de las tareas de saneamiento que realizan.

Estos modelos demuestran que existen vías institucionales y fiscales para responsabilizar a los fabricantes de cigarrillos por los daños ambientales de sus residuos. En México, una política integral de este tipo no debería limitarse a buscar una mayor recaudación fiscal para resarcir a los municipios por la recolección de los desechos. También tendría que financiar campañas de concientización e incentivar a la industria a sustituir los filtros de plástico por materiales 100% biodegradables. Es momento de incorporar el principio de Responsabilidad Extendida del Productor en la agenda legislativa y abrir el debate fiscal a esta posibilidad.