Finanzas públicas

Cuando el doctor Frank F. Tylecote descubrió las primeras evidencias cancerígenas provocadas por el tabaco y las publicó en la revista científica The Lancet, en 1925, la industria tabacalera emprendió una estrategia publicitaria para contrarrestar el hallazgo: promocionó el estilo de vida del fumador como algo positivo a través de revistas, películas, deportistas e incluso, durante momentos bélicos como la Segunda Guerra Mundial. También inició el cabildeo con funcionarios públicos.

El 18 de febrero de 2020, representantes de la Secretaría de Salud federal y organizaciones civiles cancelaron su asistencia al foro “Consumo de nicotina y su regulación”, que se realizaría al día siguiente en la Cámara de Diputados. La razón: la participación de representantes “que promueven los intereses de la industria tabacalera”, dijo en conferencia Arturo Sabines, director de la oficina nacional para el control del Tabaco de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

A ‘golpe’ de un intenso cabildeo, manipulación de la opinión pública, falseo de datos y vínculos poco transparentes con funcionarios y legisladores, la industria ha logrado su cometido: frenar impuestos por 10 años.

La falta de claridad en la comunicación y omisiones por parte de autoridades de la CDMX para hacer cumplir la prohibición de fumar en terrazas de restaurantes y bares, pone en riesgo a los no fumadores, ya que las gotículas expulsadas con el humo podrían tener carga viral, según una nueva hipótesis.

De la mano de famosos, la industria tabacalera ha orquestado campañas de marketing encubiertas que lanzan el mensaje de que vapear y fumar tabaco calentado son actividades de “riesgo reducido” a pesar de que esto no está comprobado. Todo ello ha sido posible debido a los huecos legales y la omisión de las autoridades mexicanas, advierten expertos.

A pesar de que existe una riesgosa comorbilidad entre la COVID-19 y el tabaquismo, la industria tabacalera no solo sigue promocionando sus productos en pleno confinamiento, sino que ha lanzado ofertas de hasta 80%, violando así la legalidad mexicana e ignorando el Convenio Marco de la OMS, opinan expertos. Todo ello ante una autoridad omisa.