Corrupción y discriminación en nuestras prisiones, problema colectivo

Documenta

“Por una sociedad más justa e incluyente y un sistema de justicia que respete los derechos humanos ”

Actualmente en México hay más de doscientas mil personas en situación de cárcel, lo más alarmante es que según el comisionado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal, José Ángel Ávila Pérez, del total de personas privadas de la libertad, el 40% aún espera sentencia, o sea se encuentran privados de su libertad casi 100 mil personas que podrían ser inocentes.

Es por ello que hace 10 años surgió “Documenta”, como una organización civil que busca fortalecer el sistema de justicia penal y penitenciario, además de construir políticas públicas para el respeto de los derechos humanos de personas con discapacidad y privadas de la libertad, así como de sus familias. 

El sistema penitenciario mexicano lejos de ser un centro de reabilitacion, se ha convertido en un mecanismo de discriminación y exclusión, y como prueba de ello es que ante una disminución presupuestal, se sacrifican primero los proyectos que atienden a esta población, esto sucedió con la cancelación de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) el año pasado. 

Ante esta situación, en el marco del proyecto de Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Documenta, en alianza con SocialTic, realizó el primer “Datatón Carcelario” con el fin de crear iniciativas que a partir del uso de datos y tecnología visibilizan la situación de las prisiones, las personas privadas de la libertad y sus familias.

Este Datatón contó con la participación de 70 personas integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan temas de tortura, corrupción, sistema penitenciario o sistema de justicia, además de periodistas, desarrolladoras, diseñadoras e ingenieras de datos y familiares de personas privadas de la libertad. En este evento concursaron 10 equipos que crearon y presentaron propuestas para visibilizar alguna situación relacionada a las prisiones y utilizar datos públicos para  resolver preguntas sobre la maternidad en las cárceles; tortura y falta de mecanismos de denuncia; menores de edad en prisiones; e impacto de la corrupción.

Si bien todos los equipos tuvieron ideas innovadoras, el equipo ganador fue “Databuesos” con la propuesta “Índice Nacional de Monitoreo de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad (INDHPOL)”, herramienta para monitorear el cumplimiento de los Derechos Humanos en las prisiones de México

Los resultados que arrojó el INDHPOL son desalentadores, pues dentro de un centro de reclusión las personas son fácilmente víctimas de corrupción. Por ejemplo, tan solo en las cárceles de la Ciudad de México, al 28% de las personas privadas de la libertad un servidor público, empleado de la cárcel o custodio le ha pedido dinero; el 13% ha pagado para tener agua potable; el 14% ha pagado para poder salir al patio de visitas, y el 13% ha pagado para tener acceso al servicio médico. Y así como estos indicadores, hay en total 30 que versan sobre temas de corrupción en los centros carcelarios.

Este índice y otras investigaciones anteriores se pueden visualizar en el portal de Documenta: Observatorio de Prisiones, que tiene como objetivo la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema penitenciario mexicano, a través de la difusión de información de calidad. Con esto, el proyecto contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho así como a acabar con la discrecionalidad y la opacidad del sistema penitenciario.  

Como parte de este observatorio se recabaron 135 testimonios de familiares de personas en situación de cárcel, con lo que identificaron que a uno de cada cinco se les pide pagar una cuota a la autoridad del centro penitenciario para que sus familiares puedan acceder a los servicios del centro (educación, capacitación laboral, trabajo, deporte, etc.)  y que el 37% gasta entre 500 y mil pesos para que puedan visitar a su familiar en situación de cárcel.

Lo que sucede dentro del sistema de justicia, particularmente en las cárceles, es reflejo de las prácticas más arraigadas en la sociedad mexicana. Las personas privadas de la libertad y sus familiares históricamente han sido víctimas de corrupción y de violaciones a sus Derechos Humanos. La misión de OSC como Documenta es visibilizar y erradicar este virus aún más letal que el Covid-19: la indolencia de la sociedad. 

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