Fiscalías autónomas en la mira del poder

Durante décadas, México ha tenido una grave crisis en materia de procuración de justicia. Un avance en la materia se generó con la reforma político-electoral de 2014, la cual permitió transformar a la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República. Lo anterior, con el objeto de otorgarle autonomía y así “blindarla” de la injerencia y los vaivenes políticos. Los planes eran ambiciosos, pues también se buscaba fortalecerla técnicamente al robustecer los procesos de investigación, instalar un servicio profesional de carrera, implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, entre otras mejoras.

A raíz de lo anterior, la mayoría de las entidades federativas iniciaron la transformación de sus antiguas procuradurías en fiscalías autónomas. Actualmente, la autonomía real de las fiscalías estatales varía considerablemente entre los estados. Un ejemplo de ello es Hidalgo, donde a pesar de haberse aprobado la reforma constitucional estatal y de contar desde julio de 2022 con una Comisión Interinstitucional de Transición, no se ha logrado migrar en su totalidad hacia una fiscalía autónoma. Esto no solo refleja la resistencia política al cambio, sino también la persistencia de estructuras que obstaculizan el fortalecimiento del estado de derecho a nivel local.

Nadie niega que la autonomía de las fiscalías es imperfecta y enfrenta múltiples retos, pero hoy pudiera estar frente al mayor de todos: su desaparición. Todo apunta a que legisladores del partido en el poder y sus aliados en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde Ecologista de México buscarán regresar el control de las fiscalías a los ejecutivos, bajo el argumento de que las fiscalías autónomas no han funcionado como se esperaba. Esta propuesta, en la que se vislumbra un tinte de control político, implicaría un claro retroceso que se sumaría a la altamente cuestionada reforma judicial.

Hoy en día, las fiscalías autónomas tienen áreas de oportunidad técnicas que no han logrado solucionarse y que impactan en su desempeño, particularmente relacionadas con la profesionalización, capacitación, eficiencia procesal, enfoque de género, adopción y actualización en tecnologías emergentes para la investigación, entre otras. Sin embargo, el problema más importante es que, en muchas de ellas, la autonomía real no se ha podido concretar, pues aún existe control presupuestario o injerencia del ejecutivo en investigaciones que, por ejemplo, se ven obligadas a detenerse.

Si bien es cierto que las áreas de oportunidad señaladas deben ser subsanadas para mejorar el desempeño de las fiscalías, quitarles la autonomía no soluciona el problema, al contrario, abre la posibilidad de que la procuración de justicia sea usada como un herramienta política.

Además, darle mayor control al ejecutivo sobre las fiscalías, nos alejaría aún más de un estado democrático y de las recomendaciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han subrayado la necesidad de que las investigaciones se realicen de forma independiente, imparcial y exhaustiva.

Si realmente se quiere mejorar el desempeño de las fiscalías, hay que hacerlo con seriedad. Busquemos su profesionalización, transparentemos su funcionamiento, exijamos su efectividad. Entendamos que la autonomía no es el problema, sino parte de la solución. Hoy más que nunca se requiere impulsar instituciones que sean independientes, contrapesos que operen de manera efectiva en contra de una mayor concentración de poder.