Derechos digitales en riesgo: una agenda sin financiamiento global

La cooperación internacional atraviesa uno de sus momentos más incómodos. Los grandes consensos sobre desarrollo sostenible se han fragmentado, las agencias donantes reconfiguran sus prioridades y la filantropía global busca, todavía sin mucha claridad, cuál es su lugar en un mundo que cambió de conversación. En ese contexto de incertidumbre, hay una oportunidad que no está siendo aprovechada: financiar la protección de derechos humanos en entornos digitales, una agenda que resulta central para México y Latinoamérica.

La semana pasada, el Tecnológico de Monterrey organizó un foro sobre desinformación en la era de la inteligencia artificial. El tema se repite en foros académicos y de política pública, pero la velocidad con que estas tecnologías se insertan en la vida cotidiana sigue rebasando la capacidad de respuesta. En marzo pasado, Mike Krieger, director de producto de Anthropic —la empresa detrás del asistente Claude—, declaró que más de un millón de personas se registran cada día en la plataforma. La cifra da vértigo: ilustra que estas herramientas ya forman parte de la vida cotidiana de decenas de millones de personas, con o sin marcos que protejan sus derechos al usarlas.

Europa lleva años construyendo respuestas. La preocupación por la influencia extranjera en sus procesos electorales —rusa, principalmente— motivó fondos para fortalecer la resiliencia social frente a tecnologías emergentes, involucrar a escuelas, medios, empresas y organizaciones de la sociedad civil, e impulsar marcos regulatorios con dientes. Es un ecosistema de respuesta que México no ha logrado construir todavía.

Pero el problema mexicano no es el europeo, y esa diferencia importa. Según el 20° Estudio sobre Hábitos de Usuarios de Internet en México 2024, elaborado por la Asociación de Internet MX, el robo de datos personales es la principal preocupación de los internautas, con un 82 %. El miedo a ser víctima de fraude aumentó del 52 % en 2023 al 67 % en 2024, y la violación de la privacidad preocupa al 63 % de los encuestados. Son cifras que van en ascenso y que coexisten con una brecha digital todavía amplia y niveles de analfabetismo digital que hacen especialmente difícil la autoprotección.

Los jóvenes enfrentan una vulnerabilidad diferente: la ansiedad de no poder distinguir lo verdadero de lo falso en un flujo de información que se antoja imparable. La desinformación política, el discurso de odio y la manipulación algorítmica afectan su capacidad de decidir en libertad, con consecuencias que van mucho más allá del consumo de contenidos. Distintas generaciones, distintas fragilidades. Eso debería traducirse en estrategias distintas, diseñadas a partir de diagnósticos serios sobre barreras y vulnerabilidades específicas por grupo de edad, nivel educativo y condición socioeconómica. No existe mucho de eso en México y, sin ese mapa, las intervenciones corren el riesgo de ser genéricas y poco efectivas.

La regulación, como siempre, va detrás de los problemas. En México hay varias iniciativas legislativas sobre inteligencia artificial en proceso, pero ninguna ha llegado a convertirse en ley. El esfuerzo existe, pero mientras los marcos legales maduran, los riesgos ya se están materializando sobre millones de personas.

En resumen, las advertencias no se viralizan, pero la desinformación sí. Las personas consumen a diario contenidos que las perjudican y reciben poca o nula información sobre los riesgos implícitos, o sobre las herramientas disponibles para protegerse. ¿Cómo generar una demanda real de autoprotección digital? La cooperación podría ayudar a ofrecer algunas respuestas. Hay una brecha de financiamiento evidente para proyectos que fortalezcan la alfabetización digital crítica, que reduzcan vulnerabilidades específicas y generen la evidencia necesaria para diseñar políticas públicas con mejor puntería.

Mientras la cooperación internacional parece encaminarse a apoyar proyectos de infraestructura, crecimiento económico y comercio, los derechos humanos en entornos digitales como la privacidad, seguridad cibernética, acceso a información veraz y la integridad electoral están amenazados cada día que pasa. Los riesgos no son del futuro: ya están ocurriendo, y sus efectos sobre la democracia y la libertad de las personas son documentables hoy. Donantes y financiadores que buscan relevancia en un mundo reconfigurado tienen aquí una agenda concreta, necesaria y, por ahora, prácticamente vacía.