Agua mal pagada: el panorama de la recaudación por suministro de agua

La problemática alrededor de la gestión del agua es sumamente compleja, por lo que los especialistas suelen analizar sólo algunas etapas del ciclo de agua (captación, tratamiento, almacenamiento, distribución, saneamiento, etc.). Lo que es cierto es que cada etapa es relevante, pues una falla en cualquiera de ellas puede provocar que el agua no llegue a su destino final: el campo, las industrias, los comercios, los servicios y los hogares.  

En lo que respecta al agua para uso doméstico, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es quien otorga las concesiones a los Organismos Operadores de Agua (OOA), quienes tienen la atribución de brindar el servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Aunque la mayoría de los OOA son municipales, también hay casos en los que están adscritos a las autoridades estatales. Todos los OOA en su papel de concesionarios deben pagar a la Conagua derechos por el volumen otorgado para su aprovechamiento (excepto aquellos con concesiones para uso agrícola), los cuales están en función de la cantidad extraída y de la cuota que se establece en la Ley Federal de Derechos. En este caso, los recursos pagados por los concesionarios se van directo a las arcas de la Federación.

Los OOA también tienen entre sus funciones operar y ampliar las redes e instalaciones, realizar las obras necesarias para mejorar la prestación del servicio, así como recaudar y administrar los ingresos por concepto de pago de servicios. En ese sentido, dichos ingresos forman parte de los recursos propios de los gobiernos municipales, a excepción de casos como la Ciudad de México, Quintana Roo y Querétaro, donde los OOA son estatales.

De acuerdo con la información proporcionada en el portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la recaudación total por el suministro de agua en 2023 alcanzó los 90,299 millones de pesos. La entidad federativa con mayor recaudación es Baja California (9,356 mdp), seguida de Nuevo León (8,654 mdp), Ciudad de México (8,551 mdp), Estado de México (7,646 mdp) y Chihuahua (5,783 mdp). Por el contrario, los estados con menor recaudación son Tabasco (221 mdp), Tlaxcala (272 mdp), Campeche (284 mdp), y Oaxaca (368 mdp). Las diferencias son significativas pues, Baja California, por ejemplo, recauda 25 veces más que Oaxaca.

A su vez, los municipios que mejor recaudan por el suministro de agua son Tijuana, Juárez y Mexicali con 4,928, 3,066 y 2,434 mdp respectivamente (según cifras de 2023). En el otro extremo tenemos a San Pedro Atoyac y a Santo Domingo Petapa, ambos en el estado de Oaxaca, con ingresos de 50 y 100 pesos.

Existen distintos factores que explican estas diferencias tan marcadas, desde la capacidad que tienen los organismos para identificar a sus usuarios, medir el consumo de los hogares, sus estrategias de cobranza, hasta el nivel de las tarifas que cobran. Una herramienta que resulta útil en el diagnóstico de algunas de estas variables es el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO) del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Por ejemplo, de acuerdo con el IMTA, en 2022 se cobró, en promedio, el 77% del monto total facturado por venta de agua, lo que implica que un 23% se quedó pendiente de cobro.

En lo que respecta a las tarifas, también existe una diferencia significativa en lo que cobran algunas ciudades por metro cúbico en uso doméstico. Por ejemplo, en 2023 en Mérida, Yucatán se cobraba 5.9 pesos por metro cúbico, mientras que en Pachuca, Hidalgo la tarifa era de 43.65 pesos. En teoría, todas las tarifas deberían considerar factores asociados a la prestación del servicio (costo de extracción, distribución y mantenimiento, inversión en infraestructura hídrica, entre otros); sin embargo, en la práctica esto no siempre sucede.

La falta de atención a los elementos antes mencionados, no solo impacta los niveles de recaudación, sino que eventualmente puede afectar gravemente la prestación del servicio de agua potable. En este sentido, es importante romper el ciclo vicioso en el que se encuentran algunos OOA, marcado por una baja recaudación, que no permite que se realicen las acciones necesarias para llevar el agua de manera eficiente a todos los rincones del país.

Hace tan solo unos meses la nota principal en varios medios de comunicación era que el 26 de junio de 2024 sería el Día Cero, pues según el pronóstico de algunos expertos en la materia, al llegar esa fecha no quedaría agua para ningún habitante de la Ciudad de México. Aunque el pronóstico no se cumplió, con el panorama antes expuesto, queda claro que tampoco se están haciendo los esfuerzos necesarios, en los tres ámbitos de gobierno, para asegurar el cumplimiento del derecho humano al agua en todos los rincones del país.