Tarifas de agua potable: ¿quién pone el precio en México?

En México, abrir la llave no cuesta lo mismo para todas y todos. La disparidad es evidente cuando comparamos la realidad entre distintos estados del país. En Yucatán, por ejemplo, el agua puede costar apenas 5.9 pesos por metro cúbico, pero en Hidalgo esa misma cantidad alcanza los 43.9 pesos. ¿Cómo se explica esta diferencia y qué revela sobre la forma en que gestionamos uno de los recursos más esenciales para la vida?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en las capitales de los estados, los hogares pagan, en promedio, 23.3 pesos por un metro cúbico de agua. En comparación con los estándares internacionales, dicho costo es muy bajo. En Dinamarca, por ejemplo, el precio del agua puede alcanzar los 114 pesos; en Estambul es de 44.4 y en Madrid, de 33 pesos por metro cúbico. Acorde con lo anterior, un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (2024) estimó que una familia de cuatro personas, que consume 100 litros por persona al día, gasta en México en promedio 10.44 dólares al mes, frente a los 22.63 dólares en Brasil y 19.45 en Colombia.

Una tarifa baja no sería problema si fuera suficiente para cubrir los costos operativos del Organismo Operador de Agua (OOA). Sin embargo, en muchos casos no es así, pues la insuficiencia de recursos financieros repercute directamente en la calidad del servicio. Por ejemplo, la falta de mantenimiento de la red municipal de agua potable, provoca que alrededor del 40 % del agua se pierda en fugas. Asimismo, los presupuestos limitados impiden a los OOA invertir en ampliar la cobertura de la red. A nivel nacional, esta situación se refleja en que 11.5 millones de hogares no reciben agua diariamente.

Todo indica que las tarifas de agua en México están por debajo del costo operativo real de los OOA. Pero, ¿por qué los prestadores no logran establecer tarifas que cubran sus costos y garanticen un suministro de calidad?

Para responder esa pregunta, tenemos que hablar del artículo 115 constitucional, que establece que los servicios de agua potable están a cargo de los municipios. Esto significa que cada Ayuntamiento tiene cierta autonomía para definir su modelo de operación: algunos la gestionan directamente, otros concesionan el servicio a privados y otros más lo hacen a través de entidades estatales o intermunicipales.

Además, el ajuste de tarifas no depende exclusivamente de los prestadores de servicio. En realidad, el proceso involucra a diversos actores que varían según la entidad federativa. En muchos casos, los Organismos Operadores deben realizar estudios técnicos que justifiquen el incremento o modificación tarifaria, y su propuesta debe validarla el Congreso local o el Ejecutivo, ya sea municipal o estatal, dependiendo del marco legal de cada entidad.

Este diseño institucional vuelve las decisiones tarifarias altamente políticas. Al depender del gobierno local o estatal, no existen incentivos para actualizar las tarifas de manera regular, ya que subir el precio del agua puede ser impopular entre la población y políticamente riesgoso. Así, lo que debería ser una decisión técnica basada en costos reales de operación y mantenimiento, termina en una decisión política, dejando a los Organismos Operadores haciendo malabares financieros para sostener el servicio.

Esa es la principal razón por la que los municipios no actualizan sus tarifas constantemente. De acuerdo con datos del censo de gobiernos municipales y demarcaciones territoriales de la CDMX, solo el 36 % de los municipios lo hizo en 2022, y el 20 % no las había modificado desde antes de 2018. Esto tiene consecuencias directas sobre la operación, ya que los costos aumentan con la inflación, pero los ingresos no.

Es urgente que las tarifas de agua respondan a criterios técnicos y financieros, no a cálculos de popularidad o decisiones políticas. Para lograrlo, el gobierno, en sus distintos niveles, debe establecer marcos regulatorios eficaces que permitan mantener las cuotas actualizadas y óptimas. Sólo así los prestadores de servicios podrán, por lo menos, recuperar sus costos de operación.

Los prestadores del servicio, por su parte, deben garantizar que cada peso recaudado se utilice con eficiencia y transparencia. La inversión en infraestructura, la mejora operativa y un servicio continuo y de calidad no son opcionales, sino condiciones indispensables para recuperar la confianza de los usuarios y así incentivar el pago por derechos de agua.

Por último, como usuarios tenemos la obligación de pagar los derechos de agua, pero también el derecho de exigir calidad en el servicio. Una mejor gestión del agua es responsabilidad de múltiples actores, de lo contrario, seguiremos atrapados en un círculo vicioso donde la precariedad financiera, la lógica política y un mal servicio afectan el acceso justo a este recurso vital.