Franeleros: extorsión normalizada

Hace algunas semanas me operaron de la rodilla en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS. Desde las primeras veces que asistí, ya fuera por consulta o para hacerme estudios, me costó mucho trabajo estacionarme. Y es que toda la avenida de Calzada de las Bombas está llena de franeleros que cobran por estacionarse. Hay algunas opciones de estacionamiento, pero son caros y a veces están muy llenos.

Uno de esos días que iba corriendo para llegar a mi cita, encontré un lugar justo en frente de la entrada del hospital. No había huacal, no había cubeta y no era entrada, así que me enfilé para estacionarme. Estaba ya terminando de hacerlo cuando de pronto escucho a lo lejos un chiflido y el clásico ”¡viene, viene!”. Al bajarme del auto, le dije amablemente al franelero -—buenas tardes—. Él me respondió —buenas tardes, el dinero es por adelantado—. Serio, pero sin alzar la voz, le contesté —ahorita que salga—. Él se limitó a decir -ok—, y yo me metí al hospital.

Un par de horas más tarde, salí de mi consulta para encontrarme con la llanta trasera de mi auto completamente ponchada. Claramente, el franelero ya no estaba. Mientras maldecía en mi cabeza, pasó frente a mí una patrulla de tránsito. La paré. Se bajaron dos policías. Después de explicar lo sucedido, los policías se limitaron a decirme que como el franelero ya no estaba, si yo quería, debía ir al Juez Cívico a interponer mi denuncia. La realidad es que yo tenía que volver al trabajo, no tenía tiempo para ir con el Juez Cívico y tampoco tenía pruebas de que el franelero hubiera sido. Así que me tragué el coraje, cambié mi llanta y me fui. Días después, llevé mi llanta a reparar. A la llanta le habían dado tres cuchilladas.

Esta historia no es más que un reflejo de lo que ocurre todos los días en la Ciudad de México. Miles de franeleros se apoderan de las calles y amedrentan a los automovilistas para que les den dinero a cambio de lugares y con la promesa de cuidarles el auto. Si bien puede haber algunos que lo hagan de manera amable, es una realidad que hemos normalizado el tener que darles dinero a personas que nos extorsionan y que no tienen derecho de apropiarse de la vía pública.

El artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que son infracciones contra la seguridad ciudadana: (…) impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello (…). Este tipo de infracciones se sancionan con una multa que va de las 11 a 40 Unidades de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. La ley hace la salvedad de que tratándose de personas trabajadoras no asalariadas (como el caso del franelero), la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

Hace algunas semanas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una iniciativa a la Ley de Cultura Cívica para sancionar el uso indebido del espacio público. En ella propone aumentar el arresto por hasta 36 horas para quienes amenacen, intimiden o cobren cuotas para estacionarse. Desde mi punto de vista, aumentar las sanciones de poco servirá, pues son contados los ciudadanos que tienen el tiempo, el dinero y la determinación para ir y denunciar. Y sin denuncia o queja, no se puede perseguir la infracción. Además, dados los altos niveles de impunidad y corrupción, muy probablemente esas quejas no se materialicen en sanciones.

En conferencia de prensa, Brugada mencionó que la iniciativa vendrá acompañada de un programa de empleo formal y emprendimientos, así como una campaña de concientización sobre el respeto al espacio público. Celebro esta acción, pues es verdad que las personas que se dedican a esto muchas veces lo hacen por no contar con oportunidades de empleo digno y formal; sin embargo, para que el programa dé resultados se debe aplicar de manera rigurosa y con un gran alcance; de lo contrario, sólo quedará en buenas intenciones.

Finalmente, algo que creo que puede funcionar es que la iniciativa establece que “de manera oficiosa, los policías, aunque no haya ninguna queja formal, sino en flagrancia, intervendrán para garantizar la vida en paz, garantizando la movilidad”. Esto ya se ha aplicado en algunas alcaldías, como Benito Juárez, donde en el último trimestre se retiraron y remitieron ante el Juez Cívico a más de 400 franeleros. Este tipo de acciones son una obligación institucional, porque en una democracia funcional, no puede recaer en el ciudadano la carga de defender su derecho al espacio público. Es el Estado quien debe asumir la responsabilidad de liberar las calles de intereses privados y garantizar condiciones reales de acceso, seguridad y equidad para todas las personas. Lo contrario no solo perpetúa la impunidad, sino que normaliza la renuncia del gobierno a sus funciones más básicas.